Consuelo Tejeda Lezama

Expediente 497/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
497/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • Consuelo Tejeda Lezama
  • Consuelo Tejeda Lezama y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta signado por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad; atento a su contenido, téngasele informando que admitió el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, radicando con el toca número 506********************; por tanto, estese en espera de que la superioridad resuelva lo conducente. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto estado procesal de autos, se advierte que el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado; esto es, obran en autos las notificaciones a las partes de la sentencia dictada en el presente asunto, así como del recurso de revisión interpuesto. En esas condiciones, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, se ordena remitir el presente juicio, así como el original y duplicado del escrito de agravios, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, a fin de que turne estos autos al Tribunal que corresponda, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto en autos. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por CONSUELO TEJEDA LEZAMA, en su doble carácter de parte quejosa y representante común; en atención a su contenido, se le tiene INTERPONIENDO RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 fracción I inciso e), 86 párrafo primero, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse copias entre las partes como corresponda. Hecho lo anterior, una vez que esté debidamente integrado el presente asunto, esto es, que obren las notificaciones de la sentencia y del recurso de revisión, dentro del plazo de tres días contados a partir de que se cumpla con dicho extremo, remítanse estos autos, así como el original y copia del escrito de agravios con número de registro 16153, que se provee al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común, para la substanciación de dicho medio de impugnación. Asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes de dicho envío, con copia certificada de las principales constancias de este expediente. Finalmente, se instruye a la oficial encargada del SISE, para que proceda habilitar la consulta del expediente electrónico a la Superioridad, a fin de que tenga el debido acceso a las constancias del presente sumario y se encuentre en aptitud de proveer lo conducente respecto medio de impugnación que nos ocupa. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Con esta fecha se notifica a la parte quejosa por conducto de su representante común, la sentencia engrosada el treinta de agosto de este año, la cual dice: Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 497/2023 y,RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el ocho de junio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, turnado a este órgano jurisdiccional en la misma data, Consuelo Tejeda Lezama, Martha Liliana Trujillo Torres, Martha Torres Zacarías, Marcos Trujillo Torres, Octaviano Velasco Ramírez, Alberta Bustamante Domínguez y Naara Isabel Velasco Bustamante promovieron demanda de amparo contra actos que más adelante se precisarán, que atribuyen al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz, Veracruz (fojas 2 a 25). SEGUNDO. Admisión. Mediante auto de doce del mes y año citado se acordó admitir la demanda; se tuvo a Consuelo Tejeda Lezama, como representante común; dar la intervención al Fiscal Federal de la adscripción; fijar data y hora para la audiencia constitucional; requerir a la autoridad responsable su informe justificado; apertura del incidente de suspensión por separado y duplicado; se reservó proveer sobre respecto a la existencia de algún tercero interesado (fojas 37 a 41). TERCERO. Audiencia Constitucional. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable, quien hizo valer causal de improcedencia (fojas 47 a 52) la audiencia constitucional tuvo verificativo el once de agosto de dos mil veintitrés (fojas 89 a 90). Hasta hoy no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales, quedando el expediente en estado de resolución.CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción II, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por cuestión de la vía, pues se reclaman actos provenientes de autoridad administrativa, susceptible de afectar a decir del quejoso sus derechos fundamentales establecidos en los artículos 1º, 4 y 25, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impugnable en amparo indirecto, conforme al numeral 107, fracción II, de la Ley de Amparo. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, atento a que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija en forma clara y precisa cuáles son los actos reclamados, antes de verificar su certeza o inexistencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega, que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que además se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos (anexos), e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión y, precisa, debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia que se cita a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita enseguida: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Bajo ese orden de ideas, al analizar en su integridad la demanda de amparo con sus anexos y las constancias de autos principalmente el informe justificado de la autoridad responsable se tiene que, los actos reclamados en el presente juicio son: La omisión de implementar el servicio público de drenaje y alcantarillado en la zona donde habitan los aquí quejosos, esto es, en la Colonia "La Pochota". Establecida la fijación clara y precisa del acto reclamado, por cuestión de método, debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ha lugar a tener por cierto los actos que la parte quejosa atribuye al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz, Veracruz. Lo anterior, no obstante que al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos que se le atribuyen (fojas 47 a 52). En efecto, la aludida autoridad responsable al rendir su informe de ley comunicó: ". SEGUNDA. Se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, ya que de las constancias de autos no se demostraron los actos reclamados que las quejosas señalan. Me permito señalar, ante esta autoridad jurisdiccional, que el Ayuntamiento de Veracruz, NO es responsable de los actos reclamados, siendo que ante esta negativa, dentro del presente juicio, las quejosas NO aportaron probanza alguna en este juicio, por lo que, ante la falta de pruebas que acrediten la existencia de estos actos reclamados, procede decretar el sobreseimiento del presente juicio de amparo de conformidad