Consuelo Iveth Alejandre Ahumada
Expediente 31/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 31/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Consuelo Iveth Alejandre Ahumada
Actuaciones
- Principal
"...Agréguese a los autos el oficio remitido vía electrónica por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, mediante el cual remite copia digitalizada de la ejecutoria correspondiente a la sesión ordinaria virtual de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, dictada en la queja 48/2023 de su índice; en la que se consigna el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por... contra el proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, pronunciado por el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado, con residencia en Poza Rica, Veracruz, en el cuaderno de amparo 31/2023." Al respecto, se provee: Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente; asimismo, acuse el recibo de estilo a la Superioridad. En ese tenor, se ordena ARCHIVAR el presente asunto como concluido..."
- Principal
"...se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el proveído veinticuatro de enero de dos mil veintitrés."
- Principal
RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 31/2023-I. DESECHAMIENTO Resulta oportuno traer a contexto el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El precepto transcrito autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890 que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, este juzgador considera que en el caso se actualiza se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, aplicada ésta en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa carece del carácter de persona extraña a juicio por haber conocido previamente de la existencia de las diligencias de jurisdicción voluntarias de origen. En efecto, dichas disposiciones normativas establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.]" De la fracción XXIII del artículo 61 invocada, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa de improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de la Materia. Por otra parte, del artículo 107, fracción VI, del mismo ordenamiento legal, se advierte que el juicio de amparo procede contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Entonces, interpretado de forma contraria dicho precepto, se desprende que el juicio constitucional en la vía indirecta resulta improcedente contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas que no tengan el carácter de extrañas en éste. Al respecto se cita, en la idea que resulta jurídica y sustancialmente conducente, la tesis III.2o.C.18 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que dice: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal." Por persona extraña se entiende, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. En ese sentido se cita la jurisprudencia P./J. 7/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Ahora, para evidenciar que a la parte quejosa no le reviste el carácter de extraño al procedimiento de origen, por haber tenido conocimiento previo de su existencia, procede hacer una relación de los antecedes relevantes del acto reclamado y que obran en los hechos que narra en su demanda. ".5.- Me entere que a espalda de nuestra familia y la de mi finado concubino XANATH MARILÚ CRUZ GARRIDO promovió diligencias de jurisdicción voluntarias en la que la declararon la concubina Expediente 76/2022-V del índice Responsable, incluyendo la Resolución de fecha 23 de marzo del 2022, sin que se notificara. 6.- La Tercera interesada se condujo con información falsa para obtener una resolución judicial fuera de la verdad legal, diligencias que ya está utilizando para obtener beneficios de mi finado como concubina. 7- Por lo anterior me apersone mediante incidente a la diligencia 76/2022 del Índice de la responsable. Solicitando a la responsable que se tenga por aceptada e impuesta la presente oposición al procedimiento, derecho, hechos y resolución dictada, y en su lugar se declare que no oponible a los derechos de la suscita y se deje sin efectos la resolución de fecha 23 de marzo de 2022. Ya que No son procedentes las manifestaciones que realiza la parte promovente y desde este momento me opongo al derecho que invoca la actora, tomando en cuenta que no cumple con las formalidades esenciales del procedimiento para el ejercicio de la acción que intenta. 8.- Sin embargo, la Juez Segundo de la ciudad de Papantla, Veracruz tuvo por no interpuesta el incidente de oposición por la suscrita y en fecha 9 de diciembre del 2022 dicto el siguiente acuerdo; PAPANTLA JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EXPEDIENTE-76/2022 PROMOCIÓN 68 ASUNTO INFORMACIÓN TESTIMONIAL RESOLUCIÓN AUTO DESTINO ARCHIVO ACTOR(ES) XANATH MARILU CRUZ GARRIDO DEMANDADO(S SINTESIS FE AGREGA ESCRITO SIN QUE SE TENGA POR INTERPUESTO INCIDENTE DE OPOSIC EJÁNDOSE A SALVO SUS DERECHOS PARA QUE LOS HAGA VALER EN LA VIA Y FORMA QUE CONSIDERE PERTINENTE MESA VI." Que del escrito ofertado ante el juzgado responsable se desprende que se encuentra firmado por su signante, esto es, por Consuelo Iveth Alejandre Ahumada, tal y como se aprecia de la siguiente ilustración: Como también se puede establecer la parte quejosa tuvo conocimiento fehaciente de su existencia desde el cinco de diciembre de dos mil veintidós, por lo cual procedió a interponer incidente de oposición ante el Juzgado de la