Cony Giselle Santamaría García
Expediente 245/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 245/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 03/06/2022
Partes del expediente
- Cony Giselle Santamaría García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Ciudad de México; tres de junio de dos mil veintidós. Declaración de estado. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, de los cuales se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintidós de febrero de dos mil veintidós, en la cual se determinó sobreseer el juicio de amparo a la parte quejosa. Por lo tanto, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales conducentes. Fundamento: Artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo indica su numeral 2 y la Tesis XI.3o.4 K del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 706, Tomo VII, junio de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: REVISIÓN, RECURSO DE.LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico que para registro tiene este juzgado y comuníquese lo anterior a las partes. Archivo del asunto. En otro orden de ideas, al no existir diligencia pendiente por realizar, ni acuerdo por emitir en el presente juicio, ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO CONCLUIDO. Fundamento: Artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Por otra parte, se valora que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción. Fundamento: Artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por lo que hace a los cuadernos incidentales, cabe precisar que deberán archivarse por separado respecto del expediente principal, dado que no siempre existirá coincidencia entre la valoración que a cada uno corresponda (depuración, destrucción, etcétera), ni las reglas fijadas para la preservación de actuaciones, además de que los plazos de conservación del expediente son diversas. En lo que toca al cuaderno original relativo al incidente de suspensión, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del propio acuerdo invocado, es susceptible de depuración. Asimismo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, conforme a lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General ya mencionado, una vez que transcurra el plazo de seis meses, contados a partir de la emisión de la resolución interlocutoria respectiva. Atento a lo anterior, colóquese el sello de fecha de archivo y destino final en la carátula del expediente en que se actúa y en los cuadernos incidentales, asimismo, háganse las anotaciones en el libro electrónico que para registro lleva este juzgado de distrito. Devolución de documentos. Ahora bien, en virtud de que la parte quejosa exhibió un documento original, pónganse a su disposición para que dentro del plazo de noventa días, se presente a recogerlos, en el entendido que la persona que lo haga, deberá exhibir su identificación oficial vigente y copia simple de la misma, para debida constancia legal; apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser depurados junto con el expediente. Con motivo de lo anterior, y a efecto de cumplimentar las bases establecidas por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo 21/2020, que se encuentren en el supuesto de que, el juzgado federal requiera la presencia de una de las partes para el desahogo de un requerimiento, se estará a lo siguiente: "Artículo 6. Modelo de atención presencial basado en citas. La presencia física de las partes en los órganos jurisdiccionales se admitirá dentro de los siguientes supuestos y reglas: I. Cuando sea la o el titular del órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad. Para ello, deberá considerarse que: a) El citatorio permitirá la generación desde uno hasta tres códigos QR, según se estime necesario atendiendo a la naturaleza de la diligencia a practicar. b) Cuando el citatorio respectivo se notifique electrónica o personalmente, junto con el mismo se hará entrega del Código QR respectivo. c) Cuando el citatorio se notifique por lista, el o los Códigos QR se dejarán en el del edificio respectivo y se dará aviso a la administración del mismo con las fechas y horarios de audiencia, de modo que quienes acudan a la cita puedan ingresar bajo la regla de hasta dos personas por Código. Una vez en el órgano jurisdiccional se verificará que quienes asistan cuenten con la capacidad procesal necesaria para participar en la diligencia. d) La o el titular deberá garantizar bajo su más estricta responsabilidad la adopción de las medidas de distanciamiento social necesarias, de modo que las diligencias, comparecencias y audiencias no interfieran con personas que hayan programado personalmente sus citas, y que en ningún caso se ponga en riesgo la salud del personal jurisdiccional ni de las personas justiciables. e) Tratándose de requerimientos sujetos a un plazo, el órgano jurisdiccional generará la cita para que tenga verificativo el día en que venza. f) La o el titular deberá determinar los casos en que los citatorios a una de las partes deban notificarse a las otras partes, para que, si así lo desean, puedan presenciar dicha comparecencia a través de videoconferencia". Al respecto, dígase a la parte quejosa, que se pone a su disposición como medio de contacto la dirección de correo electrónico siguiente: selene.ramos.flores@correo.cjf.gob.mx, así como el teléfono 51338100, ext. 1006 y 1013, a efecto de que se comuniquen a este juzgado de distrito y soliciten el día y hora en que desean comparecer en las instalaciones de este juzgado