Cornelio Domínguez Callejas

Expediente 427/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
427/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
23/05/2019

Partes del expediente

  • Cornelio Domínguez Callejas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Se declara que el proveído de treinta de abril del año en curso, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido

  2. Principal

    IV.- Agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar el escrito de cuenta, signado por el quejoso ***, mediante el cual realiza manifestaciones a manera de alegatos; en virtud de que el treinta de abril último, se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tiene el actuario adscrito para notificar al quejoso el proveído de treinta de abril de la presente anualidad, por los motivos que en ella expone. En consecuencia, como se ordenó en proveído de cuatro de abril último, realícese la notificación al quejoso del presente proveído y del diverso de treinta de abril de la presente anualidad, por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional. En cumplimiento a lo anterior, se notifica ´por este medio el proveído de treinta de abril de dos mil diecinueve, mismo que dice: Visto el estado procesal de autos, del que se advierte que la parte quejosa, reclama en la presente instancia: La orden de suspensión de sus laborales comerciales del tres al veinticuatro de abril de la presente anualidad, derivada del oficio DGD/COM/050/2019 y, en caso de ser omiso a lo ahí establecido, la cancelación de su licencia de funcionamiento. Ahora bien, la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, precisando que se notificó al quejoso la suspensión de licencia de funcionamiento y, que en ningún momento se le impidió realizara su actividad comercial. En este contexto, esta Jueza de Distrito considera que en el caso particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, por lo que hace a la suspensión de laborales comerciales del tres al veinticuatro de abril de la presente anualidad, mismo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;" La disposición legal invocada, dispone que el juicio de amparo es improcedente en contra de actos consumados de un modo irreparable es decir, han producido todos sus efectos, de manera que no sea posible restituir al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados. Lo anterior es así, pues en presencia de un acto consumado de modo irreparable hace improcedente la acción de amparo, porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, dado que, por un lado, estaría fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al peticionario en el goce de sus prerrogativas vulneradas y, por otro, al tratarse el juicio constitucional de un medio de control, a través del cual se protegen los derechos humanos de las personas, las sentencias que se dictan tienen como único propósito reparar tales violaciones, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. En el caso particular, como se precisó, el promovente del amparo reclama la orden de suspensión de sus laborales comerciales del tres al veinticuatro de abril de la presente anualidad, la cual ya fue cumplimentada; pues, se notificó al aquí quejoso tal sanción, el dos de abril de la presente anualidad, tal y como se advierte de las constancias que remitió la responsable, como complemento de su informe justificado. Con motivo de lo anterior, la autoridad responsable hizo del conocimiento al quejoso la medida sancionadora decretada por incumplimiento al oficio D.G.D.E/COM/046/2019. En este orden de ideas, válidamente se puede concluir que en el caso particular, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, porque los efectos de la suspensión de labores, hacen imposible restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, en caso de una posible ilegalidad en su emisión. Lo anterior se afirma, pues si la finalidad del acto reclamado, es la suspensión de labores del tres al veinticuatro de abril de la presente anualidad, no podrían restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la emisión del acto reclamado, dado que dicho objetivo se logró, con independencia de si fue legal o no la determinación de la autoridad responsable al ordenarlo. Por tanto, como se adelantó, los efectos y consecuencias del acto reclamado ejecutado, no podrían circunscribirse al tiempo o momento de su emisión, porque ni física ni jurídicamente podría restituirse al agraviado en el pleno goce de las prerrogativas constitucionales que estima vulneradas. Ahora, por lo que hace al juicio derivado del oficio DGD/COM/050/2019, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "." "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." El precepto transcrito establece que cuando la ley conceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto, el juicio de amparo resulta improcedente. Es decir, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea contra autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan; c) Que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal; y d) Que por virtud de dicho medio, el acto pueda ser modificado, revocado o nulificado. Por lo que, con la concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente. En esas condiciones, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 186 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en virtud de que los actos reclamados no tienen el carácter de definitivos para los efectos del juicio de amparo indirecto, toda vez que los impetrantes del amparo pudieron promover como medio de defensa en su contra el recurso de inconformidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, previsto en los artículos 187, fracción II y 188 y 238 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, o en su caso juicio contencioso administrativo, establecido en los artículos 200, 202 y 229, fracción II de la citada legislación, los cuales, establecen: "Artículo 186.- Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." "Artículo 187.- El recurso de inconformidad procede en contra de: La resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal y municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal municipal que afecten derechos de particulares de imposible reparación; Las resoluciones que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en materia administrativa y fiscal. Artículo 188.- El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la autoridad administrativa competente o ante la propia autoridad que emitió o ejecutó el acto impugnado dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos su notificación. También podrá enviarse por correo certificado con acuse de recibo, caso en que se tendrá como fecha de presentación del escrito la del día en que se deposite en la oficina de correos" "Artículo 238.