Cornelio Morales García

Expediente 713/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
713/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
04/06/2021

Partes del expediente

  • Cornelio Morales García

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; cuatro de junio de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del testimonio relativo al recurso de queja administrativa 1/2021, interpuesto en contra del proveído de veintinueve de diciembre del dos mil veinte, dictado por este juzgado; agréguese al expediente en que se actúa, el oficio de cuenta y testimonio de referencia, acúsese recibo de estilo correspondiente. Hágase saber a las partes que el punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental en términos del artículo 15 del referido Acuerdo General; hágase constar lo anterior en la caratula del expediente conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35. Hágase constar lo anterior, en la caratula del presente expediente conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; catorce de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que con motivo de la suspensión de labores ordenada mediante la circular CAP/3/2020 signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, por la cual se informó las medidas adoptadas por la Comisión Especial del propio Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinte de diciembre de dos mil veinte, por el plazo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, entre las que se encuentra el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que no transcurrieron términos y plazos procesales, ni se celebraron audiencias, tampoco se celebraron diligencias (a excepción de los casos que fueron calificados como "urgentes" y los relativos al "juicio en línea", en aquellos en que así procedió). Sin embargo, por diversa circular SECNO/1/2021 signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órgano del Consejo de la Judicatura Federal, se decretó a partir del doce de enero de este año, la reanudación de los términos y plazos procesales suspendidos; luego, tomando en consideración que el presente juicio de amparo se encuentra en trámite, se levanta la suspensión de plazos y términos procesales, y se ordena su reanudación. Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual el Secretario del tribunal de alzada comunica que se admitió el recurso de queja. Notifíquese.Así lo proveyó y firma electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; cinco de enero de dos mil veintiuno. Visto el escrito signado por la quejosa, se tiene por interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veinte; con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 103 de la Ley de Amparo, agréguese una copia del escrito que se provee al juicio en que se actúa; remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad; el original y copia de éste, así como copia certificada de las constancias y actuaciones que integran el presente asunto, para el efecto de que se substancie el citado recurso. Ahora bien, de conformidad con el arábigo último citado, se rinde informe con justificación, en los siguientes términos: es cierto el acto impugnado, en virtud de que en la fecha indicada se dictó la resolución reclamada. Notifíquese por lista que se publicara en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el primer párrafo del artículo 29, de la Ley de Amparo, en correlación con el último párrafo, de la fracción II, del artículo 16, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19.

