Coordinador de las Brigadas Especiales de Vacunacion

Expediente 65/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 1 actuación registrada, la última del 27 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
65/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
27/01/2022

Partes del expediente

  • Coordinador de las Brigadas Especiales de Vacunacion

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de enero de dos mil veintidós. 1.- Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 1/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el escrito presentado por ***, por medio del cual da cumplimiento a la prevención formulada el veintiuno de enero de dos mil veintidós y exhibe el acta de nacimiento de su hija menor de edad de iniciales I.P.P., por tanto, se provee como sigue: 2).- Desechamiento. El dispositivo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. En el caso, se actualiza de forma notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no afecta la esfera jurídica de la quejosa de iniciales I.P.P. (quien al momento de la presentación de la demanda contaba con doce años); por lo siguiente: Los numerales 61, fracción XII, 1 y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo, refieren: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos de la fracción I, del artículo 5° de la presente ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". De los numerales citados, se advierte que, para que el juicio de amparo sea procedente, es condición indispensable que la parte promovente acredite fehacientemente que el acto autoritario afecta su esfera de derechos subjetivos, en atención a que este juicio se sigue siempre a instancia de parte agraviada; lo que equivale, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, a que el acto reclamado transgreda un derecho subjetivo consagrado en la Constitución, en favor de la parte quejosa; es decir, se debe contar con interés jurídico, por ser una persona directamente agraviada por la ley o acto u omisión que estime violatorio de sus derechos fundamentales. Ahora, de la lectura integral del escrito de demanda y de las documentales consistentes en el acta de nacimiento de la menor quejosa de iniciales I.P.P., se advierte que a la fecha presentación de la demanda (veinte de enero de dos mil veintidós), dicha quejosa contaba con la edad de doce años. Asimismo, el acto reclamado se hace consistir básicamente en la omisión de las autoridades responsables de aplicar la vacuna contra la COVID-19. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyos lineamientos fueron publicados en la página oficial de internet www.coronavirus.gob.mx el ocho de diciembre de dos mil veinte. De acuerdo con los ordenamientos en cita, las etapas de la estrategia de vacunación por grupos poblacionales priorizados, en lo que interesa al presente asunto, serían de la siguiente manera: -Etapa 1: Diciembre 2020 - Febrero 2021 Personal de Salud de Primera Línea de Control de la COVID-19. - Etapa 2: Febrero - Abril 2021 Personal de Salud Restante y Personas de 60 y más años. - Etapa 3: Mayo - Junio 2021 Personas de 50 a 59 años. - Etapa 4: Junio - Julio 2021 Personas de 40 a 49 años. - Etapa 5: Julio 2021 - Marzo 2022 Resto de la población. Asimismo, es un hecho notorio que en la página de internet http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/vacunacovid19-adolescentes/ se aprecia que el pre-registro para los jóvenes de entre quince y diecisiete años inició a partir del 1° de octubre de 2021 en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php. Se toma a consideración el criterio XX.2o. J/24, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con número de Registro digital: 168124, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo XXIX, de enero de 2009, página 2470, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular.". De lo anterior, se aprecia que a la fecha en la que se presenta la demanda que nos ocupa, el grupo etario al que pertenece la menor quejoso se encuentra en proceso de vacunación, pues a la fecha se encuentra abierto el preregistro en la página de internet de la Secretaría de Salud Federal, a fin de que se le aplique la vacuna, e incluso es un hecho notorio que en la actualidad, en todas las entidades del País se ha aplicado ya la primera dosis del biológico "Pfizer-BioNTech", a este grupo etario de menores, y en particular en este estado actualmente se encuentran aplicando dicha vacuna. Esto es, el periodo de vacunación al que estará sujeta la quejosa de iniciales I.P.P.; se encuentra dentro de la quinta etapa, pues tiene la edad de doce años -a la presentación de la demanda-; de ahí que el periodo de vacunación está vigente, y transcurrirá de julio de dos mil veintiuno a marzo de dos mil veintidós, por lo que será dentro de dicho lapso en el que las autoridades sanitarias deberán proporcionar o suministrar la vacuna que corresponda a la menor solicitante de amparo, acorde con dichos instrumentos normativos y los lotes de vacunas que tengan disponible para tal efecto. Así, el acto aquí reclamado no afecta los intereses de la menor quejosa, pues como se dijo, el grupo etario al que pertenece se encuentra en proceso de vacunación de acuerdo al plan nacional de vacunación y, por ende, deberá realizar los trámites necesarios ante la autoridad sanitaria competente, a fin de que sea inoculado. En ese orden ideas, no existe una afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la quejosa de iniciales I.P.P. (de doce años de edad a la presentación de la demanda de amparo), en tanto que no se le ha negado la aplicación de la vacuna, sino que el periodo dentro del cual está el grupo poblacional al que pertenece se encuentra en proceso para efecto de que le sea suministrada, debiendo estar atento a la información que difundan las autoridades sanitarias nacionales y locales respecto a los espacios, registros u otras determinaciones que dicten para efecto de cumplimentar el Plan Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-COV-2 para la Prevención de la COVID-19 en México y le sea efectivamente aplicada la vacuna dentro del periodo previsto para ello. De ahí que se advierta de forma patente y clara la actualización de la causal de improcedencia en estudio, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente pudieran allegarse al sumario en caso de ser admitido. Por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

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