Consultores Fiscalistas Sociedad Civil
Expediente 2111/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2111/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 18/01/2023
Partes del expediente
- Consultores Fiscalistas Sociedad Civil
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad de México, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede, se desprende que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha la quejosa haya interpuesto recurso de inconformidad en contra del acuerdo de dieciséis diciembre de dos mil veintidós, en el que se determinó que el cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio quedó sin materia, en consecuencia, se declara que dicho proveído ha quedado firme. Archivo del asunto. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y ya que el expediente en que se actúa se encuentra integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese este asunto como concluído, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales las promociones y actuaciones judiciales. Destino del juicio de amparo Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del mencionado acuerdo general, pues se trata de un expediente en el que se sobreseyó en el juicio, se negó y se concedió el amparo y protección de la justicia Federal, en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere el citado artículo. Destino de los cuadernos incidentales En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado en el apartado 7.5 tratamiento del incidente de suspensión (original) punto 3, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por lo que hace al duplicado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, debido a que existe el original. Respecto al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo general en cita, se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada. Atento lo ordenado en el artículo 35, párrafos primero y segundo, del mencionado acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula de este expediente. Documentos exhibidos en el juicio Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a la quejosa en auto de catorce de noviembre de este año, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. En primer lugar, cabe señalar que se concedió la protección constitucional para los efectos siguientes: "En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." Decisión que fue combatida por la quejosa vía revisión, pero el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia Mexicali, Baja California, confirmó la sentencia de amparo y negó a la quejosa el amparo en sesión de seis de octubre de dos mil veintidós, dictada en el amparo en revisión 285/2017. El efecto protector de la sentencia ejecutoriada consiste en que el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Ahora bien, para acreditar el acatamiento de la sentencia la citada autoridad responsable manifestó mediante oficio registrado con folio 24793 que no realizó el procedimiento de fiscalización electrónica a la quejosa y que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes. Sin que la quejosa realizara señalamiento alguno al respecto. Por tanto, la suscrita estima que el cumplimiento del fallo ha quedado sin materia, lo que impide que pueda llevarse a cabo su ejecución, pues no se está en aptitud legal de exigirlo dado que no se instauró procedimiento de revisión electrónica a la quejosa. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluído. Notifíquese y personalmente a la quejosa.
- Principal
EN VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL AUTO DE DIECISEÍS DEL MES Y AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE:"Ciudad de México, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a la quejosa en auto de catorce de noviembre de este año, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. En primer lugar, cabe señalar que se concedió la protección constitucional para los efectos siguientes: "En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." Decisión que fue combatida por la quejosa vía revisión, pero el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia Mexicali, Baja California, confirmó la sentencia de amparo y negó a la quejosa el amparo en sesión de seis de octubre de dos mil veintidós, dictada en el amparo en revisión 285/2017. El efecto protector de la sentencia ejecutoriada consiste en que el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Ahora bien, para acreditar el acatamiento de la sentencia la citada autoridad responsable manifestó mediante oficio registrado con folio 24793 que no realizó el procedimiento de fiscalización electrónica a la quejosa y que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes. Sin que la quejosa realizara señalamiento alguno al respecto. Por tanto, la suscrita estima que el cumplimiento del fallo ha quedado sin materia, lo que impide que pueda llevarse a cabo su ejecución, pues no se está en aptitud legal de exigirlo dado que no se instauró procedimiento de revisión electrónica a la quejosa. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluído. Notifíquese y personalmente a la quejosa.". NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos se advierte que por auto de catorce de noviembre de este año, se acordó el oficio remitido en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, a través del cual desahogó el requerimiento formulado en autos e informó que de una búsqueda en sus base de datos no encontró que se haya instaurado procedimiento de revisión electrónica que refiere el artículo 53- B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis a la quejosa, por lo que, con fundamento en el numeral 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se ordenó dar vista por el término de tres días a la quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniere. Sin embargo, de una revisión de autos no se advierte que obre la constancia de notificación de dicha determinación judicial; por tanto, a efecto de evitar dilaciones procesales, se ordena notificar de forma personal y en sus términos el acuerdo de catorce de noviembre de este año, acompañando copia del oficio registrado con el folio de control interno 24793. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa el auto de catorce de noviembre de dos mil veintidós.
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