  4. Principal

    RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE PROMOVENTE VÍA ELECTRÓNICA del auto de veintinueve de diciembre de dos mil veinte. Visto el contenido de la circular CAP/3/2020 signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la cual hace del conocimiento de las medidas adoptadas por la Comisión Especial del propio Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinte de diciembre de dos mil veinte, por el plazo comprendido del veintiuno de diciembre actual al once de enero próximo, derivado de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, entre las que se encuentra el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, al ubicarse el trámite del asunto que nos ocupa en uno de los supuestos a que se refiere el artículo 4 del referido Acuerdo General 13/2020, provéase sobre el contenido del escrito de cuenta; en ese sentido: Vista la demanda de amparo promovida por Cornelio Morales García, por conducto de su defensor particular Cristian Romano Meza, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social de Zihuatanejo, residente en esa ciudad, y otras autoridades responsables. Regístrese en el libro de gobierno con el número 713/2020, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida al Director, al Subdirector Jurídico, al Comité Técnico, al Subdirector de Seguridad y de los Elementos de la Custodia Penitenciaria, todos del Centro de Reinserción Social en Zihuatanejo, Guerrero, consistente en la omisión de proporcionar atención médica especializada que requiere; dado que se debió agotar el principio de definitividad, ya que la Ley Nacional de Ejecución Penal en sus numerales 107 a 115 y 117, fracción I, establece un procedimiento administrativo y recursos con control judicial por virtud del cual pueden ser revocados, modificados o nulificados los actos u omisiones reclamadas. El artículo 61, en su fracción XX, de la Ley de Amparo, consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, que lo es el de definitividad, el cual impone como obligación a la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tildan de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, conforme a la fracción invocada, el gobernado podrá ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que regule la ley que rija el acto reclamado. En relación con lo anterior, conforme con los arábigos 107 a 115 de la Ley de Ejecución Penal, las personas podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Los numerales en cita, son del contenido siguiente: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega". De lo transcrito, en lo que aquí interesa se obtiene que: 1. Las personas privadas de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva, están legitimadas para presentar una petición administrativa ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. 2. Una vez formulada la petición, surge la obligación de la autoridad penitenciaria de pronunciarse sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, el subsanar dicha afectación. 3. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el Director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión; y, que la autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular su petición. 4. Por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, la autoridad penitenciaria deberá admitir la petición e iniciar el trámite del procedimiento, o bien, prevenir en caso de ser confusa; esta última determinación deberá notificarse personalmente al promovente; y, en caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla y en caso de no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. 5. Una vez admitida la petición, el director del centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando la aportada por el peticionario, con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la solicitud. 6. La obligación de allegarse de información, no debe retrasar la resolución de la petición; pues aquella debe de acompañarse de acciones diligentes. 7. El director del centro estará obligado a resolver dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. 8. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el juez de ejecución podrá plantearse en cualquier momento. 9. Si la petición no fuere resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el juez de ejecución competente y demandar esta omisión, caso en el cual el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. 10. De ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. 11. La autoridad penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. 12. Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el juez de ejecución para plantear su petición. En este caso, el juez de ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como sus efectos, hasta en tanto se resuelva en definitiva. 13. Tratándose de omisiones, el juez de ejecución determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria; cuando estos reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Además, lo resuelto por la autoridad administrativa puede ser llevado a controversia ante el juez de ejecución y la resolución que dicte puede ser recurrida conforme con los artículos 116, fracción I, 117, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ello, porque los jueces de control y ejecución conocen de controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, por lo que los internos están legitimados para promover ante ellos, las afectaciones relacionas con éstas, una vez agotada la petición administrativa respectiva. En ese sentido, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se estima que la parte quejosa, previo a promover demanda de amparo, debió solicitar la atención médica y el suministro de medicamento ante la autoridad penitenciaria donde se encuentra interno, en los términos precisados en la Ley Nacional de Ejecución de Penas y, ante la omisión de dar contestación a dicha petición, o bien contestada la misma, empero, omitiendo la atención médica requerida, podría acudir ante el Juez de Control o Ejecución. Ello es así, pues quien se queja de la afectación de un derecho, primero debe ejercer su acción ante la instancia administrativa o jurisdiccional y sólo en el caso de que agotado el trámite la decisión final no le satisfaga y considere que se afecten sus derechos, entonces podrá ocurrir ante el juicio de amparo. Lo expuesto, tiene sustento en la Jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 230, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Penal, de rubro y texto: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Criterio, en el cual se establecieron las siguientes directrices. A. La Ley Nacional de Ejecución Penal, contiene un mecanismo de control por el que las personas privadas de la libertad pueden reclamar sin mayores formalismos ante la autoridad penitenciaria o juez, acciones u omisiones relativas a sus condiciones de reclusión que consideren vulneren sus derechos. B. Tal medio de control constituye un verdadero procedimiento, en tanto se conforma por diversas etapas, incluso la de impugnación, en que es factible el ofrecimiento de pruebas o recabarlas de oficio, así como la suspensión del acto debido a su urgencia, o bien, la orden de que se lleve a cabo alguna acción si se reclama un acto omisivo. C. Si un detenido promueve la vía constitucional contra acciones u omisiones inherentes a sus condiciones de reclusión, sin que previamente hubiere agotado el citado mecanismo, se actualizará la causa de improcedencia en estudio, en atención al principio de definitividad, dada la existencia del mencionado instrumento de defensa ordinario susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. D. Como puede advertirse del referido criterio, la Primera Sala definió que los detenidos deben atender al aludido principio para atacar, vía control constitucional, las omisiones referentes a sus condiciones de reclusión, así como las acciones que consideren lesivas de sus derechos, puesto que indicó que el señalado medio de defensa en sede natural es eficaz, además, para la suspensión de actuaciones realizadas por las autoridades penitenciarias con motivo de su urgencia. Entendidas las condiciones de reclusión, como las relativas a cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, vestuario, artículos de aseo personal y limpieza, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación, etcétera. Con base en los lineamientos descritos, si en el particular: a) El peticionario promovió demanda de amparo contra la omisión de proporcionar atención médica especializada, así como el tratamiento correspondiente; y, b) No agotó previamente a la presentación del ocurso inicial el mecanismo ordinario de defensa previsto en la referida legislación para que, de ser el caso, cese la abstención en cita. Este juzgado de Distrito, arriba al convencimiento que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, debido a que la omisión reclamada versa precisamente en torno a las condiciones de reclusión en que se halla el directo quejoso, la cual, como se expuso, debe controvertirse, primigeniamente, conforme a lo definido por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dado que ésta prevé, en los términos descritos, un instrumento ordinario de defensa eficaz para combatirla, cuya interposición resulta indispensable con anterioridad a la instauración del sumario de derechos fundamentales. Derivado, de la existencia de ese mecanismo susceptible de modificar, revocar o nulificar la omisión reclamada, el cual no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión; y de las amplias facultades con que cuentan las autoridades penitenciarias, inherentes a la administración de los centros de reclusión, para mantener, entre otros aspectos, la integridad de las personas privadas de la libertad. Además, se trata de un medio de defensa sencillo, rápido y eficiente, que constituye un verdadero procedimiento en que es susceptible el desahogo de pruebas a través del cual, el interno se encuentra facultado para reclamar sin mayores formalismos las acciones u omisiones de las autoridades penitenciarias, vinculadas, entre otros aspectos, con la atención médica requerida por estos. Por las razones expuesta y al ser, manifiesta la actualización de la referida casual, porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda; e indudable, porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Sin que se soslaye que al narrarse los hechos no se refiera ante quién elevó dicha petición, la fecha en que la hizo (exactitud de temporalidad) y si a la data en que externa su manifestación y en que se actúa le fue otorgada una respuesta; lo anterior, puesto que aun cuando se tuvieran esos datos, como se expuso en párrafos que anteceden; ante la omisión de contestar o en cuanto a la respuesta dada, puede acudir ante el juez de Control o de Ejecución a combatir lo cuestionado. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Por otro lado, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, hágansele las notificaciones personales por vía electrónica, a través del nombre de usuario que proporciona (CristianRomanoMeza); por lo que désele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, salvo aquellas que este juzgado realice por medio de lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. INFORMACIÓN GENERAL Se informa a la parte quejosa que, de acuerdo al artículo 5, fracción I y 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, tratándose de comunicaciones no procesales se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, por lo que se le invita para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrase y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. TRANSPARENCIA Finalmente, se hace de su conocimiento, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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