Consuelo Picos Bastidas

Expediente 429/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
429/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
03/08/2021

Partes del expediente

  • Consuelo Picos Bastidas

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que el promovente recurrió el auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, en el que se desechó su demanda de garantías, dentro del término previsto por el artículo 98, de la Ley de Amparo, considerando que ésta fue notificada el quince siguiente, quedando comprendido dicho plazo del diecinueve al veintitrés de los citados mes y año, se declara que el aludido acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su artículo 21, inciso b), procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, una vez que transcurra el periodo de conservación; toda vez que se desechó la demanda al ser notoriamente improcedente.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por María de Jesús Velázquez Quiñonez, en su carácter de apoderada legal de Consuelo Picos Bastidas (personalidad que se le reconoce en términos de la copia certificada del poder general para pleitos y cobranzas contenido en la escritura pública 10,163), contra el acto del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el número 429/2021-IV-2. Improcedencia De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. El citado precepto 113, del cuerpo normativo en cita, establece: ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De ello se sigue que el juzgador debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, y admitir a trámite demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia de que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora bien, en la especie la parte quejosa señaló como acto reclamado el auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en el que se omitió admitir el recurso de revocación parcial interpuesto contra el auto de dos de junio de dos mil veintiuno, que ordenó la suspensión del incidente de inejecución de sentencia por prescripción negativa de la sentencia ejecutoria de segunda instancia de veintisiete de marzo de dos mil nueve, en el toca de apelación 120/2009 relativo al expediente 219/2008, del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad. Además, de los antecedentes que expresó bajo protesta de decir verdad la parte quejosa se colige lo siguiente: Gregorio Delgado Urías, demandó a Consuelo Picos Bastidas, por el Pago de honorarios profesionales e intereses al 9% anual sobre la cantidad que resulte de honorarios, conforme a la Ley de Aranceles para los Abogados del Estado de Sinaloa, radicándose el juicio en el Expediente 219/2008, del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, de este Distrito Judicial. En el Expediente 219/2008 se dicta sentencia definitiva con fecha diez de noviembre de dos mil ocho, la que se confirma en sentencia de segunda instancia en el toca de apelación 120/2009, con fecha veintisiete de marzo de dos mil nueve. Posteriormente, en la etapa de ejecución de sentencia, la quejosa interpuso incidente de inejecución de sentencia por prescripción negativa, el cual fue admitido por auto de fecha doce de mayo de veintiuno. Empero, la parte actora y/o demandada incidental, promovió recurso de revocación en contra de ese auto, el cual fue admitido por auto de dos de junio de dos mil veintiuno; asimismo, en ese mismo auto suspendió el procedimiento por un término de sesenta días hábiles, de conformidad con el artículo 46 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa. Contra esta determinación, la quejosa interpuso recurso de revocación parcial, cuya responsable fue omisa de admitir en el auto reclamado de veintiocho de junio del año en curso. En esa tesitura, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; numerales que son del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;. De los preceptos transcritos, se colige que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, emitidos fuera de juicio o después de concluido; asimismo, la propia norma establece que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo (i) contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, las que ordenan el archivo definitivo del expediente; en cuyo caso se podrán hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución final. Asimismo, (ii) el amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dictados en el procedimiento relativo a la ejecución de sentencia, cuando afecten materialmente algún derecho sustantivo de los tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, cuyos efectos ya no se pueden reparar en el curso del procedimiento del que se derivan; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en alguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate, pues la privación de sus derechos ya no se puede remediar posteriormente, lo cual impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Apoya lo anterior la tesis jurisprudencial P./J. 108/2010, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 163152, que dice: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Precisado lo anterior, la demanda de amparo que nos ocupa y su aclaración, deviene improcedente porque, por una parte, el acto reclamado en el que se omitió admitir el recurso de revocación parcial interpuesto por la quejosa contra el auto de dos de junio de dos mil veintiuno, en el que se ordenó la suspensión del incidente de inejecución de sentencia por prescripción negativa de la sentencia ejecutoria, de conformidad con el artículo 46 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia de origen, pues no es el que (i) aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, (ii) declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni (iii) ordena el archivo definitivo del expediente. Por otra parte, tampoco se trata de un acto que, por sí solo, afecte materialmente algún derecho sustantivo de la parte quejosa (como la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, los derechos de familia, los atributos de la personalidad, etcétera); sino