a recoger los documentos originales dentro del plazo señalado, informándoles que dicho horario es el comprendido de lunes a viernes de ocho de la mañana a una de la tarde. Atento a lo anterior, una vez agendada dicha cita se generará un Código QR para permitirles el acceso a las instalaciones de este juzgado, mismo que estará disponible en el módulo de vigilancia y se dará aviso a la administración del mismo con la fecha y horarios de su cita, de modo que quienes acudan a la cita puedan ingresar bajo la regla de hasta dos personas por Código. Una vez en el órgano jurisdiccional se verificará que quienes asistan cuenten con la capacidad procesal necesaria para la devolución de dichos documentos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de México, a las once horas con veinte minutos del veintidós de febrero de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 245/2021, promovido por Cony Giselle Santamaría García, por derecho propio, se encuentra presente Jorge Luis Barrera Martínez, Secretario del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, al tenor del oficio CCJ/ST/3960/2021, de veintidós de noviembre del año en curso, signado criptográficamente por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de la Secretaria Selene Guadalupe Ramos Flores, que autoriza y da fe. Inicio de audiencia. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, el Secretario en Funciones de Juez declara abierta la audiencia y procede a su celebración sin la asistencia de las partes; asimismo, se hace constar que de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el módulo 'Agenda visita a OJ', opción 'Consulta General', no se desprende que alguna de las partes haya solicitado cita para comparecer a esta audiencia. Relación de constancias. Acto continuo, la Secretaria relaciona las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, pues es suficiente que en el acta de audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que quedaron relacionadas y recibidas en ese acto. De igual forma la Secretaria, da cuenta con la certificación que contiene los siguientes puntos: 1) la descarga de la dirección electrónica http://sise.cjf.gob.mx/sise/ExpedienteElectronico/PanelCentral.aspx, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); 2) el relativo a la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, de las que se advierte que no hay promoción pendiente por turnar a este asunto y 3) la relativo a la consulta de Agenda visita a OJ. Asimismo la Secretaria CERTIFICA que la parte quejosa no desahogó el requerimiento establecido en autos, en el sentido de que si era de su interés señalar como acto destacado el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, sin que haya realizado manifestación al respecto, por lo que se hizo efectivo dicho apercibimiento mediante acuerdo de seis de enero de la presente anualidad, proveído que le fue notificado el diecinueve siguiente, por lo que el presente asunto será resuelto como fue inicialmente planteado por la aquí quejosa. Enseguida, el Secretario en funciones de Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por relacionados los autos, que en su integridad serán tomados en consideración al resolver el presente asunto. Periodo probatorio. La Secretaria hace constar que la parte quejosa ofreció, las siguientes pruebas: Credencial expedida por el Banco de México a favor de Cony Giselle Santamaría García; Declaración del ejercicio fiscal de impuestos federales correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte a nombre de Cony Giselle Santamaría García, así como recibo bancario de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales; y, Declaración de situación patrimonial a nombre de Cony Giselle Santamaría García. El Secretario en funciones de Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124, de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas ofrecidas, las que se desahogan en términos de ley, dadas su propia y especial naturaleza, mismas que serán valoradas en la parte considerativa de la presente resolución. Asimismo, se tiene por precluído el derecho de las demás partes para ofrecer pruebas. Al no haber prueba pendiente por acordar, se cierra el periodo probatorio. El Secretario en funciones de Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124, de la Ley de Amparo, se admiten la pruebas ofrecidas, las que se desahogan en términos de ley, dada su propia y especial naturaleza, mismas que serán valoradas en la parte considerativa de la presente resolución. Asimismo, se tiene por precluído el derecho de las demás partes para ofrecer pruebas. Al no haber prueba pendiente por acordar, se cierra el periodo probatorio. Periodo de alegatos. Se abre el citado periodo y la Secretaria certifica que ninguna de las partes los formuló. El Secretario en funciones de Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene por precluído el derecho de las partes para formular alegatos. Finalmente, se cierra el periodo de alegatos y al no existir diligencias pendientes que practicar, se da por concluida la presente audiencia en las citadas etapas, por lo que procede dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo 245/2021, promovido por Cony Giselle Santamaría García, por propio derecho, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Presentación. Por escrito presentado por Cony Giselle Santamaría García, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos que se precisarán en esta sentencia. SEGUNDO. Turno y radicación en este Juzgado