Corina Elena Pérez Landero
Expediente 1303/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1303/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/10/2019
Partes del expediente
- Corina Elena Pérez Landero
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio de la autoridad federal de cuenta, mediante el cual hace del conocimiento que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del presente asunto, del que deriva el presente cuadernillo de antecedentes. En virtud de lo anterior, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en la estadística; y, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, archívese el presente expediente auxiliar (cuaderno de antecedentes), como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado por el Presidente de ese Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que una vez que transcurran SEIS MESES a esta fecha, se proceda a su DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción primera del punto vigésimo, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un expediente auxiliar (cuaderno de antecedentes) derivado de un juicio de amparo en el que se declaró carecer de competencia legal para conocer del mismo; lo anterior, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Del mismo modo, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.
- Principal
Vista la razón del Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, por medio del cual informa que no fue posible notificar personalmente a la parte quejosa, el auto de veintiséis de septiembre del año en curso, por las razones expuestas; en consecuencia, para no dejarlo en estado de indefensión, notifíquese el contenido de dicho acuerdo; así como los subsecuentes, aún los de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, hasta en tanto señale un nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. se notifica el proveído de veintiséis de septiembre del año en curso, que en lo conducente dice: Vista; la demanda de amparo promovida por Corina Elena Pérez Landero, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, con el número de expediente 1303/2019-3-B. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o, en su caso, se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, mediante el cual, el Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, determinó no dar trámite a la demanda interpuesta por el aquí quejoso, debido a que se declaró incompetente por razón de territorio y mandó al archivo como asunto concluido, el expediente 886/2019, de su índice. Ahora, conviene precisar que el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, tal como se encuentra previsto en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 170 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: (....)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito." De acuerdo con los preceptos transcritos, corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito conocer del juicio de amparo directo promovido contra resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Viene al caso, apuntar que el numeral 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, pero para que se actualice ese supuesto, es necesario que se decline la competencia en favor de otro órgano y aquel acepte o rechace la competencia declinada (con la que adquiere carácter de definitiva), pues solo en este supuesto es procedente el amparo indirecto, previa observancia del principio de definitividad. Ahora, tratándose de la resolución del juez que desecha o no admite una demanda o por la que se niega a conocerla y la devuelve al actor, por estimar que carece de competencia legal, sin que decline su competencia en favor de algún órgano jurisdiccional, constituye una resolución que pone fin al juicio, pues sin decidir el fondo del asunto, lo da por concluido y contra aquella procede el amparo directo de conformidad con el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, sujetándose igualmente al principio de definitividad. En ese contexto, si en la especie, el juez responsable determinó no dar trámite a la demanda interpuesta por el aquí quejoso, debido a que se declaró incompetente por razón de territorio, mandando al archivo como asunto concluido el expediente 886/2019, de su índice; entonces, es inconcuso que dicha resolución es de aquella que, aun sin resolver el fondo del asunto, lo dan por concluido; por tanto, es recurrible en amparo directo. Tiene aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 97/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 241, Décima Época, registro IUS 2015687, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE DESECHA O NO ADMITE UNA DEMANDA O POR LA QUE SE NIEGA A CONOCERLA Y LA DEVUELVE AL ACTOR, POR ESTIMAR QUE CARECE DE COMPETENCIA LEGAL, SIN DECLINARLA EN FAVOR DE OTRO ÓRGANO JURISDICCIONAL, AL TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Ahora bien, para que se actualice este supuesto, en relación con la resolución por la que el a quo no admite o se niega a conocer de una demanda, por estimar que carece de competencia legal para ello, es necesario que se decline la competencia en favor de otro órgano, ya que este supuesto produce los mismos efectos que la excepción de incompetencia por declinatoria, pues quedará supeditada a que el juez declinado acepte o rechace la competencia declinada, cuya decisión (con la que adquiere carácter de definitiva) será determinante para combatir la resolución de aceptación de la declinación de competencia, a través del amparo indirecto, previa observancia del principio de definitividad. Sin embargo, la resolución del juez que desecha o no admite una demanda o por la que se niega a conocerla y la devuelve al actor, por estimar que carece de competencia legal, sin que decline su competencia en favor de algún órgano jurisdiccional, constituye una resolución que pone fin al juicio, pues sin decidir el conflicto jurídico de fondo, lo da por concluido; de ahí que contra dicha decisión proceda el amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, sujetándose igualmente al principio de definitividad." Dicho en otras palabras, en la especie se actualiza la competencia del presente asunto a favor del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, conforme a lo dispuesto en los artículos 34, 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo; ante lo cual, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal para conocer de este juicio de amparo. Sin que el presente criterio prejuzgue acerca de la procedencia de algún medio ordinario de defensa, pues será en su caso, el Tribunal Colegiado correspondiente el que determine si se observó o no la definitividad a la cual está obligada la parte quejosa. Tiene aplicación por analogía la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 95, Décima Época, registro IUS 2008791, de rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." En esas condiciones, sin resolver sobre su admisión y en obvio de mayores dilaciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil de este Circuito en turno, con sede en esta ciudad, el original del escrito de demanda con sus respectivas copias, para que determine conforme con sus atribuciones lo que en derecho corresponda; en tal virtud, fórmese cuadernillo de antecedentes, hágase las anotaciones en el libro de gobierno, y solicítese el acuse de recibo correspondiente. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Domingo Palacios Tovar, toda vez que sí tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase de su conocimiento de la parte quejosa que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquello derechos y bienes, se autoriza a la parte promovente, para que haga uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar a la parte quejosa la oportunidad de defensa. En relación con lo anterior, se apercibe a la parte quejosa, que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que pueda dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica, tanto del solicitante, como de la o de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. Esto, de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Ley de Amparo, así como 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deba realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a la Secretaria para que firme los oficios relativos al presente juicio.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del oficio 15001 de nuestro índice y anexos, en el cual, se remitió por incompetencia la demanda de amparo promovida por ***********, contra el auto de cuatro de septiembre del presente año, dictado dentro de los autos del expediente ************, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, informando que se reservó proveer sobre la aceptación de la competencia declinada hasta en tanto, cuente con las constancias respectivas; de lo que se toma nota para los efectos legales que haya lugar.
- Principal
Vista; la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, con el número de expediente 1303/2019-3-B. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o, en su caso, se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, mediante el cual, el Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, determinó no dar trámite a la demanda interpuesta por el aquí quejoso, debido a que se declaró incompetente por razón de territorio y mandó al archivo como asunto concluido, el expediente **********, de su índice. Ahora, conviene precisar que el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, tal como se encuentra previsto en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 170 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: (....)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito." De acuerdo con los preceptos transcritos, corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito conocer del juicio de amparo directo promovido contra resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Viene al caso, apuntar que el numeral 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, pero para que se actualice ese supuesto, es necesario que se decline la competencia en favor de otro órgano y aquel acepte o rechace la competencia declinada (con la que adquiere carácter de definitiva), pues solo en este supuesto es procedente el amparo indirecto, previa observancia del principio de definitividad. Ahora, tratándose de la resolución del juez que desecha o no admite una demanda o por la que se niega a conocerla y la devuelve al actor, por estimar que carece de competencia legal, sin que decline su competencia en favor de algún órgano jurisdiccional, constituye una resolución que pone fin al juicio, pues sin decidir el fondo del asunto, lo da por concluido y contra aquella procede el amparo directo de conformidad con el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, sujetándose igualmente al principio de definitividad. En ese contexto, si en la especie, el juez responsable determinó no dar trámite a la demanda interpuesta por el aquí quejoso, debido a que se declaró incompetente por razón de territorio, mandando al archivo como asunto concluido el expediente **********, de su índice; entonces, es inconcuso que dicha resolución es de aquella que, aun sin resolver el fondo del asunto, lo dan por concluido; por tanto, es recurrible en amparo directo. Dicho en otras palabras, en la especie se actualiza la competencia del presente asunto a favor del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, conforme a lo dispuesto en los artículos 34, 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo; ante lo cual, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal para conocer de este juicio de amparo. Sin que el presente criterio prejuzgue acerca de la procedencia de algún medio ordinario de defensa, pues será en su caso, el Tribunal Colegiado correspondiente el que determine si se observó o no la definitividad a la cual está obligada la parte quejosa. En esas condiciones, sin resolver sobre su admisión y en obvio de mayores dilaciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil de este Circuito en turno, con sede en esta ciudad, el original del escrito de demanda con sus respectivas copias, para que determine conforme con sus atribuciones lo que en derecho corresponda; en tal virtud, fórmese cuadernillo de antecedentes, hágase las anotaciones en el libro de gobierno, y solicítese el acuse de recibo correspondiente. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **************, toda vez que sí tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase de su conocimiento de la parte quejosa que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquello derechos y bienes, se autoriza a la parte promovente, para que haga uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar a la parte quejosa la oportunidad de defensa. En relación con lo anterior, se apercibe a la parte quejosa, que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que pueda dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica, tanto del solicitante, como de la o de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. Esto, de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Ley de Amparo, así como 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deba realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a la Secretaria para que firme los oficios relativos al presente juicio.
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