Consuelo Gricel Torres Martínez

Expediente 244/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
244/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
25/04/2022

Partes del expediente

  • Consuelo Gricel Torres Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de abril de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda, en el término legal, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguese la comparecencia de la quejosa ***, por la que ratifica su escrito con el que desahoga las prevenciones que le fueron formuladas en autos. DESECHAMIENTO En principio, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." En el caso que nos ocupa, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y del escrito de desahogo, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: a) La negativa por parte de la Comisión Federal de Electricidad a celebrar tres nuevos contratos de suministro de energía eléctrica a nombre de la quejosa. b) La negativa por parte de las responsables de cancelar el contrato de suministro de energía eléctrica con número de servicio RPU572050504534 a nombre de M. Ángel Aguilar R., por cambio de propietario del inmueble ubicado en avenida Antonio José de Sucre, manzana 85, lote 43 A, fraccionamiento Las Américas, municipio de Ecatepec, Estado de México, código postal 55076. c) El aviso de cobro por ajuste de facturación en el expediente 686/2021, así como el acta circunstanciada de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Ahora bien, respecto a dichos actos, se estima que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción II, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, mismos que enseguida se transcriben: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. ." Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoque los derechos humanos de éstos. En este punto, cabe destacar que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, únicamente se mencionan las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, pero no especifica las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal, exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado diversos criterios a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo, en términos de la legislación de amparo abrogada, los cuales se invocan por analogía. Al respecto, de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la legislación de amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de orden público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados, según se corrobora del contenido de la tesis PXXVII/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, página 118, con rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De lo anterior se tiene que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se expone en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó las notas distintivas que debe revestir un órgano o ente para ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos de la jurisprudencia 2a./J.164/2011, visible en la página 1089 del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del contenido literal siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De igual forma, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Página: 1008, de rubro y texto siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional" Así, de los criterios invocados se colige que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, como relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos, existen las siguientes: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley, de tal modo que ambas están en el mismo nivel; de ahí que exista una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte y el gobernado, que obedecen al actuar de los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución y los tratados internacionales establecen una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad, sin necesidad de acudir a los tribunales, porque con base en disposiciones legales o de hecho, impone obligaciones, modifica las existentes o limita los derechos de los particulares. Dicho de otro modo, en esas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que, si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. Lo anterior significa que el calificativo del acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. En el caso, la promovente reclama de las autoridades la negativa por parte de la Comisión Federal de Electricidad a celebrar tres nuevos contratos de suministro de energía eléctrica, así como la negativa de cancelar el contrato de suministro de energía eléctrica con número de servicio RPU572050504534 a nombre de M. Ángel Aguilar R., por cambio de propietario del inmueble ubicado en avenida Antonio José de Sucre, manzana 85, lote 43 A, fraccionamiento Las Américas, municipio de Ecatepec, Estado de México, código postal 55076, ya que le fue referido que éste tiene un adeudo respecto de dicho servicio; asimismo reclama el aviso de cobro por ajuste de facturación en el expediente 686/2021, así como el acta circunstanciada de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. En relación con este tema, es menester precisar que la Ley de la Industria Eléctrica en sus artículos 4° y 45; así como la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en los numerales 2°, 3°, 5°, fracción III, 7° y 118, disponen lo siguiente: Ley de la Industria Eléctrica "Artículo 4°. El Suministro Eléctrico es un servicio de interés público. La generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia." "Artículo 45. La comercialización comprende una o más de las siguientes actividades: I. Prestar el Suministro Eléctrico a los Usuarios Finales; II. Representar a los Generadores Exentos en el Mercado Eléctrico Mayorista; III. Realizar las transacciones referidas en el artículo 96 de esta Ley, en el Mercado Eléctrico Mayorista; IV. Celebrar los contratos referidos en el artículo 97 de esta Ley, con los Generadores, Comercializadores y Usuarios Calificados Participantes del Mercado; V. Adquirir los servicios de transmisión y distribución con base en las Tarifas Reguladas; VI. Adquirir y enajenar los Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico, con la intermediación del CENACE, y VII. Las demás que determine la CRE (Comisión Reguladora de Energía)." Ley de la Comisión Federal de Electricidad "Artículo 2°. