Consuelo Neria Torres
Expediente 761/2018 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 761/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 27/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Consuelo Neria Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Juicio de Amparo Directo
Visto lo de cuenta, se declara consentida la determinación que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Con testimonio de dicha resolución, notifíquese a la autoridad responsable. Toda vez que en el presente asunto no falta notificación alguna y no contiene relevancia documental ni documentos originales, se ordena su archivo como concluido, previas anotaciones de ley. Por ello, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, específicamente en los puntos de acuerdo decimoprimero, vigésimo y vigesimoprimero, se concluye que este expediente es susceptible de ser DEPURABLE, ni es catalogado de relevancia documental, histórica o jurídica. Por tanto, transcurridos cinco años de archivado el presente expediente procédase a su depuración.
- Juicio de Amparo Directo
SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL AUTO DE DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL LE SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE TERCERA INTERESADA EN EL AMPARO DIRECTO 761/2018 DEL ÍNDICE DE ESTE TRIBUNAL, LA RESOLUCÍON DE CUMPLIMIENTO DE VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, DICTADA POR ESTE ÓRGANO COLEGIADO EN EL CITADO AMPARO Y QUE ES DEL TENOR SIGUIENTE: En veintiséis de abril del dos mil diecinueve, la Secretaria de Estudio da cuenta al magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con el estado procesal de autos. Conste. Toluca, Estado de México. Veintiséis de abril del dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se constata que el presente juicio de amparo directo se encuentra en su etapa de cumplimiento. El artículo 192 de la ley de la materia establece que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas; que cuando causa ejecutoria una sentencia dictada en amparo directo el tribunal la notificará sin demora a las partes; que a la autoridad responsable la requerirá para que la cumpla dentro del plazo de tres días, bajo apercibimiento que de no hacerlo sin justa causa, se le impondrá una multa y el expediente se remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el caso, la sentencia se dictó el doce de diciembre de dos mil dieciocho, y el once de febrero de dos mil diecinueve, se requirió su cumplimiento; así, la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, comunicó a este tribunal que realizó lo necesario al efecto, lo que se procede a corroborar de la siguiente manera: a) La resolución que conlleva el cumplimiento se dictó el siete de marzo de dos mil diecinueve. b) La protección constitucional se otorgó para los siguientes efectos: b.1. La autoridad responsable dictara una nueva resolución en la que dejara insubsistente la reclamada; b.2. En la nueva que emitiera, reiterara aquellas consideraciones relativas a la contestación de los agravios de los actores reconvencionales respecto de la acción de usucapión, donde los desestimó y confirmó la improcedencia de dicha acción. b.3. Partiera de la consideración que los medios de prueba que ofrecieron los codemandados resultaron insuficientes para tener por acreditada la posesión derivada que afirmaron detentar sobre el bien inmueble materia de la litis. b.4. Hecho lo anterior, procediera a examinar los agravios hechos valer por la apelante (actora principal), en relación con la acción principal reivindicatoria, y con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que en derecho correspondiera. En la especie, la responsable, mediante oficio cuatrocientos dieciséis de doce de febrero de dos mil diecinueve, acusó recibo del oficio 1046/2019, del día anterior, así como de diversas constancias procesales concernientes al juicio de amparo directo 761/2018; dejó insubsistente el acto reclamado y solicitó una prórroga de quince días para dar cumplimiento a la ejecutoria federal, la cual le fue concedida el diecinueve posterior. A través oficio seiscientos cuarenta de siete de marzo subsecuente, remitió copias certificadas de la nueva sentencia dictada ese mismo día, en el toca de apelación 540/2018, con las que sostiene el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En auto de trece de marzo de dos mil diecinueve, dicha determinación se hizo del conocimiento de las partes quejosa y tercera interesada; quienes no desahogaron la vista. La sentencia la dictó fuera del término que se le concedió en auto de once de febrero de dos mil diecinueve; sin embargo, ello atendió a la prórroga que le fue concedida en diverso proveído de diecinueve de ese propio mes y año, en ella: 1. Emitió una resolución en la que dejó insubsistente la resolución reclamada. 