Consuelo Castro Olvera

Expediente 481/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
481/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
16/05/2017

Partes del expediente

  • Registrador Integral de la Delegacion del Registro Agrario Nacional En el Estado de Hidalgo
  • Consuelo Castro Olvera

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por la quejosa *****, en atención a su contenido se le tiene solicitando la devolución de los documentos que acompaño a su escrito inicial de demanda; en consecuencia dígasele al promovente que este a lo acordado en proveído de doce de mayo de dos mil diecisiete. Finalmente se le tiene solicitando copias simples del presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, EXPÍDANSE LAS COPIAS que requiere, previa razón de recibo que obre en autos. En el entendido de que derivado de las labores de este Juzgado, dichas copias serán entregadas únicamente en el horario comprendido entre las doce horas con treinta minutos y las catorce horas con treinta minutos y conforme a la carga laboral. Notifíquese.

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a doce de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de veintiséis de abril de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por CONSUELO CASTRO OLVERA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo obran documentos exhibidos por la parte quejosa; en términos del punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009, requiérasele para que en el plazo de noventa días comparezca a este juzgado a recoger los citados documentos, apercibiéndole que en caso contrario, los mismos podrán ser destruidos junto con el expediente. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Fredy Francisco Aguilar Pérez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, asistido de la licenciada Diana Edith Hernández Castañeda, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a veintiocho de abril de dos mil diecisiete. Visto el contenido de la razón actuarial que antecede, de la que se advierten los motivos por los que no fue posible notificar en forma personal al quejoso y/o sus autorizados, el proveído de veintiséis de abril de dos mil diecisiete, dictado en los autos del presente juicio de derechos, en tales circunstancias, procédase a notificarle el contenido del referido proveído por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos de lo dispuesto por la fracción por la fracción I, inciso b) del artículo 27 de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto designe nuevo domicilio en esta ciudad para tales efectos. Pachuca de Soto, Hidalgo, a veintiséis de abril de dos mil diecisiete. Visto el escrito de demanda signado por CONSUELO CASTRO OLVERA mediante el cual promueve amparo contra actos del REGISTRADOR INTEGRAL DE LA DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN EL ESTADO DE HIDALGO; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. La peticionaria de derechos solicita el amparo y protección de la justicia federal, respecto del acto reclamado y autoridad responsable que a continuación se cita: AUTORIDAD RESPONSABLE. REGISTRADOR INTEGRAL DE LA DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN EL ESTADO DE HIDALGO. ACTO RECLAMADO. "La calificación registral negativa, por falta de fundamentación y legitimación (sic) de fecha veinte de enero del año dos mil diecisiete y que le fue notificado el treinta y uno de marzo de 1971 (sic) en la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Hidalgo." SEGUNDO. Analizada en su integridad la demanda de amparo, procede desecharla de plano, por las razones siguientes. El artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Los alcances de la disposición legal del mismo contenido en la Ley de Amparo, han sido establecidos en la tesis que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. De la tesis reproducida, se aprecia que para desechar de plano una demanda de amparo, es requisito indispensable que desde su presentación, se demuestre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de derechos, entendiéndose por lo primero, lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por lo segundo, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En el entendido de que, la demostración del motivo indudable y manifiesto de improcedencia, se debe tener por acreditado con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, expresadas en la demanda de amparo, en su ampliación si la hubiera, los escritos aclaratorios o los anexos que se hayan exhibido. Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Acorde con dichos parámetros es pertinente tener en cuenta el contenido del artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; (.)" Por su parte el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. Contra adiciones o reformas a la Constitución (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Última Reforma DOF 17-06-2016 23 de 91 haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Dichos preceptos consagran la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso, juicio o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. El principio de definitividad que rige el juicio de derechos encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la quejosa debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, los cuales en esencia se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición exclusiva de violaciones directas a la Constitución Federal, lo cuales no se actualizan en el caso a estudio. Por otra parte, también debe destacarse que en relación a las "leyes que rigen el acto", el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que son aquéllas que se encuentran estrechamente vinculadas con el mismo, porque establezcan su instauración o determinen su creación, lo desarrollen, precisen sus efectos y terminación, o contenga los medios o instrumentos que los gobernados tienen a su alcance para impugnarlo, modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J.3/2001, sustentada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, visible en la página 8, Tomo XIII, del mes de enero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ""LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS"" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73 FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA.- El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal. . . que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. . .". Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen lo actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser motificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo". Precisado lo anterior, debe decirse que en el caso, los actos reclamados esencialmente se hacen consistir la calificación registral negativa, que realizó la responsable el veinte de enero del año dos mil diecisiete y que le fue notificada el treinta y uno de marzo de 1917 (sic), en la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Hidalgo. Los argumentos torales en los que la promovente sustenta su petición de amparo, por lo que su pretensión con la demanda que ahora intenta es para que se modifique o revoque tal determinación estatuida en la solicitud del trámite 13170000062 de cuatro de enero del presente año del índice del Registro Agrario Nacional en el Estado de Hidalgo. Ahora bien, el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios establece lo siguiente "De los Tribunales Unitarios Artículo. 18. Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: I.- De las controversias por límites de terrenos entre dos o más núcleos de población ejidal o comunal, y de éstos con pequeños propietarios, sociedades o asociaciones II.- De la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población o a sus integrantes, contra actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales, fuera de juicio, o contra actos de particulares; III.- Del reconocimiento del régimen comunal; IV.- De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; V.- De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales; VI.- De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí; así como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población; VII.- De controversias relativas a la sucesión de derechos ejidales y comunales; VIII.- De las nulidades previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria, así como las resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias; IX.- De las omisiones en que incurra la Procuraduría Agraria y que deparen perjuicio a ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados o jornaleros agrícolas, a fin de proveer lo necesario para que sean eficaz e inmediatamente subsanadas; X.- De los negocios de jurisdicción voluntaria en materia agraria; y XI.- De las controversias relativas a los contratos de asociación o aprovechamiento de tierras ejidales, a que se refiere el artículo 45 de la Ley Agraria; XII.- De la reversión a que se refiere el artículo 97 de la Ley Agraria; XIII.- De la ejecución de los convenios a que se refiere la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria, así como de la ejecución de laudos arbitrales en materia agraria, previa determinación de que se encuentran apegados a las disposiciones legales aplicables; y XIV.- De los demás asuntos que determinen las leyes." Así, los Tribunales Unitarios Agrarios, por razón de territorio conocerán, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, teniendo competencia para conocer, entre otras, de acuerdo a las fracciones II, y IV de dicho numeral del reconocimiento del régimen comunal y de juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; y de las nulidades previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria. De manera que si la litis constitucional en este juicio versa sobre la calificación registral negativa, realizada por la responsable el veinte de enero del año dos mil diecisiete, resulta evidente que la autoridad competente para conocer de dicha controversia es el Tribunal Unitario Agrario, residente en esta ciudad, en términos del citado artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Aún más, el artículo 63 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, dispone que contra la calificación negativa procederá el recurso de revisión que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (artículo 83); empero, ello no condiciona la procedencia de la vía jurisdiccional agraria al agotamiento previo del recurso aludido, pues el hecho de que expresamente no se hubiese dispuesto que es opcional para el afectado por la negativa registral, no lo dota de obligatoriedad, ya que del análisis sistemático de aquel precepto, en relación con los artículos 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y considerando, además, la finalidad de los recursos administrativos, subyace que contempla una opción para el afectado por la negativa registral de inscribir un acta de asamblea en el Registro Agrario Nacional, quien puede interponer el recurso de revisión administrativo, o bien, acudir directamente ante el Tribunal Unitario Agrario a demandar la nulidad de dicha determinación, en términos del artículo 18, fracción IV, indicado, toda vez que en el sistema de impugnación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la interposición de los recursos no constituye un presupuesto que condicione el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene aplicación la tesis sustentada por Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 346 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Septiembre de 1993, Materia Administrativa, cuy rubro y texto dicen: "TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS, SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE NULIDAD DICTADOS POR AUTORIDADES AGRARIAS, QUE ALTEREN, MODIFIQUEN O EXTINGAN UN DERECHO O DETERMINEN LA EXISTENCIA DE UNA OBLIGACIÓN. La