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. La Comisión Federal de Electricidad tendrá su domicilio en el Distrito Federal, sin perjuicio de que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales tanto en territorio nacional como en el extranjero." Artículo 3.- La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética. Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano. Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades siguientes: .III. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de su objeto. Artículo 7.- Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. La Comisión Federal de Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común y deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda. Artículo 118.- Las controversias nacionales en que sean parte la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, quedando exceptuados de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán pactar medios alternativos de solución de controversias, cláusulas o compromisos arbitrales, en términos de la legislación mercantil aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte. Tratándose de actos jurídicos o contratos que surtan sus efectos o se ejecuten fuera del territorio nacional, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán convenir la aplicación del derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objeto. Del análisis sistemático de los preceptos legales citados se colige que el suministro eléctrico es un servicio de interés público cuya generación y comercialización se prestan en un régimen de libre competencia; entre las actividades que comprende la comercialización está la prestación del servicio a los usuarios finales. Por otra parte, la Comisión Federal de Electricidad tiene la naturaleza jurídica de una empresa productiva del Estado propiedad del Gobierno Federal, con los atributos de tener personalidad jurídica y patrimonio propios, que goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, se rige por la ley que lleva su denominación, por su reglamento; además, el derecho mercantil y civil son las normas supletorias. Igualmente, se advierte que la Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto, entre otros, la comercialización de la energía eléctrica para lo cual cuenta con la capacidad jurídica de celebrar con el gobierno Federal, personas morales o físicas toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito, por mencionar algunos, pudiendo incluir en ellos cualquiera de los términos previstos por la legislación mercantil. Asimismo, es importante destacar que las controversias en que sea parte la Comisión y se susciten al interior de la Nación, cualquiera que sea su naturaleza, serán competencia de los tribunales de la Federación, cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de ellos los jueces y tribunales del orden común, con independencia de que se resuelvan por medios alternos de solución de controversias conforme a la legislación mercantil y tratados internaciones en que sea parte el Estado mexicano. En efecto, la Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado sujeta a la ley especial que la regula y en segundo orden, al derecho mercantil y civil; de manera que para cumplir con su objeto de comercializar energía eléctrica, - por ser el que interesa al caso- debe celebrar los actos jurídicos necesarios como contratos, suscripción de títulos de crédito, entre otros; por ende, las controversias que se susciten con motivo de aquéllos se deben ventilar en juicio ordinario ante la potestad competente. Conforme a lo anterior la relación que existe entre la parte quejosa y la Comisión Federal de Electricidad nace de un contrato mercantil, en el seno de una relación de coordinación, como particulares; por consiguiente, dicho organismo no actúa en un plano superior ya que no modifica, crea o extingue por sí y ante sí una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución coercitiva de esa decisión, o bien por ambas; esto es, no constituye un acto de autoridad propiamente dicho, al no tener las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. En ese sentido, los actos reclamados que se atribuyen a las autoridades responsables, carecen del atributo de ser actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que su actuar no se basa en una relación de supra a subordinación con la demandante del amparo, sino que se trata de una relación de coordinación entre particulares para la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, cuyo origen es un contrato celebrado entre ellos, en el que se asumieron derechos y obligaciones. En ese contexto, la solución de una controversia derivada de la comercialización del servicio de energía eléctrica, como lo es, la negativa de expedir tres nuevos contratos con motivo de cambio de titular por un adeudo, realizados por la Comisión Federal de Electricidad, Suministros de Servicios Básicos, su División Valle de México Norte y CFE Distribución, debe resolverse mediante la vía mercantil correspondiente ante los tribunales competentes. