Contadores Salinas Nieto Y Asociados S.C.
Expediente 462/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 20 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 462/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 15/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Contadores Salinas Nieto Y Asociados S.C.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 462/2018-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Por otra parte, visto el cuaderno provisional formado con motivo de que el presente juicio de amparo 462/2018-V se encontraba con audiencia celebrada; en consecuencia, se ordena glosar a los autos el citado cuaderno para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cliserio Vargas Suárez, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 462/2018-V, promovido por MARIO MAURICIO SALINAS REYES, con el carácter de socio y Presidente del Consejo de Administración de CONTADORES SALINAS NIETO Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL; y RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de marzo de dos mil dieciocho, en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado al día siguiente a este juzgado, MARIO MAURICIO SALINAS REYES, con el carácter de socio y Presidente del Consejo de Administración de CONTADORES SALINAS NIETO Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL; solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades, Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y Actuario Adscrito, de quien reclamó lo siguiente: ".el ilegal emplazamiento a juicio laboral número 01/205/17 radicado ante la autoridad responsable; y por consecuencia todas y cada una de las subsecuentes actuaciones procesales que integran el juicio laboral, a consecuencia de la cual se privó a mi representada de ser oída y vencida en juicio.". SEGUNDO. Por auto de veintidós de marzo de dos mil dieciocho se admitió la demanda, quedando registrado el juicio con el número de expediente 462/2018-V; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se ordenó realizar el emplazamiento de la parte tercero interesada; además, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación la intervención legal correspondiente. Finalmente, se señaló día y hora para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 73 de la Ley de Amparo; 1º, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; lugar en que residen las autoridades que realizaron los actos reclamados y en el que, además, tienen ejecución material. SEGUNDO. Precisión y certeza de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda debe decirse que los actos que se reclaman en esta instancia constitucional, se traducen en el emplazamiento al juicio laboral 01/205/17, y todas las subsecuentes actuaciones procesales, que se reclaman a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y Actuaria adscrita. Precisado lo anterior, debe decirse que son ciertos los actos reclamados, en virtud de que las autoridades responsables así lo aceptaron al rendir sus respectivos informes (fojas 75 y 76). Se corrobora tal aceptación mediante las fotocopias certificadas de las constancias del indicado juicio laboral, exhibidas por la Junta responsable, a las que se otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de tratarse de documentales públicas, en virtud de haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. TERCERO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de estudio oficioso. Así, se advierte que en el caso, respecto al emplazamiento al juicio laboral expediente 01/205/17, tramitado ante la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, y todas las actuaciones subsecuentes, se actualiza la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". Al respecto, conviene citar los antecedentes del caso, que se desprenden de la fotocopia certificada de las constancias del juicio laboral de origen. 1. A través de escrito presentado ante la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, Sandra Salgado Ocampo, con el carácter de apoderada legal de JOSÉ ALEJANDRO BALMACEDA OCAMPO y otros, demandó una serie de prestaciones laborales, de CONTADORES SALINAS NIETO Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL y GRUPO EMPRESARIAL DE VIVIENDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con nombre comercial "Grupo Evi" (fojas 1 a 10 del anexo I). 2. La demanda se admitió por auto de trece de marzo de dos mil diecisiete y se ordenó el emplazamiento de los demandados en el domicilio que se proporcionó en la demanda (fojas 16 y 17 del anexo I). 3. En diligencia practicada el tres de mayo de dos mil diecisiete (foja 25 del anexo), la Actuaria de la Junta responsable llevó a cabo el llamamiento a juicio de CONTADORES SALINAS NIETO Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL, así como de la diversa persona moral demandada, en el domicilio proporcionado por la parte actora en el escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete (foja 20 del anexo I). 4. Los demandados de mérito se abstuvieron de contestar la demanda entablada en su contra y el catorce de julio de dos mil diecisiete se emitió el laudo en el juicio natural, en el que se les condenó al pago de distintas prestaciones que se les reclamaron (fojas 30 a 35 del anexo I). 5. El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete se liquidaron las cantidades a que fueron condenados los demandados del juicio de origen (fojas 44 y 45 del anexo I). 6. El seis de febrero de dos mil dieciocho, en el domicilio donde se emplazó a la aquí quejosa y a la diversa moral demandada, se practicó la diligencia de reinstalación de los actores del procedimiento laboral, y se efectuó requerimiento de pago de las prestaciones a que las demandadas fueron condenadas (56 a 58 del anexo I). 7. IRWIN SERGUEI VALDEZ LEÓN, ostentándose como apoderado legal de CONTADORES SALINAS NIETO Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL, al tenor del poder otorgado el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, por MARIO MAURICIO SALINAS REYES, Presidente del Consejo de Administración de dicha persona moral (foja 60 del anexo I), compareció por escrito (foja 59 del anexo I) ante la junta responsable a solicitar fotocopia certificada del expediente del juicio laboral del que emanan los actos reclamados, que aparecen autorizadas por acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho y recibidas en esa misma fecha. De lo expuesto hasta aquí, se desprende que el juicio de amparo es improcedente, en virtud de que la persona moral quejosa, quien se ostenta como persona extraña por equiparación al referir que fue ilegalmente emplazada al juicio laboral 01/205/16-I, pues como se aprecia la acción de amparo resulta extemporánea, ya que tomó conocimiento de dicho procedimiento y compareció a él por conducto de diverso apoderado y, por consiguiente se enteró del acto reclamado en una fecha anterior a la que refirió en la demanda, donde aludió que fue el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, cuando, dice, acudió a recibir fotocopias certificadas de las constancias de aquél. En efecto, en la demanda de amparo, el apoderado legal de la persona moral quejosa, refirió bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "..el pasado día 06 de febrero de 2018 fecha en que la autoridad responsable intentó practicar una diligencia de requerimiento de pago en mi domicilio, sobre un juicio del cual nunca tuve conocimiento previo, además es importante mencionar a esta autoridad que no tuve conocimiento pleno del juicio ya que la hoy responsable se negó a darme información al respecto y el suscrito tuve conocimiento del acto reclamado y sus efectos hasta el día 23 de febrero del 2018, que fue cuando la autoridad responsable me expidió copias certificadas del expediente." También expresó en la demanda lo que, por su relevancia, se trascribe a continuación: ".1. Con fecha 6 de febrero de 2018, se presentó en el domicilio de mi representada el ubicado en la avenida Emiliano