- La demanda deberá formularse por escrito y presentarse directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio de la parte actora, dentro de los quince días al en que surta efectos la notificación del acto que se impugna o al en que haya tenido conocimiento del mismo, con las excepciones siguientes: Tratándose de la resolución negativa ficta, así como de emisiones para dar respuesta a peticiones de los particulares, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo, mientras no se notifique la resolución expresa; En los casos de expedición de reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones de carácter general, podrá presentarse la demanda, dentro del plazo de treinta días posteriores a la fecha en que entren en vigor. También podrán impugnarse estas disposiciones generales, conjuntamente con su primer acto de aplicación; Cuando se pida la invalidez de una resolución fiscal favorable a un particular la demanda deberá presentarse dentro de un año siguiente a la fecha de emisión de la decisión; y Sólo tratándose de resolución negativa ficta podrá ampliarse la demanda dentro de los cinco días posteriores al en que surta efectos la notificación del acuerdo de admisión de contestación de la demanda." "Artículo 200. El proceso administrativo comprende al juicio contencioso administrativo ante las salas regionales del Tribunal y al recurso de revisión y otros trámites ante la sala superior del mismo." "Artículo 202. El Tribunal tiene por objeto dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado, municipios y organismos auxiliares con funciones de autoridad y los particulares." "Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. De los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este Código; V. De las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de 30 días siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento; VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos 10 días siguientes a su presentación; VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones; VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública del Estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal; IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo; y X. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales." El texto de los preceptos transcritos consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlo, revocarlo o modificarlo. Asimismo, el artículo 194 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, establece lo siguiente: "Artículo 194.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando: Lo solicite expresamente el recurrente; Se admita el recurso; No se siga en perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y Tratándose de créditos fiscales, el recurrente garantice su importe en cualquiera de las formas previstas por la legislación financiera aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad." De la transcripción anterior se advierte, que de promover la quejosa el recurso o juicio correspondiente, estaría también en la posibilidad de solicitar la suspensión del acto impugnado. El principio de definitividad que rige al juicio de derechos humanos, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. De lo que se advierte, que por virtud de dicho medio de impugnación, el impetrante del amparo pudiera lograr la modificación, nulificación o revocación de los actos reclamados, aunado, a que también se encuentra en condiciones de solicitar la suspensión de éstos, pues el juicio contencioso o recurso previstos en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no exigen mayores requisitos que los que se establecen en la Ley de Amparo para su concesión, conforme al artículo 128, de Ley de la materia, razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia transcrita con anterioridad en párrafos que anteceden, lo que obliga a desechar la demanda ante el incumplimiento del principio de definitividad que impera en el juicio constitucional. Por su aplicación y atendiendo a que la Ley de Amparo, en el transitorio sexto, dispone que la jurisprudencia integrada conforme a la Ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a la vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se citan los siguientes criterios: Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.60/2013 (10a) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, consultable en el Libro XXI, Tomo 1, Junio de 2013, paginas 933, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2003858, actualmente vigente y que es del tenor siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad". Además, del estudio integral de la demanda de amparo, no se advierte que los actos reclamados se traten de alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, como para considerar que estaba en condiciones de acudir directamente al juicio de amparo sin necesidad de agotar la instancia legal mencionada, pues no se pone en peligro la vida, no constituye una pena o sanción restrictiva de la libertad de los quejosos con los actos reclamados, ni éstos se sitúan en alguno de los supuestos contemplados en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y seis, tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación, julio de dos mil, con número de registro 191539, misma que se encuentra vigente y que dice: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Por otra parte, aún y cuando el acto reclamado, le pueda causar daños de difícil reparación, ello no exime a la promovente de agotar los recursos que tengan a su alcance para obtener la revocación o modificación del acto reclamado, ya que el principio de definitividad es de observancia obligatoria en el juicio de derechos humanos, lo cual implica que previamente a la presentación de la demanda de amparo, la quejosa debe cumplir con la carga procesal de promover todos los recursos o medios de defensa a su alcance para revocar, modificar o nulificar el acto reclamado antes de acudir a solicitar el amparo. De igual forma, es aplicable al caso en lo conducente, la jurisprudencia I.3o.C. J/39, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1214, Tomo XXVI, Agosto de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 171803, vigente actualmente que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aún contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad". Por tanto, SE SOBRESEE, fuera de audiencia el presente juicio, en términos del artículo 61, fracciones XX y XVI, en relación con el 63, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, se deja sin efectos el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Para conocimiento de las partes y a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio mediante el cual el Jefe del Departamento de Desarrollo Comercial y de Servicios del Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, rinde su informe justificado; con ello dese cuenta al momento de celebrar la audiencia constitucional. En esas condiciones, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta y cinco minutos del treinta de abril de dos mil diecinueve y se señala como nueva fecha las diez horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de mayo de dos mil diecinueve.

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