2. En la nueva que emitió, reiteró aquellas consideraciones relativas a la contestación de los agravios de los actores reconvencionales respecto de la acción de usucapión; en relación con los cuales sostuvo lo siguiente: a) Los recurrentes alegaron, en esencia, que con el material probatorio que aportaron al sumario quedaron debidamente acreditadas sus pretensiones; sin embargo, omitieron precisar las pruebas en específico y su alcance en la sentencia de fondo. b) Por lo que no bastaba que dichos recurrentes señalaran que en autos existían pruebas que sustentaban su pretensión, sino que atento a la causa de pedir, tenían la obligación de señalar cuál era concreto ese material probatorio al que se referían y el alcance que tendría en la resolución. c) Por tanto, estimó que se trataba de alegaciones dogmáticas, y por ende, calificó de inoperantes los agravios relativos. d) En relación con el primero de ellos, en donde dichos apelantes esgrimieron que les causaba agravio el considerando I de la sentencia de fondo combatida, por violaciones al procedimiento, al no acordar favorable el litisconsorcio pasivo necesario respecto de la acción de usucapión, en relación con quien representara los derechos de **********; el tribunal de alzada sostuvo que de actuaciones judiciales con valor probatorio pleno, el proveído de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, en el cual, en lo que interesa, se advertía que, al respecto, la juez natural ya se había pronunciado, es decir, en el auto de que se trataba, en esencia, determinó que no era necesario llamar a juicio a la citada sucesión, toda vez que esta no detentaba la posesión del inmueble de referencia, determinación que adquirió firmeza procesal al no ser materia de impugnación; luego, consideró no era dable analizarlos, habida cuenta que se vulneraría el principio de seguridad jurídica. e) Consecuentemente, estimó que los puntos de disenso analizados devenían jurídicamente ineficaces para modificar o revocar la sentencia impugnada, habida cuenta que tenían sustento en un aspecto que quedó firme, es decir, tal tema ya había sido objeto de estudio y resolución; por ende, consideró que los litigantes consintieron que en la especie no era necesario llamar a juicio a la sucesión a bienes de **********, toda vez que esta no detentaba la posesión del inmueble de referencia. f) Agregó que el fallo recurrido no adolecía del principio de congruencia, ni era posible efectuar un nuevo estudio de una figura jurídica ya resuelta. Que, en contraste, se actuaría indebidamente de abordarlos, pues atento al principio de preclusión y de seguridad jurídica, ya no debían analizarse tales cuestiones, en razón de que los demandados en el principal, apelantes en esa instancia, ya habían tenido la oportunidad de hacer valer sus inconformidades y no lo hicieron. Por lo tanto, calificó de ineficaces los agravios correspondientes. 3. Partió de la consideración que los medios de prueba que ofrecieron los codemandados resultaron insuficientes para tener por acreditada la posesión derivada que afirmaron detentar sobre el bien inmueble materia de la litis, en atención a que: a) Los codemandados ********** y **********, de apellidos **********, manifestaron que poseían el bien inmueble controvertido en forma derivada junto con su madre **********, porque le fue entregado a su finado padre por la parte actora en forma voluntaria mediante un contrato verbal desde el ********** de ********** de **********, y a efecto de acreditar sus manifestaciones ofrecieron y se admitieron las pruebas consistentes en: i) La confesional a cargo de **********(sic); ii) La testimonial a cargo de ********** y **********, de apellidos **********; iii) Las documentales públicas consistentes en la copia certificada del acta de defunción de **********, así como el acta de matrimonio celebrado entre ********** y **********; iv) Las documentales privadas consistentes en seis notas de remisión en favor de **********, de mil novecientos noventa y ocho, por concepto de material de construcción; v) La documental privada consistente en el avalúo inmobiliario de uno de abril de dos mi diecisiete, expedido a solicitud de ********** por la empresa **********, a través del ingeniero **********; vi) La presuncional en su doble aspecto, legal y humana; y, vii) La instrumental de actuaciones. b) Sin embargo, del examen de la confesional, **********, a través de su mandatario **********, negó