Cornelio Franco Rivera
Expediente 2085/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2085/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 15/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Cornelio Franco Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de enero de dos mil dieciséis. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 2085/2015-II-B, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de diciembre de dos mil quince; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el primer resolutivo determinó negar el amparo y protección a la parte quejosa; HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 2085/2015-II-B, promovido por Cornelio Franco Rivera, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su actuario adscrito; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el seis de noviembre de dos mil quince ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida por este juzgado, Cornelio Franco Rivera, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su actuario adscrito. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de nueve siguiente, por lo que se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y los terceros interesados. Seguida la secuela procesal, por auto de diez de diciembre se fijaron las diez horas con dos minutos del veintiocho de diciembre de dos mil quince, para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado y se presentó la demanda. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador de amparo, al dictar una sentencia, debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia, dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Precisa el Alto Tribunal, que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, los actos reclamados consisten en: La falta de acuerdo sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas en el conflicto laboral 01/1902/14 y de notificación de dicha determinación. TERCERO. Certeza del(los) acto(s). Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestó el presidente de la junta al rendir el informe justificado, por sí y en representación del pleno (fojas 25 y 26). Toda vez que el actuario adscrito a la junta responsable no rindió su informe justificado pese a estar emplazado a juicio, como se acredita con el recibo de notificación que obra a foja 12, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto reclamado (falta de notificación), máxime que la junta aceptó su existencia. CUARTO. Causales de improcedencia. El presidente de la junta arguye que en virtud de que el estudio que se realiza en el juicio de amparo debe limitarse al acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en que se sitúe, no es factible considerar como acto de molestia una omisión o dilación en el trámite, como pretende el quejoso, ya que el juicio de amparo debe constreñirse al acto reclamado y de ninguna manera a actos subsecuentes, por lo que debe sobreseerse en términos del artículo 63 de la Ley de Amparo. La improcedencia alegada debe desestimarse porque está estrechamente relacionada con el fondo del asunto. Sirve como apoyo esta jurisprudencia: Tesis: P./J. 135/2001 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 187973 86 de 112 Pleno Tomo XV, Enero de 2002 Pag. 5 Jurisprudencia(Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. Además, no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en las fracciones I a IV del invocado artículo 63 y la autoridad no indica, de acuerdo con la fracción V, qué causa de improcedencia sobrevino y torna improcedente el amparo. Así, el suscrito está imposibilitado para determinar qué motiva la improcedencia alegada por la autoridad, al no ser de obvia y objetiva constatación. Resulta aplicable esta jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 137/2006 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 174086 20 de 38 Segunda Sala Tomo XXIV, Octubre de 2006 Pag. 365 Jurisprudencia(Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio. Con independencia de lo anterior, este juzgador no advierte que opere alguna causa de improcedencia. QUINTO. Estudio del(los) concepto(s) de violación. Procede el análisis del concepto de violación que expresa la parte quejosa, mismo que no se transcribe en obvio de innecesarias repeticiones, circunstancia que no la deja en estado de indefensión, en tanto no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución. Al respecto, es aplicable esta jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 58/2010 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 164618 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXXI, Mayo de 2010 Pag. 830 Jurisprudencia(Común) CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. El quejoso sostiene que la responsable viola su derecho a la impartición de justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución Federal, porque no ha dictado el acuerdo sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas en el conflicto de origen. El concepto es infundado. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J.192/2007: Tesis: 2a./J. 192/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171257 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXVI, Octubre de 2007 Pag. 209 Jurisprudencia(Constitucional) ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. El principio de justicia pronta se traduce en la obligación de la autoridad encargada de su impartición, de resolver la controversia ante ella planteada, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. La impartición de justicia ciertamente es una obligación de la autoridad, empero, la ley que rige el juicio o procedimiento le otorga plazos para desarrollar los actos que concatenados entre sí, integran la substanciación del procedimiento y lo concluyen. Por tanto, la impartición de justicia es una función que la autoridad puede realizar dentro de los plazos que la ley aplicable le confiera para ello. Con el informe justificado, el presidente de la junta ofreció copia certificada del acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil quince, dictado en el expediente 01/1902/14 (fojas 28 a 30); la que tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. Ahora bien, del examen de la documental resulta que el veintinueve de octubre de dos mil quince, el presidente de la junta tuvo por desahogada la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el expediente de origen, pero reservó