zapata sin número, colonia las cumbres Zapata Morelos, Morelos; un actuario adscrito a la Junta Especial Número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje en Morelos; el cual pretendía ejecutar un acto de requerimiento de pago de fecha 14 de JULIO de 2017 respecto de un crédito generado en perjuicio de mi representada consecuencia de un juicio laboral del cual jamás tuve conocimiento ni mucho menos haber sido notificados de la existencia de éste por conducto de la autoridad responsable. A consecuencia de ello, acudimos a la autoridad responsable a solicitar copias simples o certificadas de dichas actuaciones el pasado día veintitrés de febrero de 2018; fecha donde tuvimos pleno conocimiento de cada una de las partes en las cuales consistía el juicio en donde hipotéticamente se adujo que fuimos emplazados.". De las manifestaciones antes citadas, a juicio de quien resuelve, se obtiene que, contrario a lo afirmado por el quejoso, sí tuvo conocimiento del juicio y del acto reclamado, con anterioridad a que se le entregaran las fotocopias certificadas del juicio laboral de origen. Ello, porque a pesar de que sostiene que no se le proporcionó ninguna información en la diligencia de seis de febrero de dos mil dieciocho, lo cierto es que sí tenía conocimiento de las actuaciones relativas al juicio de origen para permitirle acudir por escrito dirigido a la Junta responsable a solicitar fotocopias certificadas, con mención de todos los datos que identifican el juicio laboral 01/205/17-I, pues señaló ese número, el nombre de la parte actora, es decir ALEJANDRO BALMACEDA OCAMPO, y que CONTADORES SALINAS NIETO Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL, era la parte demandada. Confirma lo anterior, el hecho de que presentó a la solicitud de fotocopias certificadas, el documento fechado el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, donde consta el otorgamiento del poder a favor de IRWIN SERGUEI VALDEZ LEÓN y otros, para que representaran a la persona moral quejosa en el juicio laboral de origen; en el que se asentaron todos los datos de identificación de éste, tales como tribunal, número de expediente y las partes (foja 60). En efecto, se lee del aludido poder que la persona moral quejosa, por conducto de MARIO MAURICIO SALINAS REYES, Presidente del Consejo de Administración, otorga poder para que la representen ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el juicio entablado en su contra, por ALEJANDRO BALMACEDA OCAMPO y otros, con número de expediente 01/205/17-I. Documento al que, por contener una confesión sobre hechos propios de la persona moral quejosa, que prueban su contra, se le otorga eficacia probatoria de conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que son del tenor literal siguiente: "ARTICULO 197.- El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo.". "ARTICULO 200.- Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba.". Así, válidamente puede sostenerse que el conocimiento del acto reclamado, lo obtuvo desde la diligencia de seis de febrero de dos mil dieciocho pues incluso el diecinueve siguiente lo externó por escrito, y no hasta el veintitrés de ese mismo mes y año, en que recibió fotocopias certificadas del multicitado procedimiento, como lo refiere la moral quejosa, pues de haber sido hasta ese momento, no se explica cómo pudo otorgar carta poder el diecinueve de febrero, asentando los datos de identificación del juicio y presentarse ante la junta responsable a solicitar las constancias indicadas. Es decir, si como afirma, conoció los datos del juicio hasta que recibió las fotocopias del juicio el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, lógicamente desde el seis de febrero fecha de la diligencia de ejecución o a más tardar el diecinueve de febrero de ese año, fecha ésta última en que otorgó el poder que suscribió el Presidente del Consejo de Administración de la persona moral quejosa, para ser representada específicamente en el procedimiento laboral 01/205/17-I, ya conocía plenamente el acto reclamado. Inclusive, ese conocimiento fue precisamente el que le permitió dirigir la solicitud de fotocopias el veintitrés de ese mes y año, como afirma que lo hizo. En esas condiciones, se debe asumir que desde la diligencia de seis de febrero de dos mil dieciocho, o al menos desde el diecinueve de ese mes y año, en que MARIO MAURICIO SALINAS REYES, Presidente del Consejo de Administración de la persona moral quejosa, otorgó el poder exhibido ante la junta responsable, ya conocía de la existencia del juicio laboral promovido en contra de su representada, desvirtuándose el dicho de la parte quejosa, en el sentido de que ese conocimiento lo obtuvo hasta el veintitrés de ese mes al acudir a recibir las fotocopias certificadas. No pasa inadvertida la jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 186084, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Septiembre de 2002, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 42/2002, Página: 5, con el rubro y texto que enseguida se anota: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable, con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la ley citada. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa." Conforme a ésta, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En ese sentido, en el particular está probado y no es presunción, sino parte de lo que la propia moral quejosa narró y aceptó en la demanda, que ésta refirió conocer la diligencia de ejecución practicada en su domicilio el seis de febrero de dos mil dieciocho; y en ella aparece que el actuario hace constar que procedió a reinstalar a los trabajadores de la persona moral quejosa, así como a requerirla de pago de las prestaciones del laudo, todo ello relacionado con el juicio laboral de origen 01/205/17-I, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; lo que de suyo permitió conocer a la quejosa de la existencia de dicho controvertido incoado en su contra. De igual manera, tampoco es presunción, sino un hecho probado, que en el poder otorgado por la aquí quejosa el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, presentado ante la autoridad responsable, asentó todos los datos de identificación del juicio; lo que se deduce de las constancias certificadas del juicio laboral de origen, a las que ya se ha otorgado pleno valor probatorio, en virtud de tratarse de documentales públicas. Por tanto, se puede concluir que al conocer la diligencia de ejecución practicada en su domicilio, como reconoce la moral quejosa y suscribir poder para ser representada en el juicio laboral de origen, desde el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, la impetrante no carecía de conocimiento total de la demanda judicial instaurada en su contra, de ahí que debía instar el juicio de amparo desde el momento en que se manifestó sabedora tanto de la demanda y la condena cuya diligencia de ejecución admite conocer y que se realizó en su domicilio el seis de febrero de dos mil dieciocho. Es pertinente señalar que lo relevante para la procedencia del juicio de amparo indirecto en el caso de que se combate específicamente el emplazamiento a juicio, ante el alegado desconocimiento del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la situación de completo desconocimiento de un juicio en contra del justiciable, lo que sugiere la vulnerabilidad respecto al derecho fundamental referido. En el entendido de que, cuando las constancias del juicio natural determinan que esta condición de absoluto desconocimiento del juicio laboral no se da, como en el caso, que la quejosa se ostentó sabedora de los actos de ejecución, cuando otorgó poder para ser representada y compareció a juicio a solicitar copias, es inconcuso que desde el seis de febrero de dos mil dieciocho o a más tardar desde el diecinueve de ese mes y año, empezó a transcurrir el plazo de quince días para promover la demanda de amparo a fin de reclamar la falta de llamado a juicio o bien el