de Distrito. Determinación inicial. Por razón de turno, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitió los autos a este órgano jurisdiccional, en donde por auto de siete de julio de dos mil veintiuno, se radicó la demanda y se avocó al conocimiento del asunto registrándolo con el número de expediente 245/2021; en el mismo auto, se admitió a trámite, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se notificó a las partes, se dio intervención al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (hoy Fiscal Ejecutivo Titular) y se fijaron fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, se celebró la audiencia constitucional al tenor de lo asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el numeral Primero del Acuerdo General 4/2019, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se reclaman, entre otros actos, la discusión, aprobación, expedición y publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Decreto de reformas a esas disposiciones contenido en el Diario Oficial de la Federación del 12 de abril de 2019, el Presupuesto de Egresos de la Federación en la parte respectiva a remuneraciones de los servidores públicos, así como manuales, circulares y diversas disposiciones normativas que regulen las remuneraciones y prestaciones en general de los Servidores Públicos de la Federación, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. Así como la Circular SECNO/29/2021 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativa al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se reclaman el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. SEGUNDO. Criterios aplicables. Los criterios que se invocarán en esta sentencia son aplicables aún y cuando se refieran a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. TERCERO. Precisión de actos. Los actos reclamados materia de litis son los siguientes: La discusión, aprobación, expedición y promulgación del Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno; en relación con los artículos señalados en la demanda; y sus efectos y consecuencias. Cabe señalar que, la norma general se reclamó, según se apreció en la demanda, como parte de un sistema normativo complejo que regula las remuneraciones de los servidores públicos federales, el cual incidió en los derechos de la parte quejosa desde su entrada en vigor; es decir, la impugnó en su carácter de autoaplicativa porque estimó encontrarse sujeta a las obligaciones, prohibiciones o sanciones establecidas por dicho régimen jurídico especial, dado que se trata de una servidora pública de la Federación. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 55/98, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." CUARTO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados consistentes en los efectos y consecuencias del decreto reclamado, toda vez, que las autoridades responsables así lo refirieron al rendir su respectivo informe justificado. QUINTO. Actos ciertos. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Cámara de Senadores [1] y Cámara de Diputados [2], ambas del Congreso de la Unión y Presidente de la República [3], que se hicieron consistir, en el respectivo ámbito de sus atribuciones, en la discusión, aprobación, expedición y promulgación del Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno; en relación con los artículos señalados en la demanda. Es importante mencionar que, el tener o no como ciertas las conductas atribuidas a las autoridades legislativas o administrativas no depende únicamente de lo manifestado en los informes justificados rendidos por las autoridades responsables o en las omisiones en que éstas hayan incurrido, ya que corresponde al juzgador pronunciarse al respecto y cerciorarse de su existencia, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba y el artículo 88 del código supletorio. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.65/2000 de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." SEXTO. Improcedencia del juicio de amparo. El artículo 62 de la Ley de Amparo, impone la obligación de analizar oficiosamente las causas de improcedencia en el juicio por ser una cuestión de orden público y preferente al análisis del fondo del asunto. En razón de ello, se procede al estudio de las causas de improcedencia que, de oficio, se advierten actualizadas en este juicio de amparo en relación con los actos reclamados. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 158, de rubro: "IMPROCEDENCIA." Así como la jurisprudencia 228, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS." Artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo (ausencia de interés jurídico) En primer lugar, se debe señalar que, aunque no haya un reclamo de forma destacada sobre todas y cada una de las disposiciones contenidas en el decreto impugnado, ni conceptos de violación encaminados a controvertirlas de manera específica, se hará el estudio correspondiente respecto a todas ellas, tomando consideración que el cuestionamiento se planteó en vía de sistema y de forma global contra todo el ordenamiento. Precisado lo anterior, el juicio de amparo es improcedente contra los actos reclamados que se hicieron consistir en los siguientes: La discusión, aprobación, expedición y promulgación del Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. La causa que justifica la improcedencia del juicio en relación con todos los artículos que integran el decreto reclamado, obedece a que, con su sola entrada en vigor, no produjeron perjuicio alguno en contra de