la admisión o desechamiento de los medios de convicción para mejor proveer. En ese orden de ideas, se cita el artículo 880, fracción IV de la Ley Federal del Trabajo [aplicable al asunto]: "Artículo 880. La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de esta Ley y de acuerdo con las normas siguientes: (.) IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes." Como se lee, dicho precepto legal impone a la junta, por regla general, la obligación de que al concluir el ofrecimiento de pruebas, acuerde de inmediato sobre su admisión o desechamiento. No obstante, presenta una excepción, pues le permite reservar el acuerdo de admisión o desechamiento, pero no indefinidamente, antes, debe proveer dentro de los cinco días siguientes a la conclusión de ofrecimiento de los medios de convicción. Luego, ese plazo de cinco días para resolver sobre los medios de convicción, transcurriría a la junta del treinta de octubre al seis de noviembre de dos mil quince. Ahora bien, el acto reclamado debe analizarse por regla general, conforme a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Al respecto, es aplicable por analogía la siguiente jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 3/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206346 1 de 1 Segunda Sala Núm. 79, Julio de 1994 Pag. 15 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. En el particular, el quejoso presentó su demanda de amparo el seis de noviembre de dos mil quince. Así, resulta que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ocurrida el seis de noviembre del año en curso, estaba transcurriendo el plazo de cinco días para que la junta se pronunciara sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas en el conflicto de origen. Entonces, es inconcuso que si a la presentación de la demanda de amparo, no había transcurrido el plazo que la Ley Federal del Trabajo concede a la junta para resolver sobre los medios de convicción que tenga por ofrecidos, su abstención en modo alguno ha violado el derecho del quejoso a recibir una pronta impartición de justicia. El razonamiento que precede, respecto a que la abstención de la junta de realizar un acto inherente a la substanciación del procedimiento no es inconstitucional si no ha transcurrido el plazo que la ley le otorga para ello, encuentra apoyo, por analogía, en la jurisprudencia 2a./J.50/97, por la que la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación resolvió que la abstención en el dictado de laudo, no es un acto violatorio de garantías en sí mismo, sino que su inconstitucionalidad depende de que exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. La jurisprudencia 2a./J.50/97 es del tenor literal siguiente: Tesis: 2a./J. 50/97 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 197499 1 de 1 Segunda Sala Tomo VI, Octubre de 1997 Pag. 304 Jurisprudencia(Laboral) LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo. Así, ante lo infundado del concepto de violación y al no haber queja que suplir, procede negar el amparo y protección de la justicia federal. SEXTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. SÉPTIMO. Notificación a la(s) autoridad(es) para el caso de periodo vacacional. Se instruye al actuario para que en caso que la(s) autoridad(es) responsable(s) se encuentre(n) en su periodo vacacional, le(s) notifique esta sentencia y las subsecuentes determinaciones que lo ameriten, una vez que reanude(n) labores. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Cornelio Franco Rivera, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando quinto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. TERCERO. Si la(s) autoridad(es) responsable(s) se encuentra(n) en su periodo vacacional, esta sentencia y las subsecuentes determinaciones que lo ameriten, se le(s) notificarán una vez que reanude(n) labores. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante licencia autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/6655/2015 de veintitrés de noviembre de dos mil quince, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de diciembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio UTSS-3566 signado por el Magistrado Tercer Árbitro Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en México, Distrito Federal, por medio del cual remite copia certificada del auto de veintisiete de octubre de dos mil quince, dictado en el expediente laboral 5294/15, del que se advierte que radicó la demanda laboral interpuesta por el aquí quejoso, y le requirió por un término de once días hábiles a fin de que la ajuste; atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, y toda vez que la autoridad responsable se encuentra en vías de cumplimiento, lo procedente es requerir a la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en México, Distrito Federal, para que dentro del término de quince días, contados a partir de la notificación del presente proveído en vía de oficio, remita copia certificada de la primera notificación que en su caso le haga a la parte demandada DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL o informe los actos que haya realizado para ese efecto, debiendo remitir las constancias que así lo justifiquen. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Asimismo, se requiere a la Junta Especial Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en México, Distrito Federal, para que dentro de los TRES DÍAS siguientes a la notificación del presente auto informe el tratamiento dado al exhorto girado el doce de febrero de dos mil quince, en el juicio laboral 529/52014, a fin de emplazar a la parte demandada DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL. Apercibidos que de no hacerlo dentro del término señalado, se les impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 237 de la ley de la materia, con relación con el diverso artículo 259. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de diciembre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos de los cuales se advierte que la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Temixco (José Alfredo Martínez Villalba), para que en el término de cinco días siguientes en que se notifique el presente auto, señale fecha exacta (día y hora) para la entrega del título de crédito número 0001036, a favor de la parte quejosa. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.
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