Consuelo Mijangos Guzmán y Otros.
Expediente 458/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 458/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Consuelo Mijangos Guzmán y Otros.
- Consuelo Mijangos Guzmán
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo dictado en este juicio de garantías el ocho de enero del año en curso, por el que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia constitucional; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para todos los efectos legales. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido; Se destaca que en este juicio no se formaron cuadernos de suspensión, ni se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Por otra parte, como el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese y cúmplase. III-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, ocho de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesado y del informe justificado rendido por la Síndica Procuradora y Hacendaria y representante del Honorable Cabildo Municipal, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, advirtiéndose de la constancia certificada que la citada autoridad responsable adjuntó como justificación de su informe, la que tiene pleno valor probatorio en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que procede decretar el sobreseimiento en este juicio fuera de audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184572, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, de la demanda que dio origen a este juicio, se advierte que las quejosas Consuelo Mijangos Guzmán y Ana Bertha Mijangos Sosa, reclamaron del Cabildo del Ayuntamiento Municipal, residente en esta ciudad, su omisión de dar contestación a su oficio presentado de seis de noviembre de dos mil diecisiete. Por su parte, la autoridad responsable, mediante oficio sin número, de quince de noviembre de dos mil diecisiete, dio contestación al mismo, el cual fue notificado a las quejosas el veintiocho de ese mes y año, por el notificador habilitado adscrito a dicha autoridad responsable. Ahora bien, el artículo 8o. constitucional contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: a) Dictar el acuerdo correspondiente y; b) Que se comunique en breve término ese proveído al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Por tanto, aun cuando llegare a estimarse que la autoridad recurrente cumplió con el primero de los requisitos formales, al turnar el escrito de petición suscrito por el agraviado a la autoridad correspondiente, por tratarse de un asunto de su exclusiva competencia, si no acredita en forma fehaciente que se dio a conocer en breve término el contenido del proveído en cuestión al quejoso, por medio de notificación personal o a través del acuse de recibo del Servicio Postal Mexicano que contenga la firma autógrafa del peticionario de garantías, es evidente que no se dio cabal cumplimiento al segundo requisito formal contenido en la garantía tutelada por el artículo 8o. de la Carta Magna. Como ya se vio, la garantía tutelada por el citado artículo constitucional contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar a fin de cumplir cabalmente con el imperativo contenido en el precepto en cita, pues no se agota con el dictado del acuerdo relativo, con lo cual, se colma el primero de ellos, sino que es necesario, además, que la autoridad comunique al interesado en breve término su respuesta conforme a las disposiciones de la ley aplicable que rige el acto, con lo que se actualizaría el segundo de los supuestos nombrados; de ahí que si la responsable estima haber cumplido con la observancia al derecho de petición sólo con la emisión del acuerdo correspondiente y respecto del cual asegura que las interesadas se hicieron sabedoras, es indudable que la violación a la citada garantía subsiste, al no haber dado a conocer al peticionario la determinación obsequiada de manera formal con base en los preceptos aplicables del ordenamiento legal que regula al acto que se reclama, de manera que el parcial proceder de la autoridad responsable conculcaría las garantías del quejoso, cuestión que amerita la concesión del amparo para el efecto de que se cumpla con el segundo de los requisitos mencionados. Sustenta lo anterior la tesis jurisprudencial de la novena época, con número de registro 200908, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, de noviembre de mil novecientos noventa y seis, tesis XX.94 K, página 426, cuyo rubro y texto se leen: "DERECHO DE PETICIÓN. DEBE ACREDITARSE FEHACIENTEMENTE QUE LA RESPONSABLE NOTIFICO EL ACUERDO AL QUEJOSO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 8o. CONSTITUCIONAL. El artículo 8o. constitucional contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: a) dictar el acuerdo correspondiente y b) que se comunique en breve término ese proveído al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto; por tanto, aun cuando llegare a estimarse que la autoridad recurrente cumplió con el primero de los requisitos formales, al turnar el escrito de petición suscrito por el agraviado a la autoridad correspondiente, por tratarse de un asunto de su exclusiva competencia, si no acredita en forma fehaciente que se dio a conocer en breve término el contenido del proveído en cuestión al quejoso, por medio de notificación personal o a través del acuse de recibo del Servicio Postal Mexicano que contenga la firma autógrafa del peticionario de garantías, es evidente que no se dio cabal cumplimiento al segundo requisito formal contenido en la garantía tutelada por el artículo 8o. de la Carta Magna. De igual manera sirve de apoyo, la tesis jurisprudencial de la novena época, con número de registro 205357, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, de abril de mil