la parte quejosa, dado que se trata de una servidora pública del Banco de México, respecto al cual el decreto reclamado estableció un régimen de aplicación mediata y condicionada a la emisión de los acuerdos, manuales o circulares que habrán de emitir las autoridades administrativas correspondientes para su acatamiento. Dicho en otras palabras, si bien la parte quejosa es destinataria del decreto impugnado, lo cierto es que el diseño legislativo de las disposiciones que lo integran dejó a salvo el cumplimiento de éstas en favor de las autoridades ejecutoras de gasto de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de las pertenecientes a los órganos constitucionales autónomos. Por esta razón, las disposiciones del decreto no son de aplicación inmediata para los servidores públicos de esos poderes y órganos autónomos, sino que, como se dijo, están condicionadas a la emisión de los actos administrativos de carácter general que al efecto elaboren estas instituciones por conducto de sus áreas técnicas y operativas. Se explica. El artículo 1º de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, establece que dicha ley es reglamentaria de los artículos 75 y 127, así como, en lo conducente, del 74, fracción IV, y del 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular las remuneraciones de los servidores públicos de la Federación, sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales, fideicomisos, instituciones y organismos dotados de autonomía, empresas productivas del Estado y cualquier otro ente público federal. En cambio, dispone que, en los Poderes Legislativo y Judicial y de los entes autónomos, sus respectivos órganos o unidades competentes establecerán las disposiciones generales correspondientes para el cumplimiento de la ley, lo que debe interpretarse a realizar cuando se les asignen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación. Lo anterior, pone en evidencia que el legislador identificó entre los destinatarios de la norma dos regímenes distintos y diferenciados. Un primer régimen comprende a los servidores públicos de la Federación, sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales, fideicomisos, instituciones y organismos dotados de autonomía, empresas productivas del Estado y cualquier otro ente público federal, para quienes la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos es de aplicación directa e incondicionada. El segundo régimen comprende a los Poderes Legislativo y Judicial, así como a los órganos constitucionales autónomos para quienes la citada ley es de aplicación indirecta y está condicionada a la normatividad aplicable a cada uno de ellos cuando se les asignen recursos fiscales en términos del Presupuesto de Egresos de la Federación respectivo. En este sentido, si la parte quejosa es una servidora pública de uno de los poderes u órganos constitucionales autónomos comprendidos en el segundo régimen, es posible concluir que ningún perjuicio le generó la entrada en vigor del decreto combatido, puesto que respecto de los servidores públicos ubicados en dicho régimen las disposiciones de la ley se verán reflejadas a través de su normatividad interna (en vía de acuerdos generales, circulares o actos administrativos concretos) con base en lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos correspondiente. Por tanto, en el caso, es válido concluir que no se acreditó argumentativa ni probatoriamente el interés jurídico requerido para la procedencia del juicio. En efecto, se estima que el tipo de interés que facultaría a la parte quejosa a combatir el decreto reclamado en este juicio es el jurídico -no el legítimo-, dado el carácter de servidora pública con el que se ostentó y demostró la parte justiciable, por lo que solamente corresponde atender las condiciones para acreditar el interés jurídico que, en su caso, harían procedente el juicio de amparo. Es importante dejar establecido que en términos de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, y 107, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, el acceso al juicio de amparo, tratándose de actos de autoridades legislativas, se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (jurídico o legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio en la esfera jurídica de la parte quejosa. El estudio sobre la existencia o no del interés para acceder al juicio, constituye un tema que de ordinario se identifica con la pretensión misma, por lo que debe ser analizado como materia de fondo en la sentencia que se emita en la audiencia constitucional. Es aplicable la tesis 1a. CXXIII/2013 (10a.) con número de registro 2004008, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE S ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO." Los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5° y 61, fracción XII, de la ley de la materia, disponen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Ley de Amparo "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" De la interpretación sistemática de las porciones normativas transcritas, se advierte en lo que aquí interesa, que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, de la fracción XII del artículo 61 de la ley de la materia, inserta en el capítulo de improcedencia del juicio de amparo, se desprende que dicha disposición exige la existencia de un interés jurídico del quejoso como objeto directo de protección constitucional, esto es, se trata del derecho subjetivo que asiste a un gobernado que resulta afectado con el acto reclamado. En