nueva Ley de Reforma Agraria, regula la existencia en la República, de los tribunales unitarios que conocen en forma exclusiva de todos aquellos asuntos relacionados con esa materia y entre las facultades que a esos tribunales se les otorgó, atento a lo establecido por el artículo 18, de la Ley Orgánica que los rige, está la de conocer de los juicios de nulidad contra las resoluciones dictadas por las autoridades agrarias, que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación, luego si con la orden girada por la autoridad agraria, se pretende modificar o extinguir un derecho de los quejosos, es inconcuso que lo procedente en el caso, es que se reclame ante el tribunal unitario agrario competente, la nulidad de tal mandamiento, esto es, que es necesario agotar el procedimiento que la ley natural prevé en defensa de los derechos que se estiman lesionados y sólo en el evento de que éste les resultara adverso, estarían en aptitud de ocurrir al juicio de garantías, por lo que, al no haberlo hecho así, se actualizó la causal de improcedencia que refiere la fracción XV, del artículo 73, de la Ley de Amparo." Así como la diversa tesis VI.2o.21 consultable en la 654 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, TomoII, Octubre de 1995, Materia Administrativa, cuy rubro y texto dicen: "TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS. NULIDAD DE ACTOS Y DOCUMENTOS, COMPETENCIA DE LOS. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 18 fracción VIII de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, éstos serán competentes para conocer: "De las nulidades previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria, así como las resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias"; por lo tanto, dichos tribunales no sólo son competentes para conocer de la nulidad de actos y documentos celebrados ante autoridades agrarias o con motivo de la aplicación de leyes en la materia, sino también de todo acto o contrato que contravenga a las leyes agrarias, independientemente de que no se hayan celebrado ante esa clase de autoridades." En esas condiciones, si el acto que por esta vía se impugna, encuadra dentro de una de las hipótesis que establece el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios (previsivo de la competencia de estos Tribunales), es impugnable a través del juicio agrario, medio de impugnación por el cual, el acto reclamado en esta vía constitucional puede ser revocado, modificado o nulificado, la parte promovente tiene la obligación de agotarlo antes de acudir al juicio de amparo. Es aplicable la tesis III.1o.A.160 A sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 208, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-II, Febrero de 1995, Materia Administrativa, cuyo rubro y texto dice: "AMPARO IMPROCEDENTE. LO ES EL QUE SE PROMUEVE RESPECTO DE LOS ACTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 18 DE LA LEY ORGANICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, SIN QUE SE HAYA AGOTADO PREVIAMENTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE LOS TRIBUNALES AGRARIOS. De conformidad con lo previsto en el artículo tercero transitorio del decreto que reformó la fracción XIX del artículo 27 constitucional, el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, los asuntos de naturaleza agraria que se encuentren en trámite o se presenten a partir de la entrada en vigor de este decreto, y que conforme a la ley que se expida deben pasar a ser de la competencia de los Tribunales Agrarios, se turnarán a éstos una vez que entren en funciones para que resuelvan en definitiva. Consecuentemente, aquellos asuntos que encuadren dentro de las hipótesis que establece el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios (previsivo de la competencia de estos Tribunales), y que surjan con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del referido decreto, son impugnables a través del juicio agrario, por lo que la promoción del juicio de amparo en contra de alguno de estos actos resulta improcedente, de conformidad con lo previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por concurrir el principio de definitividad que rige el juicio de garantías." No pasa inadvertido para este juzgador que la peticionaria del amparo aduzca que el acto reclamado carece de fundamentación y legitimación (sic), lo cual en términos de los preceptos antes transcritos haría procedente este sumario constitucional, porque de las propias manifestaciones de la disidente también se advierte que la autoridad responsable al emitir el acto reclamado realizó una serie de consideraciones, para emitir la calificación como negativa. Consecuentemente, la promoción del juicio de amparo en contra de alguno los actos previstos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, resulta improcedente, de conformidad con lo previsto en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por concurrir el principio de definitividad que rige el juicio de derechos, por tanto al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en examen, con fundamento en el numeral 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, procede desechar de plano la demanda de derechos promovida por CONSUELO CASTRO OLVERA mediante el cual promueve amparo contra actos del REGISTRADOR INTEGRAL DE LA DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN EL ESTADO DE HIDALGO. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de los quejosos, el señalado en su escrito de cuenta y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la ley de la materia a los profesionistas que indica por no contar con registro de su cédula profesional ante el sistema único de Profesionales de Derecho, acreditados ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en el artículo 113 de la Ley de Amparo; se resuelve: RESUELVE ÚNICO. Se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de derechos interpuesta por CONSUELO CASTRO OLVERA.

