Cornelio González Jiménez
Expediente 268/2016 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 268/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 09/10/2018
Partes del expediente
- Cornelio González Jiménez
- Tribunal Unitario Agrario del Distrito 10, con residencia en Tlalnepantla de Baz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Juicio de Amparo Directo
Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que la parte quejosa ...no formuló inconformidad alguna respecto de la resolución que tuvo por jurídicamente imposible el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 202 de la nueva Ley de Amparo, se declara que la resolución de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho ha quedado firme. Por otra parte, vistos los autos, de los que se advierte que no existe diligencia pendiente por practicar, en consecuencia, archívese ... En su oportunidad, depúrese ...
- Juicio de Amparo Directo
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN. EN TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA: CORNELIO GONZALEZ JIMENEZ, EL AUTO DE VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADO EN EL AMPARO DIRECTO 268/2016; LO ANTERIOR DEBIDO A QUE NO COMPARECIÓ LA REFERIDA PARTE QUEJOSA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL O ALGUNO DE SUS AUTORIZADOS A NOTIFICARSE DENTRO DEL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL QUE SE LE DEJÓ AVISO A NOTIFICARSE DENTRO DEL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL QUE SE LE DEJÓ AVISO
- Juicio de Amparo Directo
Visto lo de cuenta, de autos se advierte que en proveído de nueve de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista al quejoso Cornelio González Jiménez, con las constancias que obraban en el presente juicio de amparo 268/2016, así como con la copia certificada del acuerdo de seis de agosto pasado, dictado por la magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diez, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, sin que hiciera lo propio. En ese sentido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, la suscrita magistrada presidenta procede a determinar oficiosamente si se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, marzo de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Es importante puntualizar que para determinar sobre el cumplimiento del fallo protector, resultan aplicables las disposiciones de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en razón de que este juicio de amparo se promovió con posterioridad a que entrara en vigor la actual ley de la materia. Ahora bien, para estar en aptitud de establecer si las actuaciones realizadas por la magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diez cumple con los lineamientos fijados en la sentencia de amparo emitida por este tribunal colegiado, es preciso tomar en cuenta las consideraciones siguientes: En sesión de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, este órgano colegiado resolvió el amparo directo 268/2016, promovido por Cornelio González Jiménez, por propio derecho, en el que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para los siguientes efectos: "a) El magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diez, con residencia en Tlalnepantla, Estado de México, deje sin efectos la sentencia dictada el quince de marzo de dos mil dieciséis, en los autos del expediente número TUA/DTO.10/1015/2015. Recabe las pruebas correspondientes del comisariado ejidal, del Registro Agrario Nacional y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a efecto de conocer si las tierras del poblado de Ranchería Loma Alta, municipio de Villa del Carbón, Estado de México, ya fueron parceladas (de hecho o de derecho), así como si se registró parcela alguna a nombre de Arnulfo González y/o Arnulfo González Meleza, si hubo algún reconocimiento de posesionarios o quedaron pendientes de asignación, o bien, si son tierras de uso común o tierras para el asentamiento humano. Hecho lo anterior, prevenga a la parte actora para que aclare su demanda, con la finalidad de precisar cuál es la litis agraria; en el entendido de que dadas las circunstancias que deriven de las pruebas recabadas, se deberá hacer notar al promovente lo siguiente: Que si pretende que se siga un procedimiento de acción sucesoria, no se podrá sustentar en la dependencia económica respecto del finado Arnulfo González y/o Arnulfo González Meleza, dado que su fallecimiento ocurrió con antelación al nacimiento del actor. Que si existe un parcelamiento, ya sea de hecho o de derecho, entonces se podría ejercer la acción de prescripción adquisitiva; en el entendido de que, al menos de manera indiciaria, sí se ha realizado éste, pues de las manifestaciones realizadas tanto por el comisariado ejidal, como de las testimoniales desahogadas en autos, se aprecia que se refieren a que Cornelio González Jiménez tiene posesión de "la parcela" y la ha trabajado desde hace más de diez años. Que si no existe parcelamiento de tierras en el ejido correspondiente, no sería posible que se actualice la figura de la prescripción adquisitiva, por lo que en todo caso sólo se podría reclamar el mejor derecho a poseerlas. De ser el caso, ordene el desahogo de diversas periciales en materia topográfica, o bien, de la inspección asociada de peritos, a efecto de determinar si existe identidad o no de las tierras en controversia. De determinarse que la acción ejercida