con lo previsto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. ." Documento que alcanza pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su numeral 2°, ya que se trata de documentos públicos, expedidos por funcionario en ejercicio de las funciones que les asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO."" Toda vez que, de su informe se advierte adujo que: ". El acto reclamado no viola derechos humanos de las quejosas, por lo que no les asiste interés jurídico ni legitimo para reclamar dichos actos a través de este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hago valer la siguiente: ." En esas condiciones, debe tenerse por cierto el acto reclamado, al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz, Veracruz. Es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, Materias Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, con registro digital 211004, del rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Improcedencia del Juicio de Amparo. En el juicio de amparo es posible impugnar normas generales, actos u omisiones cuando vulneren derechos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, inclusive, cuando esa vulneración se origine por la contravención al régimen de distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas. Por ello, es un mecanismo jurisdiccional de control constitucional que tiene la finalidad de restituir el goce de tales derechos. La improcedencia de dicho mecanismo, según lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conlleva la actualización de un impedimento técnico para que el órgano jurisdiccional analice y resuelva la cuestión planteada en la demanda y, por ende, supone algunas circunstancias -de hecho o de derecho- que impiden que la parte quejosa logre la satisfacción de su pretensión mediante la acción de amparo e implica, según el momento procesal, el desechamiento de aquélla o el sobreseimiento en el juicio. Tales circunstancias están previstas como hipótesis en el artículo 61 de la Ley de Amparo; y, según lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben ser interpretadas restrictivamente para que la salvaguarda de la Constitución y de los derechos humanos mediante el juicio de amparo sea efectiva y no ilusoria. De ahí que siendo las causales de improcedencia cuestiones de orden preferente, éstas deben analizarse previamente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo que dispone la tesis de jurisprudencia II.1o. J/5, Octava Época, Materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, mayo de 1991, página 95, con registro digital 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, como la tesis aislada 2a. CLVII/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, enero de 2010, página 324, con Registro digital 165538 del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo." Señalado lo anterior, debe decirse que, la autoridad responsable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz, Veracruz, refiere que el juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61 fracción XII, en relación con el diverso 5 fracción I, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la improcedencia de este juicio cuando se promueva contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. MARCO NORMATIVO A efecto de analizar la causa de improcedencia invocada debe acudirse al contenido del precepto legal mencionado, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. ." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. ." A manera de preámbulo, se precisa que a raíz de la reforma, entre otros, a la fracción I del artículo 107 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, se incorporó la noción de interés legítimo para efectos de procedencia del juicio de amparo, puesto que la nueva redacción dispone que se seguirá a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos constitucionales y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. En relación al tópico de referencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el interés legítimo es aquel que tienen aquellas personas que por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. El interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Así, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse. Consideraciones que dieron lugar a las tesis de jurisprudencia 2a./J. 141/2002 y 2a./J. 142/2002, visibles en las páginas 241 y 242 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, diciembre de 2002, de rubros: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO" y "INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL." En relación con el mismo concepto, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha sostenido que el interés legítimo es una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que una actuación u omisión de cierta autoridad sea acorde a la ley por derivar de ello un beneficio o evitar un perjuicio en sus intereses, lo que exige demostrar tener una situación cualificada de afectación y conseguir que esa conducta sea enmendada. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad, que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Se agrega que el interés legítimo es aquel que tienen aquellas personas que por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato ni dispongan de un derecho subjetivo que deba ser restituido. El interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio o evitar un perjuicio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Así, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio. Las características que permiten identificarlo son: a) Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio en favor del accionante; b) Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo; c) Debe existir una afectación a los intereses del particular; d) El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho; e) Es un interés cualificado, actual y real y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante, y f) La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis 1a. XLIII/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De lo expuesto se obtiene, que con motivo de la reforma constitucional, el particular cuenta con un poder de exigencia que, si bien no se traduce en un derecho subjetivo, permite reconocerle la facultad de impugnar la actuación o la omisión de una autoridad en orden a la afectación que ello le genera, al no acatar lo previsto por determinadas disposiciones jurídicas que de haber sido aplicadas le reportarían una situación favorable o ventajosa, pues se entiende por interés legítimo la pretensión o poder de exigencia respecto a la legalidad de un acto de la autoridad cuya anulación o declaración de ilegalidad trae aparejada una ventaja, a través de invocar la titularidad de un interés y en virtud de presentar una