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a veintiséis de abril de dos mil diecisiete. Visto el escrito de demanda signado por CONSUELO CASTRO OLVERA mediante el cual promueve amparo contra actos del REGISTRADOR INTEGRAL DE LA DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN EL ESTADO DE HIDALGO; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. La peticionaria de derechos solicita el amparo y protección de la justicia federal, respecto del acto reclamado y autoridad responsable que a continuación se cita: AUTORIDAD RESPONSABLE. REGISTRADOR INTEGRAL DE LA DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN EL ESTADO DE HIDALGO. ACTO RECLAMADO. "La calificación registral negativa, por falta de fundamentación y legitimación (sic) de fecha veinte de enero del año dos mil diecisiete y que le fue notificado el treinta y uno de marzo de 1971 (sic) en la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Hidalgo." SEGUNDO. Analizada en su integridad la demanda de amparo, procede desecharla de plano, por las razones siguientes. El artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Los alcances de la disposición legal del mismo contenido en la Ley de Amparo, han sido establecidos en la tesis que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. De la tesis reproducida, se aprecia que para desechar de plano una demanda de amparo, es requisito indispensable que desde su presentación, se demuestre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de derechos, entendiéndose por lo primero, lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por lo segundo, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En el entendido de que, la demostración del motivo indudable y manifiesto de improcedencia, se debe tener por acreditado con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, expresadas en la demanda de amparo, en su ampliación si la hubiera, los escritos aclaratorios o los anexos que se hayan exhibido. Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Acorde con dichos parámetros es pertinente tener en cuenta el contenido del artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; (.)" Por su parte el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. Contra adiciones o reformas a la Constitución (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Última Reforma DOF 17-06-2016 23 de 91 haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Dichos preceptos consagran la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso, juicio o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. El principio de definitividad que rige el juicio de derechos encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la quejosa debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, los cuales en esencia se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición exclusiva de violaciones directas a la Constitución Federal, lo cuales no se actualizan en el caso a estudio. Por otra parte, también debe destacarse que en relación a las "leyes que rigen el acto", el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que son aquéllas que se encuentran estrechamente vinculadas con el mismo, porque establezcan su instauración o determinen su creación, lo desarrollen, precisen sus efectos y terminación, o contenga los medios o instrumentos que los gobernados tienen a su alcance para impugnarlo, modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J.3/2001, sustentada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, visible en la página 8, Tomo XIII, del mes de enero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ""LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS"" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73 FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA.- El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal. . . que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. . .". Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen lo actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser motificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo". Precisado lo anterior, debe decirse que en el caso, los actos reclamados esencialmente se hacen consistir la calificación registral negativa, que realizó la responsable el veinte de enero del año dos mil diecisiete y que le fue notificada el treinta y uno de marzo de 1917 (sic), en la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Hidalgo. Los argumentos torales en los que la promovente sustenta su petición de amparo, por lo que su pretensión con la demanda que ahora intenta es para que se modifique o revoque tal determinación estatuida en la solicitud del trámite 13170000062 de cuatro de enero del presente año del índice del Registro Agrario Nacional en el Estado de Hidalgo. Ahora bien, el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios establece lo siguiente "De los Tribunales Unitarios Artículo. 18. Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: I.- De las controversias por límites de terrenos entre dos o más núcleos de población ejidal o comunal, y de éstos con pequeños propietarios, sociedades o asociaciones II.