otras palabras, el interés jurídico constituye la prerrogativa legal que el orden normativo confiere a sus destinatarios y que se traduce en un deber de respeto a cargo de la autoridad, la cual sólo puede afectarlo cumpliendo las condiciones que la Constitución Federal establece para tales efectos, de tal forma que ese poder de exigencia otorgado a los afectados se hace efectivo a través del juicio de amparo, instituido precisamente para salvaguardar los derechos humanos, pero siempre condicionado a que sea el orden normativo el que conceda dicha prerrogativa a su titular, porque de no existir ese respaldo legal, se carece entonces de interés jurídico y, por tanto, de derecho alguno que preservar con el fallo constitucional. Por otro lado, de la reproducción precedente también deriva el concepto de interés legítimo introducido por el Constituyente Permanente. Lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia del juicio de amparo es la demostración plena de un derecho reconocido por el orden jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, lo que debe entenderse en el sentido de que, para la procedencia del juicio constitucional, es menester que la parte quejosa demuestre ser titular de un derecho tutelado por la ley y de que ha sufrido un agravio en ese derecho. De lo anterior se infiere que, con independencia de lo que se conceptualice como interés jurídico o legítimo, el legislador constitucional estableció para la procedencia de la acción en vía de amparo, la existencia de una afectación en la esfera jurídica del gobernado. En ese orden, quien ejerce la acción de amparo, siempre se ostenta titular de un derecho, individual o colectivo, que según su apreciación personal, se ve afectado por la actuación de las responsables y, precisamente por tal causa tiene necesidad de acudir ante los tribunales para solicitar la protección Federal; es decir, tiene necesidad de que se respete la garantía o derecho fundamental que le otorga la Constitución y que alega ha sido infringido porque a su consideración, ha resentido un perjuicio, un menoscabo, o una ofensa en su esfera jurídica a un derecho reconocido por el orden jurídico, bien sea a un derecho propio, o bien cuando el acto de autoridad no afecte ese derecho pero sí la situación jurídica derivada del propio orden jurídico. Se advierte así, que quien solicita la protección de los tribunales federales, se ostenta titular de un derecho subjetivo que alega ha sido infringido por las autoridades, causándole con ello un perjuicio y un agravio a un interés que es propio y excluyente pues la norma lo protege de manera directa, por lo que tiene un derecho subjetivo derivado de la misma, o bien, se ostenta titular de un derecho objetivo, que supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. De conformidad con los artículos 107, fracción I, constitucional y 5º de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo es requisito indispensable que quien lo promueve haya resentido un agravio, pues sólo éste puede acudir a la instancia constitucional. En esa tesitura, la procedencia del juicio de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado de los derechos que se invocan, subjetivo u objetivo; y, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona un derecho subjetivo propio, reconocido por el orden jurídico, o bien cuando el acto de autoridad no afecte ese derecho subjetivo pero sí uno objetivo, esto es, la situación jurídica derivada del propio orden jurídico, es entonces cuando nace la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de amparo. En el caso, como fue precisado con antelación, la parte quejosa reclamó el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, con motivo de su sola entrada en vigor, esto es, como norma autoaplicativa. La improcedencia del juicio respecto al decreto mencionado se explica si se tiene en cuenta que, con su sola entrada en vigor, no se afectaron los intereses jurídicos de la parte quejosa, habida cuenta que no fue acreditado de manera fehaciente con alguna de las pruebas permitidas por ley que la sola vigencia de las disposiciones que integran el decreto combatido le generó un perjuicio. Por el contrario, como se demostró al inicio de este considerando, la afectación que pudiera resentir la parte quejosa podrá darse en todo caso al momento de ser aplicadas las disposiciones del decreto combatido, tomando en cuenta que por sí mismas no contienen un principio de ejecución que se realice por su propia existencia, sino que es necesario que haya actos posteriores de aplicación concreta de los mismos para que puedan verse afectados los intereses jurídicos de quienes se ubican dentro de sus supuestos normativos. Esto es así, pues, como se vio, la parte quejosa se ubica en el régimen que comprende a los Poderes Legislativo y Judicial, así como a los órganos constitucionales autónomos, para quienes en términos del artículo 1º de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la aplicación de las disposiciones que integran el decreto que dio origen a dicho ordenamiento son de aplicación mediata y condicionada. En efecto, en relación con los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos constitucionales autónomos, el citado artículo 1º estableció que deberán tomar las acciones necesarias para dar cumplimiento a la ley, de acuerdo con la normatividad aplicable a cada uno de ellos, lo que debe entenderse a realizar cuando se les asignen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación. En este sentido, la