situación especial o cualificada relacionada con una lesión o principio de afectación a la esfera jurídica del inconforme, en donde la resolución correspondiente tendrá por objeto anular los actos irregulares así como sus consecuencias. No obstante, la reforma constitucional señalada no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona por cualquier motivo acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple. Así mismo, de los anteriores conceptos se obtiene la diferencia entre interés simple y legítimo. El interés legítimo puede definirse como aquel interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que necesariamente dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. En cambio, el interés simple o jurídicamente irrelevante, es aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en algún tipo de beneficio personal para el interesado y, por ende, éste no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en algún sentido. Entonces, en el interés simple la situación jurídica sería el puro interés en la legalidad que tiene cualquier ciudadano, por el elemental hecho de ser miembro de una sociedad, para interesarse en el quehacer de las autoridades, con la finalidad de que cumplan con el orden jurídico objetivo. En contraste, hay interés legítimo cuando una conducta de la autoridad es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado, tutelada por el derecho, cuando éste no tiene un derecho subjetivo para impedir esa conducta o imponer una distinta. Se distingue de aquél, porque no se basa en el solo interés en la legalidad que tiene cualquier ciudadano, sino en la situación objetiva y particular en la que se encuentran, porque cumpliéndose con la ley conservan un beneficio o evitan un perjuicio cierto. Conforme con el marco jurídico actual, solo el interés legítimo faculta al particular para reclamar en el juicio de amparo la inobservancia de las normas jurídicas cuya infracción pueda perjudicarle con el objeto de defender esa situación particular que guarda frente al orden jurídico, ya que el mero interés por la legalidad únicamente permite la denuncia o la acción popular, en las que no se requiere de una condición precisa o una cualificación subjetiva especial, pues se pueden promover por cualquier persona. SUBSUNCIÓN. En el contexto normativo, se puede concluir que, conforme al marco jurídico actual, sólo el interés legítimo faculta al particular para reclamar en el juicio de amparo la inobservancia de las normas jurídicas cuya infracción pueda perjudicarle con el objeto de defender esa situación particular que guarda frente al orden jurídico, ya que el mero interés por la legalidad únicamente permite la denuncia o la acción popular, en las que no se requiere de una condición precisa o una cualificación subjetiva especial, pues se pueden promover por cualquier persona. Así, el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés jurídico) o, en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo) el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento al principio de relatividad de las sentencias. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a), visible en la página 1807 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, que se lee: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa." Así, dentro de los postulados básicos del juicio de amparo se encuentra el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo. Dicho principio consiste en que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, por su apoderado, por su defensor cuando el acto derive de un procedimiento penal o por cualquier persona en los casos en que la propia ley lo permite expresamente (numeral 6º). En ese orden de ideas, conforme a esos preceptos la acción constitucional de amparo compete a aquella persona que resiente un daño o perjuicio con motivo de una ley o acto de autoridad, que transgreda los derechos previstos en el arábigo 1º de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por ende, la afectación a un derecho legítimamente tutelado, otorga al agraviado la facultad para acudir ante el órgano de control constitucional competente a efecto de exigir se le restituya en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo derecho exija. La facultad de acudir en defensa de la violación a los derechos humanos fundamentales constituye el interés jurídico; por tanto, sólo tendrá interés jurídico para acudir al amparo aquella persona a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Es decir, el interés jurídico de una persona surge cuando el acto reclamado se relaciona con su esfera jurídica, entendiéndose por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto, persona física o moral, privada u oficial. De ese modo, si el acto o ley reclamada, no se refiere a los derechos contenidos en la esfera jurídica del quejoso, éste carece de interés jurídico para impugnarlos en el juicio de amparo y, en consecuencia, debe declararse la improcedencia del juicio, en términos de las normas citadas. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 168/2007, establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, tomo XXVII, enero de 2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Asimismo, sirve de fundamento a la anterior consideración, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia VI. 3o. J/26, publicada en la página 117, tomo VIII, diciembre de 1991, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época; cuyo rubro y texto indican: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." En ese sentido, la falta de interés jurídico deriva de la ausencia de afectación directa de algún derecho subjetivo, por orden lógico, previo a analizar si los actos reclamados afectan dicho interés con relación al quejoso, debe examinarse si es titular del derecho que aduce tener; de lo contrario, no sería factible considerar que sufre afectación alguna, que es lo que genera el interés jurídico y, la falta de éste, a su vez, la improcedencia del amparo. Sobre todo, porque la sola presentación de la demanda de amparo no establece en modo alguno una presunción juris tantum en favor del peticionario de amparo, a fin de acreditar su interés jurídico; dado que, la eficacia del mismo está condicionada a su demostración, sin que sea permisible ni válido relevar a la parte promovente de su obligación de probarlo para instar el juicio constitucional. CONCLUSIÓN En el caso, conviene recordar que el interés legítimo puede definirse como aquel interés personal -individual o colectivo- cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que de hecho pueda tener una persona respecto de la constitucionalidad de determinados actos de autoridad. Así se tiene que, para establecer su interés jurídico o legitimó la parte quejosa Consuelo Tejeda Lezama, Martha Liliana Trujillo