por el contrario, lo que se busca es garantizar los derechos de la parte actora incidentista en el procedimiento de origen, en términos del citado artículo 46 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, que dispone que cuando se acredite en juicio el fallecimiento o la extinción de una de las partes, el proceso quedará suspendido por el tiempo indispensable (sin exceder de sesenta días) para que comparezca un representante legítimo de la sucesión; y en caso de que no comparezca el representante o causahabiente del fallecido, el trámite se seguirá con las reglas del juicio en rebeldía. Máxime que el solo hecho de que, en su caso, el procedimiento de origen quede suspendido por sesenta días, no implica un acto de imposible reparación, pues, se insiste, una vez concluido dicho plazo el procedimiento de ejecución de origen continuará con la asistencia o no del representante o causahabiente de la fallecida; en lo relativo al recurso de revocación interpuesto por la parte demandada incidentista en contra del proveído que admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia por prescripción negativa promovido por la parte quejosa María de Jesús Velázquez Quiñonez, en su carácter de apoderada legal de Consuelo Picos Bastidas Apoya lo anterior, por las razones que informa, la tesis IV.2o.C.55 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 167805, que dice: ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO ES EL SIMPLE RETARDO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2003, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 99/2004, publicada en la página 5 del Tomo XX, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de octubre de 2004, cuyo rubro es: "COSA JUZGADA. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DESESTIMA ESA EXCEPCIÓN SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL).", determinó que para analizar si una violación acaecida en el curso del procedimiento es o no de imposible reparación, el juzgador debe proceder de la siguiente manera: a) Discernir si el acto reclamado afecta directa e inmediatamente derechos sustantivos que prevén las garantías individuales contenidas en la Constitución General de la República; b) Que en la hipótesis de que las consecuencias del acto no afectaran dichos derechos sustantivos, debe valorar si con ellas se afecta o no a las partes en grado predominante o superior, puesto que de arribarse a la convicción de que tampoco colma esta afectación exorbitante, sería improcedente el amparo indirecto, debiendo el gobernado esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo; c) Que por regla general, una violación formal o procesal produce una afectación exorbitante a las partes durante el juicio (que la identifica como de imposible reparación), cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que significan una situación especial dentro del procedimiento de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio del orden común, bien para asegurar su desarrollo con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien, porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso o innecesario del juicio; d) Precisar que la afectación que produzca el acto intraprocesal reclamado, a fin de que amerite su impugnación en amparo indirecto, debía ser en grado extraordinario o sobresaliente; e) Que la anterior precisión era necesaria, toda vez que las tesis que sobre el tema sustenta el más Alto Tribunal del país, se fundaban de manera explícita o implícita en el artículo 17 de la Constitución Federal; y, f) Pero que no obstante lo anterior, era igualmente cierto que no todas las violaciones procesales que puedan encontrar fundamento en el señalado artículo 17 constitucional, a través de las normas adjetivas secundarias o derivadas podían, jurídicamente, ser impugnadas en amparo indirecto, pues ello haría interminables los juicios ordinarios y tornaría inútil un aspecto básico del amparo directo. En el mismo sentido y siguiendo los lineamientos fijados en la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2003, la Segunda Sala del referido Tribunal Constitucional, al resolver la contradicción de tesis 38/2007-PL, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 593, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO.", sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente: "... el retardo en la impartición de justicia ... por sí sola, no podría justificar la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que por ello se viole el principio de justicia pronta.". Establecido lo anterior, la resolución de segunda instancia que revoca el auto mediante el cual el Juez de primer grado cita a las partes para oír sentencia, no constituye un acto procesal de imposible reparación ya que, de la decisión tomada por el tribunal de alzada no depende la suerte de todo el juicio, ni tampoco puede hablarse del desarrollo ocioso de un proceso, cuando éste ya se agotó, aunado a que el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, en tanto que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal que menciona el quejoso. Sin que ello implique estado de indefensión a la parte quejosa, pues quedan expeditos sus derechos para, en su momento, impugnar la resolución final que se dicte en el procedimiento de ejecución de origen, en el que podrá hacer valer las violaciones procesales que hayan trascendido a dicha resolución final. Desechamiento En estas condiciones, con apoyo en el numeral 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, SE DESECHA la demanda de amparo promovida por María de Jesús Velázquez Quiñonez, en su carácter de apoderada legal de Consuelo Picos Bastidas, contra el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, residente en esta ciudad. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Doctor Carvajal, número 1501, esquina calle Ángel Flores, colonia Centro, en esta ciudad. Designación de autorizados. Con apoyo en la parte final del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizado de la parte quejosa únicamente para oír notificaciones e imponerse da los autos al licenciado Héctor Manuel Navarro Romero, por no tener su cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Uso de medios electrónicos. Las partes podrán imponerse de autos mediante el empleo de cámaras fotográficas o cualquier otro dispositivo electrónico, en aras del ejercicio de sus derechos procesales con mayor celeridad y sencillez; empero, con la salvedad de aquellas piezas documentales que sean clasificadas por sus emisores como confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o cualquier otro ordenamiento de naturaleza análoga, caso en el cual, quien esto provee, previo análisis de la información de que se trate en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, podrá permitir el acceso a las partes, exclusivamente respecto de aquélla que se considere esencial para su defensa, sin que de ser el supuesto, ésta última pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Resulta orientador al respecto el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de dos mil quince, tomo II, página 1830, registro 2008986, del rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Integración del expediente electrónico. Por otra parte, en términos del artículo 3º, de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria encargada del trámite del presente juicio para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse o a presentarse en el expediente en que se actúa, así como en el incidente de suspensión o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental que llegara a derivar del mismo, a fin de que ambos coincidan en su totalidad; dicha instrucción también se hace extensiva a los actuarios adscritos a este juzgado de distrito, en relación con las actuaciones que les correspondan realiza. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. Autorización de copias. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se autoriza la expedición de copias simples y/o certificadas que solicite cualquier interesado con personalidad jurídica reconocida en este expediente, de las constancias que obren el mismo, previa razón de recibo que se deje en autos, salvo que se trate de información clasificada como reservada o confidencial, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual no podrá ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. En la inteligencia de que para su obtención, se ceñirán las reglas del sistema de citas y solo podrán, de momento, ser expedidas los días jueves de ocho y media a diez de la mañana, dada la limitación del personal asignado para la jornada presencial escalonada. Devolución de documentos. Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, se autoriza la devolución de los documentos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes, previa copia certificada y razón que de su recibo se deje en autos; sin que la presente autorización sustituya la valoración documental y subsecuente vista personal para que dentro del plazo de noventa días recojan los documentos originales que exhiban en el juicio, la que deberá realizarse al ordenar el archivo del expediente. Ingreso a las instalaciones. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos de los Acuerdos Generales 21/2020, artículo 3° y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19 .

  3. Principal

    De conformidad con lo dispuesto en el numeral 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica por lista para conocimiento de la parte quejosa, la determinación de fecha nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual en síntesis se acordó: Vista la demanda de amparo signada por María de Jesús Velázquez Quiñonez, en su carácter de apoderada legal de Consuelo Picos Bastidas (personalidad que se le reconoce en términos de la copia certificada del poder general para pleitos y cobranzas contenido en la escritura pública 10,163), contra el acto del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el número 429/2021-IV-2. Improcedencia De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. El citado precepto 113, del cuerpo normativo en cita, establece: ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De ello se sigue que el juzgador debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, y admitir a trámite demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia de que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora bien, en la especie la parte quejosa señaló como acto reclamado el auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en el que se omitió admitir el recurso de revocación parcial interpuesto contra el auto de dos de junio de dos mil veintiuno, que ordenó la suspensión del incidente de inejecución de sentencia por prescripción negativa de la sentencia ejecutoria de segunda instancia de veintisiete de marzo de dos mil nueve, en el toca de apelación 120/2009 relativo al expediente 219/2008, del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad. Además, de los antecedentes que expresó bajo protesta de decir verdad la parte quejosa se colige lo siguiente: Gregorio Delgado Urías, demandó a Consuelo Picos Bastidas, por el Pago de honorarios profesionales e intereses al 9% anual sobre la cantidad que resulte de honorarios, conforme a la Ley de Aranceles para los Abogados del Estado de Sinaloa, radicándose el juicio en el Expediente 219/2008, del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, de este Distrito Judicial. En el Expediente 219/2008 se dicta sentencia definitiva con fecha diez de noviembre de dos mil ocho, la que se confirma en sentencia de segunda instancia en el toca de apelación 120/2009, con fecha veintisiete de marzo de dos mil nueve. Posteriormente, en la etapa de ejecución de sentencia, la quejosa interpuso incidente de inejecución de sentencia por prescripción negativa, el cual fue admitido por auto de fecha doce de mayo de veintiuno. Empero, la parte actora y/o demandada incidental, promovió recurso de revocación en contra de ese auto, el cual fue admitido por auto de dos de junio de dos mil veintiuno; asimismo, en ese mismo auto suspendió