ilegal emplazamiento y los actos de ejecución. En ese orden de ideas, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que por regla general, el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." En tanto que el numeral 18 del mismo cuerpo normativo, establece que los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Así el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para la presentación de la demanda, empezó a transcurrir desde el día siguiente al de la diligencia de ejecución de seis de febrero de dos mil dieciocho, de la que el quejoso se ostentó sabedor en la demanda; pues incluso, desde el día siguiente al en que suscribió el poder que otorgó el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, para ser representado ante la junta responsable en el juicio entablado en su contra, donde asentó todos los datos que reflejan el conocimiento del juicio y, por consiguiente, del acto reclamado. Lo anterior se estima así, ya que dichos actos reflejan una ostentación acerca del conocimiento del juicio de origen y, por ende, de la existencia del emplazamiento y condena que se le impuso, ya que reconoce haber conocido de la diligencia de ejecución en que se reinstaló a los trabajadores de la parte aquí quejosa, y se le requirió de pago de la condena impuesta; además, supo de todos los datos de identificación del juicio, tan es así que, como se ha venido señalando, inclusive otorgó poder para ser representada, y en el documento relativo dejó asentados todos los datos del juicio. Por lo tanto, a la fecha de presentación de la demanda, veinte de marzo de dos mil dieciocho, ya había fenecido el plazo de quince días para la presentación de la demanda. En efecto, si se toma en cuenta la diligencia de ejecución de seis de febrero de dos mil dieciocho, dicho plazo transcurrió del siete al veintisiete del mismo mes y año. En tanto que si la referencia es el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, en que la quejosa otorgó poder para ser representada en el juicio de origen, el plazo indicado transcurrió del veinte de febrero al doce de marzo de dos mil dieciocho. Incluso, aun tomando en consideración que en efecto hubiera sido conocedora del acto reclamado el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, como afirma en la demanda la impetrante, el plazo transcurrió a partir del veintiséis de febrero al dieciséis de marzo del año que transcurre. En dichos cómputos no se cuentan los sábados y domingos, por estar previstos como inhábiles en el artículo 19 de la Ley en cita. "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor. De ahí que, como se señaló, al presentarse la demanda hasta el veinte de marzo del año en curso, según aparece en el sello fechador de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, se constata la extemporaneidad de su presentación con respecto al plazo de quince días explicado. Sin que se soslaye que la diligencia de seis de febrero de dos mil dieciocho, se haya verificado con persona distinta al quejoso que ostenta el carácter de socio, pues no podría escindirse el conocimiento que como ficción jurídica adujo tener al representar a la persona jurídica y que éste a su vez fuere distinto de la persona física que la representa. En las condiciones apuntadas, al haberse reclamado el emplazamiento a juicio y los demás actos de ejecución, fuera del plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, se actualiza la causal de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, razón por la que debe sobreseerse, con fundamento en el diverso 63, fracción V. El sobreseimiento, por las mismas razones, se hace extensivo a los actos del Actuario Adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, autoridad ejecutora, por reclamarse en vía de consecuencia. Por lo expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR MARIO MAURICIO SALINAS REYES, con el carácter de socio y Presidente del Consejo de Administración de CONTADORES SALINAS NIETO Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL, respecto al emplazamiento al juicio laboral expediente 01/205/17, y todas las subsecuentes actuaciones procesales, que se reclamaron a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y Actuaria adscrita. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.
- Principal
AVISO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, el auto de DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, que en lo conducente establece:Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 462/2018-V, promovido por MARIO MAURICIO SALINAS REYES, con el carácter de socio y Presidente del Consejo de Administración de CONTADORES SALINAS NIETO Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL; y RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de marzo de dos mil dieciocho, en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado al día siguiente a este juzgado, MARIO MAURICIO SALINAS REYES, con el carácter de socio y Presidente del Consejo de Administración de CONTADORES SALINAS NIETO Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL; solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades, Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y Actuario Adscrito, de quien reclamó lo siguiente: ".el ilegal emplazamiento a juicio laboral número 01/205/17 radicado ante la autoridad responsable; y por consecuencia todas y cada una de las subsecuentes actuaciones procesales que integran el juicio laboral, a consecuencia de la cual se privó a mi representada de ser oída y vencida en juicio.". SEGUNDO. Por auto de veintidós de marzo de dos mil dieciocho se admitió la demanda, quedando registrado el juicio con el número de expediente 462/2018-V; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se ordenó realizar el emplazamiento de la parte tercero interesada; además, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación la intervención legal correspondiente. Finalmente, se señaló día y hora para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 73 de la Ley de Amparo; 1º, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; lugar en que residen las autoridades que realizaron los actos reclamados y en el que, además, tienen ejecución material. SEGUNDO. Precisión y certeza de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda debe decirse que los actos que se reclaman en esta instancia constitucional, se traducen en el emplazamiento al juicio laboral 01/205/17, y todas las subsecuentes actuaciones procesales, que se reclaman a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y Actuaria adscrita. Precisado lo anterior, debe decirse que son ciertos los actos reclamados, en virtud de que las autoridades responsables así lo aceptaron al rendir sus respectivos informes (fojas 75 y 76). Se corrobora tal aceptación mediante las fotocopias certificadas de las constancias del indicado juicio laboral, exhibidas por la Junta responsable, a las que se otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de tratarse de documentales públicas, en virtud de haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. TERCERO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de estudio oficioso. Así, se advierte que en el caso, respecto al emplazamiento al juicio laboral expediente 01/205/17, tramitado ante la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, y todas las actuaciones subsecuentes, se actualiza la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". Al respecto, conviene citar los antecedentes del caso, que se desprenden de la fotocopia certificada de las constancias del juicio laboral de origen. 1. A través de escrito presentado ante la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, Sandra Salgado Ocampo, con el carácter de apoderada legal de JOSÉ ALEJANDRO BALMACEDA OCAMPO y otros, demandó una serie de prestaciones laborales, de CONTADORES SALINAS NIETO Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL y GRUPO EMPRESARIAL DE VIVIENDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con nombre comercial "Grupo Evi" (fojas 1 a 10 del anexo I). 