Torres, Marcos Trujillo Torres y Naara Isabel Velasco Bustamante, para reclamar la omisión de implementar el servicio público de drenaje y alcantarillado en la zona donde habitan, esto es, en la colonia "La Pochota", aportaron copia simple de sus respectivas credenciales para votar. Documentos en copias simples a los cuales en términos del artículo 93, 197 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a juicio de quien resuelve se considera sólo hacen fe de la existencia de sus originales, pero no de que en el domicilio asentado en ellas sea el lugar en el que habitan los quejosos y mucho menos carezcan del servicio público de drenaje y alcantarillado en la zona donde dicen habitar los aquí quejosos, esto es, en la colonia "La Pochota". Finalmente, debe decirse que, las tres fotografías de diversos inmuebles se valoran de conformidad con los numerales 93, 188, 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, dado que no contienen la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, para que constituyan prueba plena, pero sin que se advierta quien sea su poseedor, propietario y mucho menos quien viva en ellas, además de que no se advierte sean parte integrante de la colonia "La Pochota" y que carezcan del servicio público de drenaje y alcantarillado. Medios de convicción que no acreditan aún de manera indiciaria el interés jurídico de los impetrantes de garantías de que habiten los inmuebles descritos y mucho menos se encuentren ubicados en la colonia "La Pochota". Así, los documentos exhibidos por la parte quejosa no son aptos para demostrar -ni indiciariamente- que se afecta su esfera jurídica y, en ese sentido, carece de interés jurídico o legitimó para reclamar la omisión de implementar el servicio público de drenaje y alcantarillado en la zona donde habitan los aquí quejosos, esto es, en la colonia "La Pochota". Por lo tanto, la parte quejosa no acredita su interés jurídico en el presente juicio, es decir, que los actos reclamados le ocasionen un agravio real y actual que pueda ser materia de análisis en este juicio. No pasan inadvertidas las manifestaciones que, bajo protesta de decir verdad realizan en el sentido que, ". Los suscritos somos habitantes de la colonia "la pochota" perteneciente al municipio de Veracruz, Veracruz. ." , sin embargo, el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones. Sirven de apoyo, las jurisprudencias 3a./J. 27/90 y 2a./J. 16/94, emitidas, en su orden, por la otrora Tercera Sala y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Luego, si en el caso que se examina, los peticionarios de garantías Consuelo Tejeda Lezama, Martha Liliana Trujillo Torres, Marcos Trujillo Torres y Naara Isabel Velasco Bustamante, no acreditaron su afectación a su interés jurídico o legítimo. En tales condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5º fracción I y 6, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento, se sobresee en este juicio, respecto de la autoridad y acto precisado. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Se procede al análisis de los conceptos de violación que vierte la parte quejosa Martha Torres Zacarías, Octaviano Velasco Ramírez y Alberta Bustamante Domínguez, y que en este apartado se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, ya que no existe obligación de transcribirlos, ello con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 164618, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." MARCO NORMATIVO En atención a que la cuestión a dirimir en el presente asunto está relacionada con trasgresiones al principio de participación ciudadana, garantía de acceso, protección al medio ambiente sano, derecho a la salud y a la buena administración pública, a que hacen referencia los artículos 1º, 4 y 25, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es conveniente referir la regulación constitucional de esos aspectos. "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." "Artículo 4o. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la Ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años y las personas que se encuentren en condición de pobreza. Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad. El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país. La Ley establecerá la concurrencia de la Federación, entidades federativas, Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para esos efectos." "Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio. El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar. Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución. A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, sexto y noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia." De una interpretación sistemática de las normas de orden constitucional citadas, se evidencia que en los Estados Unidos Mexicanos las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que ahí se indiquen. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Ley suprema y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud, a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará esos derechos. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Así también el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio. SUBSUNCIÓN. En el contexto normativo anterior, se puede concluir que, de la lectura integral de la demandada de amparo, se advierte que la parte quejosa sostiene que la autoridad responsable, infringió en su perjuicio sus derechos fundamentales relativos al principio de participación ciudadana, garantía de acceso, protección al medio ambiente sano, derecho a la salud y a la buena administración pública, previstos en el artículo 1º, 4 y 25, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el precepto 11 y 21, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por lo siguiente: a) Al omitir crear las herramientas institucionales y jurídicas que tengan por objeto incluir a los quejosos en el control de las políticas públicas con impacto ambiental, contenidas en el Plan de desarrollo 2022-2025. b) Por no existir en su comunidad "La Pochota" los servicios mínimos ni el medio ambiente necesario para una vida digna -drenaje, alcantarillado, guarnición y agua potable- en virtud de que sólo dos calles de la colonia citada cuentan con pavimentación y drenaje, siendo, Mario Vargas Saldaña y Arturo Llorente González, pero su domicilio no se ubica en esos lugares. c) Al no prevenir las infecciones o enfermedades generadas por la falta de servicios. En ese orden de ideas, atendiendo a que en el caso se trata de un asunto de estricto derecho, son infundados los conceptos de violación que aquí se analizan, sin que se advierta queja que suplir en términos de lo dispuesto en el artículo 79, de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. Ello es así, porque los actos reclamados aquí