Coral Islas Cruz
Expediente 191/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 191/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Coral Islas Cruz
Actuaciones
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que el presente asunto no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de destrucción. Por otra parte, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, tres de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la razón asentada por el actuario adscrito a este juzgado, por medio de la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la quejosa ********************, el auto dictado el veintitrés de febrero del año en curso, en el presente juicio de amparo, por las razones que expone. Bajo esa tesitura, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el auto de que se trata por medio de lista. QUE A LA LETRA DICE, ******************************************Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 1177, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual remite autos originales del juicio de amparo directo DT.-106/2023, copia de la demanda de amparo y copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 86/2020. Asimismo, notifica el auto de catorce de febrero del año en curso, en el que dicho órgano colegiado se declaró legamente incompetente para conocer de la demanda de amparo, promovida por *********************************, en contra de la autoridad responsable y por los actos que enseguida se precisan: Autoridad responsable Juez Noveno Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con residencia en Huixquilucan. Actos reclamados El proveído de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 86/2020, promovido por *****************************, en contra de la quejosa y otro, el que el juez responsable, en etapa de ejecución de sentencia, ordenó turnar los autos a ejecutor de su adscripción para que lleve a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo, ordenada en auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, con auxilio de la fuerza pública. El proveído de veinte de enero de dos mil veintitrés, dictado en el propio juicio de origen, en el que el juez responsable autorizó el rompimiento de cerraduras, en caso de ser necesario, para realizar la referida diligencia de requerimiento de pago y embargo. Radicación y registro de la demanda Fórmese expediente físico y electrónico. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Regístrese la demanda bajo el expediente 191/2023-VII. Se asume conocimiento Este órgano jurisdiccional acepta la competencia planteada por el juzgado oficiante; en consecuencia, se asume el conocimiento de la demanda de amparo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Desechamiento de la demanda No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Ahora bien, en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, interpretada a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". De la fracción XXIII del citado artículo 61 se establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que, en este apartado se da sustento a la improcedencia legal, jurisprudencial y constitucional; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 de la ley de la materia no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional; sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo que se comenta no es limitativo sino enunciativo. Así, la denominada improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial se sustenta en la fracción XXIII del artículo 61 en comento, vinculada en el caso con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, y 217 todos de la Ley de Amparo, este último en cuanto que establece la obligatoriedad de la jurisprudencia. Por lo que, con base en tales preceptos la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios obligatorios como la jurisprudencia P./J./32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. Así, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y la citada jurisprudencia, para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, es requisito esencial que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. La última resolución en el procedimiento de ejecución para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto ante los jueces de distrito, será aquella en la que se apruebe o reconozca el total cumplimiento de la sentencia de fondo; o bien, aquella que declare la imposibilidad jurídica o material para cumplirla; o la que ordene el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Este requisito tiene como finalidad, evitar que se abuse del juicio de amparo. Lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro y contenido: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial". En la especie, los actos reclamados consisten en lo siguiente: El proveído de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 86/2020, promovido por Luis Miranda Limas, en contra de la quejosa y otro, el que el juez responsable, en etapa de ejecución de sentencia, ordenó turnar los autos a ejecutor de su adscripción para que lleve a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo, ordenada en auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, con auxilio de la fuerza pública. El proveído de veinte de enero de dos mil veintitrés, dictado en el propio juicio de origen, en el que el juez responsable autorizó el rompimiento de cerraduras, en caso de ser necesario, para realizar la referida diligencia de requerimiento de pago y embargo. Del contenido de los citados actos, resulta evidente que no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de remate dictado en el juicio de origen, para la procedencia del juicio de amparo indirecto que promueve la quejosa, toda vez que los actos reclamados no constituyen aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados. Sin que pase desapercibida la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de Alto Tribunal, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE". Sin embargo, en