adscripción de la responsable. Por lo anterior, es factible concluir que la parte quejosa, previo a acudir ante esta instancia de control constitucional, como se dijo, conocía de la existencia del juicio de origen. Circunstancia que despoja del carácter de persona extraña al procedimiento y, por ende, se configura la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI -éste último interpretado en sentido contrario-, ambos de la Ley de Amparo, lo que a su vez impide abordar los conceptos de violación planteados. Esto es, la quejosa hace descansar lo planteado en la demanda de amparo, en el supuesto de no haber conocido del juicio de origen. Sin embargo, se advierte que conoció previamente del mismo, por lo que no puede ahora, en el juicio de amparo, ostentarse con el carácter de extraño, impugnar la falta de llamamiento a juicio y todo lo actuado en el juicio de origen, porque como quedó patentizado ya conocía del mismo desde antes de la fecha de la presentación del escrito por el que interpuso incidente de oposición, tan es así, que lo hizo valer ante la autoridad responsable acompañando para ello copia certificada del escrito de cinco de diciembre del año pasado, donde promovió incidente de oposición y copias certificadas del expediente 345/2021 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familia, con sede en esta ciudad, donde determinaron que Consuelo Iveth Alejandra Humada vivía en concubinato con Raúl Barrios Hernández. En esas circunstancias, al haber comparecido ante aquel desde el cinco de diciembre de dos mil veintidós, perdió el carácter para ostentarse como tercera interesada. Sirve de apoyo, la tesis XXVII.3o.12 C (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito., publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, decima época, Materia común, civil, Libro 11, octubre de 2014, Tomo III, página 2870, de rubro y texto siguientes: JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL OPOSITOR QUE COMPARECE AL PROCEDIMIENTO, NO PUEDE CONSIDERARSE PERSONA EXTRAÑA PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). Conforme a los artículos 834, 837 y 839 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, en el procedimiento de jurisdicción voluntaria sólo es parte material el promovente, de ésta, pero puede comparecer cualquier otra persona que se estime afectada para oponerse a la realización de las diligencias de que se trate quien, además, tiene derecho a interponer el recurso de apelación contra las providencias de jurisdicción voluntaria dictadas, concretamente contra el desechamiento de la oposición planteada. De esta manera, se denota que en el citado ordenamiento procesal se establece un procedimiento regulado por disposiciones jurídicas expresas para llevar a cabo actos concatenados bajo la dirección del Juez de origen, dentro del cual, se contempla a los opositores como partes advenidas al mismo. En este tenor, si el quejoso compareció voluntariamente en calidad de opositor, aun cuando su oposición sea desechada, pierde la calidad de tercero extraño, porque está en aptitud de intervenir e interponer recursos, es decir, ser oído en derecho por el juzgador, por lo que su situación para efectos del juicio de amparo indirecto no se rige por el artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia. Aunado a lo anterior, también se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro del término establecido por el ordinal 17, del cuerpo normativo. Al efecto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Por la importancia que reviste, cabe destacar que el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días que prevé el numeral 17 del cuerpo normativo en cita, para la interposición del juicio de amparo, esto es, a partir del día siguiente: a) A que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) A que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. Resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente a que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por las razones que contiene es aplicable la tesis aislada I.13o.A.36 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, abril de 2005, Materia Común, página 1394, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN, NO DEPENDE DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, SINO DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE ÉL. El artículo 21 de la Ley de Amparo, no señala como criterio para determinar el inicio del cómputo para la presentación de la demanda, el relativo a los efectos del acto reclamado, sino, entre otros, el día siguiente al en que se tuvo conocimiento de él; esto es, el momento en el que un acto surte efectos no es relevante para la temporalidad del juicio de garantías, sino únicamente el acto que los produce, tan es así, que el propio artículo se refiere a la resolución o el acuerdo reclamados, y no a sus efectos, los cuales pueden válidamente ser instantáneos o prolongarse en el tiempo. En este sentido, cobra aplicación el principio general consistente en que donde la ley no distingue, el intérprete no debe hacerlo, por lo que si el citado artículo no distingue entre actos cuyos efectos se realizan en forma instantánea y actos de tracto sucesivo, cuyos efectos se prolongan en el tiempo, es inconcuso que no debe atenderse a dicho criterio diferenciador para determinar el inicio del cómputo legal de quince días."
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