destacados, no están fundados en normas generales que hayan sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito; aunado a ello, en el caso, no están involucrados derechos de menores o incapaces y el acto reclamado no afecta el orden y desarrollo de la familia. Tampoco se advierte que ha habido en contra de la parte quejosa una violación evidente de la ley que la haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley y menos aún, se advierten circunstancias que permitan concluir al suscrito que la parte quejosa se encuentra en condición de pobreza o marginación que la haya dejado en clara desventaja social para su defensa en el juicio de origen. Cobra puntual aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 120/2015 (10a.) que se lee: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SU PROCEDENCIA EN OTRAS MATERIAS, AUN A FALTA DE CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIO, CUANDO SE ADVIERTA VIOLACIÓN GRAVE Y MANIFIESTA DE LA LEY. La regulación establecida en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo faculta al juzgador de amparo para suplir la deficiencia de la queja en materias diversas a las que el propio numeral prevé, ante una irregularidad procesal grave y manifiesta en la controversia del amparo, no resuelta en el procedimiento de origen, que afecte al quejoso o recurrente, aun ante la ausencia de concepto de violación o agravio al respecto, ya que revela la intención del legislador de no permitir que una de las partes se beneficie a costa de la indefensión de su contraria, como consecuencia de una actuación ilegal de la autoridad, permitiendo al Juez ejercer un discernimiento en cada caso concreto, en atención a la materia y sujeto de que se trate, lo cual es congruente con el artículo 107, fracción II, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Sentado lo anterior, debe decirse que no le asiste la razón a la parte quejosa. Ello es así, en virtud de que, con las pruebas ofertadas, para reclamar la omisión de implementar el servicio público de drenaje y alcantarillado en la zona donde indican habitar, esto es, en la colonia "La Pochota", aportaron copia simple de sus respectivas credenciales para votar. Documentos en copias simples a los cuales en términos del artículo 93, 197 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a juicio de quien resuelve se considera sólo hacen fe de la existencia de sus originales, pero no de que en el domicilio asentado en ellas sea el lugar en el que habitan los quejosos y mucho menos carezcan del servicio público de drenaje y alcantarillado en la zona donde dicen habitar los aquí quejosos, esto es, en la colonia "La Pochota". Con relación a las tres fotografías de diversos inmuebles se valoran de conformidad con los numerales 93, 188, 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, dado que no contienen la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, para que constituyan prueba plena, pero sin que se advierta quien sea su poseedor, propietario y mucho menos quien viva en ellas, además de que no se advierte sean parte integrante de la colonia "La Pochota" y que carezcan del servicio público de drenaje y alcantarillado. Finalmente respecto a los tres recibos de luz y agua, expedidos por Comisión Federal de Electricidad y Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento Sapi de C.V., los primeros a nombre de Celia Méndez Ramírez, Martha Torres Zacarías y Octaviano Velasco Ramírez, y los otros a favor de Celia Méndez Ramírez, Martha Torres Zacarías y Alberta Bustamante Domínguez, debe decirse que, los que corresponden a Celia Méndez Ramírez, estos no deben considerarse en virtud de que no es parte quejosa en el presente juicio. Por otra parte, en relación a los otros dos recibos de Luz a nombre de Martha Torres Zacarías y Octaviano Velasco Ramírez, así como los diversos dos recibos de agua expedidos por Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento Sapi de C.V., a nombre de Martha Torres Zacarías y Alberta Bustamante Domínguez, debe decirse que, no son prueba idónea y no están encaminadas a acreditar un hecho relacionado con los actos reclamados en esta instancia, esto es, la omisión de implementar el servicio público de drenaje y alcantarillado en la zona donde supuestamente habitan los aquí quejosos, esto es, en la colonia "La Pochota", pues para tal fin, era necesaria una diversa prueba técnica-científica que así lo evidenciara, no así con las documentales que ofertaron, lo que sin duda requiere de conocimientos técnicos especializados, además de que estas documentales no son el medio idóneo para probar la habitación o posesión material de una persona respecto de un inmueble, dado que el habitar y poseer un domicilio significa una ocupación continua y prolongada del mismo, por lo que es incuestionable que ello no se puede demostrar a través de las documentales señaladas. Sin que se soslaye que, el artículo 115, fracción III, inciso a), segundo párrafo, de la Constitución Federal, en íntima relación con el 3 de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz, se desprende que los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado pueden ser brindados directamente por el Ayuntamiento o a través de Organismos Operadores de dichos servicios. Por otra parte, los artículos 1, 4, 5, 6, 7, 10, fracciones I a V, así como su artículo primero transitorio, del Acuerdo por el que se crea el Instituto Metropolitano del Agua, disponen: "Artículo 1. El Instituto Metropolitano del Agua será un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, titular de bienes y derechos en los términos del presente Acuerdo; con jurisdicción de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo. El Instituto se creará como un organismo regulador y supervisor de la conservación, administración, buen uso, crecimiento y desarrollo de la infraestructura que integra el Sistema Metropolitano para la explotación, captación, conducción, distribución y disposición final de las aguas destinadas a la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, aguas de reuso, saneamiento y disposición final de las aguas dentro la jurisdicción de su competencia." "Artículo 4. Para efecto del presente Acuerdo, el Sistema Metropolitano de Agua es el conjunto de instalaciones públicas y privadas destinadas a la explotación, captación, conducción, distribución y disposición final de las aguas dentro la jurisdicción de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo; así como de aquellos que se adhieran al Instituto; destinadas a la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, aguas de reuso, saneamiento y disposición final a cargo del Instituto, concesionarios y permisionarios de acuerdo a las disposiciones federales, estatales y municipales." "Artículo 5. El Instituto tendrá, en lo general, la