Consuelo García Velázquez

Expediente 348/2023 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
348/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Consuelo García Velázquez
  • Joaquín Fuentes Rodríguez
  • Norma Graciela Arcos Espinosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Queja

    ... ha transcurrido el plazo concedido a la quejosa ********************, en auto de dieciséis del actual, sin que haya realizado manifestación alguna; por consiguiente, devuélvase el presente asunto a la Ponencia del Magistrado Noé Adonai Martínez Berman, a fin de que formule el proyecto de resolución respectivo. Notifíquese....

  2. Amparo en revisión

    ...agréguese para los efectos legales conducentes el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, al cual adjunta la versión digitalizada del proveído de dieciséis del actual, dictado por el titular de ese juzgado, en el juicio de amparo indirecto ********************, por el que ordenó acusar recibo del diverso, al cual se adjuntó testimonio de la ejecutoria emitida en el presente asunto y el anexo descrito en aquél....al no existir trámite alguno por realizar, ni obran agregados documentos originales exhibidos por las partes en el cuaderno auxiliar del presente recurso, archívese este expediente como asunto concluido y háganse la anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese y cúmplase....

  3. Queja

    ... en sesión ordinaria pública virtual llevada a cabo el quince del presente mes, el Pleno de este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, advirtió oficiosamente que en el presente asunto se materializa la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, y que por ende, se ordenó dar vista a la quejosa ... en términos del artículo 64, segundo párrafo, de la ley de la materia, por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de esta determinación, para que manifieste lo que a su interés convenga. Ahora bien, a fin de que la quejosa esté en posibilidad de desahogar tal vista, se transcribe el considerando cuarto de la versión pública del proyecto de resolución del presente medio de defensa, que es el siguiente. "CUARTO. Los agravios esgrimidos se estiman inoperantes por una parte, y fundados pero inoperantes por la otra. La litis central del presente asunto se constriñe en determinar si fue correcto que el Juez de Distrito desechara la demanda de amparo indirecto bajo el argumento de que los actos reclamados consistentes en dos resoluciones interlocutorias emitidas en el recurso de queja por denegada apelación, no son de imposible reparación, aun cuando se reclamó la constitucionalidad de diversos preceptos del Código procesal civil vigente en la entidad. Al respecto, se considera pertinente realizar una reseña de los antecedentes que se aprecian de las constancias que obran en el expediente electrónico del amparo indirecto, el cual se encuentra vinculado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente. **********, promovió amparo indirecto, en el que reclamó de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, dos resoluciones de quince de agosto de dos mil veintitrés, dictadas en los autos de los tocas ********** y **********, relativos a los recursos de queja por denegada apelación, interpuestos a su vez en contra de los autos de tres y cinco de julio de dos mil veintitrés, que no admitieron las apelaciones interpuestas contra los autos de veintiséis (desahogo de prueba confesional) y treinta (que tuvo por no actualizado el litisconsorcio solicitado), de junio de la misma anualidad, todos dictados en el juicio ordinario civil **********, sobre pago de daño moral, promovido por **********, en contra de la aquí recurrente y quejosa, al cual señaló compareció con el carácter de demandada. Asimismo, reclamó de la Presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Estado de México (LXV Legislatura del Poder Legislativo del Estado de México), y del Gobernador del Estado de México, la inconstitucionalidad de los artículos 1.259, 1.274, 1.289, 1.360, 1.362, 1366 y 1.378, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México, destacando que se trataba de un amparo contra leyes heteroaplicativas; y además reclamó la discusión, aprobación, sanción, publicación e inicio de la vigencia de esos artículos; además de su inconvencionalidad. Para sustentar lo anterior, la quejosa al cumplir con la prevención que le fue formulada, exhibió copias de las resoluciones de quince de agosto de dos mil veintitrés, emitidas en los tocas ********** y **********; además de los recursos de queja interpuestos por denegada apelación contra los autos de tres y cinco de julio de dos mil veintitrés, así como dichos autos, que a su vez se interpusieron contra los autos de veintiséis (desahogo de prueba confesional) y treinta (que tuvo por no actualizado el litisconsorcio solicitado), de junio de la