que hubiera otorgado su consentimiento para que desde el ********** de ********** de **********, su hijo ********** y su nuera ********** vivieran en el domicilio ubicado en calle ********** número **********, colonia **********, en Toluca, Estado de México. -En cuanto al desahogo de la testimonial a cargo de ********** y **********, de apellidos **********, de si bien advirtió que ambos reiteraron que su hermana y sus sobrinos vivían en el domicilio desde mil novecientos noventa y tres, es decir, hacía veinticinco años; ello era insuficiente para tener por acreditada la celebración del contrato verbal entre ********** y **********, toda vez que no refirieron circunstancias de modo, tiempo y lugar en que lo celebraron. c) Respecto de las documentales públicas, consistentes en las copias certificadas de las actas de defunción de **********, el acta de matrimonio, el acta de nacimiento de **********, el acta de nacimiento de **********, si bien se trataban de documentos públicos a los que se les debía conceder valor probatorio; también lo era que tales documentales resultaban insuficientes para tener por acreditada la posesión derivada del inmueble materia del juicio reivindicatorio. d) Tampoco podría afirmarse que de la contestación a la demanda de ********** al hecho uno, y de la contestación de los codemandados ********** y **********, de apellidos **********, a la prestación marcada con la letra A), fueran suficientes para considerar que la posesión de los demandados con respecto al bien inmueble ubicado en calle ********** número **********, **********, Toluca, Estado de México, fuera derivada. e) En consecuencia, si los codemandados refirieron que se les prestó el inmueble, entonces se carecía de elementos para determinar que la posesión de aquellos era derivada, al referir que el origen de su posesión era un contrato verbal que celebró su esposo y padre de sus hijos (codemandados), mediante el cual la actora les prestó el inmueble para vivir de manera indefinida, por lo cual, el carácter de su posesión sería en todo caso a ruego o precaria, pero no derivada. f) Además, que en la contestación a la demanda y en la reconvención, únicamente mencionaron la fecha de celebración del contrato, pero no precisaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que se efectuó dicho acto y menos aún refirieron su contenido obligacional; lo que era insuficiente para justificar la calidad con la que señalaron poseían el inmueble controvertido. 4. Del examen de los agravios hechos valer por la apelante (actora principal) en relación con la acción reivindicatoria, realizó las siguientes consideraciones: a) Destacó que, en cuanto al nombre de dicha recurrente, esta promovió en el juicio de origen como **********, sin embargo, al momento en que los demandados ********** y **********, de apellidos **********, presentaron el certificado de libertad o existencia de gravámenes, se advertía que el inmueble materia de la litis se encontraba inscrito a favor de ********** viuda de **********, lo que sirvió de sustento a la juzgadora para determinar la falta de identidad en la persona de la actora, motivo por el cual estimó que fue errónea la consideración de la juez al determinar que ".los diversos nombres de ********** y ********** VIUDA DE **********, la identifican y que los ha utilizado indistintamente. Luego, no existe identidad entre la persona (sic) que aparecen los documentos basales citados, con la persona que insta a juicio." -Por consiguiente, se apartó de la consideración realizada por la juez de origen para declarar improcedente la acción reivindicatoria, y declarar fundado el motivo de disenso correspondiente. -Así, consideró que para la procedencia de la acción reivindicatoria, era necesario, demostrar tener la propiedad del bien, la posesión de este por su contraparte y la identidad respectiva. b) En ese sentido, estimó que el primero de los elementos estaba acreditado, ya que la demandante en el juicio principal exhibió el instrumento notarial **********, en el cual constaba una relación sucinta de las diligencias de información de dominio que promovió con la finalidad de que fuera declarada propietaria del inmueble de referencia, y que dicho procedimiento se radicó bajo el expediente 1250/1984, en el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, y que al dictarse sentencia el treinta de agosto de ese mismo año, fue declarada propietaria del inmueble en cita, al que concedió valor probatorio pleno, porque en él constaba que **********adquirió la propiedad del inmueble cuya reinvindicación demandó, ubicado en calle ********** número **********, anteriormente