novecientos noventa y cinco, tesis VIII.2o.3 K, localizable en la página 175, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. DEBE EXISTIR CONSTANCIA DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NOTIFICO EL ACUERDO AL INTERESADO PARA QUE SE ESTIME AGOTADA LA GARANTÍA QUE CONSAGRA EL ARTICULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN. La garantía tutelada por el artículo 8o. constitucional contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar a fin de cumplir cabalmente con el imperativo contenido en el precepto en cita, pues no se agota con el dictado del acuerdo relativo, con lo cual, se colma el primero de ellos, sino que es necesario, además, que la autoridad comunique al interesado en breve término su respuesta conforme a las disposiciones de la ley aplicable que rige el acto, con lo que se actualizaría el segundo de los supuestos nombrados; de ahí que si la responsable estima haber cumplido con la observancia al derecho de petición sólo con la emisión del acuerdo correspondiente y respecto del cual asegura que el interesado se hizo sabedor, es indudable que la violación a la citada garantía subsiste, al no haber dado a conocer al peticionario la determinación obsequiada de manera formal con base en los preceptos aplicables del ordenamiento legal que regula al acto que se reclama, de manera que el parcial proceder de la autoridad responsable conculca las garantías del quejoso, cuestión que amerita la concesión del amparo para el efecto de que se cumpla con el segundo de los requisitos mencionados. Ahora bien, de las constancias de autos, se advierte que la autoridad responsable, mediante oficio sin número, de quince de noviembre de dos mil diecisiete, dio contestación a la petición realizada por las quejosas, mediante escrito datado el seis de noviembre del año en curso, en los siguientes términos: "Salina Cruz, Oaxaca a quince de noviembre de dos mil diecisiete. En atención al escrito signado por Consuelo Mijangos Guzmán y Ana Bertha Mijangos Sosa, mediante el cual solicita a este Ayuntamiento que represento que por Sesión de Cabildo solicite a los Integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, la .expedición de un decreto que autorice una partida para el pago de sus prestaciones contenidas en el laudo de fecha veintiséis de febrero del dos mil quince. Visto su contenido y toda vez que este Ayuntamiento carece de recursos propios para dar cumplimiento al laudo condenatorio, como lo solicitan las promoventes con el fin de dar cumplimiento con la obligación a que fue condenado este Municipio por el pago de la cantidad de $413,318.64 (CUATROCIENTOS TRECE MIL TRECIENTOS DIECIOCHO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M.N.) en el Juicio Laboral número 129/2011 del índice de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, residente en la Ciudad Capital de esta Entidad Federativa, líbrese atento oficio a los Diputados y Diputadas Integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado para que expidan un decreto que autorice una partida especial para el cumplimiento del pago ordenado en la mencionado laudo al que fue condenado este Ayuntamiento Municipal dentro del expediente de que se trata. Así lo acordó y firma la Licenciada Sara Alexandra Flores Mafud. Notifíquese y Cúmplase. LIC. SARA ALEXANDRA FLORES MAFUD. SINDICO PROCURADOR Y HACENDARIO Y REPRESENTANTE LEGAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ, OAXACA. Por otro lado se advierte que la determinación del Cabildo Municipal de Salina Cruz, Oaxaca, fue notificada a las quejosas, el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, en el domicilio indicado por las mismas, pues en la diligencia respectiva se asentó lo siguiente: En la Ciudad y Puerto de Salina Cruz, Oaxaca., siendo las nueve horas del día veintiocho de noviembre del año dos mil diecisiete el suscrito notificador habilitado del área jurídica del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional Frumencio Vázquez Díaz, me constituí con las formalidades de ley en el domicilio para oír y recibir notificaciones señalado por Consuelo Mijangos Guzmán y Ana Bertha Mijangos Sosa, sito en Avenida Jiquilpan número 7, esquina con Calle Manzanillo, Colonia Cuauhtémoc, en esta Ciudad, y cerciorado que este es el domicilio por una placa que tiene la leyenda de la calle y enseguida se encuentra un despacho con el número 7 y por lo que al pasar a esa oficina se encontraba presente las dos personas que se buscan, quienes son enteramente conocidas por el suscrito ya que son personal administrativo desempeñando su cargo en la comandancia municipal de esta ciudad, quienes se negaron a identificarse, por, lo que enseguida procedí a notificarles el acuerdo de fecha quince de noviembre del año en curso, dictado por la Síndico Procurador y Hacendaria y Representante Legal del Ayuntamiento de esta Ciudad, la cual le di lectura integra, por lo que una en pos de otra manifestaron quedar enteradas del acuerdo que se le notifica, pero que no firman por no creerlo conveniente, por lo que se concluye la presente diligencia retornando a las oficinas del área jurídica. LIC. FRUMENCIO VÁZQUEZ DÍAZ. NOTIFICADOR HABILITADO. En consecuencia, toda vez que se ya dio contestación a la petición formulada por las quejosas Consuelo Mijangos Guzmán y Ana Bertha Mijangos Sosa, de fecha seis de noviembre de dos mil diecisiete, y notificada la misma a estas el veintiocho de ese mes y año, es inconcuso que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé que el juicio es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal, se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional, quedando sin efecto la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la misma. Funda lo expuesto, en lo conducente, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, que aparece publicada en la página trescientos trece, del tomo XIV, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 210237, cuyo rubro y texto son como sigue: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y personalmente a los quejoso. III-B