misma anualidad, todos dictados en el juicio ordinario civil **********, sobre pago de daño moral. La Juez de Distrito desechó la demanda al estimar actualizada en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en virtud que los actos reclamados consistentes en las dos resoluciones interlocutorias no eran de imposible reparación. En contra de tal determinación, el quejoso interpuso el presente recurso de queja. En principio, se advierte que el recurrente señala que el Juez de Distrito infringió en su perjuicio los artículos 1, 14 y 17 Constitucionales. Los anteriores argumentos resultan inoperantes, pues el juzgador federal, al decidir en el juicio de amparo que nos ocupa, ejerció la función de control constitucional, y así, dictó una determinación de cumplimiento obligatorio, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad. Por ende, aun y cuando en contra de su decisión procede el presente recurso de queja, éste no es un medio de control constitucional autónomo a través del cual pueda analizarse la violación a garantías y derechos humanos, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, por el que este Tribunal Federal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, tiene facultad de analizar los motivos y fundamentos que el órgano de control constitucional primario tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del presente recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el juzgador federal violó garantías y derechos humanos al conocer de un juicio de amparo, por cuanto su misión es salvaguardarlas y por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo constitucional desempeña, ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente a dicho juzgador de Distrito del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional, lo cual no sería jurídico. De este modo, aunque los Jueces de Distrito actuando en juicio de amparo indirecto pudieran incurrir en procederes contrarios a algún precepto constitucional o a algún derecho humano, sin embargo, tal forma de actuar no puede ser estimada como constitutiva de violación a las garantías individuales o a los derechos humanos, en el recurso de revisión que al respecto se interponga, sino sólo como causante de algún agravio que habrá de ser reparado en el propio recurso; ello, toda vez que conforme a la propia constitución y a la Ley de Amparo, la violación de garantías y derechos humanos, sólo puede ser atribuida a las autoridades distintas a los juzgadores federales, mas no a estos cuando actúan como jueces de amparo, y su medio de impugnación lo es precisamente el juicio de amparo; en tanto que cualquier agravio que se llegue a ocasionar en el trámite o resolución del juicio de garantías por la propia juzgadora federal, habrá de ser reparado en el recurso correspondiente mediante la interposición del agravio relativo. Lo anterior tiene mayor razón de ser pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente 9/2012 relativo a la solicitud de sustitución de la jurisprudencia "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTIAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO", sostuvo que si bien la reforma constitucional publicada el diez de junio de dos mil once, entre otras cuestiones, obliga a todas las autoridades del Estado Mexicano a ejercer una evaluación entre el contenido del orden jurídico interno frente a las disposiciones nacionales y, actualmente, internacionales (control difuso), en aras de la mayor protección a los derechos humanos, antes garantías individuales, ese nuevo paradigma constitucional, dijo, no hacía procedente la sustitución de jurisprudencia citada, por lo que la misma subsiste en sus términos. Es aplicable tesis de jurisprudencia P./J. 2/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 199492, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, página 5, la cual no se opone a ninguno de los preceptos de la actual Ley de Amparo, del rubro y texto siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional". Ahora bien, el recurrente señala que el desechamiento de su demanda de amparo también violenta lo previsto en el artículo 8, numeral 2, inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo al derecho a un recurso judicial efectivo, toda vez que a su parecer no se advirtió que planteó cuestiones de constitucionalidad de los artículos relativos al recurso de apelación, previstos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado d México, de ahí que no se actualice la causal de improcedencia invocada por la juzgadora, relativa a que los actos no producen una ejecución de imposible reparación. Así, indica que reclamó las resoluciones que negaron las apelaciones interpuestas contra los autos en los que: 1. Se calificaron las posiciones de la prueba confesional; y, 2. La negativa de advertir el litisconsorcio pasivo necesario; por lo cual considera que