número **********, planta **********, entre las calles ********** y privada **********, en **********, Toluca, Estado de México, con las medidas y colindancias precisadas en el fallo, el cual coincidía con el bien reclamado en la demanda, por lo que era inconcuso que acreditó la propiedad del mismo. c) El segundo de los elementos para la procedencia de la acción consistente en acreditar que los codemandados estaban en posesión de la cosa, se encontraba acreditado, ya que la parte demandada en el juicio principal y actores en la acción reconvencional, confesaron expresamente que se encontraban en posesión del inmueble de marras; confesión expresa a la que le concedió valor probatorio pleno, para evidenciar dicho elemento. d) El tercer elemento de la acción reivindicatoria, consistente en la identidad del inmueble, se dividía en dos clases: formal y material; la identidad formal se acreditó con el título de propiedad exhibido por la parte actora en el juicio principal como documento base. En cuanto a la identidad material, también la tuvo por acreditada, ya que la parte enjuiciada aseguró que poseía el bien en litigio derivado de una posesión derivada, y no obstante que controvirtió la identidad, reconvino la usucapión, lo cual hacía prueba plena en su contra, además, que la enjuiciada, al contestar la demanda principal y en los hechos de la reconvención, confesó estar en posesión del inmueble controvertido, por lo que no existía duda de que se demostró el último elemento constitutivo de la acción, es decir, que tenía en posesión el inmueble objeto del litigio. e) Luego, en virtud de que la parte actora en el juicio principal cumplió con su carga procesal, estimó procedente la acción reivindicatoria y, por ende, declaró que ********** tenía pleno dominio respecto del inmueble controvertido. Posteriormente, analizó las excepciones hechas valer por la parte demandada en el principal, a efecto de no dejarla en estado de indefensión, las cuales calificó de infundadas por diversas consideraciones. Finalmente, advirtió que en el caso no se actualizaba alguna de las hipótesis a que se refería el artículo 1.227 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, motivo por el cual no había lugar a decretar condena al pago de costas procesales en primera instancia. De ese modo, determinó modificar la sentencia impugnada respecto de la acción principal para el efecto de: i) Declarar que**********demostró la acción real reivindicatoria que ejerció en contra de **********, ********** y **********, de apellidos **********, quienes no justificaron sus defensas y excepciones; ii) Que la primera citada era propietaria y tenía el dominio absoluto sobre el bien raíz controvertido; iii) Condenar a la parte demandada para que en un plazo de ocho días contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación que se realizara a las partes de la llegada de los autos al juzgado del conocimiento, hiciera entrega a la actora en el juicio principal del inmueble en cita, con sus frutos y accesiones, con el apercibimiento para el caso de no hacerlo, de que se procedería a su ejecución por la vía de apremio; iv) Declarar procedente la vía utilizada para la substanciación del juicio en el que ********** y **********, de apellidos **********, no demostraron su acción real de prescripción adquisitiva que ejercitaron en contra de **********, quien opuso defensas y excepciones; v) Absolver a esta última de todas las prestaciones reclamadas; y, vi) No condenar en costas en primera instancia. Tampoco condenó al pago de costas en esa segunda instancia. Para mejor comprensión, se elabora el siguiente cuadro comparativo: EFECTOS DE LA EJECUTORIA. RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO. 1. La autoridad responsable dictara una nueva resolución en la cual dejara insubsistente la reclamada. 2. En la nueva que emitiera, reiterara aquellas consideraciones relativas a la contestación de los agravios de los actores reconvencionales respecto de la acción de usucapión, donde los desestimó y confirmó la improcedencia de dicha acción. 3. Partiera de la consideración que los medios de prueba que ofrecieron los codemandados resultaron insuficientes para tener por acreditada la posesión derivada que afirmaron detentar sobre el bien inmueble materia de la litis. 4. Hecho lo anterior, procediera a examinar los agravios hechos valer por la apelante (actora principal), en relación con la acción principal reivindicatoria, y con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que en derecho correspondiera. 1. Mediante oficio cuatrocientos dieciséis de doce de febrero de dos mil diecinueve, informó a este tribunal que dejó insubsistente la resolución reclamada. 