Consuelo González González

Expediente 1589/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1589/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
09/11/2021

Partes del expediente

  • Consuelo González González

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la quejosa hubiere recurrido el auto en que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el numeral 2 de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído causó estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena enviar el presente asunto al archivo de trámite y tomando en consideración que se desechó la demanda, aunado al hecho que no es de relevancia documental, procede determinar que este expediente destruible en un plazo de tres años, contados a partir de este proveído. Por tanto, una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo que antecede, procédase a la destrucción de este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Cabe precisar que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos contenidos en el numeral 15 del Acuerdo General en consulta, motivo por el que no se considera de información reservada, además, no obran en autos documentos originales que devolver.

  2. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, siete de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado actual de los autos, se advierte que para esta fecha se encuentra señalada la audiencia constitucional, luego, tomando en consideración que mediante oficio CCJ/ST/2784/2020 de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informó que con motivo de la readscripción de la Titular de este juzgado, la referida Comisión de Carrera Judicial autorizó a Adolfo Rendón Sotelo para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, a partir del veinticuatro de noviembre del presente año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno referido adscriba titular a este órgano jurisdiccional; por lo tanto, hágase lo anterior del conocimiento de las partes para que de ser el caso puedan hacer valer lo que corresponda. Cobra aplicación la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a./J. 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, Julio de 2010, Tomo XXXII, página 312). Así las cosas, a efecto de que las partes se impongan del contenido del presente acuerdo, se difiere la audiencia prevista para el día de hoy y se fijan en su lugar las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil veinte, se dio vista a las partes, con el informe de la autoridad responsable, Director General de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno en representación del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, residente en esta ciudad. Sin embargo, la notificación de dicho acuerdo, se efectuó por medio de lista de acuerdos, publicada el día veintisiete de octubre de dos mil veinte, la cual surtirá efectos el veintiocho del mismo mes y año en curso; de ahí que el cómputo de ocho días que debe mediar entre la fecha de rendición del informe y la celebración de la audiencia constitucional, no ha transcurrido. En consecuencia, a efecto de no dejar a las partes en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo y 283 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar se fijan las once horas con tres minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veinte, para su verificativo. Visto el escrito presentado por el licenciado César Kublay Quintero Bernal, autorizado de la parte quejosa, agréguese a los autos y se tiene al promovente ofreciendo como pruebas de su parte, las que indica en el escrito de cuenta, respecto de las cuales se acordará lo conducente al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, de conformidad con los numerales 119 y 124, de la ley de la materia. Asimismo, agréguese el diverso escrito del mencionado autorizado, a través del cual precisa que es su deseo aclarar la demanda de amparo, sin modificar conceptos de violación, variar la litis o integrar nuevos elementos. Al efecto, señala que la autoridad responsable realizó una incorrecta fundamentación al emitir el comprobante de pago, pues hizo referencia al numeral 14; empero, el cobro realizado corresponde al supuesto previsto en el numeral 12. Por tal motivo, refiere que aclara la demanda para señalar como acto de autoridad el numeral 14, de la tarifa que contiene el folleto anexo de la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2020, de manera que al Congreso del Estado de Chihuahua le reclama la aprobación y expedición del Decreto LXVI/APLIE/0637/2019 I.P.O. que contiene la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua y su tarifa anexa, que contiene el apartado IV en la que se establece el cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, específicamente, el numeral que contiene la tarifa de $15,000.00 pesos (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N), por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad del inmueble o garantías constituidas sobre éstos, así como también el numeral 14 previsto en la ya citada Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua. En ese tenor, es claro para quien aquí resuelve que lo pretendido por el autorizado de la parte quejosa no constituye una aclaración de demanda, sino una ampliación de la misma, pues a pesar de que arguye que no modifica los conceptos de violación, varia la litis o integra nuevos elementos al juicio de amparo, lo cierto es que agrega o señala como acto de autoridad el numeral 14, de la tarifa que contiene el folleto anexo de la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2020 y reclama al Congreso del Estado de Chihuahua el Decreto antes indicado y el citado numeral. Ahora, el numeral 114 de la Ley de Amparo, establece que cuando la demanda sea irregular o deficiente por alguna de las causas que prevé, es obligación del Juez de Distrito prevenir al promovente para que si lo estima pertinente la subsane o la aclare dentro del término de cinco días, con el apercibimiento correspondiente. Así, del contenido de las constancias que integran este contradictorio federal, se advierte que en ningún momento se previno a la parte quejosa para que aclarara su escrito de demanda, pues ésta contaba con los requisitos previstos en el numeral 114, de la ley de la materia. Lo anterior pone en evidencia que el ahora promovente lo que pretende es realizar una ampliación de la misma, toda vez que solicita que se adecuen las porciones normativas que reclamó en su escrito inicial de demanda a las que la autoridad responsable refirió en el acto concreto de aplicación; sin embargo, esta cuestión debió de hacerla valer en su escrito inicial de demanda o dentro del plazo previsto en el artículo 111, fracción I, de la Ley de Amparo, máxime si desde que presentó la demanda anexó los comprobantes de pago, de cuyo contenido se advierte que le fue aplicado el numeral 14 que ahora pretende incorporar como acto reclamado. Por tanto, se insiste en que lo solicitado por el promovente más que una aclaración de demanda es una ampliación de la misma, de ahí que debió de sujetarse a las disposiciones aplicables a dicha figura procesal. Al respecto, resulta aplicable la tesis 1a. XLII/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 142, del Tomo XV, Junio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, registro: 186785, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LOS DATOS QUE NO HAYAN SIDO MATERIA DEL AUTO POR EL QUE SE MANDÓ ACLARAR, Y QUE EL QUEJOSO MOTU PROPRIO AGREGUE EN EL ESCRITO RESPECTIVO, CONSTITUYEN UNA AMPLIACIÓN DE AQUÉLLA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito se encuentra facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, ya sea porque se hubiese omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, porque no se haya indicado con precisión el acto reclamado o porque no se hubieran exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas a fin de requerir al quejoso para que las subsane, y si no lo hace en el término de tres días el Juez de Distrito tendrá por no interpuesta la demanda cuando el acto reclamado sólo afecte el patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso, ya que fuera de estos casos y no cumplido el requerimiento formulado, aquél deberá mandar correr traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda dentro de igual término, según fuera procedente. Ahora bien, si se toma en consideración que sólo deben tenerse en cuenta como parte de una aclaración de demanda, los datos y aclaraciones que expresamente hayan sido materia de requerimiento por el Juez de Distrito en el auto respectivo, se concluye que los datos (autoridades, actos o argumentos) que no hayan sido materia del requerimiento, y que la parte quejosa motu proprio agregue en su escrito de aclaración de demanda, propiamente constituyen una ampliación de ésta, pues al no ser materia del referido requerimiento, no tenía por qué agregarlos en el escrito aclaratorio." .

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