- De la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población o a sus integrantes, contra actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales, fuera de juicio, o contra actos de particulares; III.- Del reconocimiento del régimen comunal; IV.- De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; V.- De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales; VI.- De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí; así como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población; VII.- De controversias relativas a la sucesión de derechos ejidales y comunales; VIII.- De las nulidades previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria, así como las resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias; IX.- De las omisiones en que incurra la Procuraduría Agraria y que deparen perjuicio a ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados o jornaleros agrícolas, a fin de proveer lo necesario para que sean eficaz e inmediatamente subsanadas; X.- De los negocios de jurisdicción voluntaria en materia agraria; y XI.- De las controversias relativas a los contratos de asociación o aprovechamiento de tierras ejidales, a que se refiere el artículo 45 de la Ley Agraria; XII.- De la reversión a que se refiere el artículo 97 de la Ley Agraria; XIII.- De la ejecución de los convenios a que se refiere la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria, así como de la ejecución de laudos arbitrales en materia agraria, previa determinación de que se encuentran apegados a las disposiciones legales aplicables; y XIV.- De los demás asuntos que determinen las leyes." Así, los Tribunales Unitarios Agrarios, por razón de territorio conocerán, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, teniendo competencia para conocer, entre otras, de acuerdo a las fracciones II, y IV de dicho numeral del reconocimiento del régimen comunal y de juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; y de las nulidades previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria. De manera que si la litis constitucional en este juicio versa sobre la calificación registral negativa, realizada por la responsable el veinte de enero del año dos mil diecisiete, resulta evidente que la autoridad competente para conocer de dicha controversia es el Tribunal Unitario Agrario, residente en esta ciudad, en términos del citado artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Aún más, el artículo 63 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, dispone que contra la calificación negativa procederá el recurso de revisión que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (artículo 83); empero, ello no condiciona la procedencia de la vía jurisdiccional agraria al agotamiento previo del recurso aludido, pues el hecho de que expresamente no se hubiese dispuesto que es opcional para el afectado por la negativa registral, no lo dota de obligatoriedad, ya que del análisis sistemático de aquel precepto, en relación con los artículos 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y considerando, además, la finalidad de los recursos administrativos, subyace que contempla una opción para el afectado por la negativa registral de inscribir un acta de asamblea en el Registro Agrario Nacional, quien puede interponer el recurso de revisión administrativo, o bien, acudir directamente ante el Tribunal Unitario Agrario a demandar la nulidad de dicha determinación, en términos del artículo 18, fracción IV, indicado, toda vez que en el sistema de impugnación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la interposición de los recursos no constituye un presupuesto que condicione el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene aplicación la tesis sustentada por Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 346 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Septiembre de 1993, Materia Administrativa, cuy rubro y texto dicen: "TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS, SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE NULIDAD DICTADOS POR AUTORIDADES AGRARIAS, QUE ALTEREN, MODIFIQUEN O EXTINGAN UN DERECHO O DETERMINEN LA EXISTENCIA DE UNA OBLIGACIÓN. La nueva Ley de Reforma Agraria, regula la existencia en la República, de los tribunales unitarios que conocen en forma exclusiva de todos aquellos asuntos relacionados con esa materia y entre las facultades que a esos tribunales se les otorgó, atento a lo establecido por el artículo 18, de la Ley Orgánica que los rige, está la de conocer de los juicios de nulidad contra las resoluciones dictadas por las autoridades agrarias, que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación, luego si con la orden girada por la autoridad agraria, se pretende modificar o extinguir un derecho de los quejosos, es inconcuso que lo procedente en el caso, es que se reclame ante el tribunal unitario agrario competente, la nulidad de tal mandamiento, esto es, que es necesario agotar el procedimiento que la ley natural prevé en defensa de los derechos que se estiman lesionados y sólo en el evento de que éste les resultara adverso, estarían en aptitud de ocurrir al juicio de garantías, por lo que, al no haberlo hecho así, se actualizó la causal de improcedencia que refiere la fracción XV, del artículo 73, de la Ley de Amparo." Así como la diversa tesis VI.2o.21 consultable en la 654 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, TomoII, Octubre de 1995, Materia Administrativa, cuy rubro y texto dicen: "TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS. NULIDAD DE ACTOS Y DOCUMENTOS, COMPETENCIA DE LOS. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 18 fracción VIII de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, éstos serán competentes para conocer: "De las nulidades previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria, así como las resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias"; por lo tanto, dichos tribunales no sólo son competentes para conocer de la nulidad de actos y documentos celebrados ante autoridades agrarias o con motivo de la aplicación de leyes en la materia, sino también de todo acto o contrato que contravenga a las leyes agrarias, independientemente de que no se hayan celebrado ante esa clase de autoridades." En esas condiciones, si el acto que por esta vía se impugna, encuadra dentro de una de las hipótesis que establece el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios (previsivo de la competencia de estos Tribunales), es impugnable a través del juicio agrario, medio de impugnación por el cual, el acto reclamado en esta vía constitucional puede ser revocado, modificado o nulificado, la parte promovente tiene la obligación de agotarlo antes de acudir al juicio de amparo. Es aplicable la tesis III.1o.A.160 A sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 208, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-II, Febrero de 1995, Materia Administrativa, cuyo rubro y texto dice: "AMPARO IMPROCEDENTE. LO ES EL QUE SE PROMUEVE RESPECTO DE LOS ACTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 18 DE LA LEY ORGANICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, SIN QUE SE HAYA AGOTADO PREVIAMENTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE LOS TRIBUNALES AGRARIOS. De conformidad con lo previsto en el artículo tercero transitorio del decreto que reformó la fracción XIX del artículo 27 constitucional, el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, los asuntos de naturaleza agraria que se encuentren en trámite o se presenten a partir de la entrada en vigor de este decreto, y que conforme a la ley que se expida deben pasar a ser de la competencia de los Tribunales Agrarios, se turnarán a éstos una vez que entren en funciones para que resuelvan en definitiva. Consecuentemente, aquellos asuntos que encuadren dentro de las hipótesis que establece el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios (previsivo de la competencia de estos Tribunales), y que surjan con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del referido decreto, son impugnables a través del juicio agrario, por lo que la promoción del juicio de amparo en contra de alguno de estos actos resulta improcedente, de conformidad con lo previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por concurrir el principio de definitividad que rige el juicio de garantías." No pasa inadvertido para este juzgador que la peticionaria del amparo aduzca que el acto reclamado carece de fundamentación y legitimación (sic), lo cual en términos de los preceptos antes transcritos haría procedente este sumario constitucional, porque de las propias manifestaciones de la disidente también se advierte que la autoridad responsable al emitir el acto reclamado realizó una serie de consideraciones, para emitir la calificación como negativa. Consecuentemente, la promoción del juicio de amparo en contra de alguno los actos previstos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, resulta improcedente, de conformidad con lo previsto en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por concurrir el principio de definitividad que rige el juicio de derechos, por tanto al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en examen, con fundamento en el numeral 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, procede desechar de plano la demanda de derechos promovida por CONSUELO CASTRO OLVERA mediante el cual promueve amparo contra actos del REGISTRADOR INTEGRAL DE LA DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN EL ESTADO DE HIDALGO. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de los quejosos, el señalado en su escrito de cuenta y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la ley de la materia a los profesionistas que indica por no contar con registro de su cédula profesional ante el sistema único de Profesionales de Derecho, acreditados ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en el artículo 113 de la Ley de Amparo; se resuelve: RESUELVE ÚNICO. Se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de derechos interpuesta por CONSUELO CASTRO OLVERA.

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