- Principal
Salina cruz, Oaxaca, catorce de diciembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el informe justificado rendido por la Sindica Procuradora y Hacendaria y Representante del Cabildo Municipal, con residencia en esta ciudad; con lo anterior, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan uso de sus derechos, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las once horas con cincuenta y cinco minutos del dieciséis de enero de dos mil dieciocho, para llevarla a cabo. Notifíquese. III-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca; dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. DATOS DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Consuelo Mijangos Guzmán y Ana Bertha Mijangos Sosa, por propio derecho, contra el acto atribuido al Cabildo del Ayuntamiento Municipal, con residencia en esta ciudad, que hace consistir en: "IV. PRIMER ACTO RECLAMADO. La abstención de la Autoridad señalada como responsable, de acordar nuestro oficio de fecha 6 de los corrientes y recibido en la misma fecha, ante la Unidad Receptora de la Secretaría Municipal del Ayuntamiento de ésta Ciudad y Puerto, dejando con su proceder inactivo por tiempo indefinido, el juicio laboral principal número 129/2011, del índice de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, motivo por el cual solicitamos el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. V. SEGUNDO ACTO RECLAMADO. FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El trece de noviembre del año en curso, en virtud de que hasta esa fecha no se nos ha notificado en nuestro domicilio señalado en autos, ningún acuerdo en donde se colija que la responsable le esté danto trámite a nuestro oficio de fecha 6 de los corrientes y recibido en la misma fecha, ante la Unidad Receptora de la Secretaría Municipal del Ayuntamiento de ésta Ciudad y Puerto. " Con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 6°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 116, 117, y relativos aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo de que se trata con el número 458/2017. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin tramitarse incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. SOLICITUD DE INFORMES. Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la única autoridad responsable su informe justificado, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, donde expondrá las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y en su caso, la improcedencia del juicio o la actualización de alguna causa de sobreseimiento, y según el caso, acompañará copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Además, se requiere a la autoridad responsable que manifieste si en el procedimiento de donde emana el acto reclamado, se ha tramitado diverso juicio de protección y de ser así, señale ante cuál autoridad federal se radicó el mismo. Con el mismo fundamento referido, se le apercibe que de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado, es decir, quince días, o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, o de no comunicar las causas notorias de sobreseimiento que se produzcan, con fundamento en los artículos 17 Constitucional, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en congruencia con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las once horas con cincuenta y cinco minutos del catorce de diciembre de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional; en términos del precepto 115 de la Ley de Amparo. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. Dése la intervención que corresponda al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO A LOS TERCEROS INTERESADOS. Por el momento no existe certeza de la existencia del tercero interesado; sin embargo en el supuesto de advertirse dicha figura del informe recabado, este órgano jurisdiccional acordará lo conducente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda de amparo, y como autorizados para oír y recibir notificaciones a Germán Flores Márquez, Octavio Villalobos Cabrera y Leonel Villalobos Ordoñez, en virtud de que en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, no aparecen registradas cédulas profesionales alguna a su favor, que los faculte legalmente a ejercer la profesión de licenciados en derecho, sin perjuicio de que una vez que acredite tal carácter con la documental idónea, se les tenga por autorizados en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo. PRUEBAS Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la prueba documental que anuncia en la demanda de amparo, la que dada su naturaleza, en este acto se desahoga, sin perjuicio de relacionarla al dictarse sentencia. APERCIBIMIENTO. Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que la autoridad señalada como responsable no exista, o bien, la denominación que indica no sea la correcta, con fundamento en el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que le impone la obligación de precisar en la demanda la autoridad o autoridades responsables, sin ulterior acuerdo, se dejará de tenerla con tal carácter y cesará toda comunicación con ella, lo anterior, acorde con el principio consagrado por el artículo 17 Constitucional, de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dése cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. LEY DE TRANSPARENCIA. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. III-B
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