representación legal de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo en las materias de su objeto; y tendrá la misma representación respecto de aquellos municipios que se adhieran al mismo." "Artículo 6. El Instituto será el titular y representante legal de los derechos y obligaciones ante las autoridades federales respecto de planes, programas, concesiones y demás actos jurídicos relacionados con la explotación, captación, conducción, distribución y disposición final de las aguas nacionales de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo y de aquellos que se adhieran al mismo." "Artículo 7. El Instituto tendrá el carácter de autoridad ante los usuarios, concesionarios o permisionarios de las instalaciones del Sistema Metropolitano." "Artículo 10. El Instituto tendrá facultades para: I. Planear, proyectar, promover, autorizar y construir la infraestructura pública que requiera el Sistema Metropolitano. II. Regular la captación, dotación y prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, reuso, saneamiento y disposición final del Sistema Metropolitano. III. Supervisar la adecuada prestación de los servicios indicados en el inciso anterior, que sean proporcionados a través de terceros que administren, operen o usen las instalaciones del Sistema Metropolitano, dentro del ámbito de competencia municipal y de acuerdo a la coordinación institucional con las autoridades federales, estatales y municipales. IV. Supervisar que los usuarios, concesionarios y permisionarios del Sistema Metropolitano cumplan en todo lo concerniente a las leyes federales, estatales y municipales que norman los servicios públicos de la materia. V. Las atribuciones que, como Organismo Operador, en términos de los artículos 4 fracción XXV y demás relativos del Título Segundo de las autoridades Estatales y Municipales, Capítulo II, Secciones Primera y Segunda de la Ley de Aguas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se le otorgan; así como las relativas a las funciones de autoridad para realizar los medios de apremio y requerimientos de toda índole a particulares respecto del cumplimiento de las disposiciones legales. (.) IX. Realizar todo tipo de actos que dentro de su competencia le permitan cumplir con su objeto." ". Artículo primero transitorio. El Instituto realizará las funciones de supervisión y vigilancia del Título de Concesión otorgado a Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, SAPI de C.V. para la prestación de los servicios de agua y saneamiento de los municipios de Veracruz y Medellín. Para efectos del Título de Concesión indicado en el párrafo anterior, el Instituto asumirá los derechos y obligaciones que anteriormente detentaba el Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano Veracruz, Boca del Río y Medellín. ." Asimismo, el artículo 40, de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz, dispone: "Artículo 40. Al frente del Organismo Operador habrá un Director quien, además de cumplir con los requisitos que establece la Ley Orgánica del Municipio Libre, deberá contar con experiencia técnica comprobada en materia de aguas, no menor a dos años. El Director será designado y removido por el Ayuntamiento, a propuesta del Órgano de Gobierno, y tendrá las siguientes atribuciones: I. Representar legalmente al organismo, con todas las facultades generales y especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la ley; formular querellas y denuncias, otorgar el perdón judicial, formular posiciones y rendir informes; promover y desistirse del juicio de amparo, así como promover juicio de lesividad; II. Elaborar el programa operativo anual del organismo y someterlo a la aprobación del Órgano de Gobierno; III. Ejecutar el programa operativo anual aprobado por el Órgano de Gobierno; IV. Ordenar la publicación en la Tabla de Avisos y en el periódico de mayor circulación del municipio de que se trate, de las cuotas y tarifas determinadas por el Órgano de Gobierno; V. Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras del organismo para lograr una mayor eficiencia, eficacia y economía del mismo; VI. Celebrar los actos jurídicos de dominio y administración que sean necesarios para el funcionamiento del organismo, previo acuerdo del Órgano de Gobierno; VII. Gestionar y obtener, conforme a la legislación aplicable y previa autorización del Órgano de Gobierno, el financiamiento para obras, servicios y amortización de pasivos, así como suscribir créditos o títulos de crédito, contratos u obligaciones ante instituciones públicas o privadas; VIII. Autorizar las erogaciones correspondientes del presupuesto y someter a la aprobación del Órgano de Gobierno las erogaciones extraordinarias; IX. Ordenar el pago de los derechos por el uso o aprovechamiento de aguas y bienes nacionales inherentes, de conformidad con la legislación aplicable; X. Ejecutar los acuerdos del Órgano de Gobierno; XI. Rendir al Ayuntamiento los informes sobre el cumplimiento de acuerdos de su Órgano de Gobierno; resultados de los estados financieros; avance en las metas establecidas en el programa operativo anual y en los programas de operación aprobados por el Órgano de Gobierno; cumplimiento de los programas de obras y erogaciones en las mismas; presentación anual del programa de labores y los proyectos del presupuesto de ingresos y egresos para el siguiente período; XII. Establecer relaciones de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, de la administración pública centralizada o paraestatal, y las personas de los sectores social y privado, para el trámite y atención de asuntos de interés común; XIII. Ordenar la práctica de visitas domiciliarias, de inspección y de verificación, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y demás legislación aplicable; XIV. Ordenar que se practiquen, en forma regular y periódica, tomas de muestras y análisis del agua; llevar estadísticas de sus resultados y adoptar en consecuencia las medidas adecuadas para optimizar la calidad del agua que se distribuye a la población, así como de la que una vez utilizada se vierta a los cauces o vasos, de conformidad con la legislación aplicable; XV. Imponer sanciones a los usuarios por infracciones a las disposiciones de esta ley; XVI. Resolver el recurso administrativo de revocación que se interponga en contra de sus resoluciones; XVII. Nombrar y remover al personal directivo del organismo, debiendo informar al Órgano de Gobierno en su siguiente sesión; XVIII. Someter a la aprobación del Órgano de Gobierno el proyecto de reglamento interior del organismo; y XIX. Las demás que señale esta Ley y demás legislación aplicable." De la lectura de los aludidos numerales, se desprende que el Instituto Metropolitano del Agua es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con jurisdicción