Consuelo Dalila Carrillo Tirado

Expediente 530/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
530/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
21/08/2018

Partes del expediente

  • Consuelo Dalila Carrillo Tirado

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la constancia secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del proveído de siete de agosto de dos mil dieciocho (fojas 11 a 16), mismo que se notificó a la parte quejosa por medio de lista que se fijó en los estrados de este juzgado Federal y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el diez de agosto del año en curso, sin que lo haya impugnado; en consecuencia, se declara que el citado proveído en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ***, ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Asimismo, se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, a partir del veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en la carátula del presente cuaderno, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Se hace constar que el presente juicio de amparo no es de relevancia documental.

  2. Principal

    Vista la razón actuarial de ocho de los corrientes, mediante la cual la Actuaria Judicial hace constar la imposibilidad de notificar a la parte quejosa en el domicilio que señalado en autos, siendo el ubicado en Boulevard San Pedro Residencial en esta ciudad, el cual es impreciso, así como vía electrónica, en virtud que el usuario Delber que señaló en su demanda no esta dado de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); por tal motivo no fue posible realizarle a Consuelo Dalila Carrillo Tirado, la notificación correspondiente del auto de siete de agosto de dos mil dieciocho; en consecuencia, proceda la fedataria pública a notificar por lista el citado acuerdo, lo anterior conforme lo establecen los artículos 26, fracción I y 27 de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal. AUTO DE 07 DE AGOSTO DE 2018: "...Vista la demanda de amparo presentada electrónicamente, mediante la cual ******, dice promover juicio de amparo indirecto; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número 530/2018-7. -Desechamiento- Ahora bien, del análisis de la demanda de mérito, conduce a estimar que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, que determina el desechamiento de la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad al suscrito para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En cuanto a la interpretación de los términos "manifiesta" e "indudable", cobra aplicación la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." Ahora bien, la promovente demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal de Garantías y Oral Penal, con sede en esta ciudad y otras autoridades, que hace consistir en la orden de aprehensión o detención dictadas en su contra y la ejecución de las mismas. En la especie, el suscrito, hace notar que se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 5 fracción I y 6, primera párrafo, todos de la Ley de Amparo, que a continuación se transcriben para una mejor comprensión. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". "Artículo 6. El Juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos por esta Ley. (.)". Del primer numeral se desprende que el juicio de amparo es improcedente, cuando de alguna disposición de la Ley de la Materia, se advierta alguna causa de improcedencia. Asimismo, del análisis relacionado de los preceptos legales 5 y 6, se advierte que señalan que tiene el carácter de quejoso, quien alega que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, y por tanto, el juicio el amparo puede promoverse por éste quien puede ser persona física o moral. De los referidos numerales, al interpretarlos en sentido contrario podemos establecer que, quien no reúne las características aludidas referentes al quejoso, carece de legitimación para instar a la justicia federal. Ahora bien, se afirma que se materializa tal supuesto (carencia de legitimación), ya que la presente demanda únicamente fue firmada electrónicamente por Delber Medina Rodríguez, quien se ostenta como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la supuesta promovente. En efecto, toda vez que el archivo que se recibió por el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, fue firmado por dicho profesionista y no por Consuelo Dalila Carrillo Torado; de ahí que, no pueda tenerse por admitida dicha demanda, en virtud de que la misma carece de la firma electrónica de ésta; esto es, no está plasmada su firma electrónica, por lo mismo su consentimiento, ya que debemos recordar que la firma es el signo inequívoco de que la persona expresa su voluntad respecto de lo plasmado en el documento, y en el caso la firma en la demanda electrónica, pues hace el similar de la autógrafa. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que expone, Jurisprudencia III.4o.T. J/5 (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, registro 2015060, visible en la página 1729, del Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, cuyo texto y rubro son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE POR PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN DE DIVERSA PERSONA FÍSICA, MEDIANTE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL). Acorde con el artículo 3o. de la Ley de Amparo es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente; los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Así, dicho órgano administrativo y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron la normativa aplicable para la implementación y uso de esa herramienta en los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, en los que establecieron