por la parte actora es la prescripción adquisitiva, una vez identificada la tierra correspondiente, el magistrado del tribunal unitario agrario deberá emplazar a juicio a los colindantes de ésta. Después, una vez que se haya allegado de todas las pruebas que estime pertinentes para resolver la cuestión efectivamente planteada por el actor, con libertad de jurisdicción y con base en lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley Agraria, dicte la resolución que en derecho corresponda". A fin de acreditar el cumplimiento de la ejecutoria, la magistrada del tribunal agrario responsable remitió el oficio 1068/2016, de siete de octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual informó que en esa fecha se dictó un acuerdo en el que determinó: Dejar sin efectos las sentencia de quince de marzo de dos mil dieciséis dictada en el juicio agrario TUA/DTO.10/1015/2015; en consecuencia, Ordenó reponer el procedimiento, a efecto de contar con mayores elementos para el conocimiento de la verdad del juicio agrario; Que para tal efecto, requirió a Cornelio González Jiménez para que aclarara su demanda con la finalidad de precisar cuál era la litis agraria, a fin de resolver el juicio. Asimismo, requirió al delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, para que informara y remitiera lo siguiente: "a) Si existe parcelamiento, ya sea de hecho o de derecho en el poblado de Ranchería Loma Alta, municipio de Villa del Carbón, Estado de México, ya fueron parceladas, así como si se registró parcela alguna a nombre de Arnulfo González y/o Arnulfo González Meleza, si hubo algún reconocimiento de posesionarios o quedaron pendientes de asignación, o bien, si son tierras de uso común o tierras para el asentamiento humano". De igual forma, requirió al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que informara y remitiera lo siguiente: "a) Si existe parcelamiento, ya sea de hecho o de derecho en el poblado de Ranchería Loma Alta, municipio de Villa del Carbón, Estado de México. b) Si al interior del ejido de 'Ranchería Loma Alta, municipio de Villa del Carbón, Estado de México, existe un parcelamiento "económico" o "de hecho" y, en caso, de ser (sic) existir el parcelamiento antes referido remita copia certificada del plano levantado resultante de dicho parcelamiento de la cual se pueda apreciar la adjudicación a cada integrante del ejido en comento de su parcela". Además, requirió a la asamblea general de ejidatarios del poblado de Ranchería Loma Alta, municipio de Villa del Carbón, Estado de México, por conducto de los integrantes del comisariado ejidal de dicho poblado en su calidad de presidente, secretario y tesorero, para que informaran lo siguiente: "a) Si dentro de sus archivos existe registró (sic) parcela alguna a nombre de Arnulfo González y/o Arnulfo González Meleza, si hubo algún reconocimiento de posesionarios o quedaron pendientes de asignación, o bien, si son tierras de uso común o tierras para el asentamiento humano. b) Si al interior del ejido de 'Ranchería Loma Alta', municipio de Villa del Carbón, Estado de México, existe un parcelamiento 'económico' o 'de hecho' y, en caso, de ser (sic) existir el parcelamiento antes referido exhiba copia certificada del plano levantado resultante de dicho parcelamiento de la cual se pueda apreciar la adjudicación a cada integrante del ejido en comento de su parcela". Posteriormente, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la magistrada del tribunal agrario responsable, con la finalidad de hacer del conocimiento la continuidad que dio a lo que solicitó en el anterior auto, remitió diversos acuerdos: Mediante oficio 1163/2016 de nueve de noviembre de dos mil dieciséis envió copia certificada del acuerdo de la citada fecha, en el que, en lo que interesa, tuvo por desahogado el requerimiento formulado al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, del que se advierte lo siguiente: Que el veintinueve de mayo de dos mil quince, la asamblea de ejidatarios del poblado de referencia otorgó su anuencia para que se realizaran los trabajos del extinto programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares, que como resultado de los trabajos técnicos de medición se generaron los planos correspondientes, los cuales fueron entregados el diez de octubre de dos mil quince al Registro Agrario Nacional para su certificación y que el veinticuatro de marzo de dos mil seis, concluyó el operativo del PROCEDE en el Estado de México, por lo que procedió a hacer entrega de toda la documentación generada de los trabajos técnicos de medición al citado registro agrario. Con lo anterior, dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera. En oficio 717/2017 de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete envió, entre otros, copia certificada del informe del comisariado ejidal del poblado en cuestión, del que se advierte que los integrantes adujeron lo siguiente: Que del acta de defunción se advertía que Arnulfo González y/o Arnulfo González Meleza falleció el catorce de enero de mil novecientos sesenta y seis. Que de las constancias de registros de derechos agrarios individuales en el ejido Arnulfo González y/o Arnulfo González Meleza fue titular del certificado de derechos agrarios 14052 y reconocido como ejidatario en aquel. Que el ejido Ranchería Loma Alta fue certificado mediante el programa PROCEDE en dos mil cinco; que, por tanto, el extinto ejidatario Arnulfo