2. En la nueva que emitió, reiteró aquellas consideraciones relativas a la contestación de los agravios de los actores reconvencionales respecto de la acción de usucapión; en relación con los cuales sostuvo lo siguiente: a) Los recurrentes alegaron, en esencia, que con el material probatorio que aportaron al sumario quedaron debidamente acreditadas sus pretensiones; sin embargo, omitieron precisar las pruebas en específico y su alcance en la sentencia de fondo. b) Por lo que no bastaba que dichos recurrentes señalaran que en autos existían pruebas que sustentaban su pretensión, sino que atento a la causa de pedir, tenían la obligación de señalar cuál era concreto ese material probatorio al que se referían y el alcance que tendría en la resolución. c) Por tanto, estimó que se trataba de alegaciones dogmáticas, y por ende, calificó de inoperantes los agravios relativos. d) En relación con el primero de ellos, en donde dichos apelantes esgrimieron que les causaba agravio el considerando I de la sentencia de fondo combatida, por violaciones al procedimiento, al no acordar favorable el litisconsorcio pasivo necesario respecto de la acción de usucapión, en relación con quien representara los derechos de **********; el tribunal de alzada sostuvo que de actuaciones judiciales con valor probatorio pleno, el proveído de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, en el cual, en lo que interesa, se advertía que, al respecto, la juez natural ya se había pronunciado, es decir, en el auto de que se trataba, en esencia, determinó que no era necesario llamar a juicio a la citada sucesión, toda vez que esta no detentaba la posesión del inmueble de referencia, determinación que adquirió firmeza procesal al no ser materia de impugnación; luego, consideró no era dable analizarlos, habida cuenta que se vulneraría el principio de seguridad jurídica. e) Consecuentemente, estimó que los puntos de disenso analizados devenían jurídicamente ineficaces para modificar o revocar la sentencia impugnada, habida cuenta que tenían sustento en un aspecto que quedó firme, es decir, tal tema ya había sido objeto de estudio y resolución; por ende, consideró que los litigantes consintieron que en la especie no era necesario llamar a juicio a la sucesión a bienes de **********, toda vez que esta no detentaba la posesión del inmueble de referencia. f) Agregó que el fallo recurrido no adolecía del principio de congruencia, ni era posible efectuar un nuevo estudio de una figura jurídica ya resuelta. Que, en contraste, se actuaría indebidamente de abordarlos, pues atento al principio de preclusión y de seguridad jurídica, ya no debían analizarse tales cuestiones, en razón de que los demandados en el principal, apelantes en esa instancia, ya habían tenido la oportunidad de hacer valer sus inconformidades y no lo hicieron. Por lo tanto, calificó de ineficaces los agravios correspondientes. 3. Partió de la consideración que los medios de prueba que ofrecieron los codemandados resultaron insuficientes para tener por acreditada la posesión derivada que afirmaron detentar sobre el bien inmueble materia de la litis, en atención a que: a) Los codemandados ********** y **********, de apellidos **********, manifestaron que poseían el bien inmueble controvertido en forma derivada junto con su madre **********, porque le fue entregado a su finado padre por la parte actora en forma voluntaria mediante un contrato verbal desde el ********** de ********** de **********, y a efecto de acreditar sus manifestaciones ofrecieron y se admitieron las pruebas consistentes en: i) La confesional a cargo de **********(sic); ii) La testimonial a cargo de ********** y **********, de apellidos **********; iii) Las documentales públicas consistentes en la copia certificada del acta de defunción de **********, así como el acta de matrimonio celebrado entre ********** y **********; iv) Las documentales privadas consistentes en seis notas de remisión en favor de **********, de mil novecientos noventa y ocho, por concepto de material de construcción; v) La documental privada consistente en el avalúo inmobiliario de uno de abril de dos mi diecisiete, expedido a solicitud de ********** por la empresa **********, a través del ingeniero **********; vi) La presuncional en su doble aspecto, legal y humana; y, vii) La instrumental de actuaciones. b) Sin embargo, del examen de la confesional, **********, a través de su mandatario **********, negó que hubiera otorgado su consentimiento para que desde el ********** de ********** de **********, su hijo ********** y su nuera ********** vivieran