la posibilidad de que las demandas de amparo se recibieran por medio de la firma electrónica implementada. En tal virtud, una persona física por sí sola y por su propio derecho, puede presentar escrito de demanda de amparo, siempre y cuando cuente con la aludida firma electrónica "FIREL"; o bien, si lo hace por conducto de su apoderado especial, es necesario que acompañe copia digitalizada del documento que acredita que previamente contaba con esa capacidad jurídica, acorde con el inciso f) del artículo 12 del referido Acuerdo General Conjunto 1/2013, y adjuntarlo al escrito relativo, pues se presume que dicho documento anexo, vía electrónica, es copia íntegra e inalterada del propio documento impreso, al haber sido ingresado al sistema en uso del certificado digital "FIREL", por lo que produce los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, en términos del artículo 10 de la ley de la materia, el cual establece que en los casos no previstos por dicha legislación, la personalidad se acreditará en la misma forma que determina la ley que rija la materia de la que emana el acto reclamado; además, de estimar lo contrario, se impediría a la quejosa el acceso a la tutela jurisdiccional que puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ilustra lo anterior la tesis aislada II.1o.27 K (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, registro 2014299, visible en la página 1877, del Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, que reza: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. SI LA DEMANDA EN QUE FUE DESIGNADO LA PROMUEVE EL QUEJOSO POR PROPIO DERECHO MEDIANTE EL EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE SU EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA SE ADVIERTE QUE LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA CON LA QUE FUE SIGNADO EL ESCRITO RELATIVO NO PERTENECE AL QUEJOSO, SINO A AQUÉL, ESA DESIGNACIÓN CARECE DE VALIDEZ. La demanda de amparo puede promoverse por propio derecho o en representación de diversa persona física, mediante el uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o certificado digital institucional, emitido por las Unidades de Certificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues conforme al artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, es el medio de ingreso a las tecnologías de la información y producirá los mismos efectos jurídicos que la signatura autógrafa. Entonces, si el quejoso, al promover su demanda de amparo por propio derecho mediante el empleo de las tecnologías de la información, designó autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, y de la evidencia criptográfica del escrito inicial se advierte que la firma electrónica certificada con la que fue signado, no pertenece al quejoso, sino al autorizado mencionado, esa designación carece de validez, ya que la firma corresponde a otra persona distinta de quien promueve y, con ello no se satisface el principio de instancia de parte agraviada, porque no se garantiza la manifestación inequívoca de la voluntad del quejoso de instar el juicio constitucional y tampoco de la designación en términos amplios de las personas que se mencionan en la demanda". Así como la diversa tesis I.15o.A.17 K, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1613, del tomo XXVI, Agosto de 2007 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE TENERSE POR NO INTERPUESTA CUANDO EL ESCRITO RELATIVO NO SE ENCUENTRE FIRMADO POR EL QUE APARECE COMO PROMOVENTE, SIN TENER QUE PREVENIRLO PARA QUE LA FIRME. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías puede promoverse sólo por la parte a quien perjudique el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña, en los casos en que la ley lo permita expresamente. En esos términos, si el escrito de demanda no contiene la firma de la persona que aparece como promovente, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado, pues la firma es el conjunto de signos manuscritos a través de los cuales las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento, siendo indispensable para dar validez a cualquier actuación escrita. Por consiguiente, la ausencia de firma en el escrito de demanda equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo y, entonces, no debe, incluso, prevenirse al señalado como promovente para que estampe su firma, pues, además, ésta no entraña uno de los requisitos de forma a que se refiere el artículo 116 de la legislación de la materia, que pueda regularizarse en términos del diverso 146, sino un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia no conduce siquiera a desechar por improcedente la demanda, pues no puede desecharse lo que no existe, sino a tenerla por no interpuesta ante la falta de expresión de la voluntad del que aparece como promovente". En ese orden de ideas, como lo establece el artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica establecida por el Poder Judicial de la Federación es el medio de ingreso al sistema electrónico de dicha institución, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, y producirá el mismo efecto que la firma autógrafa. Además, de que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, la citada firma electrónica es el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones, documentos, recibir comunicaciones, notificaciones, documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y Juzgados, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa. Asimismo, los artículos 5 y 6 del citado Acuerdo, señalan que todas las demandas, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo o en un diverso juicio de la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación deberán ir firmados mediante el uso de la