se partió de una premisa equivocada para establecer que el juicio de amparo es improcedente, ya que también planteó cuestiones de constitucionalidad, por lo que sí se trata de actos de imposible reparación que no fueron dictados dentro del procedimiento jurisdiccional, debiendo considerarse que en el caso Scot Cochran vs Costa Rica, se establecieron cuáles son los estándares que deben ser observados para asegurar la garantía del derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior, respetando el marco del debido proceso para permitir la revisión de una sentencia adversa por un juez o tribunal diferente y de mayor jerarquía a aquel que la emitió, además de permitir un recurso ordinario, accesible y efectivo. De ahí que dice, al cuestionarse la constitucionalidad de un recurso (apelación) que no cumple los estándares convencionales, se pone de manifiesto lo relevante del caso y la procedencia del amparo, al respecto cita los criterios de los rubros: "QUEJA CONTRA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI ÉSTE SE BASÓ EN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE NO ES MANIFIESTA NI INDUDABLE, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LA LEY QUE DEJA EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL RECURRENTE, POR LO QUE PROCEDE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS FORMULADOS EN DICHO RECURSO." Y "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. DIFERENCIAS ENTRE EL DERECHO A RECURRIR UN FALLO ANTE UNA INSTANCIA SUPERIOR Y EL DE ACCEDER A UN RECURSO ADECUADO Y EFECTIVO." En razón a lo precedente, solicita se revoque la determinación impugnada y se dé trámite a su demanda de amparo, lo cual sostiene en el criterio: "RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR." Los anteriores argumentos resultan fundados pero inoperantes. Ello toda vez que es verdad que la sala responsable no advirtió que la quejosa también reclamó la inconstitucionalidad de las normas que indicó en su demanda, puesto que al momento de emitir su desechamiento sólo realizó pronunciamiento de las dos resoluciones interlocutorias reclamadas y no hizo referencia alguna a los artículos tildados de inconstitucionales, sin embargo, esa omisión de la Juez de Distrito, no trasciende al resultado del fallo, toda vez que la inconstitucionalidad de las normas sigue la suerte de los actos de sus aplicación, esto es, al ser improcedente el amparo respecto de las dos resoluciones interlocutorias reclamadas, también resulta improcedente respecto de la inconstitucionalidad de las normas, ya que éstas, se trata de cuestiones de constitucionalidad que surgieron dentro del juicio, por lo que sólo pueden ser reclamadas por virtud de sus actos de aplicación, y no en forma destacada. En efecto, la quejosa señaló como actos reclamados: 1. Dos resoluciones interlocutorias dictadas dentro de los tocas de queja por denegada apelación, en las que se confirmó la no admisión de los recursos de apelación interpuestos en contra del auto que negó la petición de la demandada y quejosa, de que se decretara la existencia del litisconsorcio pasivo que invocó; así como contra la calificación de las posiciones de la confesional desahogada por la actora en autos, lo cual se hizo en la audiencia respectiva; y, 2. La inconstitucionalidad de los artículos 1.259, 1.274, 1.289, 1.360, 1.362, 1366 y 1.378, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México, aplicados de forma "heteroaplicativa" en los actos judiciales ya invocados (resoluciones interlocutorias). Lo anterior se corrobora porque la quejosa, al desahogar la prevención que le fue realizada, exhibió copias de las resoluciones de queja reclamadas, así como de los actos impugnados a través de los recursos de apelación que dieron lugar a las quejas por denegada apelación, de los cuales se advierte la certeza de su contenido, pues al haber sido exhibidas por la propia quejosa, no se puede dudar de su contenido, y revelan que las normas señaladas como inconstitucionales, sí fueron aplicados en las resoluciones interlocutorias invocadas, razón por la que la constitucionalidad de tales preceptos sigue la suerte de los actos judiciales reclamados. Lo anterior se considera de esa manera, toda vez que si bien el Juez de Distrito no precisó que el desechamiento de la demanda lo era también respecto de la constitucionalidad de las normas que se indicó fueron aplicadas en los actos judiciales reclamados, lo cierto es que ello obedeció a que esa inconstitucionalidad de normas no podía tenerse como acto destacado, ya que la inconstitucionalidad se planteó expresamente por tratarse normas heteroaplicativas que surgieron dentro del juicio, cuyo primer acto de aplicación lo fueron las interlocutorias reclamadas. Por tal razón fue que la Juez responsable en su auto de desechamiento precisó que del escrito de demanda y escrito aclaratorio, se podía advertir que los actos reclamados lo eran únicamente las resoluciones emitidas en los recursos de queja por denegada apelación, que confirmaron la no admisión de los recursos de apelación interpuestos en contra del auto de veintiséis de junio actual, que no acordó favorable la figura del litisconsorcio pasivo necesario; y contra la audiencia de treinta de junio de dos mil veintitrés, en la que se calificaron las posiciones formuladas en la confesional a cargo de la actora. Así, al ser aplicadas las normas tildadas de inconstitucionales en las resoluciones invocadas como actos de aplicación, entonces, éstas no pueden constituir actos reclamados destacados, pues se rigen por la procedencia del amparo de los actos de aplicación; por lo que al señalarse que el amparo resultaba improcedente respecto de las dos resoluciones interlocutorias reclamadas, entonces, el desechamiento también comprende la constitucionalidad de las normas invocadas, dado que el reclamo de éstas fue por su aplicación heteroaplicativa en los actos judiciales reclamados, respecto de los cuales resultó improcedente el juicio de amparo indirecto, ya que tales actos no tienen una ejecución de imposible reparación. De tal manera que respecto de las normas tildadas de inconstitucionales, el amparo debe ajustarse a las reglas previstas para el amparo judicial, sobre la base de la distinción entre actos que tenga una ejecución de imposible reparación y actos que sólo produzcan efectos intraprocesales. Lo anterior resulta así conforme a lo previsto en el artículo 61, fracción XIV, último párrafo, 107, fracción I, y 170, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. .Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales;." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; De la intelección conjunta de tales preceptos se puede establecer que cuando se reclama vía amparo indirecto una norma considerada inconstitucional por haber sido aplicada por primera vez dentro de un procedimiento judicial, el estudio de ésta dependerá de la procedencia de ese amparo indirecto, pues la ley prevé expresamente que, cuando dentro del juicio de origen surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de "reparación posible" por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. De tal manera que, será en el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o la resolución que ponga fin al juicio, en el cual se podrán analizar, no como actos reclamados destacados, las leyes que se estimen inconstitucionales por el quejoso, sino que su estudio será a través del análisis que se plantee como inconformidad en los conceptos de violación, y su acogimiento en la sentencia, podrá conducir únicamente a declarar ineficaz el acto de aplicación y a decretar las consecuencias que correspondan al interior del procedimiento de origen, como, por ejemplo, la reposición del procedimiento. Al respecto, se cita por analogía de preceptos, la jurisprudencia P./J. 78/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 170866, consultable en la página 5, del Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto no se contrapone a lo previsto en la actual Ley de Amparo, en cuanto establece: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre el particular, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha Ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes, es decir, no hay obligación de agotar tales recursos, pero si se decide hacerlo, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto. Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, deberá operar la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la Ley de la materia, porque para que se actualice su procedencia resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad." De ahí que, si el reclamo de las normas consideradas inconstitucionales se hizo por virtud de su aplicación en los actos reclamados (resoluciones dictadas en los tocas de queja por denegada apelación), pues la propia quejosa indicó que se reclamaba su aplicación "heteroaplicativa", y exhibió copia de tales resoluciones, de las cuales se aprecia que efectivamente ahí se aplicaron tales preceptos, entonces, el primer acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales se hizo durante el trámite del juicio natural, y por tanto, su reclamo se constriñe a las reglas de procedencia del amparo judicial. Al respecto también se cita por analogía, la tesis I.4o.C.40 K que se comparte, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registrada con el número 165619, visible en la página 2008, Tomo XXXI, Enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual no se opone a los preceptos de la actual Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES APLICADAS EN ACTOS JUDICIALES. PREVALECEN LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO JUDICIAL. La correlación de los artículos 73, fracción XII, párrafos