en el domicilio ubicado en calle ********** número **********, colonia **********, en Toluca, Estado de México. -En cuanto al desahogo de la testimonial a cargo de ********** y **********, de apellidos **********, de si bien advirtió que ambos reiteraron que su hermana y sus sobrinos vivían en el domicilio desde mil novecientos noventa y tres, es decir, hacía veinticinco años; ello era insuficiente para tener por acreditada la celebración del contrato verbal entre ********** y **********, toda vez que no refirieron circunstancias de modo, tiempo y lugar en que lo celebraron. c) Respecto de las documentales públicas, consistentes en las copias certificadas de las actas de defunción de **********, el acta de matrimonio, el acta de nacimiento de **********, el acta de nacimiento de **********, si bien se trataban de documentos públicos a los que se les debía conceder valor probatorio; también lo era que tales documentales resultaban insuficientes para tener por acreditada la posesión derivada del inmueble materia del juicio reivindicatorio. d) Tampoco podría afirmarse que de la contestación a la demanda de ********** al hecho uno, y de la contestación de los codemandados ********** y **********, de apellidos **********, a la prestación marcada con la letra A), fueran suficientes para considerar que la posesión de los demandados con respecto al bien inmueble ubicado en calle ********** número **********, **********, Toluca, Estado de México, fuera derivada. e) En consecuencia, si los codemandados refirieron que se les prestó el inmueble, entonces se carecía de elementos para determinar que la posesión de aquellos era derivada, al referir que el origen de su posesión era un contrato verbal que celebró su esposo y padre de sus hijos (codemandados), mediante el cual la actora les prestó el inmueble para vivir de manera indefinida, por lo cual, el carácter de su posesión sería en todo caso a ruego o precaria, pero no derivada. f) Además, que en la contestación a la demanda y en la reconvención, únicamente mencionaron la fecha de celebración del contrato, pero no precisaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que se efectuó dicho acto y menos aún refirieron su contenido obligacional; lo que era insuficiente para justificar la calidad con la que señalaron poseían el inmueble controvertido. 4. Del examen de los agravios hechos valer por la apelante (actora principal) en relación con la acción reivindicatoria, realizó las siguientes consideraciones: a) Destacó que, en cuanto al nombre de dicha recurrente, esta promovió en el juicio de origen como **********, sin embargo, al momento en que los demandados ********** y **********, de apellidos **********, presentaron el certificado de libertad o existencia de gravámenes, se advertía que el inmueble materia de la litis se encontraba inscrito a favor de ********** viuda de **********, lo que sirvió de sustento a la juzgadora para determinar la falta de identidad en la persona de la actora, motivo por el cual estimó que fue errónea la consideración de la juez al determinar que ".los diversos nombres de ********** y ********** VIUDA DE **********, la identifican y que los ha utilizado indistintamente. Luego, no existe identidad entre la persona (sic) que aparecen los documentos basales citados, con la persona que insta a juicio." -Por consiguiente, se apartó de la consideración realizada por la juez de origen para declarar improcedente la acción reivindicatoria, y declarar fundado el motivo de disenso correspondiente. -Así, consideró que para la procedencia de la acción reivindicatoria, era necesario, demostrar tener la propiedad del bien, la posesión de este por su contraparte y la identidad respectiva. b) En ese sentido, estimó que el primero de los elementos estaba acreditado, ya que la demandante en el juicio principal exhibió el instrumento notarial **********, en el cual constaba una relación sucinta de las diligencias de información de dominio que promovió con la finalidad de que fuera declarada propietaria del inmueble de referencia, y que dicho procedimiento se radicó bajo el expediente 1250/1984, en el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, y que al dictarse sentencia el treinta de agosto de ese mismo año, fue declarada propietaria del inmueble en cita, al que concedió valor probatorio pleno, porque en él constaba que **********adquirió la propiedad del inmueble cuya reinvindicación demandó, ubicado en calle ********** número **********, anteriormente número **********, planta **********, entre las calles ********** y privada **********, en **********, Toluca, Estado de México, con las medidas y colindancias