firma electrónica (FIREL), y que las personas físicas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar dicha firma para promover por su propio derecho, cualquier asunto. Por lo anterior, la presente demanda de amparo carece de la firma electrónica de Consuelo Dalila Carrillo Tirado, por lo mismo, carece de firma autógrafa. De ahí que, si el archivo que se recibió por el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, fue firmado únicamente por el licenciado Delber Medina Rodríguez, no puede tenerse por admitida la demanda de amparo, toda vez que dicha persona carece de legitimación para promover la misma, en virtud de que no cuenta con la representación legal de Consuelo Dalila Carrillo Tirado, o al menos en la demanda que se provee no demostró tener personería alguna en representación de Carrillo Tirado. Para abundar es pertinente resaltar que el artículo 17 del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, establece de manera categórica que se tendrá por presentada la demanda por vía electrónica cuando el quejoso utilice su FIREL vigente; lo que en el caso no aconteció, pues quien utilizó su FIREL fue Medina Rodríguez. En este contexto, es de concluirse que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, los dos últimos interpretados en sentido contrario, por lo que se impone desechar la presente demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el precepto 113 de la legislación en consulta. -Autorizados y domicilio- Téngase como autorizados en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a Delber Medina Rodríguez y José Ricardo García Pérez, por haber acreditado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, toda vez que se encuentran registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. -Habilitación- En aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos de lo que ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo en vigor, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente, incluyendo el incidente de suspensión o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental. -Información reservada o confidencial- En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva; y en su caso acompañar de la prueba de daño a que se refiere el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -Consulta vía internet- De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán acceder electrónicamente para consultar este expediente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mi quince. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015. -Transparencia- En cumplimiento a los artículos 1, 8, 66, 67, fracción II, 68, 110, fracciones V, VII, X y XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 73, fracción II, 116 y Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y considerando décimo quinto del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley ya referida, así como los preceptos legales 1, 3, 5, 6, 7 y 8, de ese reglamento que fue creado para regular el Acceso de la Información que se encuentra bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Órganos Jurisdiccionales que lo componen; hágase saber al quejoso, que hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia emitida podrá oponerse a la publicación de sus datos personales, los que se suprimirán de la versión impresa o electrónica en que se difundan, en la medida en que no impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, no exime a este órgano jurisdiccional de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente juicio de amparo, incluyendo la presente determinación. Resulta orientador para este juzgador, el criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En este sentido, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a las unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos". ..."

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada electrónicamente, mediante la cual ******, dice promover juicio de amparo indirecto; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número 530/2018-7. -Desechamiento- Ahora bien, del análisis de la demanda de mérito, conduce a estimar que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, que determina el desechamiento de la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad al suscrito para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En cuanto a la interpretación de los términos "manifiesta" e "indudable", cobra aplicación la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." Ahora bien, la promovente demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal de Garantías y Oral Penal, con sede en esta ciudad y otras autoridades, que hace consistir en la orden de aprehensión o detención dictadas en su contra y la ejecución de las mismas. En la especie, el suscrito, hace notar que se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 5 fracción I y 6, primera párrafo, todos de la Ley de Amparo, que a continuación se transcriben para una mejor comprensión. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". "Artículo 6. El Juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos por esta Ley. (.)". Del primer numeral se desprende que el juicio de amparo es improcedente, cuando de alguna disposición de la Ley de la Materia, se advierta alguna causa de improcedencia. Asimismo, del análisis relacionado de los preceptos legales 5 y 6, se advierte que señalan que tiene el carácter de quejoso, quien alega que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, y por tanto, el juicio el amparo puede promoverse por éste quien puede ser persona física o moral. De los referidos numerales, al interpretarlos en sentido contrario podemos establecer que, quien no reúne las características aludidas referentes al quejoso, carece de legitimación para instar a la justicia federal. Ahora bien, se afirma que se materializa tal supuesto (carencia de legitimación), ya que la presente demanda únicamente fue firmada electrónicamente por Delber Medina Rodríguez, quien se ostenta como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la supuesta promovente. En efecto, toda vez que el archivo que se recibió por el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, fue firmado por dicho profesionista y no por Consuelo Dalila Carrillo Torado; de ahí que, no pueda tenerse por admitida dicha demanda, en virtud de que la misma carece de la firma electrónica de ésta; esto es, no está plasmada su firma electrónica, por lo mismo su consentimiento, ya que debemos recordar que la firma es el signo inequívoco de que la persona expresa su voluntad respecto de lo plasmado en el documento, y en el caso la firma en la demanda electrónica, pues hace el similar de la autógrafa. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que expone, Jurisprudencia III.4o.T. J/5 (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, registro 2015060, visible en la página 1729, del Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, cuyo texto y rubro son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE POR PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN DE DIVERSA PERSONA FÍSICA, MEDIANTE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL). Acorde con el artículo 3o. de la Ley de Amparo es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente; los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Así, dicho órgano administrativo y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron la normativa aplicable para la implementación y uso de esa herramienta en los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, en los que establecieron la posibilidad de que las demandas de amparo se recibieran por medio de la firma electrónica implementada. En tal virtud, una persona física por sí sola y por su propio derecho, puede presentar escrito de demanda de amparo, siempre y cuando cuente con la aludida firma electrónica "FIREL"; o bien, si lo hace por conducto de su apoderado especial, es necesario que acompañe copia digitalizada del documento que acredita que previamente contaba con esa capacidad jurídica, acorde con el inciso f) del artículo 12 del referido Acuerdo General Conjunto 1/2013, y adjuntarlo al escrito relativo, pues se presume que dicho documento anexo, vía electrónica, es copia íntegra e inalterada del propio documento impreso, al haber sido ingresado al sistema en uso del certificado digital "FIREL", por lo que produce los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, en términos del artículo 10 de la ley de la materia, el cual establece que en los casos no previstos por dicha legislación, la personalidad se acreditará en la misma forma que determina la ley que rija la materia de la que emana el acto reclamado; además, de estimar lo contrario, se impediría a la quejosa el acceso a la tutela jurisdiccional que puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ilustra lo anterior la tesis aislada II.1o.27 K (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, registro 2014299, visible en la página 1877, del Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, que reza: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. SI LA DEMANDA EN QUE FUE DESIGNADO LA PROMUEVE EL QUEJOSO POR PROPIO DERECHO MEDIANTE EL EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE SU EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA SE ADVIERTE QUE LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA CON LA QUE FUE SIGNADO EL ESCRITO RELATIVO NO PERTENECE AL QUEJOSO, SINO A AQUÉL, ESA DESIGNACIÓN CARECE DE VALIDEZ. La demanda de amparo puede promoverse por propio derecho o en representación de diversa persona física, mediante el uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o certificado digital institucional, emitido por las Unidades de Certificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues conforme al artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, es el medio de ingreso a las tecnologías de la información y producirá los mismos efectos jurídicos que la signatura autógrafa. Entonces, si el quejoso, al promover su demanda de amparo por propio derecho mediante el empleo de las tecnologías de la información, designó autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, y de la evidencia criptográfica del escrito inicial se advierte que la firma electrónica certificada con la que fue signado, no pertenece al quejoso, sino al autorizado mencionado, esa designación carece de validez, ya que la firma corresponde a otra persona distinta de quien promueve y, con ello no se satisface el principio de instancia de parte agraviada, porque no se garantiza la manifestación inequívoca de la voluntad del quejoso de instar el juicio constitucional y tampoco de la designación en términos amplios de las personas que se mencionan en la demanda". Así como la diversa tesis I.15o.A.17 K, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1613, del tomo XXVI, Agosto de 2007 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE TENERSE POR NO INTERPUESTA CUANDO EL ESCRITO RELATIVO NO SE ENCUENTRE FIRMADO POR EL QUE APARECE COMO PROMOVENTE, SIN TENER QUE PREVENIRLO PARA QUE LA FIRME. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías puede promoverse sólo por la parte a quien perjudique el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña, en los casos en que la ley lo permita expresamente. En esos términos, si el escrito de demanda no contiene la firma de la persona que aparece como promovente, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado, pues la firma es el conjunto de signos manuscritos a través de los cuales las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento, siendo indispensable para dar validez a cualquier actuación escrita. Por consiguiente, la ausencia de firma en el escrito de demanda equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo y, entonces, no debe, incluso, prevenirse al señalado como promovente para que estampe su firma, pues, además, ésta no entraña uno de los requisitos de forma a que se refiere el artículo 116 de la legislación de la materia, que pueda regularizarse en términos del diverso 146, sino un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia no conduce siquiera a desechar por improcedente la demanda, pues no puede desecharse lo que no existe, sino a tenerla por no interpuesta ante la falta de expresión de la voluntad del que aparece como promovente". En ese orden de ideas, como lo establece el artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica establecida por el Poder Judicial de la Federación es el medio de ingreso al sistema electrónico de dicha institución, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, y producirá el mismo efecto que la firma autógrafa. Además, de que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, la citada firma electrónica es el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones, documentos, recibir comunicaciones, notificaciones, documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y Juzgados, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa. Asimismo, los artículos 5 y 6 del citado Acuerdo, señalan que todas las demandas, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo o en un diverso juicio de la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación deberán ir firmados mediante el uso de la firma electrónica (FIREL), y que las personas físicas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar dicha firma para promover por su propio derecho, cualquier asunto. Por lo anterior, la presente demanda de amparo carece de la firma electrónica de Consuelo Dalila Carrillo Tirado, por lo mismo, carece de firma autógrafa. De ahí que, si el archivo que se recibió por el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, fue firmado únicamente por el licenciado Delber Medina Rodríguez, no puede tenerse por admitida la demanda de amparo, toda vez que dicha persona carece de legitimación para promover la misma, en virtud de que no cuenta con la representación legal de Consuelo Dalila Carrillo Tirado, o al menos en la demanda que se provee no demostró tener personería alguna en representación de Carrillo Tirado. Para abundar es pertinente resaltar que el artículo 17 del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, establece de manera categórica que se tendrá por presentada la demanda por vía electrónica cuando el quejoso utilice su FIREL vigente; lo que en el caso no aconteció, pues quien utilizó su FIREL fue Medina Rodríguez. En este contexto, es de concluirse que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, los dos últimos interpretados en sentido contrario, por lo que se impone desechar la presente demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el precepto 113 de la legislación en consulta. -Autorizados y domicilio- Téngase como autorizados en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a Delber Medina Rodríguez y José Ricardo García Pérez, por haber acreditado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, toda vez que se encuentran registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. -Habilitación- En aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos de lo que ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo en vigor, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente, incluyendo el incidente de suspensión o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental. -Información reservada o confidencial- En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva; y en su caso acompañar de la prueba de daño a que se refiere el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -Consulta vía internet- De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán acceder electrónicamente para consultar este expediente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mi quince. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015. -Transparencia- En cumplimiento a los artículos 1, 8, 66, 67, fracción II, 68, 110, fracciones V, VII, X y XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 73, fracción II, 116 y Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y considerando décimo quinto del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley ya referida, así como los preceptos legales 1, 3, 5, 6, 7 y 8, de ese reglamento que fue creado para regular el Acceso de la Información que se encuentra bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Órganos Jurisdiccionales que lo componen; hágase saber al quejoso, que hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia emitida podrá oponerse a la publicación de sus datos personales, los que se suprimirán de la versión impresa o electrónica en que se difundan, en la medida en que no impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, no exime a este órgano jurisdiccional de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente juicio de amparo, incluyendo la presente determinación. Resulta orientador para este juzgador, el criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En este sentido, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a las unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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