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Décima Época, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, Página: 336, publicada de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." Asimismo, resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia V.3o. P.A. J/8 (10ª), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de dos mil diecisiete, Tomo III, Decima Época, página 1796, cuyo rubro y texto es: "ACCESO A LA JUSTICIA. EL HECHO DE QUE LAS LEYES DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, NI SUS REGLAMENTOS, PREVEAN UN RECURSO, JUICIO O MEDIO DE DEFENSA PARA IMPUGNAR CUESTIONES INHERENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, NO ORIGINA UNA VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO RELATIVO. El hecho de que la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, ni sus reglamentos, prevean un recurso, juicio o medio de defensa para impugnar cuestiones inherentes a la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, como el cobro del concepto de "demanda máxima" o "demanda facturable" en el aviso recibo que expide dicha empresa estatal, esa circunstancia no origina una violación al derecho humano de acceso a la justicia, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque aquéllas pueden controvertirse a través del juicio ordinario mercantil ante un Juez de Distrito, en términos del artículo 104, fracción II, constitucional, en relación con el diverso 53 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, o ante un Juez del orden común, a elección del actor, conforme a la legislación de la entidad federativa de que se trate. Lo anterior, en virtud de que para considerar la inconstitucionalidad señalada, no basta que determinado cuerpo normativo no establezca un medio de defensa, si lo contienen otras disposiciones". De lo expuesto, es dable concluir que los actos exclusivamente relacionados con la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica no pueden ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que no existe una relación de supra a subordinación entre la Comisión Federal de Electricidad, con el usuario de tal servicio, sino una relación de coordinación entre la empresa suministradora y los particulares, pues dichos organismos no obran con imperio, característica de los actos de autoridad. Lo anterior, toda vez que los actos reclamados derivan de los derechos y obligaciones que se generan en el marco de la relación contractual de suministro de energía eléctrica, y, por ende, las controversias suscitadas entre las partes a raíz de su celebración deben dilucidarse en la vía mercantil correspondiente, al existir una relación de coordinación entre el indicado organismo y el usuario del servicio. Se afirma lo anterior pues no obstante, la quejosa manifiesta en su demanda que con la negativa de celebrar tres nuevos contratos de suministro de energía eléctrica y la negativa de cancelar el contrato de suministro de energía eléctrica con número de servicio RPU572050504534 a nombre de M. Ángel Aguilar R., por cambio de propietario de inmueble, se conculca su derecho a una vivienda digna y decorosa; lo cierto es que del escrito por el que desahogó las prevenciones formuladas en auto de ocho de marzo del presente año, se desprende que ya existe un contrato de suministro de energía respecto al inmueble que aduce es de su propiedad, por el que se le suministra energía eléctrica al mismo, tan es así que tiene asignado un número de servicio y se encuentra a su nombre, garantizando con ello los derechos que refiere le son vulnerados; por lo que se estima que lo que realmente reclama es la negativa por parte de las autoridades responsables de hacer una separación del contrato existente en cuatro nuevos para el mismo domicilio; así como el cambio de nombre del titular del servicio de energía eléctrica; de ahí que puede considerarse que los actos reclamados no emanan de una relación de supra a subordinación, sino de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. Misma suerte sigue el acto reclamado que hizo consistir en el aviso de cobro por ajuste de facturación en el expediente 686/2021, así como el acta circunstanciada de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, pues no pueden entenderse como actos de autoridad; por el contrario, son consecuencia de todo el cúmulo de derechos y obligaciones que se acuerdan en el contrato de servicio de energía eléctrica que celebró con la responsable, conforme el marco regulatorio que se definió para la industria eléctrica; tal como lo precisó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en concordancia con la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 y la ejecutoria de la que esta deriva, al resolver el amparo en revisión 962/2017 en sesión correspondiente al quince de enero de dos mil veinte, en la que textualmente indicó: ".Es en este contexto que se evidencia lo infundado de los conceptos de violación del recurrente, puesto que al definir la procedencia de este juicio, se determinó que los actos reclamados a la CFE, consistentes en la orden de verificación de los equipos de medición de energía eléctrica no son actos de autoridad. Así, en congruencia con lo decidido por esta propia Sala en la contradicción de tesis 198/2017, los actos de CFE realizados en el marco del suministro básico de energía eléctrica deben ser entendidos y analizados en virtud del mismo contrato de suministro de energía eléctrica y, por tanto, de naturaleza mercantil. Así, el deber de los transportistas y distribuidores de realizar las revisiones respectivas, así como la obligación correlativa de los particulares de permitirlas debe analizarse no desde el punto de vista de las normas que las prevén (supra a subordinación), sino en función de que ese marco regulatorio general de la industria fue retomado y reconocido como una cláusula contractual. Precisamente por ello, se entiende en un plano de igualdad. En otras palabras, y se insiste, en el contexto de los contratos de suministro básico, las órdenes de verificación, así como los reajustes tarifarios que deriven de esas revisiones no pueden entenderse como actos de autoridad. Por el contrario, deben entenderse como una de todo el cúmulo de derechos y obligaciones que se acuerdan en el contrato, tomando en cuenta el marco regulatorio que se definió para la industria eléctrica." Sin que lo anteriormente expuesto, implique obstaculizar los actos necesarios para la defensa de la justiciable ni trastocar sus derechos fundamentales de acceso a la justicia, pues de manera alguna significa que carezca de mecanismos efectivos para impugnar posibles vicios de los actos de Comisión Federal de Electricidad que no se conceptúen como de autoridad, dada la procedencia de la vía mercantil. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción ll, y 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de garantías. Por otra parte, agréguese el escrito de la parte quejosa, por el que reitera la solicitud de notificaciones electrónicas realizada en su escrito por el que desahogó las prevenciones formuladas en autos. En ese sentido, en términos de lo dispuesto en los artículos 26 fracción IV, 30 fracción II, 31 fracciones II y III de la ley de la materia, con relación en el artículo 9 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ésta y las subsecuentes notificaciones consideradas de carácter personal se le practicarán vía electrónica por conducto del usuario "CONSUELO_GRICEL"; en el entendido que la promovente queda obligada a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    se ingresa al SISE, la notificación por lista y por lista en página electrónica a la parte quejosa , de la determinación de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dictada por el juzgado de mi adscripción, al no haberse presentado al local del juzgado la parte citada dentro del término indicado a recibir la notificación correspondiente, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, de la Ley de Amparo Vigente. Doy fe Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el escrito de quien se ostenta como la quejosa ****, mediante el cual pretende desahogar la prevención formulada en autos, sin embargo, toda vez que existen diferencias entre la firma que aparece en el escrito de cuenta y la plasmada en la demanda de amparo, requiérase a la quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado con identificación oficial a ratificar la firma y contenido del ocurso de cuenta; apercibida que, en caso de no hacerlo dentro del plazo concedido para tal efecto, se tendrá por no presentado. En la inteligencia, que deberá comunicarse con el personal del Juzgado al teléfono 5553870500 extensión 1241, a fin de acordar un día y hora dentro de los tres días concedidos para su comparecencia, atendiendo al horario fijado en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 para laborar de manera presencial (7:45 A.M. a 13:45 P.M.) y, posteriormente, deberá realizar una cita en la AgendaOJ que refiere dicho acuerdo, el día indicado por personal adscrito. Lo anterior, sin perjuicio que, si al ratificar la firma del escrito de mérito, se advierte una diferencia notoria entre ésta y la plasmada en el juicio de amparo, este órgano podrá ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad y con ello, la procedencia del juicio de amparo. Determinación que guarda sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 (10a.), de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal en el país, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 09 de junio de 2017 10:15 h, de rubro siguiente: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES." Notifíquese personalmente a la parte quejosa

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio a través del cual el Director de Asuntos Jurídicos del Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México, pretende desahogar el requerimiento contenido en el acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintidós. Ahora bien, en el citado proveído se requirió a la autoridad oficiante que informara lo siguiente: - Cuáles fueron las últimas acciones llevadas a cabo en atención al Programa anual de Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Federal que conforma el Sistema Hidrológico de la Cuenca del Valle de México, donde se contempla el desazolve del Río San Joaquín, así como su reforzamiento en diferentes tramos, de manera específica en el tramo que abarca el inmueble del quejoso ubicado en ***** Cada cuánto se realiza la preservación, limpieza y desazolve del río San Joaquín, así como qué acciones físicas se han llevado a cabo en el último año para tal efecto, así como las que se tengan programadas para el año dos mil veintidós. Al efecto dicha autoridad manifiesta que para acreditar las acciones realizadas únicamente cuenta con los contratos que enlista, los cuales tuvieron lugar en dos mil diecisiete, ello con motivo del Programa Anual de Mantenimiento de Infraestructura Hidráulica Federal. Asimismo indica que en cuanto a la programación del año dos mil veintidós, continuará con el programa de mantenimiento al cuerpo de agua, dándole prioridad a los puntos críticos, dependiendo de la suficiencia presupuestal asignada a la dependencia, además, que tiene considerado el mantenimiento, desazolve y limpieza, incluyendo el tramo en que se ubica la vivienda del quejoso, de conformidad con el Programa de Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Hidráulica del Sistema Hidrológico del Valle de México, para el año dos mil veintidós. En consecuencia, requiérase a dicha autoridad a efecto de que informe las acciones próximas a llevar a cabo en el Río San Joaquín, específicamente en el tramo en que se ubica la vivienda del quejoso, en atención al programa que indica, asimismo, proporcione la forma en que dichas actividades se encuentran calendarizadas, y requiérasele a efecto de que remita las constancias certificadas que acrediten que ha llevado a cabo dichas acciones en el tramo referido, esto es, el ubicado en **** Se apercibe a dicha autoridad que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Se recuerda a la autoridad que el acto aquí reclamado lo constituye la omisión de adoptar y aplicar medidas y políticas públicas tendentes a preservar, prevenir, controlar y restaurar la contaminación del río San Joaquín, particularmente de la parte que corre a la altura de la calle Bosque de Moctezuma, fraccionamiento La Herradura sección 1, Huixquilucan, Estado de México, por lo cual, la información que proporcione deberá ser tendente a aclarar dicho acto reclamado. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.

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