tercero y cuarto, 158 in fine y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, pone en evidencia que el amparo contra leyes con motivo de su aplicación, debe promoverse, por regla general, en la vía de amparo indirecto, dentro de los siguientes quince días al del conocimiento o surtimiento de efectos de la notificación del acto de aplicación o del que resuelva el recurso ordinario interpuesto en su contra, cuando se haya optado por ese camino; pero si se trata de un acto emitido en un juicio, se debe atender a las reglas específicas aplicables para el amparo judicial: a) si el acto de aplicación tiene una ejecución de imposible reparación, inmediatamente en amparo indirecto, y b) si el acto sólo produce efectos intraprocesales, en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio, en los conceptos de violación, conforme lo dispone el último párrafo del artículo 158 de la Ley de Amparo, de modo que, en el primer supuesto en la demanda se reclamará destacadamente la norma general considerada inconstitucional y el acto procesal de su aplicación, y se señalarán como responsables a los órganos legislativos conducentes y a la autoridad aplicadora, y en el segundo, no serán actos reclamados destacadamente, ni la ley estimada inconstitucional por el quejoso ni su acto de aplicación, y los órganos legislativos no tendrán el carácter de autoridades responsables, sino que la impugnación se concretará a hacer valer su inconformidad en los conceptos de violación, y su acogimiento en la sentencia, podrá conducir únicamente a declarar ineficaz el acto de aplicación y a decretar las consecuencias que correspondan al interior del proceso, como, por ejemplo, la reposición del procedimiento." En ese tenor, si los actos reclamados en los que se aplicaron las normas tildadas de inconstitucionales lo son las resoluciones interlocutorias que confirmaron la no admisión de los recursos de apelación interpuestos en contra del auto que no acordó favorable la actualización del litisconsorcio pasivo necesario y la audiencia en la cual se calificaron las posiciones que se le formularon a la actora al desahogar la prueba confesional, entonces, fue correcto que no se admitiera la demanda de amparo, toda vez que tales actos no tienen una ejecución de imposible reparación, razón por la que la inconstitucionalidad de las normas aplicadas en tales actos, podrá hacerse valer en el amparo directo en contra de la sentencia definitiva, y a través de los conceptos de violación que ahí se planteen. Lo anterior se considera de esa manera, toda vez que, sí se aprecia en forma manifiesta e indudable la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, esto es, porque los actos reclamados y sus consecuencias no tienen una afectación de imposible reparación. Los mencionados preceptos establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte;." En el caso, de la narración de los antecedentes que efectuó la quejosa en su demanda de amparo, mismos que ya quedaron plasmados con anterioridad, se aprecia que los actos reclamados consistieron en 1. Dos resoluciones interlocutorias dictadas dentro de los tocas de queja por denegada apelación, en las que se confirmó la no admisión de los recursos de apelación interpuestos en contra del auto que negó la petición de la demandada y quejosa, de que se decretara la existencia del litisconsorcio pasivo que invocó; así como contra la calificación de las posiciones de la confesional desahogada por la actora en autos, lo cual se hizo en la audiencia respectiva; y, 2. La inconstitucionalidad de los artículos 1.259, 1.274, 1.289, 1.360, 1.362, 1366 y 1.378, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México, aplicados de forma heteroaplicativa en los actos judiciales ya invocados (resoluciones interlocutorias). Así, se aprecia que las dos resoluciones interlocutorias reclamadas y que constituyen los actos de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales, fueron dictadas dentro de juicio, como lo señaló el Juez de Distrito, y no tienen una ejecución de imposible reparación, motivo por el que se confirma la improcedencia decretada por dicho juzgador. En efecto, las resoluciones invocadas no tienen una ejecución de imposible reparación, ya que constituyen violaciones procesales y no infringen derechos sustantivos, lo cual haría procedente el juicio de amparo; pues al respecto, el amparo en asuntos judiciales, particularmente en materia civil, su subsistencia en el orden jurídico mexicano fue motivo de amplios debates y opiniones encontradas, que dieron lugar a limitar su procedencia, ello con el objeto de evitar su abuso y cumplir con el imperativo constitucional de impartir una justicia pronta y expedita. En ese tenor, el amparo judicial se rige bajo normas estrictas que encuentran su fundamento constitucional en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para