Cornelio Fragoso Aguilar.
Expediente 425/2018 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 425/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 22/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Cornelio Fragoso Aguilar.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado que guardan los presentes autos y en atención a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido a las partes sin que se hubieran inconformado con el proveído de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 201, fracción I, y 202 primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por consentida la mencionada resolución. Mediante oficio que al efecto se gire, hágase del conocimiento de la autoridad responsable la presente determinación, para los efectos legales a que hubiere lugar. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, archívese este asunto como concluido. Finalmente, de conformidad con lo ordenado en la fracción III, del Punto Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, que estableció como susceptibles de depuración los expedientes relativos a juicios de amparo directo, en los que se haya negado o concedido la protección constitucional, por tal motivo, y en virtud de que carece de relevancia documental, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes, mediante proveído de diecinueve de agosto del presente año, para manifestar lo que a su derecho conviniera, en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable -Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo-, a la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa. En la inteligencia de que en el particular, ninguna de las partes se pronunció al respecto. En esas condiciones, en cumplimiento al auto de diecinueve de agosto del año que transcurre y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, el suscrito Presidente de este Tribunal Colegiado, procede al estudio respectivo, a fin de concluir sobre si se encuentra o no cumplida la ejecutoria que concedió la protección constitucional. En ese orden de ideas, el Presidente de este Tribunal Colegiado considera cumplido, de forma total, sin exceso ni defecto, el fallo protector, toda vez que la autoridad responsable se sujetó, en estricto cumplimiento de la sentencia concesoria, a lo ordenado en la misma. Finalmente, una vez que cause estado esta determinación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, cuarto párrafo, y 214, de la vigente Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. Notifíquese a las partes como en derecho corresponda.
- Juicio de Amparo Directo
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista, con copia de la referida resolución, al quejoso, así como a los terceros interesados, por el plazo de diez días, contado a partir del día siguiente en el que surta efectos la notificación de este acuerdo, dentro del cual podrán expresar lo que a su derecho convenga en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; apercibidos que de ser omisos, este tribunal determinará lo procedente.
- Juicio de Amparo Directo
el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, este órgano Pluripersonal de control constitucional, determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos siguientes: "(.) para el efecto de que la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo: 1. Deje insubsistente la sentencia dictada el once de junio de dos mil dieciocho y en su lugar emita otra en la que, reitere todos aquellos aspectos que no son materia de la concesión y: 2. Funde y motive la ubicación que haga del grado o índice de reprochabilidad del sentenciado, respecto de la conducta delictiva, en los términos apuntados en esta ejecutoria; debiendo ajustar, de ser necesario, la pena de prisión y multa que corresponda, sin que pueda ser aumentada la penalidad impuesta en el acto que se reclama. 3. De ser necesario, ajuste lo relativo a la conmutación de la pena y el tiempo que habrá lugar a la suspensión de derechos civiles y políticos (.)" El treinta y uno de mayo del año en curso, se requirió a la autoridad responsable la remisión de las constancias con las que acreditara dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que se le notificó en oficio 138/2019, que recibió el tres de junio siguiente. Posteriormente, por diverso 2438/2019-AP, signado por la Presidenta de la Sala responsable, se remitió a este Tribunal, copia certificada de la sentencia emitida el cinco de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual dice dar cumplimiento a la ejecutoria anteriormente citada. Ahora bien, de la copia certificada mencionada, se advierte que la autoridad responsable, el cinco de junio del presente año, emitió la sentencia en la que dejó insubsistente la pronunciada el once de junio de dos mil dieciocho, dentro del toca penal 308/2018, y reiteró los aspectos que no fueron materia de concesión, con lo cual, se dio cumplimiento al efecto precisado en el punto 1 de la ejecutoria respectiva. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los diversos puntos relacionados con los efectos del fallo concesorio, como a continuación se analizará a detalle. Para resaltar lo anterior, es conveniente establecer que en términos de lo dispuesto por los párrafos segundo y quinto del artículo 196, de la Ley de Amparo, es facultad de este Tribunal, analizar cuidadosamente el contenido de la determinación con la que se pretenda dar cumplimiento al fallo, pues puede ocurrir que exista algún exceso o defecto en que haya incurrido la responsable. Esto es así, en tanto que en términos de lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, es menester proteger el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que comprende se observen de forma eficaz las resoluciones que en su oportunidad se dicten. Además, en la emisión de toda sentencia, debe procurarse se respete el principio de congruencia, que va de la mano con el cumplimiento eficaz de las ejecutorias de amparo, el cual, como ya se precisó, debe ser total, sin excesos ni defectos.Los anteriores razonamientos son acordes con lo establecido por el artículo 197, de la Ley de Amparo, que indica que todas las autoridades que tengan intervención en el cumplimiento de una sentencia están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz observancia. Así, este Tribunal debe analizar si la autoridad atendió de forma oportuna el fallo protector, dentro de los límites señalados en la propia ejecutoria, pues en el caso de que se mencionen argumentos contrarios, o que vayan más allá de los lineamientos que el Cuerpo Colegiado le estableció en la ejecutoria, se tornará evidente que la determinación revisada no pueda tenerse cumplida, ya sea por exceso o por defecto, según corresponda. Con lo precisado, además de garantizar el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva, en tanto se otorga seguridad al quejoso que obtuvo la protección constitucional, que el Tribunal de amparo vigilará que la responsable cumpla con los lineamientos del fallo protector, ello también redunda en proteger el diverso derecho de seguridad y certeza jurídica, consagrado en el artículo 16 constitucional, que implica que el gobernado pueda hacer valer y exigir el cumplimiento de lo ya obtenido, sin arbitrariedad alguna, asegurándose así que lo resuelto por el órgano jurisdiccional sea respetado a cabalidad. En el contexto referido, considera el suscrito que la autoridad responsable, si bien dejó insubsistente la sentencia emitida el once de junio de dos mil dieciocho y con ello cumplió el punto 1 de los efectos del fallo protector, como ya se adelantó, no ocurre lo mismo con los restantes aspectos que debía observar. Así, el Presidente de este Tribunal Colegiado considera que existe exceso en el cumplimiento de la sentencia de mérito, por las razones siguientes: Si bien es cierto la responsable tomó en consideración diversos aspectos dictados en la ejecutoria de mérito para la emisión de la nueva sentencia, también lo es que insistió en tomar en consideración, al individualizar la pena, el hecho de que el encausado cometió el delito como autor material, para así establecer que esa circunstancia, le perjudica. Así es, en la resolución que se revisa, en lo conducente sostuvo que si bien, a criterio de este Cuerpo Colegiado, el hecho de que el sentenciado realizara la conducta como autor material, no podía perjudicarle, lo cierto es que ese Tribunal Superior de segunda instancia, estima que sí es factible tomar en consideración ese hecho y debe perjudicar al quejoso, que cometió el delito como autor material. Actuar del Tribunal Superior que sin duda, va en contra de lo resuelto por este Cuerpo Colegiado, pues soslayó que no se le dejó en libertad de jurisdicción para determinar si el hecho de que el sentenciado cometiera el delito como autor material podía o no resultarle perjudicial, sino que se le ordenó de forma puntual y expresa que tal circunstancia, solamente indica el grado de participación en el ilícito, pero que no puede incidir en el aumento de la culpabilidad. No obstante ello, la Sala insistió en sostener que tal aspecto le perjudica, y en vía de consecuencia, aumentó el grado de culpabilidad, lo que sin duda, excede los lineamientos establecidos en el fallo protector. De ahí que, en el caso particular, la Sala deberá limitarse a cumplir con la ejecutoria respectiva y establecer que el hecho de que el sentenciado cometió el delito como autor material, solamente indica su grado de participación en el ilícito y tal circunstancia no puede perjudicarle; en vía de consecuencia, tampoco debe incidir en el aumento de la culpabilidad. Virtud a lo anterior, se demuestra que la responsable incumplió con lo ordenado en la ejecutoria emitida por este cuerpo Colegiado, en específico, con lo establecido en el número 2, y en vía de consecuencia, tampoco puede estimarse cumplido el punto 3 del fallo protector, pues se encuentra íntimamente relacionado con el previamente indicado. En ese sentido, por el momento no puede estimarse cumplida la sentencia, ya que era necesario que la Sala observara en su integridad lo resuelto por este Tribunal. En consecuencia, ante la deficiencia advertida, se concluye que el fallo protector no se encuentra cumplido en su integridad, por tanto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, a efecto de no ocasionar mayores dilaciones y en aras de garantizar una pronta impartición de justicia, como lo impera el artículo 17, Constitucional, REQUIÉRASE a la Presidenta de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, para que dentro del término de diez días, contado a partir de la notificación de este proveído, informe sobre el cumplimiento integral otorgado a la ejecutoria en cita; EN LA INTELIGENCIA DE QUE DEBERÁ SEGUIR TODOS Y CADA UNO DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA MISMA y que han sido reiterados en este auto. Apercibida que, de insistir, como lo ha hecho, en dejar de observar la determinación a la que arribó este cuerpo Colegiado en el fallo protector, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 192, 238 y 258, todos de la Ley de Amparo, se impondrá en lo individual, a cada uno de los Magistrados Integrantes de la Sala responsable, una multa por el equivalente a cien días de valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y se procederá en términos de lo dispuesto en el artículo 193, último párrafo de la invocada ley; esto es, SE REMITIRÁ EL EXPEDIENTE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y consignación.
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