sola entrada en vigor de la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos no obligó a los Poderes Legislativo y Judicial, ni a los órganos constitucionales autónomos a su acatamiento, sino que estableció una remisión a los órganos de gobierno, de dirección o instancias administrativas internas para que ellas determinen el modo, términos y circunstancias en que habrán de acatarse el conjunto de disposiciones relativas a su cumplimiento. El diseño legislativo del decreto impugnado corrobora la inexistencia de una afectación a la esfera de derechos de la parte quejosa por su sola entrada en vigor, pues, como se dijo, el modo y términos en que los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos constitucionales autónomos, deberán cumplir la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos no son inmediatos, sino que están condicionados a la emisión de las reglas, manuales, procesos y procedimientos que, en su caso, habrán de establecer las autoridades administrativas de cada uno de esos poderes y órganos autónomos. La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos vigente constituye, entonces, para los sujetos comprendidos en un régimen distinto al de la Administración Pública Federal, una 'norma de remisión', por lo que no puede considerarse que su sola vigencia generó a la parte quejosa el interés cualificado exigido por la Constitución Federal y la Ley de Amparo para reclamar una ley con motivo de su sola entrada en vigor. Sobre la forma en que operan las normas de remisión, resulta ilustrativa la tesis 2a. CXXVI/2016 (10a.), de rubro: "TIPICIDAD. LAS NORMAS DE REMISIÓN NO VULNERAN DICHO PRINCIPIO, CUANDO EL SUPUESTO DE INFRACCIÓN QUE CONTIENEN SE COMPLEMENTA CON LO PREVISTO POR EL PROPIO ORDENAMIENTO O POR SUS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS." Así, conforme a lo señalado en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos vigente, corresponde a los órganos administrativos de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los órganos constitucionales autónomos, establecer la forma en que se dará cumplimiento al sistema remuneratorio desarrollado en dicho ordenamiento, lo cual implicará en su caso la emisión de acuerdos, manuales o disposiciones reglamentarias que, con base en sus facultades legales, habrán de emitir las áreas correspondientes con el objeto de dar operatividad a lo señalado en dicha legislación. No escapa a la consideración de este juzgado, que la quejosa haya exhibido una credencial a su nombre, expedida a su favor por el Banco de México, declaración del ejercicio fiscal de impuestos federales correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte, así como recibo bancario de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales y una declaración del ejercicio de impuestos federales correspondiente al año dos mil veinte, así como la declaración de situación patrimonial. Con estas pruebas, la quejosa acreditó ser trabajadora adscrita al Banco de México y que presentó las declaraciones de impuestos así como de su situación patrimonial, y por ende que percibe una remuneración con motivo del cargo que ostenta, más no el perjuicio alegado en la demanda a la luz de lo explicado en este considerando. Debido a lo anterior, ante la falta de acreditamiento de interés jurídico de la parte quejosa, puesto que, como se expresó, no se encuentra demostrado en autos que la sola emisión del decreto cuestionado causó una afectación a la parte solicitante de amparo que le haya habilitado a reclamarlo como autoaplicativo, procede sobreseer en el juicio con fundamento en los artículos 61, fracción XII; 107, fracción I, inciso b); 5º, fracción I; en relación con el 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo; así como en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son aplicables las tesis con los números de registro 323468, 372444 y 206527, de rubros: "LEY DE EGRESOS Y PLAN DE ARBITRIOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA 1943, NO ES DE INMEDIATA EJECUCIÓN." "PERJUICIOS, BASE DEL AMPARO." "LEY AUTOAPLICATIVA, INTERÉS JURÍDICO EN AMPARO CONTRA." A mayor abundamiento, cabe señalar que, una razón adicional que por sí sola hace improcedente el juicio de amparo en relación con la ausencia de interés jurídico de la parte quejosa, consiste en que, por su confección, la propia Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos establece que, durante el ejercicio fiscal de 2021, no podrá ser aplicada a ninguno de los servidores públicos federales, sean estos de los descritos en el primer o segundo régimen. En efecto, el artículo 4º, fracción I, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, dispone lo siguiente: "Artículo 4. En todo caso, la remuneración se sujeta a los principios rectores siguientes: I. Anualidad: La remuneración es determinada para cada ejercicio fiscal y los sueldos y salarios no se disminuyen durante el mismo; [.]" Conforme a lo anterior, la propia legislación reclamada, en su artículo 4º, fracción I, reconoce el principio de anualidad como uno de los ejes rectores del control presupuestario. Al respecto, al definir dicho principio, reconoce que la remuneración es determinada para cada ejercicio fiscal y que los sueldos y salarios no podrán ser disminuidos durante ese periodo. Ahora bien, el ejercicio fiscal en curso fue determinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil veinte, mismo que entró en vigor el uno de enero de dos mil veintiuno y que tiene vigencia de un año calendario, hasta en