Corey Lynn Velazquez Martínez
Expediente 451/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 31 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 451/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 07/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Corey Lynn Velazquez Martínez
- COREY LYNN VELAZQUEZ MARTÍNEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Agréguese la misiva del Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita a este órgano jurisdiccional, en atención a su contenido, no ha lugar a expedir las copias certificadas que solicita, pues no se advierte el motivo de su requerimiento, sino que únicamente hace referencia a una petición de la Subdirectora de Coordinación de la Dirección de Control Técnico de Amparo Metropolitano de la Fiscalía General de la Republica. Lo anterior, pues el presente juicio está sujeto a la regulación de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; por lo cual los datos personales y sensibles que aquí obran, deben ser tratados conforme a los lineamientos aplicables en tales normas y, en principio, sólo utilizados para el análisis materia de este asunto. Así, para que el suscrito esté en condiciones de expedir copias certificadas de actuaciones que obran en este expediente, debe acreditarse la vinculación que exista entre el asunto de que se trate, con las partes en el presente juicio; pues de lo contrario se podría propiciar una violación a la información que obra en autos, a la que pudiera atribuírsele carácter de confidencial. Sirve de apoyo a lo anterior, en su parte conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.), de la Décima Época, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, página 470, en Materia Común, que dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011,(1) estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley." Sin que lo anterior implique un desacato al artículo 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece la obligación a los servidores públicos, de proporcionar información que requieran el Ministerio Público y la Policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto, pues dicha disposición debe ser interpretada a la luz de las normas en materia de acceso a la información, que imponen obligaciones al suscrito de salvaguardar información reservada o confidencial que obre en los expedientes. Ahora bien, respecto del diverso juicio al que alude, deberá formular su petición en aquél pues su tramitación es autónoma. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese la misiva del Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita a este órgano jurisdiccional, en atención a su contenido, no ha lugar a expedir las copias certificadas que solicita, pues únicamente hace referencia a una petición de la Subdirectora de Coordinación de la Dirección de Control Técnico de Amparo Metropolitano de la Fiscalía General de la Republica y menciona que es para la integración de una carpeta de investigación, sin indicar que relación guarda con este juicio. Lo anterior, pues el presente asunto está sujeto a la regulación de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; por lo cual los datos personales y sensibles que aquí obran, deben ser tratados conforme a los lineamientos aplicables en tales normas y, en principio, sólo utilizados para el análisis materia de este asunto. Así, para que el suscrito esté en condiciones de expedir copias certificadas de actuaciones que obran en este expediente, debe acreditarse la vinculación que exista entre el asunto de que se trate, con las partes en el presente juicio; pues de lo contrario se podría propiciar una violación a la información que obra en autos, a la que pudiera atribuírsele carácter de confidencial. Sirve de apoyo a lo anterior, en su parte conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.), de la Décima Época, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, página 470, en Materia Común, que dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011,(1) estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley." Sin que lo anterior implique un desacato al artículo 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece la obligación a los servidores públicos, de proporcionar información que requieran el Ministerio Público y la Policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto, pues dicha disposición debe ser interpretada a la luz de las normas en materia de acceso a la información, que imponen obligaciones al suscrito de salvaguardar información reservada o confidencial que obre en los expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se sobreseyó el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Archívese como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el diverso 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados; por lo que, una vez que transcurran más de tres años, en que se haya ordenado su archivo, deberá depurarse debiendo conservarse, únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo Vigésimo del acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el arábigo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Por último, en cumplimiento al diverso 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 451/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México *** asistido de *** Secretaria que autoriza y da fe *** con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo *** la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos *** y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron sus informes justificados; C) Apersonamiento de la parte tercera interesada. En este acto *** se certifica que el término de tres días concedido a la parte quejosa en auto de nueve de junio de dos mil veintidós *** transcurrió del veinte al veintidós de junio de la presente anualidad. Asimismo *** se da cuenta con la certificación que antecede y la promoción con registro 21419. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. Vista la certificación de cuenta *** se advierte que el término de tres días para que la quejosa diera cumplimiento a lo ordenado en auto de nueve de junio del año actual *** en relación al reconocimiento de contenido y firma de diversos documentos *** ha transcurrido sin que a la fecha haya dado cumplimiento *** en consecuencia *** se le hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y se tiene por no ofrecida la prueba en comento. Por otro lado *** agréguese el escrito del tercero interesado por conducto de su apoderado; atento a su contenido se tienen por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos y por anunciadas las pruebas que indica *** las cuales se ordenan relacionar en el periodo correspondiente. A continuación se procede a la apertura del período probatorio *** en el que se hace constar que la quejosa ofreció la documental anexa a su escrito inicial de demanda y el tercero interesado ofreció la documental *** la instrumental de actuaciones y la presuncional. Al respecto se provee: se admiten y desahogan las pruebas documentales citadas *** por su propia y especial naturaleza. Se hace constar que la prueba testimonial ofrecida por la impetrante se declaró desierta por auto de cinco de diciembre del año en curso. Al no haber más elementos de convicción por desahogar *** se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos *** donde el tercero interesado los formuló e invocó una causal de sobreseimiento y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior *** se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal *** procediendo a dictar la siguiente resolución: VISTOS para resolver el juicio de amparo 451/2022, promovido por ., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Noveno Civil