precisadas en el fallo, el cual coincidía con el bien reclamado en la demanda, por lo que era inconcuso que acreditó la propiedad del mismo. c) El segundo de los elementos para la procedencia de la acción consistente en acreditar que los codemandados estaban en posesión de la cosa, se encontraba acreditado, ya que la parte demandada en el juicio principal y actores en la acción reconvencional, confesaron expresamente que se encontraban en posesión del inmueble de marras; confesión expresa a la que le concedió valor probatorio pleno, para evidenciar dicho elemento. d) El tercer elemento de la acción reivindicatoria, consistente en la identidad del inmueble, se dividía en dos clases: formal y material; la identidad formal se acreditó con el título de propiedad exhibido por la parte actora en el juicio principal como documento base. En cuanto a la identidad material, también la tuvo por acreditada, ya que la parte enjuiciada aseguró que poseía el bien en litigio derivado de una posesión derivada, y no obstante que controvirtió la identidad, reconvino la usucapión, lo cual hacía prueba plena en su contra, además, que la enjuiciada, al contestar la demanda principal y en los hechos de la reconvención, confesó estar en posesión del inmueble controvertido, por lo que no existía duda de que se demostró el último elemento constitutivo de la acción, es decir, que tenía en posesión el inmueble objeto del litigio. e) Luego, en virtud de que la parte actora en el juicio principal cumplió con su carga procesal, estimó procedente la acción reivindicatoria y, por ende, declaró que ********** tenía pleno dominio respecto del inmueble controvertido. Posteriormente, analizó las excepciones hechas valer por la parte demandada en el principal, a efecto de no dejarla en estado de indefensión, las cuales calificó de infundadas por diversas consideraciones. Finalmente, advirtió que en el caso no se actualizaba alguna de las hipótesis a que se refería el artículo 1.227 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, motivo por el cual no había lugar a decretar condena al pago de costas procesales en primera instancia. De ese modo, determinó modificar la sentencia impugnada respecto de la acción principal para el efecto de: i) Declarar que**********demostró la acción real reivindicatoria que ejerció en contra de **********, ********** y **********, de apellidos **********, quienes no justificaron sus defensas y excepciones; ii) Que la primera citada era propietaria y tenía el dominio absoluto sobre el bien raíz controvertido; iii) Condenar a la parte demandada para que en un plazo de ocho días contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación que se realizara a las partes de la llegada de los autos al juzgado del conocimiento, hiciera entrega a la actora en el juicio principal del inmueble en cita, con sus frutos y accesiones, con el apercibimiento para el caso de no hacerlo, de que se procedería a su ejecución por la vía de apremio; iv) Declarar procedente la vía utilizada para la substanciación del juicio en el que ********** y **********, de apellidos **********, no demostraron su acción real de prescripción adquisitiva que ejercitaron en contra de **********, quien opuso defensas y excepciones; v) Absolver a esta última de todas las prestaciones reclamadas; y, vi) No condenar en costas en primera instancia. Tampoco condenó al pago de costas en esa segunda instancia. Del anterior cuadro comparativo se advierte certeza sobre el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por este tribunal. En esas condiciones, la responsable cumplió cabalmente la ejecutoria de amparo; sin que este tribunal advierta exceso o defecto en el cumplimiento. Por tanto, como la sala responsable cumplió con lo determinado en el fallo protector, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, razón por la cual procede ordenar el archivo de este expediente como asunto concluido, una vez que cause estado la presente resolución. Notifíquese, personalmente tanto a la parte quejosa como a la parte tercera interesada. Así lo acordó y firma el magistrado Willy Earl Vega Ramírez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, ante la secretaria con quien actúa, licenciada María Gabriela Toledo Martínez. Doy fe.
- Juicio de Amparo Directo
Vista la certificación de cuenta, en cumplimiento al Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que en lo que interesa establece que corresponde a esta presidencia proveer sobre el cumplimiento que la responsable dio a la ejecutoria de amparo, procédase a emitir el pronunciamiento respectivo.
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