de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, creado como un organismo regulador y supervisor de la conservación, administración, buen uso, crecimiento y desarrollo de la infraestructura que integra el Sistema Metropolitano para la explotación, captación, conducción, distribución y disposición final de las aguas destinadas a la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, aguas de reuso, saneamiento y disposición final a cargo del Instituto, concesionarios y permisionarios de acuerdo con las disposiciones federales, estatales y municipales. Dentro de sus facultades, se encuentra la de regular la captación, dotación y prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, reuso, saneamiento y disposición final del Sistema Metropolitano; así como supervisar la adecuada prestación de esos servicios, que sean proporcionados a través de terceros que administren, operen o usen las instalaciones del Sistema Metropolitano; supervisar que los concesionarios y permisionarios del Sistema Metropolitano cumplan en todo lo concerniente a las leyes federales, estatales y municipales que norman los servicios públicos de la materia. De lo anteriormente expuesto se advierte que el Ayuntamiento Municipal de Veracruz, puede brindar directamente los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, lo cual puede realizar también a través del Organismo Operador denominado Instituto Metropolitano del Agua. No obstante, se concluye que la autoridad responsable se encuentra facultada para participar de manera directa en los aspectos relacionados con la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, no obstante al efecto existe un título de concesión oficial que otorga a una empresa particular (concesionaria) la autorización para prestar directamente dichos servicios, pero sobre todo, la autoriza para llevar a cabo aquéllos actos relacionados con el cobro de los mismos, incluyendo la aplicación del subsidios en los casos de jubilados, pensionados y adultos mayores; la utilización de la tipología y la aplicación de factores en su cobro. Ello es así, porque se advierte que el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, el Título de Concesión que otorgan los Municipios de Veracruz y Medellín, a la empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, SAPI de C.V., para la prestación de los servicios de agua y saneamiento de dichos municipios; documento que no está sujeto a prueba, en atención al principio de derecho plasmado en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que se lee: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Así, la condición número 3 del aludido documento establece: ". Objeto de la Concesión. La Concesión que ampara el presente Título de Concesión tiene por objeto otorgar a su titular los derechos irrevocables para: (a) Administrar, suministrar, distribuir, generar y controlar la cantidad, calidad y continuidad del agua potable, alcantarillado, tratamiento y saneamiento de aguas residuales en la Jurisdicción de la Concesión. (b) Cobrar y recibir todos los ingresos derivados de la Recaudación Tarifaria por la prestación de los servicios concesionados de agua potable, alcantarillado, tratamiento y saneamiento de aguas residuales, de acuerdo a las Tarifas Vigentes. (c) Ejercer las actividades de Cobranza y facturación de las Tarifas Vigentes de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y aguas residuales, de acuerdo a las tarifas vigentes, en nombre y representación del SAS. (d) Prestar los servicios de potabilización, alcantarillado, y saneamiento que a la fecha de la emisión del Aviso de Inicio de Operaciones corresponden prestar a los Municipios de Veracruz y Medellín. (e) Planeación, programación, presupuestación, evaluación, administración de los recursos humanos, financieros y materiales destinados a la prestación de los servicios concesionados de agua y saneamiento en la Jurisdicción de la Concesión. ." Por su parte, las condiciones número 8 y 9 del mismo, disponen: ". 8. Derechos y Obligaciones de la Concesionaria. La Concesionaria será responsable de la prestación de los Servicios Concesionados en los Municipios de Veracruz y Medellín, los cuales de manera enunciativa y no limitativa se relacionan a continuación: (a) Recaudación Tarifaria de todos los ingresos derivados de la prestación de los Servicios Concesionados de agua potable, alcantarillado, tratamiento y saneamiento de aguas residuales, de acuerdo a las Tarifas Vigentes. (b) Actividad de Cobranza de las Tarifas Vigentes de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y aguas residuales, las cuales ejercerá en nombre y representación del SAS. (c) Actualización del Padrón de Usuarios de los Servicios Concesionados y del inventario de las redes e instalaciones, así como de los planos correspondientes. (d) Dotación de Agua Potable a la Población de la Jurisdicción, con la calidad para su consumo de acuerdo a las normas de la Secretaría de Salud, debiendo disponer de todo lo necesario para proporcionar dicho servicio. (e) Tratamiento de las Aguas Residuales de acuerdo a las disposiciones que sobre la materia establece la Comisión Nacional del Agua. (f) Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica, tales como instalaciones de captación, conducción y distribución de agua potable y demás Instalaciones y Equipos. (g) Mantenimiento de micro-medidores (hidrómetros); así como la colocación y reemplazo planeado de los mismos. La Concesionaria no será responsable por los hidrantes de combate a incendio y sus conexiones; sin embargo, los hidrantes o tomas que sean destinados a abastecimiento de agua a la población si serán administrados por la Concesionara. (h) Uso y aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles del Dominio Público destinados a la prestación de los Servicios Concesionados, que le sean asignados mediante el Contrato de Arrendamiento, para el logro de sus objetivos a los cuales dará el mantenimiento que requieran para su conservación; comprometiéndose a darles exclusivamente el uso en comendado. (i) Los demás que le confieran los Entes Concedentes. En ningún caso las obligaciones a cargo de la Concesionaria podrán exceder de los compromisos y obligaciones asumidas por el Concursante Ganador de la Licitación Pública en la Propuesta Ganadora. En la prestación de los Servicios Concesionados, la Concesionaria dará cumplimiento a las disposiciones que impone la Ley de Aguas Nacionales en materia de derechos de agua, dentro del ámbito de su competencia y, en general, a los lineamientos que al respecto imponga la Comisión Nacional del Agua, en el entendido de que, si por ello se derivan inversiones, gastos o costos adicionales a los contenidos en la Propuesta Ganadora se aplicará lo dispuesto en la Condición 21 del presente Título de Concesión. En la prestación de los Servicios Concesionados todos los trabajos que realice procurarán hacer eficiente la operación, administración y funcionamiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de los Municipios de Veracruz y Medellín. ." 