Coorporativo Legal, Sociedad Civil

Expediente 264/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
264/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
04/04/2016

Partes del expediente

  • Coorporativo Legal, Sociedad Civil

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, por el que acusa recibo del juicio de amparo 264/2016, que se le remitió por incompetencia, asimismo, hace saber que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y, archívese el expediente por tratarse de un asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero, once de marzo de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo que promueve Corporativo Legal, Sociedad Civil, por conducto de su representante legal Carlos M. Altamirano Pineda, contra actos del Jefe del Departamento de Ejecución Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo de los Bravo, personalidad que acredita con el documento que exhibe, la cual se da por reproducida en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo. Regístrese en el libro de gobierno con el número 264/2016 que le corresponde y fórmese expediente. En principio, es menester destacar que las cuestiones de competencia son de orden público, previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16 constitucional. Así, la competencia constitucional de los Jueces de Distrito está prevista en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que disponen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]" LEY DE AMPARO "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este precepto se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: 1) Con independencia del lugar de residencia de la autoridad que emitió el acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. 3) Cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiere ejecución material, es competente el Juez De Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Bien, resulta evidente que las reglas antes descritas obedecen a la naturaleza o efectos de la ejecución del acto reclamado que deben tomarse en consideración para determinar la competencia; las primeras dos hipótesis, cuando el acto reclamado requiere de ejecución y, la última, cuando éste no requiere ejecución material. Como se dijo, analizadas las constancias que integran el juicio de amparo que se estudia, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado y autoridad responsable, los siguientes: "II.- Autoridades Responsables; C. Jefe del Departamento de Ejecución Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. III.- Actos Reclamados. 1.- De la autoridad señalada como responsables se reclama: A).- El oficio SDI/DGR/III-EF/0221/2016, de fecha 10 de febrero de 2016, por medio del cual se ordena la certificación del término establecido en el artículo 131 del Código Fiscal de la Federación, a efecto de reanudar el procedimiento administrativo de ejecución en contra de la quejosa." En ese sentido, atendiendo a las reglas de competencia extraídas del artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, no es competente para conocer de la demanda de amparo de que se trata, toda vez que no se surte ninguno de los supuestos a que se refiere el citado dispositivo legal. En efecto, el acto reclamado se considera de aquéllos que contienen un principio de ejecución; empero, para que este órgano jurisdiccional sea competente, debía actualizarse alguno de los supuestos indicados en los puntos 1 y 2 antes mencionados, lo que en el caso no ocurre, puesto que del análisis del escrito inicial de demanda, no se desprende que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado en la circunscripción territorial en que este juzgado ejerce su jurisdicción, que tenga ejecución en más de un distrito o que haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro. Aunado a ello, la parte quejosa señala como única autoridad responsable, al Jefe del Departamento de Ejecución Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, quien tiene su residencia en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, por lo que, de ser procedente la ejecución material del acto reclamado, será éste, en términos de su competencia y jurisdicción, quien lo lleve a cabo, es decir, el acto reclamado tendrá un principio de ejecución en el lugar en que reside tal autoridad responsable ejecutora. En consecuencia, toda vez que si el acto reclamado es de aquéllos que llevan aparejada ejecución material, además, que la quejosa expresamente señaló como única autoridad responsable, quien tiene residencia en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; es claro que no se surte a favor de este órgano jurisdiccional la competencia planteada, por lo menos en este momento procesal. Aunado a lo anterior, en todo caso el procedimiento administrativo de ejecución que se reinicie a la parte quejosa, se iniciará en aquella ciudad capital, por lo que es evidente que la ejecución material del acto reclamado será en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, corrobora lo anterior el domicilio de la autoridad, ya que precisamente el Jefe del Departamento de Ejecución Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, es quien requerirá de pago a la parte quejosa el crédito fiscal que se le fincó. Con independencia que la promovente del amparo tenga su domicilio en esta ciudad, ya que tal circunstancia no infiere sobre la competencia de la demanda de amparo. Sirve de apoyo, por las razones jurídicas que contiene, la jurisprudencia 1a./J. 12/95 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 97 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Septiembre de 1995, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar." También orienta lo anterior, por las razones jurídicas que contiene, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, Volumen 65 segunda parte, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." En ese mismo sentido, ilustra lo expuesto, la tesis VI.2o.20 K del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 395 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR LA QUEJOSA, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por la quejosa en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras." En función de lo expuesto, se concluye que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, carece de competencia legal, por razón de territorio, para resolver el presente juicio, ya que estima que ésta se surte en favor del Juez de Distrito en el Estado de Guerrero en turno, con residencia en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo. De ahí que, se insiste, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, no es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo promovido por Corporativo Legal, Sociedad Civil, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado se ejecutará en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en consecuencia, con apoyo en el artículo 48 de la ley de la materia, se ordena remitir el juicio de amparo 264/2016, así como las copias del escrito inicial de demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a efecto de que sea turnada al Juzgado de Distrito, en turno, a quien se considera legalmente competente para conocer de la misma, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece entre otras cosas, la demarcación territorial sobre la cual ejercen su jurisdicción los Juzgados de Distrito en el país, como ya se dijo, tiene ejecución el acto reclamado y, el diverso 12/2016 que lo modifica publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, en vigor a partir del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, visible a foja 383, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." En ese sentido, al juez de referencia solicítese para que dentro del plazo que señala el artículo 48 de la Ley de Amparo, informe si acepta o no la legal competencia que se le plantea. Fórmese cuaderno de antecedentes y solicítese al órgano judicial de referencia el acuse de recibo correspondiente. Cabe puntualizar que el criterio aquí expuesto no es aislado, sino que lo comparte el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, órgano que lo plasmó al resolver por unanimidad de votos el conflicto competencial 4/2015 suscitado entre el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado con residencia en Chilpancingo, Guerrero y este juzgado, resolución que determinó que en un caso similar al que se analiza, es competente el Juez de Distrito con residencia en Chilpancingo de los Bravo. Se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009 signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Es aplicable a lo anterior, la tesis I.1°.A.23.K (10ª.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada el veinticuatro de abril de dos mil quince, materia común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran." Igualmente, por lo que respecta a la parte quejosa, dígase que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimientos de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL); en ese sentido y para otorgar esa autorización y acceso, la parte quejosa deberá solicitarlo por escrito y por única ocasión; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes, que a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis, el presente juicio de amparo se incorporará con el expediente electrónico, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese.

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