el caso no se configura el supuesto de excepción al que se refiere dicha jurisprudencia, en virtud de que las condiciones que establece para que proceda el juicio de amparo en tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, son las siguientes: Que el acto infrinja directamente derechos sustantivos. Que los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, laudo o convenio, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En el caso concreto, los actos que reclama la quejosa se llevaron a cabo en la etapa de ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen, en la que aquélla es parte demandada. De ahí que tales actos forman parte del sistema establecido para que la parte demandada cumpla con la obligación de pago que le fue impuesta y, por ende, deben considerarse una consecuencia directa y necesaria del fallo condenatorio. Por lo que sólo podrán ser impugnados hasta que se controvierta la última resolución que se dicte en el procedimiento de remate, momento en el cual la quejosa podrá reclamar las violaciones suscitadas durante esa fase procesal, que la hubiesen dejado sin defensa. En lo conducente, resulta aplicable la tesis III.4o.(III Región) 8 C (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con Residencia en Guadalajara, Jalisco, de rubro y texto: "EMBARGO DE BIENES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO QUE LA PARTE DEMANDADA PROMUEVE EN SU CONTRA, CUANDO AQUÉL TIENDE A GARANTIZAR LAS PRESTACIONES A QUE FUE CONDENADO. De acuerdo con los artículos 1346 y 1347 del Código de Comercio, el embargo que se suscita en esa etapa, forma parte del sistema establecido para que la demandada cumpla con la obligación de pago que le fue impuesta y, por ende, debe considerarse una consecuencia directa y necesaria del fallo condenatorio, por lo que sólo podrá ser impugnado al controvertir en amparo la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, en el que podrá reclamar las violaciones suscitadas durante esa fase, que lo hubiesen dejado sin defensa. Lo anterior, sin que se esté en el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia P./J. 108/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", porque la afectación que en esas condiciones se produce sobre el derecho de propiedad del ejecutado, no resulta ajena a la cosa juzgada en el juicio natural que le impuso la obligación de cubrir con sus bienes la deuda que tenía con el actor". Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque la determinación reclamada no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo. Lo cual, aparece de lo expresado por la quejosa en su escrito inicial de demanda, así como del informe del juez responsable y sus anexos. Y es indudable, ya que ese hecho no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de mérito, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Domicilio Toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír notificaciones un inmueble ubicado en el Municipio de Huixquilucan, esto es, fuera de la jurisdicción de este juzgado de distrito, se ordena que las notificaciones de carácter personal se le practiquen por medio de lista, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el que tiene su residencia en el órgano jurisdiccional. Dada la trascendencia de la presente determinación, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, por única ocasión, comisiónese a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado para que notifiquen a la quejosa el presente proveído en el domicilio ubicado en: Calle Jacarandas, sin número, Localidad de San Bartolomé Coatepec, Munición de Huixquilucan, Estado de México. Autorizados En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo si a la fecha del dictado del presente acuerdo tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; de no ser así, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. Exhorto para seguir la tramitación del juico en línea Con fundamento en el artículo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes que no lo hubieran hecho con anterioridad para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea" Medios de contacto Con fundamento en el artículo 257, fracción I, del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que proporcionen un medio alternativo de contacto (número telefónico y/o cuenta de correo electrónico), para entablar comunicaciones no procesales, cuando así lo considere necesario este órgano jurisdiccional. En ese terno, se tienen como medios de contacto el correo electrónico melchoreza@hotmail.com y el número telefónico 5610885214 que proporciona la quejosa, para los efectos y fines legales previstos en el artículo 257, fracción I, del citado Acuerdo General, Oposición a la publicación de datos personales Cabe indicar que las partes tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: por oficio, vía interconexión, al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito; por oficio, vía ordinaria, a la autoridad responsable Juez Noveno Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con residencia en Huixquilucan; y personalmente a la quejosa.*****************************, En el entendido que las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán por ese medio. Se notifica a la parte quejosa el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés y el presente proveído.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta se provee: toda vez que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del auto que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, se declara que dicho acuerdo queda firme, para todos los efectos legales conducentes. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del expediente en que se actúa, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico, a través del módulo "Libros de control" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. En su oportunidad realícese el trámite para su depuración. Notifíquese: por lista a las partes.
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