tanto no se vea modificada por la entrada en vigor del Presupuesto de Egresos que regirá el ejercicio fiscal 2022. De este modo, si desde el uno de enero de dos mil veintiuno entraron en vigor las disposiciones que, con base en el principio de anualidad, rigen las remuneraciones de los servidores públicos federales en el presente ejercicio fiscal, es claro que tales remuneraciones no podrán ser disminuidas hasta la entrada en vigor del Presupuesto de Egresos de la Federación que se encuentre vigente en el ejercicio fiscal subsecuente. Lo anterior, porque el artículo 4º, fracción I, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, prohíbe expresamente la afectación a la baja de las remuneraciones de todos los servidores públicos de la Federación, una vez que, a través del presupuesto de egresos respectivo, hayan quedado autorizadas las remuneraciones de los servidores públicos durante el ejercicio fiscal correspondiente. Prohibición que debe entenderse aplicable sin importar el régimen en que se ubique la parte quejosa, es decir, sea trabajadora de la Administración Pública Federal, sus entidades y dependencias, administraciones paraestatales, fideicomisos, instituciones y organismos dotados de autonomía, empresas productivas del Estado y cualquier otro ente público federal; o bien, sea servidora pública de los Poderes Legislativo y Judicial y de los entes. Esto es así, porque el artículo 4º, fracción I, de la legislación reclamada, no distingue entre servidores públicos del primer régimen o del segundo, sino que establece una regla general -derivada del artículo 127 de la Constitución Federal- de interpretación legal del principio de anualidad bajo los parámetros de aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos vigente. Sin que sea válido oponer el razonamiento de que, al margen de lo que establezca la ley, la autoridad podría ejercer sus facultades para llevar a cabo la disminución de las remuneraciones de la parte quejosa, ya que tal argumento parte de consideraciones de hecho -no de derecho- que no pueden ser analizadas en amparo contra leyes autoaplicativas, en el que, para el estudio de la porción normativa, únicamente se debe efectuar un contraste entre los principios y reglas constitucionales y los supuestos normativos que se controvierten. Máxime que, de ser el caso, contra el acto de aplicación concreta de la ley reclamada es posible promover un nuevo juicio de amparo, en el que incluso podría impugnarse la ley con motivo de su primer acto de aplicación, puesto que, la decisión a que se arriba en esta sentencia no prejuzga sobre la constitucionalidad del decreto reclamado, sino que se limita a declarar la imposibilidad de proceder a su estudio como ley autoaplicativa por razones de índole constitucional. De manera que, al no demostrar la parte quejosa la existencia de un agravio actual, real y directo en su perjuicio que la habilite a impugnar como autoaplicativo el decreto que dio origen a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos vigente, se debe decretar la improcedencia del juicio ante la ausencia de las condiciones exigidas para acreditar el interés jurídico necesario para la procedencia de la acción de amparo. No se inadvierte que la parte quejosa tiene el carácter de servidora pública sobre quien pudiera proceder la suplencia de la queja deficiente; sin embargo, esta institución procesal atañe al fondo del asunto y no a la procedencia del juicio al ser éste un aspecto de orden público que no puede sortearse, aun cuando se haga bajo el argumento de la suplencia de la queja o del derecho humano a un recurso judicial efectivo. Cierto, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Aunado a lo anterior, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos. De forma que, si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. Son aplicables las jurisprudencias P./J. 7/2006, 1a./J. 22/2014 (10a.) y 2a./J. 56/2014 (10a.), de rubros: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS." "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo a que este expediente corresponde. NOTIFÍQUESE
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Ciudad de México; seis de enero de dos mil veintidós. Estado procesal Vista la primera certificación con la que se da cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de QUINCE DÍAS que le fue concedido a la parte quejosa por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, a efecto de que manifestará si era su deseo señalar como acto reclamado el Decreto por el cual se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación de dos mil veintiuno, así como a que autoridad o autoridades se lo atribuye. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto en cita y se resolverá la problemática de este juicio de amparo en que se actúa conforme a los actos, autoridades y argumentos planteados en su demanda inicial de amparo. Ahora bien, notifíquese a la parte quejosa la presente determinación a fin de que este en posibilidad de imponerse de la misma, ello para los efectos legales conducentes. Diferimiento de audiencia constitucional. En ese sentido, a fin de respetar las formalidades del procedimiento, se fijan las once horas con veinte minutos del veintidós de febrero de dos mil veintidós para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio. Cabe señalar que aun cuando se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional fuera del plazo previsto en el artículo 115 de la Ley de Amparo, por la saturación excesiva de la agenda