el procedimiento por un término de sesenta días hábiles, de conformidad con el artículo 46 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa. Contra esta determinación, la quejosa interpuso recurso de revocación parcial, cuya responsable fue omisa de admitir en el auto reclamado de veintiocho de junio del año en curso. En esa tesitura, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; numerales que son del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;. De los preceptos transcritos, se colige que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, emitidos fuera de juicio o después de concluido; asimismo, la propia norma establece que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo (i) contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, las que ordenan el archivo definitivo del expediente; en cuyo caso se podrán hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución final. Asimismo, (ii) el amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dictados en el procedimiento relativo a la ejecución de sentencia, cuando afecten materialmente algún derecho sustantivo de los tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, cuyos efectos ya no se pueden reparar en el curso del procedimiento del que se derivan; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en alguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate, pues la privación de sus derechos ya no se puede remediar posteriormente, lo cual impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Apoya lo anterior la tesis jurisprudencial P./J. 108/2010, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 163152, que dice: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Precisado lo anterior, la demanda de amparo que nos ocupa y su aclaración, deviene improcedente porque, por una parte, el acto reclamado en el que se omitió admitir el recurso de revocación parcial interpuesto por la quejosa contra el auto de dos de junio de dos mil veintiuno, en el que se ordenó la suspensión del incidente de inejecución de sentencia por prescripción negativa de la sentencia ejecutoria, de conformidad con el artículo 46 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia de origen, pues no es el que (i) aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, (ii) declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni (iii) ordena el archivo definitivo del expediente. Por otra parte, tampoco se trata de un acto que, por sí solo, afecte materialmente algún derecho sustantivo de la parte quejosa (como la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, los derechos de familia, los atributos de la personalidad, etcétera); sino por el contrario, lo que se busca es garantizar los derechos de la parte actora incidentista en el procedimiento de origen, en términos del citado artículo 46 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, que dispone que cuando se acredite en juicio el fallecimiento o la extinción de una de las partes, el proceso quedará suspendido por el tiempo indispensable (sin exceder de sesenta días) para que comparezca un representante legítimo de la sucesión; y en caso de que no comparezca el representante o causahabiente del fallecido, el trámite se seguirá con las reglas del juicio en rebeldía. Máxime que el solo hecho de que, en su caso, el procedimiento de origen quede suspendido por sesenta días, no implica un acto de imposible reparación, pues, se insiste, una vez concluido dicho plazo el procedimiento de ejecución de origen continuará con la asistencia o no del representante o causahabiente de la fallecida; en lo relativo al recurso de revocación interpuesto por la parte demandada incidentista en contra del proveído que admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia por prescripción negativa promovido por la parte quejosa María de Jesús Velázquez Quiñonez, en su carácter de apoderada legal de Consuelo Picos Bastidas Apoya lo anterior, por las razones que informa, la tesis IV.2o.C.55 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 167805, que dice: ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO ES EL SIMPLE RETARDO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2003, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 99/2004, publicada en la página 5 del Tomo XX, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de octubre de 2004, cuyo rubro es: "COSA JUZGADA. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DESESTIMA ESA EXCEPCIÓN SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL).", determinó que para analizar si una violación acaecida en el curso del procedimiento es o no de imposible reparación, el juzgador debe proceder de la siguiente manera: a) Discernir si el acto reclamado afecta directa e inmediatamente derechos sustantivos que prevén las garantías individuales contenidas en la Constitución General de la República; b) Que en la hipótesis de que las consecuencias del acto no afectaran dichos derechos sustantivos, debe valorar si con ellas se afecta o no a las partes en grado predominante o superior, puesto que de arribarse a la convicción de que tampoco colma esta afectación exorbitante, sería improcedente el amparo indirecto, debiendo el gobernado esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo; c) Que por regla general, una violación formal o procesal produce una afectación exorbitante a las partes durante el juicio (que la identifica como de imposible reparación), cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que significan una situación especial dentro del procedimiento de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio del orden común, bien para asegurar su desarrollo con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien, porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso o innecesario del juicio; d) Precisar que la afectación que produzca el acto intraprocesal reclamado, a fin de que amerite su impugnación en amparo indirecto, debía ser en grado extraordinario o sobresaliente; e) Que la anterior precisión era necesaria, toda vez que las tesis que