9. Metas de Eficiencia. La Concesionaria con el propósito de alcanzar las Metas de Eficiencia, establecidas en el numeral 9.6 de las Bases de Licitación, deberá ejecutar los Programas de Inversiones de acuerdo con los plazos propuestos en la Propuesta Ganadora de la Licitación Pública. El SAS podrá solicitar ajustes en las Metas de Eficiencia Propuestas, siempre que los costos adicionales que se generen por estos ajustes sean reconocidos a través de la Condición 21 del presente Título de Concesión. La Concesionaria deberá recuperar el Certificado de Calidad del Agua para consumo humano, otorgado por la Secretaría de Salud, mismo que deberá estar refrendado anualmente." Asimismo, los artículos 99, 100, último párrafo, 104 y 105 de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz, establecen lo siguiente: "Artículo 99. El órgano de gobierno, o su equivalente, del Organismo Operador, así como los concesionarios, aprobarán las cuotas y tarifas para el cobro de los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales a su cargo. En todo caso, las cuotas y tarifas se determinarán y actualizarán por el prestador de los servicios acatando las metodologías que al efecto expida el Consejo. Estas metodologías establecerán los parámetros y su interrelación para el cálculo de las tarifas medias de equilibrio, con base en la fórmula general que se define en el siguiente artículo." "Artículo 100. (.) El órgano de gobierno del organismo operador, o el concesionario podrán, a su juicio otorgar subsidios por cuanto al pago de los servicios que regula esta Ley, a particulares de escasos recursos económicos, dependencias o entidades federales, estatales o municipales, instituciones educativas o de asistencia pública o privada." "Artículo 104. El cálculo de las cuotas por consumo de agua potable se efectuará aplicando la tarifa al número de metros cúbicos consumidos. Para estos efectos, el prestador de servicio determinará el consumo de agua por medio de la lectura de los aparatos medidores. Cuando no se pueda determinar el volumen de agua, como consecuencia de la descompostura del medidor por causas no imputables al usuario, la tarifa de agua se pagará conforme a la cantidad de metros cúbicos usados en promedio de los tres últimos períodos, o en su defecto, del último periodo pagado, en los casos que determine el reglamento." "Artículo 105. La determinación y pago de la cuota por consumo de agua se realizará por períodos mensuales y se deberá efectuar dentro del mes siguiente al periodo que se cubre." De las condiciones del título de concesión y los dispositivos transcritos, se desprende que a la empresa concesionaria prestadora de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, corresponde: cobrar, facturar y recibir todos los ingresos derivados por la prestación de esos servicios, conforme a las tarifas vigentes; otorgar subsidios por cuanto a su pago, a particulares de escasos recursos económicos; determinar y actualizar las cuotas y tarifas, acatando las metodologías que al efecto expida el Consejo Consultivo del organismo Operador; calcular las cuotas por consumo de agua potable, aplicando las tarifas vigentes; así como recuperar el certificado de calidad del agua para consumo humano otorgado por la Secretaría de Salud, con su refrendo anual. Por todo lo anterior, se concluye que la autoridad responsable a otorgado a una diversa autoridad facultades para participar en los aspectos relacionados con la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, dado que para ello se otorgó un título de concesión oficial en el que se autorizó a la empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, SAPI de C.V., para llevar a cabo todos los actos relacionados con el cobro de esos servicios, aplicando para ello las tarifas vigentes, utilizando los factores de actualización respectivos y, pudiendo, en su caso, otorgar los subsidios correspondientes; además de recabar el certificado de calidad del agua para consumo humano. No pasa inadvertido que el artículo 95, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, establezca que en el cobro de las cuotas o tarifas por concepto de servicios de agua potable y alcantarillado a pensionistas y jubilados, viuda o concubina de éstos, así como a los adultos mayores de sesenta y cinco años y, personas con discapacidad física, el Ayuntamiento podrá disminuir el cincuenta por ciento sobre la cuota o tarifa correspondiente, siempre que se cumplan ciertos requisitos. No obstante, como se vio con antelación, en el caso, el Ayuntamiento del Municipio de Veracruz concesionó la prestación de esos servicios a la empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, SAPI de C.V., a la cual, conforme al propio título de concesión y al último párrafo del numeral 100 de la Ley de Aguas aludida, se facultó para que, a su juicio, otorgue subsidios por el pago de tales servicios; de allí, que tal facultad haya sido trasladada por el Ayuntamiento de Veracruz a la empresa prestadora de los servicios de que se trata y, por tanto, sea a ésta a quien le compete ejercerla. CONCLUSIÓN En ese contexto, debe decirse que, la parte quejosa Martha Torres Zacarías, Octaviano Velasco Ramírez y Alberta Bustamante Domínguez, fueron omisos en acreditar que efectivamente residen en en la zona donde indican habitar o sean parte integrante de la colonia "La Pochota", en donde se dice no cuentan con pavimentación y guarnición. Por otra parte, no se demostró en los autos del presente juicio que carezcan del servicio público de drenaje y alcantarillado. Finalmente debe decirse que, no se aportó prueba idónea, técnica-científica con conocimientos técnicos especializados a efecto de acreditar el hecho relacionado con los actos reclamados en esta instancia constitucional que así lo evidenciara. En consecuencia lo procedente es negar el amparo solicitado. SEXTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 61, fracción XII, 63, fracción IV y V, 73, 74, 77 y 79 todos de la aplicable Ley de Amparo; se,RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Consuelo Tejeda Lezama, Martha Liliana Trujillo Torres, Marcos Trujillo Torres y Naara Isabel Velasco Bustamante, en contra de los actos y autoridades señaladas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Martha Torres Zacarías, Octaviano Velasco Ramírez y Alberta Bustamante Domínguez, contra el acto y autoridad precisada en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente sentencia. TERCERO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese en términos de Ley.

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