Consultorios Medicos Integrales de Villagran
Expediente 835/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 835/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Consultorios Medicos Integrales de Villagran
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda promovida por *********, por conducto de su representante legal *****, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Supremo Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Se dejan a disposición los documentos que la parte quejosa exhibió en su escrito de demanda.
- Principal
Por recibido el escrito signado el quejoso ******, representante legal de ****, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado el dieciocho de octubre pasado, pues al efecto refiere que no ha interpuesto algún medio de defensa en contra del auto reclamado; por ello, se provee: Del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, se desecha de plano la demanda. Para explicar lo anterior, resulta necesario precisar los antecedentes del acto reclamado: En fecha dieciséis de diciembre de dos mil quince, el aquí quejoso demandó a la Presidencia municipal y al director del Departamento de Tesorería municipal ambos de Villagrán, Guanajuato, en la vía ordinaria civil el cumplimiento de contrato de prestaciones de servicios y otras prestaciones, ante el juez de Partido Único Civil en Cortázar, Guanajuato, mismo que quedó radicado bajo el número *** de su índice. Seguida la secuela procesal, el treinta y uno de mayo de la presente anualidad, se dictó sentencia definitiva en la que declaró procedente las acciones del actor. En razón de lo anterior, la parte actora (quejosa) solicitó al juez de origen la ejecución de la sentencia. Por lo que, el cinco de septiembre de dos mil dieciocho, el juez de primera instancia se declaró incompetente para ejecutar el cumplimiento del fallo. En contra de lo anterior, el ahora quejoso interpuso recurso de apelación el cual mediante proveído de fecha trece de septiembre de dos mil dieciocho, el juez responsable no acordó de conformidad dicho escrito, bajo el argumento de que el auto impugnado no admite el aludido recurso, ya que no se ajusta a lo previsto por el artículo 245 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato. (éste es el acto reclamado). De los antecedentes del acto reclamado, se advierte que en la especie se actualiza un motivo legal que torna improcedente el presente juicio constitucional; lo que se hace valer de oficio, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En el caso, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. e) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". El referido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, el de definitividad. Dicho principio, consistente en que por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Para su actualización, la causal invocada requiere que: a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa sea factible de ejercitar dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) No se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de ahí que, se reitera, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección constitucional. Al caso concreto, el promovente del amparo no agotó el principio de definitividad, previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues al ser parte en el juicio de origen, estaba obligada a interponer el medio ordinario de defensa que establece el Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, esto es, el recurso de denegada apelación, previsto en el numeral 264. El artículo a analizar reza a la letra: "Capítulo III Denegada Apelación Artículo 264. La denegada apelación procede cuando se declara inadmisible la apelación por el inferior. De estos preceptos legales se advierte que la ley adjetiva aplicable reconoce, el medio de impugnación denominado: denegada apelación, el cual es procedente cuando el órgano inferior declara la inadmisión de la apelación, como en el caso. En este orden de ideas, resulta inconcuso que el acto que se tilda de inconstitucional por la parte quejosa, debe ser impugnado mediante el recurso de denegada apelación previsto en el artículo 264 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, en observancia al principio de definitividad, ya que a través de ese medio de defensa, la autoridad respectiva podría estar en aptitud de estudiar si admite o no el recurso de apelación interpuesto, y al no hacerlo, el presente juicio de amparo se torna improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; en tanto que no se advierte que la parte quejosa esté en alguno de los supuestos de excepción que el mismo prevé. Se afirma ello, pues el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ni ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, tampoco alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en un acto que afecte la libertad personal de la parte quejosa. De igual forma, se destaca que el solicitante del amparo, no es persona extraña al procedimiento, dado que tiene el carácter de parte actora en el juicio de origen; en virtud de lo anterior, está sujeta a las reglas que rigen esa relación procesal, estando en posibilidad de defenderse a través de los medios ordinarios de impugnación que marca la ley que rige el acto y, por tanto, obligada a cumplir con los principios rectores del juicio de amparo, entre ellos, el de definitividad. Esto, porque al intervenir como parte en un procedimiento jurisdiccional se adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, justamente, a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellos actos u omisiones que le perjudiquen, pues de no hacerlo, incumple con el referido principio de definitividad, exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo. Finalmente, tampoco se está en el supuesto de que el recurso de denegada apelación que debió agotar la parte quejosa, deba sujetarse a interpretación adicional o que su fundamento legal sea insuficiente para determinarlo. En este último aspecto, cabe precisar que la citada excepción no se actualiza atento a que, para considerar que contra el acto aquí reclamado procede la denegada apelación de conformidad con el artículo 264 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, no se requiere mayor interpretación que la simple lectura del referido artículo; de ahí que no existe duda en cuanto a que el referido medio de defensa es procedente contra la determinación reclamada. De ahí que no nos encontremos ante un caso de excepción, en el que no sea obligatorio agotar los recursos ordinarios previos a la promoción del amparo, por lo que la procedencia del juicio constitucional está condicionada al cumplimiento del principio de definitividad, de acuerdo con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En ese tenor, la parte quejosa está obligada a agotar dicho recurso en contra del auto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, lo que no aconteció. En esas condiciones y puesto que el amparo es un juicio extraordinario al que solamente puede acudirse cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de impugnación previstos por la ley ordinaria y que sean idóneos para confirmar, revocar o modificar los actos que vayan a reclamarse, y al no haberlo hecho así la quejosa, se actualiza la causal de improcedencia en estudio en relación con el acto reclamado, lo que constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 del propio ordenamiento legal. Apoya al anterior razonamiento, la jurisprudencia XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, localizable en la página 648, del tomo IX, enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Además, la causal de improcedencia cuya actualización se destaca, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, y que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes; verdad es que ello no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales. Cobra vigencia sobre el particular, en lo conducente, la tesis I.2o.C.1 K (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1771, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 3, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de epígrafe siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA.