González y/o Arnulfo González Meleza ya había fallecido, por lo que no le fue asignada parcela alguna. Que en vida Arnulfo González y/o Arnulfo González Meleza cultivaba las parcelas que en dicho momento tenía en posesión, sin embargo, en los archivos del ejido en comento no contaban con información fehaciente de quién tuviera la posesión de dichas parcelas. Que en la audiencia de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, manifestaron su conformidad con que Cornelio González Jiménez se adjudicara los derechos agrarios que pertenecieron al referido extinto ejidatario, titular del certificado de derechos agrarios número 14052, lo anterior porque hasta ese momento desconocían que Arnulfo González y/o Arnulfo González Meleza ya había sido privado de sus derechos agrarios. Que mediante acuerdo de asamblea de catorce de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, publicado en la gaceta del gobierno el veinticinco de julio de mil novecientos noventa y dos, Arnulfo González y/o Arnulfo González Meleza, así como sus respectivos sucesores fueron privados de sus derechos agrarios; en consecuencia, dichos derechos agrarios fueron adjudicados a Cipriano Rueda Jiménez con el certificado de derechos agrarios número 3983037. Con lo relatado anteriormente, la magistrada, en proveído de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera. En oficio 1003/2017 de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete envió, entre otros, copia certificada del informe rendido por el delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, del que se advierte lo siguiente: Que de acuerdo a los asientos registrales, así como informáticos que obran legalmente inscritos dentro del protocolo de dicho órgano registral no se encontró que dentro del acta de asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales Arnulfo González y/o Arnulfo González Meleza contara con parcela y uso común (sic) establecido a su favor. Con dicha información la magistrada en auto seis de noviembre de dos mil diecisiete, dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera. Mediante oficio 166/2018 de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho envió copia certificada del acuerdo de veinte de febrero pasado, en el que, en lo que interesa, informó que había transcurrido el plazo otorgado a las partes en proveído de seis de noviembre de dos mil diecisiete, sin que hubieran realizado manifestación alguna, por lo que previno a la parte actora para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, aclarara su demanda con la finalidad de que precisara cuál era la litis agraria y dadas las pruebas recabadas que obraban en el juicio agrario debía indicar lo siguiente: "1.- Si pretende que se siga un procedimiento de acción sucesoria, no se podrá sustentar en la dependencia económica respecto del finado Arnulfo González y/o Arnulfo González Meleza, dado que su fallecimiento ocurrió con antelación al nacimiento del actor. 2.- Toda vez que existe parcelamiento en el poblado al rubro citado, podría ejercer la acción de prescripción adquisitiva". Por oficio 289/2018 de diecisiete de abril de dos mil dieciocho remitió copia certificada de la cédula de notificación realizada a la parte actora del proveído de veinte de febrero de dos mil dieciocho, de la cual se desprende que el actor fue notificado el veintiuno de febrero del año en curso. Mediante oficio 408/2018 de uno de junio de dos mil dieciocho, informó que se encontraba transcurriendo el plazo concedido a la parte actora en proveído de veinte de febrero del citado año, respecto a la caducidad prevista en el artículo 190 de la Ley Agraria, auto que fue notificado al actor el veintiuno de referido mes y año; asimismo, que hasta el uno de junio pasado, el actor no había realizado manifestación alguna respecto de dicha caducidad, para lo cual remitió copia certificada del acuerdo de veinte de febrero de la presente anualidad y la constancia de notificación a la parte actora de éste. Mediante oficio 565/2018 de seis de agosto de dos mil dieciocho, remitió copia certificada del acuerdo de la misma fecha, en el que la magistrada advirtió que la parte actora no dio cumplimiento al requerimiento ordenado mediante acuerdo de veinte de febrero de dos mil dieciocho, en el que se previno al actor Cornelio González Jiménez, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación del referido acuerdo, aclarara su demanda con la finalidad de precisar cuál era la litis agraria, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna respecto al citado requerimiento empezaría a correr el plazo de la caducidad previsto en el artículo 190 de la Ley Agraria. Asimismo, indicó que el referido acuerdo de veinte de febrero pasado fue notificado al actor el veintiuno siguiente y surtió efectos el veintidós del citado mes y año, transcurriendo los tres días concedidos para desahogar la prevención del veintitrés al veintisiete del referido mes y año, por lo que desde el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho a la fecha ha trascurrido con exceso el término de cuatro meses de inactividad procesal, de conformidad con el artículo 190 de la Ley Agraria. En atención a lo anterior, la responsable hizo efectivo el apercibimiento hecho en aquel auto, decretó la caducidad de la instancia en el juicio agrario 1015/2015 y ordenó el archivo del expediente y la devolución de los documentos que en original exhibieron las