garantizar la eficacia del juicio de amparo, de acuerdo a su naturaleza y objetivo, la procedencia de la acción contra actos dentro de juicio, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, establece: que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De lo expuesto es dable concluir que de acuerdo con lo que establece el precepto citado, los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación, para los efectos del juicio de amparo indirecto, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo de las partes, tutelado en la Carta Magna y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, que, en caso de consumarse, hace imposible reparar la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. Sobre este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que sólo podían ser reclamados como actos dentro del juicio que tuvieran sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, aquéllos que afectaran de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y a manera de ejemplo señaló, entre otros, el arresto, la apertura de la correspondencia, el secuestro de bienes, por cuanto que, con su ejecución, respectivamente, se afectan los derechos de libertad, de secrecía y de disponibilidad de los bienes, de modo irresarcible, ya que una vez ejecutados los actos, no podrá reponerse al arrestado el tiempo que estuvo detenido, ni volver al secreto el contenido de la correspondencia abierta, ni la disponibilidad de los bienes puede devolverse al afectado, durante el tiempo que dura el secuestro. En este sentido, este criterio tiene un propósito ampliamente protector, en cuanto atiende a la inmediatez de la acción de amparo en la vía indirecta, para evitar la causación definitiva del perjuicio; empero, al mismo tiempo, se incluye dentro de un diverso criterio restrictivo o limitativo que rige a la procedencia de la acción de amparo contra actos dentro de juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Ahora bien, actualmente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 37/2014, del rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", en la cual establece, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; por lo que, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que en ocasiones no llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Así, en dicho criterio se destacó que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos. Lo anterior es así, dado que tal precisión es trascendente para la procedencia del juicio de garantías, precisamente porque tiene la consecuencia de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales tutelados por la Constitución Federal como de los Tratados Internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, las posesiones. Un escenario diverso se actualiza cuando se está en presencia de actos cuya ejecución no tiene consecuencias irreparables, porque en estos casos es posible retrotraer los efectos que produjo la violación reclamada al grado de imponer las condiciones preexistentes y no dejar afectación en la esfera jurídica del gobernado, como si éste nunca hubiera existido, lo cual en el caso sí resulta procedente, ya que, en el caso no se está ante la interrupción o suspensión del procedimiento de origen, sino que lo reclamado fueron las resoluciones del recurso de queja que confirmaron la no admisión de los recursos de apelación interpuestos en contra del auto que tuvo por no actualizado el litisconsorcio pasivo necesario alegado y en contra de la calificación de posiciones en el desahogo de la confesional a cargo de la quejosa; las cuales no impactan en forma alguna en un derecho sustantivo, por lo que, de obtener sentencia no favorable el quejoso podrá promover juicio de amparo directo en el que haga valer esas violaciones procesales, o en su caso, si la sentencia le fue favorable, promover el amparo adhesivo en el que formule tal infracción; además de ahí hacer valer vía conceptos de violación la inconstitucionalidad de las normas que reclamó. En ese tenor, la circunstancia de que el acto reclamado sea de ejecución irreparable, evita que parte quejosa deba esperar que la autoridad de control constitucional lleve a cabo el análisis de su acto reclamado en la vía directa o a través del amparo adhesivo, lo que atiende a una razón de orden lógico derivada de que la afectación que le genera el acto de autoridad no es susceptible de reponerse mediante el dictado de una determinación favorable a sus intereses, de ahí la necesidad de que el acto autoritario sea revisado desde luego. De ahí que, tal y como nuestro Máximo Tribunal establece, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, no puede considerarse procedente el juicio de amparo indirecto en los casos en que se trastocan leyes puramente adjetivas, pues la expresión de derechos sustantivos es antagónica a los de naturaleza formal o procesal, pues estos últimos