2. La demanda se admitió por auto de trece de marzo de dos mil diecisiete y se ordenó el emplazamiento de los demandados en el domicilio que se proporcionó en la demanda (fojas 16 y 17 del anexo I). 3. En diligencia practicada el tres de mayo de dos mil diecisiete (foja 25 del anexo), la Actuaria de la Junta responsable llevó a cabo el llamamiento a juicio de CONTADORES SALINAS NIETO Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL, así como de la diversa persona moral demandada, en el domicilio proporcionado por la parte actora en el escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete (foja 20 del anexo I). 4. Los demandados de mérito se abstuvieron de contestar la demanda entablada en su contra y el catorce de julio de dos mil diecisiete se emitió el laudo en el juicio natural, en el que se les condenó al pago de distintas prestaciones que se les reclamaron (fojas 30 a 35 del anexo I). 5. El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete se liquidaron las cantidades a que fueron condenados los demandados del juicio de origen (fojas 44 y 45 del anexo I). 6. El seis de febrero de dos mil dieciocho, en el domicilio donde se emplazó a la aquí quejosa y a la diversa moral demandada, se practicó la diligencia de reinstalación de los actores del procedimiento laboral, y se efectuó requerimiento de pago de las prestaciones a que las demandadas fueron condenadas (56 a 58 del anexo I). 7. IRWIN SERGUEI VALDEZ LEÓN, ostentándose como apoderado legal de CONTADORES SALINAS NIETO Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL, al tenor del poder otorgado el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, por MARIO MAURICIO SALINAS REYES, Presidente del Consejo de Administración de dicha persona moral (foja 60 del anexo I), compareció por escrito (foja 59 del anexo I) ante la junta responsable a solicitar fotocopia certificada del expediente del juicio laboral del que emanan los actos reclamados, que aparecen autorizadas por acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho y recibidas en esa misma fecha. De lo expuesto hasta aquí, se desprende que el juicio de amparo es improcedente, en virtud de que la persona moral quejosa, quien se ostenta como persona extraña por equiparación al referir que fue ilegalmente emplazada al juicio laboral 01/205/16-I, pues como se aprecia la acción de amparo resulta extemporánea, ya que tomó conocimiento de dicho procedimiento y compareció a él por conducto de diverso apoderado y, por consiguiente se enteró del acto reclamado en una fecha anterior a la que refirió en la demanda, donde aludió que fue el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, cuando, dice, acudió a recibir fotocopias certificadas de las constancias de aquél. En efecto, en la demanda de amparo, el apoderado legal de la persona moral quejosa, refirió bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "..el pasado día 06 de febrero de 2018 fecha en que la autoridad responsable intentó practicar una diligencia de requerimiento de pago en mi domicilio, sobre un juicio del cual nunca tuve conocimiento previo, además es importante mencionar a esta autoridad que no tuve conocimiento pleno del juicio ya que la hoy responsable se negó a darme información al respecto y el suscrito tuve conocimiento del acto reclamado y sus efectos hasta el día 23 de febrero del 2018, que fue cuando la autoridad responsable me expidió copias certificadas del expediente." También expresó en la demanda lo que, por su relevancia, se trascribe a continuación: ".1. Con fecha 6 de febrero de 2018, se presentó en el domicilio de mi representada el ubicado en la avenida Emiliano zapata sin número, colonia las cumbres Zapata Morelos, Morelos; un actuario adscrito a la Junta Especial Número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje en Morelos; el cual pretendía ejecutar un acto de requerimiento de pago de fecha 14 de JULIO de 2017 respecto de un crédito generado en perjuicio de mi representada consecuencia de un juicio laboral del cual jamás tuve conocimiento ni mucho menos haber sido notificados de la existencia de éste por conducto de la autoridad responsable. A consecuencia de ello, acudimos a la autoridad responsable a solicitar copias simples o certificadas de dichas actuaciones el pasado día veintitrés de febrero de 2018; fecha donde tuvimos pleno conocimiento de cada una de las partes en las cuales consistía el juicio en donde hipotéticamente se adujo que fuimos emplazados.". De las manifestaciones antes citadas, a juicio de quien resuelve, se obtiene que, contrario a lo afirmado por el quejoso, sí tuvo conocimiento del juicio y del acto reclamado, con anterioridad a que se le entregaran las fotocopias certificadas del juicio laboral de origen. Ello, porque a pesar de que sostiene que no se le proporcionó ninguna información en la diligencia de seis de febrero de dos mil dieciocho, lo cierto es que sí tenía conocimiento de las actuaciones relativas al juicio de origen para permitirle acudir por escrito dirigido a la Junta responsable a solicitar fotocopias certificadas, con mención de todos los datos que identifican el juicio laboral 01/205/17-I, pues señaló ese número, el nombre de la parte actora, es decir ALEJANDRO BALMACEDA OCAMPO, y que CONTADORES SALINAS NIETO Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL, era la parte demandada. Confirma lo anterior, el hecho de que presentó a la solicitud de fotocopias certificadas, el documento fechado el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, donde consta el otorgamiento del poder a favor de IRWIN SERGUEI VALDEZ LEÓN y otros, para que representaran a la persona moral quejosa en el juicio laboral de origen; en el que se asentaron todos los datos de identificación de éste, tales como tribunal, número de expediente y las partes (foja 60). En efecto, se lee del aludido poder que la persona moral quejosa, por conducto de MARIO MAURICIO SALINAS REYES, Presidente del Consejo de Administración, otorga poder para que la representen ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el juicio entablado en su contra, por ALEJANDRO BALMACEDA OCAMPO y otros, con número de expediente 01/205/17-I. Documento al que, por contener una confesión sobre hechos propios de la persona moral quejosa, que prueban su contra, se le otorga eficacia probatoria de conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que son del tenor literal siguiente: "ARTICULO 197.- El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo.". "ARTICULO 200.- Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba.". Así, válidamente puede sostenerse que el conocimiento del acto reclamado, lo obtuvo desde la diligencia de seis de febrero de dos mil dieciocho pues incluso el diecinueve siguiente lo externó por escrito, y no hasta el veintitrés de ese mismo mes y año, en que recibió fotocopias certificadas del multicitado procedimiento, como lo refiere la moral quejosa, pues de haber sido hasta ese momento, no se explica cómo pudo otorgar carta poder el diecinueve de febrero, asentando los datos de identificación del juicio y presentarse ante la junta responsable a solicitar las constancias indicadas. Es decir, si como afirma, conoció los datos del juicio hasta que recibió las fotocopias del juicio el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, lógicamente desde el seis de febrero fecha de la diligencia de ejecución o a más tardar el diecinueve de febrero de ese año, fecha ésta última en que otorgó el poder que suscribió el Presidente del Consejo de Administración de la persona moral quejosa, para ser representada específicamente en el procedimiento laboral 01/205/17-I, ya conocía plenamente el acto reclamado. Inclusive, ese conocimiento fue precisamente el que le permitió dirigir la solicitud de fotocopias el veintitrés de ese mes y año, como afirma que lo hizo. En esas condiciones, se debe asumir que desde la diligencia de seis de febrero de dos mil dieciocho, o al menos desde el diecinueve de ese mes y año, en que MARIO MAURICIO SALINAS REYES, Presidente del Consejo de Administración de la persona moral quejosa, otorgó el poder exhibido ante la junta responsable, ya conocía de la existencia del juicio laboral promovido en contra de su representada, desvirtuándose el dicho de la parte quejosa, en el sentido de que ese conocimiento lo obtuvo hasta el veintitrés de ese mes al acudir a recibir las fotocopias certificadas. No pasa inadvertida la jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 186084, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Septiembre de 2002, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 42/2002, Página: 5, con el rubro y texto que enseguida se anota: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable, con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la ley citada. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa." Conforme a ésta, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En ese sentido, en el particular está probado y no es presunción, sino parte de lo que la propia moral quejosa narró y aceptó en la demanda, que ésta refirió conocer la diligencia de ejecución practicada en su domicilio el seis de febrero de dos mil dieciocho; y en ella aparece que el actuario hace constar que procedió a reinstalar a los trabajadores de la persona moral quejosa, así como a requerirla de pago de las prestaciones del laudo, todo ello relacionado con el juicio laboral de origen 01/205/17-I, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; lo que de suyo permitió conocer a la quejosa de la existencia de dicho controvertido incoado en su contra. De igual manera, tampoco es presunción, sino un hecho probado, que en el poder otorgado por la aquí quejosa el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, presentado ante la autoridad responsable, asentó todos los datos de identificación del juicio; lo que se deduce de las constancias certificadas del juicio laboral de origen, a las que ya se ha otorgado pleno valor probatorio, en virtud de tratarse de documentales públicas. Por tanto, se puede concluir que al conocer la diligencia de ejecución practicada en su domicilio, como reconoce la moral quejosa y suscribir poder para ser representada en el juicio laboral de origen, desde el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, la impetrante no carecía de conocimiento total de la demanda judicial instaurada en su contra, de ahí que debía instar el juicio de amparo desde el momento en que se manifestó sabedora tanto de la demanda y la condena cuya diligencia de ejecución admite conocer y que se realizó en su domicilio el seis de febrero de dos mil dieciocho. Es pertinente señalar que lo relevante para la procedencia del juicio de amparo indirecto en el caso de que se combate específicamente el emplazamiento a juicio, ante el alegado desconocimiento del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la situación de completo desconocimiento de un juicio en contra del justiciable, lo que sugiere la vulnerabilidad respecto al derecho fundamental referido. En el entendido de que, cuando las constancias del juicio natural determinan que esta condición de absoluto desconocimiento del juicio laboral no se da, como en el caso, que la quejosa se ostentó sabedora de los actos de ejecución, cuando otorgó poder para ser representada y compareció a juicio a solicitar copias, es inconcuso que desde el seis de febrero de dos mil dieciocho o a más tardar desde el diecinueve de ese mes y año, empezó a transcurrir el plazo de quince días para promover la demanda de amparo a fin de reclamar la falta de llamado a juicio o bien el ilegal emplazamiento y los actos de ejecución. En ese orden de ideas, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que por regla general, el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." En tanto que el numeral 18 del mismo cuerpo normativo, establece que los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Así el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para la presentación de la demanda, empezó a transcurrir desde el día siguiente al de la diligencia de ejecución de seis de febrero de dos mil dieciocho, de la que el quejoso se ostentó sabedor en la demanda; pues incluso, desde el día siguiente al en que suscribió el poder que otorgó el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, para ser representado ante la junta responsable en el juicio entablado en su contra, donde asentó todos los datos que reflejan el conocimiento del juicio y, por consiguiente, del acto reclamado. Lo anterior se estima así, ya que dichos actos reflejan una ostentación acerca del conocimiento del juicio de origen y, por ende, de la existencia del emplazamiento y condena que se le impuso, ya que reconoce haber conocido de la diligencia de ejecución en que se reinstaló a los trabajadores de la parte aquí quejosa, y se le requirió de pago de la condena impuesta; además, supo de todos los datos de identificación del juicio, tan es así que, como se ha venido señalando, inclusive otorgó poder para ser representada, y en el documento relativo dejó asentados todos los datos del juicio. Por lo tanto, a la fecha de presentación de la demanda, veinte de marzo de dos mil dieciocho, ya había fenecido el plazo de quince días para la presentación de la demanda. En efecto, si se toma en cuenta la diligencia de ejecución de seis de febrero de dos mil dieciocho, dicho plazo transcurrió del siete al veintisiete del mismo mes y año. En tanto que si la referencia es el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, en que la quejosa otorgó poder para ser representada en el juicio de origen, el plazo indicado transcurrió del veinte de febrero al doce de marzo de dos mil dieciocho. Incluso, aun tomando en consideración que en efecto hubiera sido conocedora del acto reclamado el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, como afirma en la demanda la impetrante, el plazo transcurrió a partir del veintiséis de febrero al dieciséis de marzo del año que transcurre. En dichos cómputos no se cuentan los sábados y domingos, por estar previstos como inhábiles en el artículo 19 de la Ley en cita. "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor. De ahí que, como se señaló, al presentarse la demanda hasta el veinte de marzo del año en curso, según aparece en el sello fechador de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, se constata la extemporaneidad de su presentación con respecto al plazo de quince días explicado. Sin que se soslaye que la diligencia de seis de febrero de dos mil dieciocho, se haya verificado con persona distinta al quejoso que ostenta el carácter de socio, pues no podría escindirse el conocimiento que como ficción jurídica adujo tener al representar a la persona jurídica y que éste a su vez fuere distinto de la persona física que la representa. En las condiciones apuntadas, al haberse reclamado el emplazamiento a juicio y los demás actos de ejecución, fuera del plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, se actualiza la causal de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, razón por la que debe sobreseerse, con fundamento en el diverso 63, fracción V. El sobreseimiento, por las mismas razones, se hace extensivo a los actos del Actuario Adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, autoridad ejecutora, por reclamarse en vía de consecuencia. Por lo expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR MARIO MAURICIO SALINAS REYES, con el carácter de socio y Presidente del Consejo de Administración de CONTADORES SALINAS NIETO Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL, respecto al emplazamiento al juicio laboral expediente 01/205/17, y todas las subsecuentes actuaciones procesales, que se reclamaron a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y Actuaria adscrita. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.