sobre el tema sustenta el más Alto Tribunal del país, se fundaban de manera explícita o implícita en el artículo 17 de la Constitución Federal; y, f) Pero que no obstante lo anterior, era igualmente cierto que no todas las violaciones procesales que puedan encontrar fundamento en el señalado artículo 17 constitucional, a través de las normas adjetivas secundarias o derivadas podían, jurídicamente, ser impugnadas en amparo indirecto, pues ello haría interminables los juicios ordinarios y tornaría inútil un aspecto básico del amparo directo. En el mismo sentido y siguiendo los lineamientos fijados en la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2003, la Segunda Sala del referido Tribunal Constitucional, al resolver la contradicción de tesis 38/2007-PL, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 593, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO.", sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente: "... el retardo en la impartición de justicia ... por sí sola, no podría justificar la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que por ello se viole el principio de justicia pronta.". Establecido lo anterior, la resolución de segunda instancia que revoca el auto mediante el cual el Juez de primer grado cita a las partes para oír sentencia, no constituye un acto procesal de imposible reparación ya que, de la decisión tomada por el tribunal de alzada no depende la suerte de todo el juicio, ni tampoco puede hablarse del desarrollo ocioso de un proceso, cuando éste ya se agotó, aunado a que el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, en tanto que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal que menciona el quejoso. Sin que ello implique estado de indefensión a la parte quejosa, pues quedan expeditos sus derechos para, en su momento, impugnar la resolución final que se dicte en el procedimiento de ejecución de origen, en el que podrá hacer valer las violaciones procesales que hayan trascendido a dicha resolución final. Desechamiento En estas condiciones, con apoyo en el numeral 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, SE DESECHA la demanda de amparo promovida por María de Jesús Velázquez Quiñonez, en su carácter de apoderada legal de Consuelo Picos Bastidas, contra el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, residente en esta ciudad. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Doctor Carvajal, número 1501, esquina calle Ángel Flores, colonia Centro, en esta ciudad. Designación de autorizados. Con apoyo en la parte final del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizado de la parte quejosa únicamente para oír notificaciones e imponerse da los autos al licenciado Héctor Manuel Navarro Romero, por no tener su cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Uso de medios electrónicos. Las partes podrán imponerse de autos mediante el empleo de cámaras fotográficas o cualquier otro dispositivo electrónico, en aras del ejercicio de sus derechos procesales con mayor celeridad y sencillez; empero, con la salvedad de aquellas piezas documentales que sean clasificadas por sus emisores como confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o cualquier otro ordenamiento de naturaleza análoga, caso en el cual, quien esto provee, previo análisis de la información de que se trate en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, podrá permitir el acceso a las partes, exclusivamente respecto de aquélla que se considere esencial para su defensa, sin que de ser el supuesto, ésta última pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Resulta orientador al respecto el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de dos mil quince, tomo II, página 1830, registro 2008986, del rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Integración del expediente electrónico. Por otra parte, en términos del artículo 3º, de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria encargada del trámite del presente juicio para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse o a presentarse en el expediente en que se actúa, así como en el incidente de suspensión o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental que llegara a derivar del mismo, a fin de que ambos coincidan en su totalidad; dicha instrucción también se hace extensiva a los actuarios adscritos a este juzgado de distrito, en relación con las actuaciones que les correspondan realiza. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. Autorización de copias. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se autoriza la expedición de copias simples y/o certificadas que solicite cualquier interesado con personalidad jurídica reconocida en este expediente, de las constancias que obren el mismo, previa razón de recibo que se deje en autos, salvo que se trate de información clasificada como reservada o confidencial, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual no podrá ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. En la inteligencia de que para su obtención, se ceñirán las reglas del sistema de citas y solo podrán, de momento, ser expedidas los días jueves de ocho y media a diez de la mañana, dada la limitación del personal asignado para la jornada presencial escalonada. Devolución de documentos. Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, se autoriza la devolución de los documentos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes, previa copia certificada y razón que de su recibo se deje en autos; sin que la presente autorización sustituya la valoración documental y subsecuente vista personal para que dentro del plazo de noventa días recojan los documentos originales que exhiban en el juicio, la que deberá realizarse al ordenar el archivo del expediente. Ingreso a las instalaciones. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos de los Acuerdos Generales 21/2020, artículo 3° y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19 .

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,966 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano