Consuelo Manriquez Brown
Expediente 1162/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 21 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1162/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 31/01/2022
Partes del expediente
- Consuelo Manriquez Brown
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Incidental
Mexicali, Baja California, a treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que se declaró consentido el cumplimiento al fallo protector dictado en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto, lo conducente es, de igual manera enviarlo al archivo definitivo. Garantía. No se exhibió. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, conforme al artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales; lo anterior, dado que se concedió la suspensión provisional y definitiva en el presente asunto, mientras que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, al término de seis meses, de haberse ordenado el presente archivo, conforme con el diverso artículo 20, fracción II, inciso b), del propio acuerdo. Certificación de carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del expediente original de suspensión contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", mientras que el duplicado "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Anotaciones y archivo. En tal virtud, dado que se advierte que no existe trámite pendiente; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno relativo y archívese este asunto como totalmente concluido. Notifíquese. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, conforme al artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales; lo anterior, dado que se concedió la suspensión provisional y definitiva en el presente asunto, mientras que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, al término de seis meses, de haberse ordenado el presente archivo, conforme con el diverso artículo 20, fracción II, inciso b), del propio acuerdo. Certificación de carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del expediente original de suspensión contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", mientras que el duplicado "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad.
- Principal
Mexicali, Baja California, a treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Cumplimiento consentido. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto recurso de inconformidad en contra de la resolución en la que se declaró cumplido el fallo protector; por lo tanto, se declara que dicha determinación ha quedado consentida para todos los efectos legales correspondientes. Documentos originales. No se exhibieron. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de depuración, conforme al artículo 18, inciso b), del citado acuerdo, al haberse concedido la protección constitucional en el presente juicio de amparo. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Certificación de la carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Y TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA *****, NO ATENDIO EL AVISO QUE LE FUE DEJADO EL 3 DE ENERO DE 2022, SE LE HACE EFCTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN EL MISMO Y SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Fallo cumplido. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veintiocho de enero de dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra el acto reclamado a las autoridades responsables. Por lo anterior, se ordenó a las autoridades responsables que procedieran en los términos siguientes: "Séptimo. Efectos de la concesión. En atención a lo fundado de los conceptos de violación, se concede el amparo en contra de la norma impugnada y de sus actos de aplicación, lo que se hace para los efectos siguientes: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, la concesión del amparo implica que se extienda a todas las normas y actos cuya validez dependa de la norma invalidada, lo que se traduce en su inaplicación presente y futura en cuanto a la parte quejosa. En atención a que la parte quejosa solicita la devolución de todos los descuentos efectuados con fundamento en las normas generales reclamadas, cabe precisar que el amparo contra leyes, sólo puede tener efectos presentes y futuros, sin que pueda invalidar los actos anteriores al último acto de aplicación en que se sustentó la procedencia del amparo. Por consiguiente, no serán materia de concesión del amparo los descuentos efectuados con anterioridad al treinta de octubre de dos mil diecinueve. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 112/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página diecinueve, del Tomo X, Noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto, es el siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." Por lo expuesto y fundado, los efectos del amparo se traducen en que las autoridades responsables Director General y Departamento de Nóminas de Pensiones y Jubilaciones, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, realicen lo siguiente: a) Dejen de aplicar en perjuicio de la quejosa Consuelo Manríquez Brown el descuento a la pensión a que se refiere el último párrafo, del artículo 16 y, el diverso 25, ambos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta. b) Devuelvan las cantidades que se hubieran descontado a la parte quejosa Consuelo Manríquez Brown, respecto a su pensión con motivo de la aplicación del último párrafo de los preceptos legales antes mencionados; en el entendido que sólo deberá devolver los descuentos de esos tópicos efectuados desde el treinta de octubre de dos mil diecinueve, fecha en que se efectuó el último acto de aplicación y en que se sustentó la instauración del presente juicio de amparo. En la inteligencia que cualquier otra autoridad que esté relacionada al cumplimiento de este fallo protector, pueda vincularse eventualmente, en virtud que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento. Sirve de apoyo a ese respecto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, toda vez que no se opone a dicha ley, la siguiente jurisprudencia 1a./J. 57/2007, visible en la página 144, mayo dos mil siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO." Finalmente, no pasa inadvertido para quien resuelve, que la presente sentencia se emitió conforme a la normatividad prevista por la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece y, no obstante ello, se aplicaron criterios jurisprudenciales y aislados emitidos con antelación a la actual legislación de amparo; sin embargo, ello no es óbice, dado que el artículo sexto transitorio de aquélla dispone: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Lo que implica que dichos criterios son aplicables, mientras no contravengan lo plasmado en la actual legislación de amparo; de ahí que puedan ser invocados en el presente fallo, a fin de proporcionar soporte jurídico a la determinación adoptada por este Juzgado Federal." Recurso de revisión. Inconforme con dicha resolución, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con el número de amparo en revisión 143/2020-I. Causa ejecutoria y se requiere cumplimiento. Por auto de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la ejecutoria de la superioridad, en la que informó que se confirmó la sentencia recurrida en el recurso de revisión promovido por la autoridad responsable, por lo que, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector. Ahora, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables estuvieron constreñidas a proceder en los términos siguientes: a) Dejar de aplicar en perjuicio de la quejosa Consuelo Manríquez Brown el descuento a la pensión a que se refiere el último párrafo, del artículo 16 y, el diverso 25, ambos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta. b) Devuelvan las cantidades que se hubieran descontado a la parte quejosa Consuelo Manríquez Brown, respecto a su pensión con motivo de la aplicación del último párrafo de los preceptos legales antes mencionados; en el entendido que sólo deberá devolver los descuentos de esos tópicos efectuados desde el treinta de octubre de dos mil diecinueve, fecha en que se efectuó el último acto de aplicación y en que se sustentó la instauración del presente juicio de amparo. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Por oficio recibido en este Juzgado de Distrito y acordado el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, la Delegada autorizada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, remitió el oficio CASL/440/2021 emitido por el Coordinador de Asesoría y Servicios Legales, dirigido al Jefe del Departamento de Nomina de Pensiones y Jubilaciones del mismo instituto del que se desprende que le informaba que ya no se aplicarían los descuentos del último párrafo del artículo 16 y el diverso 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta. Asimismo, por oficio recibido en este Juzgado de Distrito y acordado el treinta de julio de dos mil veintiuno, las responsables remitieron copia simple de los cheques con números de folio 0089592 y 0018045 que corresponden a la devolución de las cantidades por Servicio Médico y Reserva Técnica a la quejosa, ambos con firma autógrafa de recibo correspondiente a la parte quejosa, de fecha diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Vista con cumplimiento. Con dichas constancias remitidas, y demás obrantes en autos, por proveído de treinta de julio del año en curso, se dio vista a la parte quejosa. Desahogo de la vista. Sin que la parte quejosa hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable dejó aplicar los descuentos realizados la parte quejosa a su pensión con motivo de la aplicación del último párrafo del artículo 16 y 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y devolvió las cantidades que se descontaron a la parte gestora del amparo respecto a la aplicación de los mismos, en términos de ordenado en la ejecutoria de amparo; lo que se corrobora con las constancias que obran en autos. Vista a las partes. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Fallo cumplido. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veintiocho de enero de dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra el acto reclamado a las autoridades responsables. Por lo anterior, se ordenó a las autoridades responsables que procedieran en los términos siguientes: "Séptimo. Efectos de la concesión. En atención a lo fundado de los conceptos de violación, se concede el amparo en contra de la norma impugnada y de sus actos de aplicación, lo que se hace para los efectos siguientes: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, la concesión del amparo implica que se extienda a todas las normas y actos cuya validez dependa de la norma invalidada, lo que se traduce en su inaplicación presente y futura en cuanto a la parte quejosa. En atención a que la parte quejosa solicita la devolución de todos los descuentos efectuados con fundamento en las normas generales reclamadas, cabe precisar que el amparo contra leyes, sólo puede tener efectos presentes y futuros, sin que pueda invalidar los actos anteriores al último acto de aplicación en que se sustentó la procedencia del amparo. Por consiguiente, no serán materia de concesión del amparo los descuentos efectuados con anterioridad al treinta de octubre de dos mil diecinueve. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 112/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página diecinueve, del Tomo X, Noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto, es el siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." Por lo expuesto y fundado, los efectos del amparo se traducen en que las autoridades responsables Director General y Departamento de Nóminas de Pensiones y Jubilaciones, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, realicen lo siguiente: a) Dejen de aplicar en perjuicio de la quejosa Consuelo Manríquez Brown el descuento a la pensión a que se refiere el último párrafo, del artículo 16 y, el diverso 25, ambos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta. b) Devuelvan las cantidades que se hubieran descontado a la parte quejosa Consuelo Manríquez Brown, respecto a su pensión con motivo de la aplicación del último párrafo de los preceptos legales antes mencionados; en el entendido que sólo deberá devolver los descuentos de esos tópicos efectuados desde el treinta de octubre de dos mil diecinueve, fecha en que se efectuó el último acto de aplicación y en que se sustentó la instauración del presente juicio de amparo. En la inteligencia que cualquier otra autoridad que esté relacionada al cumplimiento de este fallo protector, pueda vincularse eventualmente, en virtud que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento. Sirve de apoyo a ese respecto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, toda vez que no se opone a dicha ley, la siguiente jurisprudencia 1a./J. 57/2007, visible en la página 144, mayo dos mil siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO." Finalmente, no pasa inadvertido para quien resuelve, que la presente sentencia se emitió conforme a la normatividad prevista por la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece y, no obstante ello, se aplicaron criterios jurisprudenciales y aislados emitidos con antelación a la actual legislación de amparo; sin embargo, ello no es óbice, dado que el artículo sexto transitorio de aquélla dispone: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Lo que implica que dichos criterios son aplicables, mientras no contravengan lo plasmado en la actual legislación de amparo; de ahí que puedan ser invocados en el presente fallo, a fin de proporcionar soporte jurídico a la determinación adoptada por este Juzgado Federal." Recurso de revisión. Inconforme con dicha resolución, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con el número de amparo en revisión 143/2020-I. Causa ejecutoria y se requiere cumplimiento. Por auto de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la ejecutoria de la superioridad, en la que informó que se confirmó la sentencia recurrida en el recurso de revisión promovido por la autoridad responsable, por lo que, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector. Ahora, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables estuvieron constreñidas a proceder en los términos siguientes: a) Dejar de aplicar en perjuicio de la quejosa Consuelo Manríquez Brown el descuento a la pensión a que se refiere el último párrafo, del artículo 16 y, el diverso 25, ambos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta. b) Devuelvan las cantidades que se hubieran descontado a la parte quejosa Consuelo Manríquez Brown, respecto a su pensión con motivo de la aplicación del último párrafo de los preceptos legales antes mencionados; en el entendido que sólo deberá devolver los descuentos de esos tópicos efectuados desde el treinta de octubre de dos mil diecinueve, fecha en que se efectuó el último acto de aplicación y en que se sustentó la instauración del presente juicio de amparo. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Por oficio recibido en este Juzgado de Distrito y acordado el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, la Delegada autorizada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, remitió el oficio CASL/440/2021 emitido por el Coordinador de Asesoría y Servicios Legales, dirigido al Jefe del Departamento de Nomina de Pensiones y Jubilaciones del mismo instituto del que se desprende que le informaba que ya no se aplicarían los descuentos del último párrafo del artículo 16 y el diverso 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta. Asimismo, por oficio recibido en este Juzgado de Distrito y acordado el treinta de julio de dos mil veintiuno, las responsables remitieron copia simple de los cheques con números de folio 0089592 y 0018045 que corresponden a la devolución de las cantidades por Servicio Médico y Reserva Técnica a la quejosa, ambos con firma autógrafa de recibo correspondiente a la parte quejosa, de fecha diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Vista con cumplimiento. Con dichas constancias remitidas, y demás obrantes en autos, por proveído de treinta de julio del año en curso, se dio vista a la parte quejosa. Desahogo de la vista. Sin que la parte quejosa hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable dejó aplicar los descuentos realizados la parte quejosa a su pensión con motivo de la aplicación del último párrafo del artículo 16 y 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y devolvió las cantidades que se descontaron a la parte gestora del amparo respecto a la aplicación de los mismos, en términos de ordenado en la ejecutoria de amparo; lo que se corrobora con las constancias que obran en autos. Vista a las partes. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente.
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