no pueden considerarse de afectación actual, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo, no puede establecerse la procedencia del amparo por una cuestión formal o adjetiva, ya que dicha concepción resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva. Al respecto, se estima aplicable en lo conducente, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 2006589, visible en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del contenido siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así, luego de analizar la naturaleza jurídica, las consecuencias procesales y la trascendencia específica de los actos reclamados, todo ello en orden con los antecedentes, principios y postulados que rigen al amparo judicial expuestos, se arriba a la conclusión de que la decisión del Juez de Distrito de desechar la demanda de amparo es correcta, porque las determinaciones reclamadas en este asunto no son de imposible reparación, pues no ocasiona en agravio de la quejosa ninguna violación a sus derechos sustantivos protegidos por la Constitución General y los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano, esto es, se trata de actos procesales que no afectan a la peticionaria del amparo en los términos indicados. En razón a todo lo anterior, se estiman inaplicables los criterios que cita el inconforme. Bajo la anterior óptica jurídica, se puede establecer que no existe infracción alguna a los derechos y principios que señala el recurrente, sin que en el caso el asunto resulte procedente por el hecho de que la recurrente alegue infracción al artículo 8, numeral 2, inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto es, derecho a un recurso judicial efectivo, ya que si bien la reforma al artículo 1º Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional (principio pro persona o pro homine), estableciendo las diferencias entre el control concentrado y el control difuso, pues el primero corresponde realizarlo a los órganos del Poder Judicial de la Federación con las vías directas de control, y el segundo al resto de los jueces del país, pero ambos obedeciendo a la interpretación más favorable a la persona, sin que ello implique que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, por ello tal circunstancia no significa que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales (legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada, justicia completa), o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función; por tal razón resulta inaplicable para los fines que él pretende, el criterio que cita el inconforme respecto a las diferencias del control concentrado y el control difuso de la Constitución. En efecto, se debe destacar que el principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Apoya las consideraciones de mérito, la Jurisprudencia 2ª./J. 56/2014 (10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2006485, visible en la página 772, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al "orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Así como la Jurisprudencia 1ª./J.104/2013 (10ª.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Página: 906, de contenido literal siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ESTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Epoca, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCION DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Por tanto, si bien la ley prevé que es posible reclamar la inconstitucionalidad de normas, también lo es que cuando el acto de aplicación deriva de un procedimiento judicial, el análisis de dicha inconstitucionalidad se sujetará a la procedencia del amparo indirecto, y si los actos en los que se aplicaron tales normas no resultan reclamables vía amparo indirecto, entonces, dicho reclamo se hará vía amparo directo pero a través de los conceptos de violación, como sucede en el caso, lo cual de ninguna forma implica que se esté negando a la quejosa su derecho a un recurso judicial efectivo, ya que el tema controvertido sí podrá ser analizado en el momento procesal oportuno, a través del amparo directo que en su caso se promueva por la quejosa, con lo cual se otorga seguridad jurídica al gobernado. Ello en el entendido que la suplencia de la queja no alcanza para tornar procedente una cuestión que resulta improcedente."" Finalmente, se deja en la Secretaría de Acuerdos de este tribunal el proyecto de resolución del presente recurso de queja en versión pública para consulta de la quejosa, y desahogada la vista o transcurrido el plazo hágase del conocimiento al Magistrado ponente para los efectos a que haya lugar. Notifíquese, de manera electrónica a la quejosa....

  4. Amparo en revisión

    ... PRIMERO. Se CONFIRMA la resolución recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto promovido por...

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