de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. El nueve de mayo de dos mil veintidós, la parte quejosa planteó demanda de amparo contra actos del citado juez local por estimarlos violatorios de los derechos reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión de la demanda y substanciación del proceso. La demanda se admitió el once de mayo de la presente anualidad y se ordenó la intervención a la representante social de la Federación adscrita; se requirieron los informes justificados; se ordenó llamar a la parte tercera interesada y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción VII de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, seguido ante un tribunal del orden común con sede en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado, conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. De la lectura integral de la demanda se advierte que la quejosa se ostenta tercera extraña auténtica al juicio especial hipotecario . del índice del ahora Juez Vigésimo Noveno Civil de la Ciudad de México, reclama la falta de emplazamiento y todo lo actuado en ese proceso, particularmente la sentencia definitiva y su ejecución, así como la orden de lanzamiento del inmueble ubicado en calle ... TERCERO. Existencia de los actos. Las autoridades responsables aceptaron la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias certificadas que remitió; las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal supletorio. CUARTO. Improcedencia. La procedencia del juicio es un presupuesto procesal que debe analizar el juzgador, previo al estudio del fondo, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. El presente juicio es improcedente, como lo señala la parte tercera interesada, por falta de interés jurídico del promovente, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto en ese precepto, para la procedencia del juicio de amparo proveniente de tribunales judiciales, se requiere como presupuesto procesal, que el peticionario acredite el interés perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución de los actos reclamados, para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. Esto es, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos de la quejosa; además, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. Ilustra la consideración anterior, la jurisprudencia 854, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro es: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE." Cabe destacar que el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." Ahora, los documentos provenientes de terceros que consignan contratos, para que tengan eficacia plena, deben tener fecha cierta y ello acontece: a) A partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado; b) A partir del día en que se incorpore o inscriba en un registro público; y/o, c) Desde la muerte de los que firmaron. Se debe tener como fecha cierta de un documento privado aquella que se tiene a partir del día en que se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, porque del mismo tiene conocimiento un tercero digno de fe ajeno a las partes, dado que dicho Registro es una institución pública que da certeza de que ese acto existe. Asimismo, presentar un documento privado ante un fedatario público da certidumbre sobre la fecha en que se tuvo a la vista, pues es un tercero ajeno a las partes que está investido de fe pública y cuenta con facultades para autenticar y dar forma en los términos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos, por lo cual su intervención conduce así a garantizar la certeza de la fecha de su realización, porque da fe de que existió el instrumento que le fue presentado. Finalmente, el fallecimiento de alguno de los contratantes también genera certidumbre en la fecha del documento, pues al ocurrir el deceso no existiría posibilidad de alterar la data de un pacto de voluntades, por no poder contrariarse el orden cronológico y natural de los eventos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes." En la especie, con el fin de acreditar su interés jurídico, la quejosa ofreció como prueba: copia certificada por el Notario Ciento Cuarenta de la Ciudad de México, de un contrato de arrendamiento, donde la peticionaria aparece como arrendataria respecto del predio objeto del litigio. Sin embargo, aunque con tal medio de prueba puede decirse que existe un contrato de arrendamiento a favor de la impetrente en relación al inmueble controvertido, lo jurídicamente relevante al caso es que tal medio es insuficiente para tener por acreditado su interés jurídico, pues su fecha cierta es posterior al inicio del proceso de origen. En efecto, si bien el contrato de referencia goza de fecha cierta al presentarse en este juicio una copia certificada del mismo (por el Notario Ciento Cuarenta de la Ciudad de México), lo que trasciende es que el momento en que el fedatario lo tuvo a la vista -cinco de mayo de dos mil veintidós- fue posterior al inicio del juicio de origen, que comenzó formalmente con la presentación de la demanda, el catorce de marzo de dos mil diecisiete; así como posterior al auto de dos de febrero del dos mil veintidós, donde se ordenó la desocupación voluntaria del inmueble. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 33/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, Registro: 164080. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, en Materia(s): Civil, página: 314, que establece: "DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta, y por ende, no puede tenerse certeza de la realización de los actos que consten en tales documentos. Ahora bien, cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. Por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento. Asimismo, tal certificación notarial no debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él." Por tanto, no puede estimarse que tal medio probatorio, aun siendo certificado, sea idóneo para demostrar la afectación al interés jurídico con relación a lo actuado en el proceso de origen y la sentencia definitiva; pues el contrato de arrendamiento adquirió fecha cierta, formalmente hasta que el fedatario Ciento Cuarenta de la Ciudad de México lo tuvo a la vista, lo cual ocurrió hasta el cinco de mayo de dos mil veintidós, o sea, después a que se emitieron los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 1a./J. 21/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro: 164792. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, Materia(s): Civil, Página: 259, que dispone: "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable." Consecuentemente, al no afectarse el interés jurídico de la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia y con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse el presente juicio. No pasa inadvertido que se invocara la improcedencia del juicio en diversos términos; empero, no existe necesidad de emprender un análisis adicional, cuando ya existe probada causa suficiente para decretar el sobreseimiento. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 54/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, de agosto de 1998, página 414, en materia común, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio promovido por ., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Noveno Civil de la Ciudad de México, por los motivos precisados en esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Lo sentencia y firma electrónicamente, ., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe; en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, el mismo día en que tuvo verificativo la audiencia constitucional. Doy fe. (firma electrónica) (firma electrónica) EL JUEZ LA SECRETARIA
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