- Principal
CITATORIO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte TERCERO INTERESADA JUAN ANTONIO SILVESTRE ROJAS, JOSÉ ALEJANDRO BALMACEDA OCAMPO, MAXIMILIANO RIVERA SANTANA, DAVID HERNÁNDEZ ALVEAR, TRANQUILINO ISIDORO BARRERA, CARLOS FELICIANO SÁNCHEZ, RODOLFO VACA MENDIOLA, CUAUHTÉMOC HERNÁNDEZ CORTES Y JULIO CÉSAR TORRES AVILÉS, el auto de DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, que en lo conducente establece:Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 462/2018-V, promovido por MARIO MAURICIO SALINAS REYES, con el carácter de socio y Presidente del Consejo de Administración de CONTADORES SALINAS NIETO Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL; y RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de marzo de dos mil dieciocho, en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado al día siguiente a este juzgado, MARIO MAURICIO SALINAS REYES, con el carácter de socio y Presidente del Consejo de Administración de CONTADORES SALINAS NIETO Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL; solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades, Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y Actuario Adscrito, de quien reclamó lo siguiente: ".el ilegal emplazamiento a juicio laboral número 01/205/17 radicado ante la autoridad responsable; y por consecuencia todas y cada una de las subsecuentes actuaciones procesales que integran el juicio laboral, a consecuencia de la cual se privó a mi representada de ser oída y vencida en juicio.". SEGUNDO. Por auto de veintidós de marzo de dos mil dieciocho se admitió la demanda, quedando registrado el juicio con el número de expediente 462/2018-V; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se ordenó realizar el emplazamiento de la parte tercero interesada; además, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación la intervención legal correspondiente. Finalmente, se señaló día y hora para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 73 de la Ley de Amparo; 1º, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; lugar en que residen las autoridades que realizaron los actos reclamados y en el que, además, tienen ejecución material. SEGUNDO. Precisión y certeza de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda debe decirse que los actos que se reclaman en esta instancia constitucional, se traducen en el emplazamiento al juicio laboral 01/205/17, y todas las subsecuentes actuaciones procesales, que se reclaman a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y Actuaria adscrita. Precisado lo anterior, debe decirse que son ciertos los actos reclamados, en virtud de que las autoridades responsables así lo aceptaron al rendir sus respectivos informes (fojas 75 y 76). Se corrobora tal aceptación mediante las fotocopias certificadas de las constancias del indicado juicio laboral, exhibidas por la Junta responsable, a las que se otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de tratarse de documentales públicas, en virtud de haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. TERCERO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de estudio oficioso. Así, se advierte que en el caso, respecto al emplazamiento al juicio laboral expediente 01/205/17, tramitado ante la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, y todas las actuaciones subsecuentes, se actualiza la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". Al respecto, conviene citar los antecedentes del caso, que se desprenden de la fotocopia certificada de las constancias del juicio laboral de origen. 1. A través de escrito presentado ante la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, Sandra Salgado Ocampo, con el carácter de apoderada legal de JOSÉ ALEJANDRO BALMACEDA OCAMPO y otros, demandó una serie de prestaciones laborales, de CONTADORES SALINAS NIETO Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL y GRUPO EMPRESARIAL DE VIVIENDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con nombre comercial "Grupo Evi" (fojas 1 a 10 del anexo I). 2. La demanda se admitió por auto de trece de marzo de dos mil diecisiete y se ordenó el emplazamiento de los demandados en el domicilio que se proporcionó en la demanda (fojas 16 y 17 del anexo I). 3. En diligencia practicada el tres de mayo de dos mil diecisiete (foja 25 del anexo), la Actuaria de la Junta responsable llevó a cabo el llamamiento a juicio de CONTADORES SALINAS NIETO Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL, así como de la diversa persona moral demandada, en el domicilio proporcionado por la parte actora en el escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete (foja 20 del anexo I). 4. Los demandados de mérito se abstuvieron de contestar la demanda entablada en su contra y el catorce de julio de dos mil diecisiete se emitió el laudo en el juicio natural, en el que se les condenó al pago de distintas prestaciones que se les reclamaron (fojas 30 a 35 del anexo I). 5. El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete se liquidaron las cantidades a que fueron condenados los demandados del juicio de origen (fojas 44 y 45 del anexo I). 6. El seis de febrero de dos mil dieciocho, en el domicilio donde se emplazó a la aquí quejosa y a la diversa moral demandada, se practicó la diligencia de reinstalación de los actores del procedimiento laboral, y se efectuó requerimiento de pago de las prestaciones a que las demandadas fueron condenadas (56 a 58 del anexo I). 7. IRWIN SERGUEI VALDEZ LEÓN, ostentándose como apoderado legal de CONTADORES SALINAS NIETO Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL, al tenor del poder otorgado el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, por MARIO MAURICIO SALINAS REYES, Presidente del Consejo de Administración de dicha persona moral (foja 60 del anexo I), compareció por escrito (foja 59 del anexo I) ante la junta responsable a solicitar fotocopia certificada del expediente del juicio laboral del que emanan los actos reclamados, que aparecen autorizadas por acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho y recibidas en esa misma fecha. De lo expuesto hasta aquí, se desprende que el juicio de amparo es improcedente, en virtud de que la persona moral quejosa, quien se ostenta como persona extraña por equiparación al referir que fue ilegalmente emplazada al juicio laboral 01/205/16-I, pues como se aprecia la acción de amparo resulta extemporánea, ya que tomó conocimiento de dicho procedimiento y compareció a él por conducto de diverso apoderado y, por consiguiente se enteró del acto reclamado en una fecha anterior a la que refirió en la demanda, donde aludió que fue el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, cuando, dice, acudió a recibir fotocopias certificadas de las constancias de aquél. En efecto, en