correspondiente, dicho proceder se realizó con el objeto de que prevalezca el derecho a una tutela judicial efectiva por encima de los formalismos procedimentales. Adicionalmente, quien provee considera necesario hacer del conocimiento de las partes que atendiendo al riesgo sanitario que se ha generado con el virus COVID-19 y el cual es una constante en los meses por venir, así como a lo previsto en la fracción II del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, las audiencias que se celebren en este órgano jurisdiccional se realizarán primordialmente sin la presencia física de las partes y se privilegiarán los escritos que éstas presenten ya sea física o virtualmente. Sin embargo, en caso que las partes consideren indispensable y de vital importancia asistir a la audiencia constitucional deberán realizar las gestiones necesarias para poder acceder al local que ocupa este órgano jurisdiccional, de conformidad con el Capítulo II, denominado, Atención al Público del Acuerdo General 21/2020, es decir deberán generar en el sistema "Agenda OJ" la cita correspondiente al día y hora en que se haya fijado la audiencia constitucional, datos que se encuentran precisados en párrafos anteriores. Aunado a lo anterior, no se inadvierte que, de la literalidad del artículo 26 del Acuerdo General 21/2020, en el presente procedimiento la audiencia constitucional no es de aquellas en las que intervienen oralmente las partes y en observancia al artículo 124, segundo párrafo de la Ley de Amparo las partes, se insiste, tienen a resguardo su derecho a comparecer a la audiencia vía electrónica (juicio en línea) o por escrito (vía buzón judicial), habida cuenta que el derecho a alegar en la misma, se restringe únicamente a los actos de que habla la normativa citada en último término (actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales) la cual no acontece en el expediente en cuestión y/o en la temática especializada que se dirime en este juzgado. Lo anterior, salvaguarda su derecho a la tutela judicial y las formalidades esenciales del procedimiento. Notificación a las autoridades responsables. Cabe destacar que se ordena notificar este auto a las autoridades responsables por medio de lista, al no ubicarse el auto de diferimiento de la audiencia constitucional en las hipótesis previstas en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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Ciudad de México; veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, de los cuales, se advierte que a la data se encuentra transcurriendo el plazo de quince días, concedido a la parte quejosa en proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, a efecto de que desahogue el requerimiento ahí formulado; en consecuencia, para dar margen a lo anterior y no violar las reglas del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las doce horas con veinticinco minutos del seis de enero de dos mil veintidós para su celebración. Adicionalmente, se considera necesario hacer del conocimiento de las partes que atendiendo al riesgo sanitario que se ha generado con el virus COVID 19 y el cual es una constante en los meses por venir, así como a lo previsto en la fracción II del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, las audiencias que se celebren en este órgano jurisdiccional se realizarán primordialmente sin la presencia física de las partes y se privilegiarán los escritos que éstas presenten ya sea física o virtualmente. Sin embargo, en caso que las partes consideren indispensable y de vital importancia asistir a la audiencia constitucional deberán realizar las gestiones necesarias para poder acceder al local que ocupa este órgano jurisdiccional, de conformidad con el Capítulo II, denominado, Atención al Público del Acuerdo General 21/2020, es decir deberán generar en el sistema "Agenda OJ" la cita correspondiente al día y hora en que se haya fijado dicha audiencia, datos que se encuentran precisados en párrafos anteriores. Aunado a lo anterior, no se inadvierte que, de la literalidad del artículo 26 del Acuerdo General 21/2020, en el presente procedimiento la audiencia constitucional no es de aquellas en las que intervienen oralmente las partes y en observancia al artículo 124, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se insiste, tienen a resguardo su derecho a comparecer a la audiencia vía electrónica (juicio en línea) o por escrito (vía buzón judicial), habida cuenta que el derecho a alegar en la misma, se restringe únicamente a los actos de que habla la normativa citada en último término (actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales) supuesto normativo que no acontece en el expediente en cuestión y/o en la temática especializada que se dirime en este juzgado. Lo anterior, salvaguarda su derecho a la tutela judicial y las formalidades esenciales del procedimiento. Notificación a las autoridades responsables y a la parte quejosa. Cabe destacar que se ordena notificar este auto a las autoridades responsables y a la parte quejosa, por medio de lista, al no ubicarse el auto de diferimiento de la audiencia constitucional en las hipótesis previstas en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que podrán transitar al esquema de actuación electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brindan el siguiente correo institucional: yessenia.arevalo.jimenez@correo.cjf.gob.mx Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. Notifíquese.
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