partes. Derivado de lo anterior, la magistrada del tribunal agrario responsable se abstuvo de llevar a cabo las demás actuaciones que se le habían indicado en la ejecutoria de amparo, dado que advirtió que había transcurrido en exceso el plazo de cuatro meses de inactividad procesal de conformidad con lo establecido en el artículo 190 de la Ley Agraria, por lo que decretó la caducidad de la instancia en el referido juicio agrario y, por ende, ordenó el archivo del asunto como total y definitivamente concluido. Por ese motivo, aun cuando formalmente la magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diez no cumplió con los lineamientos fijados en los incisos d), e), y f), del fallo protector, se advierte que con la omisión del quejoso de precisar cuál sería la litis agraria, tal como se le indicó en el inciso c) de los efectos del fallo protector, donde justamente se le vinculó para apercibir al actor para que precisara la litis, de modo que si éste no manifestó su voluntad de fijar esa litis, había un obstáculo jurídico y material para que la responsable diera cumplimiento. Lo anterior es así, dado que como se precisó en párrafos anteriores, la responsable, una vez que recabó las pruebas correspondientes del delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y de la asamblea general de ejidatarios del poblado de Ranchería Loma Alta, municipio de Villa del Carbón, Estado de México, previno a la parte actora con la finalidad de que precisara la litis agraria, sin embargo, el actor no dio cumplimiento a la prevención hecha en el plazo establecido e incluso transcurrió el plazo que la propia ley prevé para determinar el desinterés de las partes. Por tanto, frente al desinterés de la parte actora, la responsable se encontraba impedida para fijar la litis agraria de manera adecuada, por lo que no podía dar cumplimento a los referidos lineamientos precisados en los incisos d), e), y f), del fallo protector, de forma que, se advierte que no podía resolver con libertad de jurisdicción como le fue indicado en la ejecutoria de amparo, ya que se trata de una cuestión insalvable. En consecuencia la suscrita magistrada estima que se actualiza la imposibilidad jurídica y material para que la responsable diera cumplimiento al fallo protector que nos ocupa, por lo que de conformidad en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que es jurídicamente imposible el cumplimiento de la ejecutoria de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, emitida por este órgano colegiado. Notifíquese y personalmente al quejoso, así como por oficio a la autoridad responsable. Cúmplase.
- Juicio de Amparo Directo
Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, suscrito por la magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diez, mediante el cual remite copia certificada de un auto de seis de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el juicio agrario 1015/2015; del que se obtiene que se decretó la caducidad de la instancia en el referido juicio agrario. En consecuencia, con apoyo en los artículos 196 de la Ley de Amparo, así como 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la propia ley, se ordena dar vista al quejoso Cornelio González Jiménez, con las constancias que obran en el juicio de amparo directo 268/2016, así como con la copia certificada del acuerdo recibido, para que en el término de diez días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca ante este tribunal a imponerse de ella, a fin de que manifieste lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, o bien, sobre el exceso o defecto en tal cumplimiento, apercibidos que de ser omisos, esta presidencia determinará lo procedente, en términos de la circular 11/2017-AGP suscrita por el secretario general de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del instrumento normativo aprobado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican el inciso D) de la fracción VI y la fracción XVI, y se deroga la fracción XIV, del punto segundo; se modifica la fracción IV, y se adiciona una fracción V, respecto del punto cuarto; se modifica la fracción I, párrafo primero, y se adiciona una fracción IV, respecto del punto octavo; se modifican el párrafo segundo y la fracción IV, del punto noveno, y se modifican los puntos décimo y décimo tercero, párrafo segundo, del Acuerdo general número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del tribunal pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los tribunales colegiados de circuito. Ahora, toda vez que el referido artículo 196 no obliga al órgano de amparo a notificar de manera personal al quejoso ni al tercero interesado (o por oficio en el caso de que este último carácter recaiga en una autoridad) la vista otorgada y tampoco la presente determinación se encuentra prevista en las fracciones I y II del artículo 26 de la Ley de Amparo, este acuerdo deberá notificarse a las partes en términos de la fracción III del mencionado artículo 26, a fin de que en el término concedido en el párrafo que antecede, desahoguen la vista ordenada, debiéndose transcribir íntegramente en la lista que para tal efecto se fije en los estrados de este órgano colegiado; por tanto, queda a su disposición en la secretaría de acuerdos de este tribunal el expediente en que se actúa, en el que se encuentras glosadas la copias certificadas de la sentencia en comento.
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