la demanda de amparo, el apoderado legal de la persona moral quejosa, refirió bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "..el pasado día 06 de febrero de 2018 fecha en que la autoridad responsable intentó practicar una diligencia de requerimiento de pago en mi domicilio, sobre un juicio del cual nunca tuve conocimiento previo, además es importante mencionar a esta autoridad que no tuve conocimiento pleno del juicio ya que la hoy responsable se negó a darme información al respecto y el suscrito tuve conocimiento del acto reclamado y sus efectos hasta el día 23 de febrero del 2018, que fue cuando la autoridad responsable me expidió copias certificadas del expediente." También expresó en la demanda lo que, por su relevancia, se trascribe a continuación: ".1. Con fecha 6 de febrero de 2018, se presentó en el domicilio de mi representada el ubicado en la avenida Emiliano zapata sin número, colonia las cumbres Zapata Morelos, Morelos; un actuario adscrito a la Junta Especial Número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje en Morelos; el cual pretendía ejecutar un acto de requerimiento de pago de fecha 14 de JULIO de 2017 respecto de un crédito generado en perjuicio de mi representada consecuencia de un juicio laboral del cual jamás tuve conocimiento ni mucho menos haber sido notificados de la existencia de éste por conducto de la autoridad responsable. A consecuencia de ello, acudimos a la autoridad responsable a solicitar copias simples o certificadas de dichas actuaciones el pasado día veintitrés de febrero de 2018; fecha donde tuvimos pleno conocimiento de cada una de las partes en las cuales consistía el juicio en donde hipotéticamente se adujo que fuimos emplazados.". De las manifestaciones antes citadas, a juicio de quien resuelve, se obtiene que, contrario a lo afirmado por el quejoso, sí tuvo conocimiento del juicio y del acto reclamado, con anterioridad a que se le entregaran las fotocopias certificadas del juicio laboral de origen. Ello, porque a pesar de que sostiene que no se le proporcionó ninguna información en la diligencia de seis de febrero de dos mil dieciocho, lo cierto es que sí tenía conocimiento de las actuaciones relativas al juicio de origen para permitirle acudir por escrito dirigido a la Junta responsable a solicitar fotocopias certificadas, con mención de todos los datos que identifican el juicio laboral 01/205/17-I, pues señaló ese número, el nombre de la parte actora, es decir ALEJANDRO BALMACEDA OCAMPO, y que CONTADORES SALINAS NIETO Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL, era la parte demandada. Confirma lo anterior, el hecho de que presentó a la solicitud de fotocopias certificadas, el documento fechado el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, donde consta el otorgamiento del poder a favor de IRWIN SERGUEI VALDEZ LEÓN y otros, para que representaran a la persona moral quejosa en el juicio laboral de origen; en el que se asentaron todos los datos de identificación de éste, tales como tribunal, número de expediente y las partes (foja 60). En efecto, se lee del aludido poder que la persona moral quejosa, por conducto de MARIO MAURICIO SALINAS REYES, Presidente del Consejo de Administración, otorga poder para que la representen ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el juicio entablado en su contra, por ALEJANDRO BALMACEDA OCAMPO y otros, con número de expediente 01/205/17-I. Documento al que, por contener una confesión sobre hechos propios de la persona moral quejosa, que prueban su contra, se le otorga eficacia probatoria de conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que son del tenor literal siguiente: "ARTICULO 197.- El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo.". "ARTICULO 200.- Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba.". Así, válidamente puede sostenerse que el conocimiento del acto reclamado, lo obtuvo desde la diligencia de seis de febrero de dos mil dieciocho pues incluso el diecinueve siguiente lo externó por escrito, y no hasta el veintitrés de ese mismo mes y año, en que recibió fotocopias certificadas del multicitado procedimiento, como lo refiere la moral quejosa, pues de haber sido hasta ese momento, no se explica cómo pudo otorgar carta poder el diecinueve de febrero, asentando los datos de identificación del juicio y presentarse ante la junta responsable a solicitar las constancias indicadas. Es decir, si como afirma, conoció los datos del juicio hasta que recibió las fotocopias del juicio el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, lógicamente desde el seis de febrero fecha de la diligencia de ejecución o a más tardar el diecinueve de febrero de ese año, fecha ésta última en que otorgó el poder que suscribió el Presidente del Consejo de Administración de la persona moral quejosa, para ser representada específicamente en el procedimiento laboral 01/205/17-I, ya conocía plenamente el acto reclamado. Inclusive, ese conocimiento fue precisamente el que le permitió dirigir la solicitud de fotocopias el veintitrés de ese mes y año, como afirma que lo hizo. En esas condiciones, se debe asumir que desde la diligencia de seis de febrero de dos mil dieciocho, o al menos desde el diecinueve de ese mes y año, en que MARIO MAURICIO SALINAS REYES, Presidente del Consejo de Administración de la persona moral quejosa, otorgó el poder exhibido ante la junta responsable, ya conocía de la existencia del juicio laboral promovido en contra de su representada, desvirtuándose el dicho de la parte quejosa, en el sentido de que ese conocimiento lo obtuvo hasta el veintitrés de ese mes al acudir a recibir las fotocopias certificadas. No pasa inadvertida la jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 186084, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Septiembre de 2002, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 42/2002, Página: 5, con el rubro y texto que enseguida se anota: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable, con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la ley citada. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa." Conforme a ésta, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En ese sentido, en el particular está probado y no es presunción, sino parte de lo que la propia moral quejosa narró y aceptó en la demanda, que ésta refirió conocer la diligencia de ejecución practicada en su domicilio el seis de febrero de dos mil dieciocho; y en ella aparece que el actuario hace constar que procedió a reinstalar a los trabajadores de la persona moral quejosa, así como a requerirla de pago de las prestaciones del laudo, todo ello relacionado con el juicio laboral de origen 01/205/17-I, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; lo que de suyo permitió conocer a la quejosa de la existencia de dicho controvertido incoado en su contra. De igual manera, tampoco es presunción, sino un hecho probado, que en el poder otorgado por la aquí quejosa el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, presentado ante la autoridad responsable, asentó todos los datos de identificación del juicio; lo que se deduce de las constancias certificadas del juicio laboral de origen, a las que ya se ha otorgado pleno valor probatorio, en virtud de tratarse de documentales públicas. Por tanto, se puede concluir que al conocer la diligencia de ejecución practicada en su domicilio, como reconoce la moral quejosa y suscribir poder para ser representada en el juicio laboral de origen, desde el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, la impetrante no carecía de conocimiento total de la demanda judicial instaurada en su contra, de ahí que debía instar el juicio de amparo desde el momento en que se manifestó sabedora tanto de la demanda y la condena cuya diligencia de ejecución admite conocer y que se realizó en su domicilio el seis de febrero de dos mil dieciocho. Es pertinente señalar que lo relevante para la procedencia del juicio de amparo indirecto en el caso de que se combate específicamente el emplazamiento a juicio, ante el alegado desconocimiento del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la situación de completo desconocimiento de un juicio en contra del justiciable, lo que sugiere la vulnerabilidad respecto al derecho fundamental referido. En el entendido de que, cuando las constancias del juicio natural determinan que esta condición de absoluto desconocimiento del juicio laboral no se da, como en el caso, que la quejosa se ostentó sabedora de los actos de ejecución, cuando otorgó poder para ser representada y compareció a juicio a solicitar copias, es inconcuso que desde el seis de febrero de dos mil dieciocho o a más tardar desde el diecinueve de ese mes y año, empezó a transcurrir el plazo de quince días para promover la demanda de amparo a fin de reclamar la falta de llamado a juicio o bien el ilegal emplazamiento y los actos de ejecución. En ese orden de ideas, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que por regla general, el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." En tanto que el numeral 18 del mismo cuerpo normativo, establece que los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Así el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para la presentación de la demanda, empezó a transcurrir desde el día siguiente al de la diligencia de ejecución de seis de febrero de dos mil dieciocho, de la que el quejoso se ostentó sabedor en la demanda; pues incluso, desde el día siguiente al en que suscribió el poder que otorgó el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, para ser representado ante la junta responsable en el juicio entablado en su contra, donde asentó todos los datos que reflejan el conocimiento del juicio y, por consiguiente, del acto reclamado. Lo anterior se estima así, ya que dichos actos reflejan una ostentación acerca del conocimiento del juicio de origen y, por ende, de la existencia del emplazamiento y condena que se le impuso, ya que reconoce haber conocido de la diligencia de ejecución en que se reinstaló a los trabajadores de la parte aquí quejosa, y se le requirió de pago de la condena impuesta; además, supo de todos los datos de identificación del juicio, tan es así que, como se ha venido señalando, inclusive otorgó poder para ser representada, y en el documento relativo dejó asentados todos los datos del juicio. Por lo tanto, a la fecha de presentación de la demanda, veinte de marzo de dos mil dieciocho, ya había fenecido el plazo de quince días para la presentación de la demanda. En efecto, si se toma en cuenta la diligencia de ejecución de seis de febrero de dos mil dieciocho, dicho plazo transcurrió del siete al veintisiete del mismo mes y año. En tanto que si la referencia es el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, en que la quejosa otorgó poder para ser representada en el juicio de origen, el plazo indicado transcurrió del veinte de febrero al doce de marzo de dos mil dieciocho. Incluso, aun tomando en consideración que en efecto hubiera sido conocedora del acto reclamado el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, como afirma en la demanda la impetrante, el plazo transcurrió a partir del veintiséis de febrero al dieciséis de marzo del año que transcurre. En dichos cómputos no se cuentan los sábados y domingos, por estar previstos como inhábiles en el artículo 19 de la Ley en cita. "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor. De ahí que, como se señaló, al presentarse la demanda hasta el veinte de marzo del año en curso, según aparece en el sello fechador de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, se constata la extemporaneidad de su presentación con respecto al plazo de quince días explicado. Sin que se soslaye que la diligencia de seis de febrero de dos mil dieciocho, se haya verificado con persona distinta al quejoso que ostenta el carácter de socio, pues no podría escindirse el conocimiento que como ficción jurídica adujo tener al representar a la persona jurídica y que éste a su vez fuere distinto de la persona física que la representa. En las condiciones apuntadas, al haberse reclamado el emplazamiento a juicio y los demás actos de ejecución, fuera del plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, se actualiza la causal de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, razón por la que debe sobreseerse, con fundamento en el diverso 63, fracción V. El sobreseimiento, por las mismas razones, se hace extensivo a los actos del Actuario Adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, autoridad ejecutora, por reclamarse en vía de consecuencia. Por lo expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR MARIO MAURICIO SALINAS REYES, con el carácter de socio y Presidente del Consejo de Administración de CONTADORES SALINAS NIETO Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL, respecto al emplazamiento al juicio laboral expediente 01/205/17, y todas las subsecuentes actuaciones procesales, que se reclamaron a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y Actuaria adscrita. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.
Quedan 16 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes
- Consuelo Nava Rentería938/2014
- Consuelo Rendon Torres1011/2023
- Consuelo Rendon Torres1426/2021
- Consuelo Rendon Torres1493/2022
- Consuelo Trejo Cano1070/2013
- Consuelo Vara Davila1477/2022
- Contralor Municipal de Ayala, Morelos1141/2013
- Coral Rueda Rosas60/2023
- Coral Rueda Rosas14/2023
- Cornelio Franco Rivera2947/2014
- Cornelio Franco Rivera65/2016
- Cornelio Franco Rivera645/2016