- Principal
Visto el escrito aclaratorio presentado por ******representante legal de ******, con el que pretende desahogar la prevención formulada en proveído de nueve de octubre de dos mil dieciocho, al efecto se provee: Cabe hacer mención que el proveído antes aludido, le fue requerido lo que a continuación se expone: "1. Acredite el carácter con el que se ostenta, esto es, como director general y representante legal de la sociedad civil denominada *****2. Manifieste si interpuso algún recurso o medio ordinario de defensa en contra del auto de trece de septiembre de dos mil dieciocho, dictado por el juez de Partido Único Civil de Cortázar, Guanajuato, dentro del expediente ***; en caso afirmativo, cuál fue el resultado de dicho recurso. Exhiba copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, esto es, una para la autoridad responsable, una para el agente del ministerio Público de la Federación adscrita, dos para los terceros interesados y dos para el incidente de suspensión (.)" De la confrontación de lo anterior y del escrito de cuenta, se evidencia que no cumplió a cabalidad lo ahí requerido. En efecto, tal prevención fue desahogada parcialmente, dado que cumplió con el punto 1), ya que la parte quejosa acreditó la personalidad de director general y representante legal de la sociedad civil denominada ******, al tenor de las documentales que anexó al ocurso de cuenta, consistente en copia certificada del testimonio de la escritura pública número cuarenta y siete mil ochocientos veintiuno, pasada ante la fe del notario público número 9 de esta ciudad. Sin embargo, respecto al punto indicado como 2), el quejoso omitió manifestar si interpuso algún recurso o medio ordinario de defensa en contra del auto de trece de septiembre de dos mil dieciocho, dictado por el juez de Partido Único Civil de Cortázar, Guanajuato, dentro del expediente ***; en caso afirmativo, cuál fue el resultado de dicho recurso. Así también, el citado quejoso no exhibió copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, como le fue requerido en el proveído de nueve de octubre de la presente anualidad. Por tanto, subsisten tanto el requerimiento como el apercibimiento contenidos en el mencionado auto de nueve de octubre de dos mil dieciocho, hasta en tanto cumpla a cabalidad con lo prevenido. Hágase del conocimiento de la parte quejosa, que al haberse interrumpido el término de cinco días concedido en el multicitado acuerdo de prevención, precisamente en el tercero de ellos, aún cuenta con los restantes dos días, los cuales se reanudarán a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación personal que se le haga de este proveído; ello en acatamiento a la jurisprudencia 39/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 411/2011, aprobada en sesión de veintinueve de febrero de dos mil doce, cuyo rubro y texto expone: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO, EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE."
- Principal
Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo presentada por Consultorios ******, por conducto de quien se ostenta como su representante legal ******, en contra de actos del juez de Partido Único Civil de Cortázar, Guanajuato; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 835/2018. Prevención. Previamente a acordar lo conducente, con fundamento en los artículos 108 fracción V, 110 y 114 fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, atienda los siguientes puntos: Acredite el carácter con el que se ostenta, esto es, como director general y representante legal de la sociedad civil denominada ****** Sin que pase inadvertido que anexa en copia simple un documento con el que pretende acreditarlo, así como su manifestación bajo protesta de decir verdad; empero, tal manifestación corresponde a la narración de los antecedentes de la demanda de amparo y es el promovente quien debe demostrar la calidad con que se ostenta con documento idóneo, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, en el entendido de que la copia simple carece de valor por sí. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia número P./J. 43/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en la página 48, tomo IV, julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es como sigue: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO".. Manifieste si interpuso algún recurso o medio ordinario de defensa en contra del auto de trece de septiembre de dos mil dieciocho, dictado por el juez de Partido Único Civil de Cortázar, Guanajuato, dentro del expediente C0007/2016; en caso afirmativo, cuál fue el resultado de dicho recurso. Asimismo, deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, esto es, una para la autoridad responsable, una para el agente del ministerio Público de la Federación adscrita, dos para los terceros interesados y dos para el incidente de suspensión. Apercibida la parte quejosa que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia número P/J.36/2001, visible en la página 79, Novena Época abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por el propio promovente, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de dicha propuesta pudiera derivarse. En apoyo se invoca por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, de junio de dos mil once, página sesenta y ocho, de rubro: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de dos mil diecisiete, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRÁMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGÚN DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA" Domicilio para recibir notificaciones y autorizados. El promovente señaló para recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, por tanto, se ordena notificar el presente auto, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que pueda proporcionar domicilio para tal efecto; lo anterior con sustento en lo dispuesto por el numeral 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Así también, se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****** , toda vez que de la certificación de cuanta se advierte que tiene inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así mismo, se autoriza en términos restringidos a las diversas personas por no encontrarse en el supuesto, hasta en tanto salven dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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