Cornelio Esteban Aparicio
Expediente 602/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 602/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Cornelio Esteban Aparicio
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diez de noviembre de dos mil veinte. Causa estado. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que el auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, en el que se desechó el escrito inicial de la demanda de amparo; no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Se ordena archivo. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Existencia de documentos. No se omite sen~alar que tal como se preciso´ en certificacio´n de esta fecha, en autos obran documentos de los catalogados como no originales, exhibidos por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda; en consecuencia, se autoriza su devolución, previo recibo y razón que de ello obre en autos. ( Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Ha´ganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Reali´cese la certificacio´n en la fecha de la remisio´n fi´sica del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la cara´tula del expediente. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada Argelia Román Mojica, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el Secretario licenciado Roberto César Morales Corona, que autoriza. Doy fe.xpor.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de octubre de dos mil veinte. ( Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por *************, por propio derecho y como representante de la sucesión a bienes de *********, contra actos de los Integrantes de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 602/2020-I. Se desecha demanda. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, este Juzgado advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En este caso, de lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución emitida dentro del toca de queja número 91/2020, notificada el dos de octubre de dos mil veinte, mediante la que se confirmó el auto que no admitió las pruebas documentales exhibidas por la parte quejosa el catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Al respecto, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." De la interpretación de las porciones normativas citadas se colige que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación en de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto solo procede cuando esos actos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, o la propiedad, entre otros. Porque esta afectación o sus efectos, no se destruye fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio dentro de juicio de ejecución reparable, respecto a los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí los aludidos valores; sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Esto tipo de actos solo afectan derechos adjetivos o procesales, producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vistas a obtener un fallo favorable; por lo que cuando se logra este objetivo primordial, los efectos o consecuencias adversas se extinguen en los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado ni dejar ninguna huella en su esfera jurídica. De este modo, el acto reclamado consistente en la resolución dictada en el toca civil de queja 91/2020, que confirmó el auto que no admitió las pruebas documentales exhibidas por la parte quejosa el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, no constituye un acto procesal de ejecución irreparable, que vulnere derechos fundamentales, dado que el acuerdo que fue recurrido versa sobre el desechamiento de las pruebas documentales que ofreció la parte quejosa en el juicio de origen. Como se advierte de los conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo, la parte quejosa interpuso recurso de queja contra el acuerdo del juez de primera instancia que no admitió las pruebas documentales que ofreció el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, en virtud de que -a consideración de la juzgadora- este medio probatorio fue ofrecido fuera de los tres días establecidos en el artículo 116 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. Por tanto, el acto reclamado se trata de una determinación intraprocesal que no afecta derechos sustantivos, sino únicamente derechos procesales relacionados con la admisibilidad de pruebas. Al respecto es dable citar la jurisprudencia 3a./J. 58 8/90, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 207,226, que establece: "PRUEBAS. SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO." Así, es evidente que el acto reclamado no se le ocasiona ningún perjuicio de imposible reparación a la parte quejosa, toda vez que la resolución de la que se duele constituye un acto intraprocesal que no es irreparable y no infringe algún derecho sustantivo de manera directa e inmediata. Lo anterior es así, dado que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, establece expresamente que las violaciones a las leyes procesales que trasciendan al resultado del fallo, como lo es el desechamiento de pruebas, serán analizadas, en su caso, en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que ponga fin al juicio; tal como lo previene el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;." De lo expuesto, se advierte que el acto reclamado reviste carácter meramente formal, por lo que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues no produce directamente ninguna afectación material sobre algún derecho sustantivo de la parte quejosa, como la libertad, la propiedad, las posesiones, la seguridad, la privacidad, el derecho de audiencia, el derecho de petición, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera. Sobre todo, que el acto reclamado no implica un agravio actual, sino que, en su caso, será hasta el desenlace del juicio de origen en el que el quejoso resentirá, de ser así, las afectaciones de las que se duele en su demanda de amparo. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental tutelado en la Carta Magna, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse incluso con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate, según se advierte de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Criterio que fue reiterado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, en el que resolvieron la contradicción de tesis 14/2015, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto resulta procedente únicamente en contra de actos emitidos durante la tramitación de juicio que resulten de imposible reparación. Sin embargo, se reitera, el desechamiento de pruebas -controvertido a través del recurso de queja- no comporta una afectación a derechos sustantivos, dado que, como se desprende de los conceptos de violación, el vicio que se atribuye radica en la interpretación del artículo 116 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. Sin que se observe que el desechamiento del medio de pruebe trastoque la esfera jurídica de la justiciable en un aspecto diverso a las formalidades del procedimiento, cuya trascendencia, como se dijo, depende del sentido del fallo que se dicte en el juicio de origen. En ese contexto, el acto reclamado por la quejosa no le irroga por sí y desde luego, perjuicio o lesión en su esfera jurídica; esto es, no afecta directa e inmediatamente sus prerrogativas fundamentales y, por ende, no encuadran en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción V, constitucional, al no causar un daño de imposible reparación, ello en atención al concepto de irreparabilidad que ha quedado expuesto. Incluso, al resolverse el juicio de origen, existe la posibilidad de que la quejosa pudiera obtener una sentencia favorable a sus intereses y con ello desaparecerían los posibles perjuicios que le ocasiona el acto reclamado y, aun, cuando dicha resolución le fuese desfavorable, será hasta ese momento en que se encuentre en posibilidad de recurrir a los medios de protección que la ley prevé. Los razonamientos expuestos con antelación ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que no resultaría factible formarse una convicción diversa en el juicio, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En tales condiciones, dado que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo; por lo que, con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha de plano la demanda en estudio. Del domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora bien, toda vez que el quejoso señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, lo cual, técnicamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, no ha lugar a tenerle señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; por tanto, con apoyo en la fracción III, inciso a), del citado precepto, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso la tesis XXII. 1°. 22K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, que dice: "Época: Novena Época Registro: 195064 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Diciembre de 1998 Materia(s): Común Tesis: XXII.1o.22 K Página: 1067 NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." Exhortación a las partes para la realización del juicio en línea. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Transparencia y Datos Personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
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