CONSUELO CARRILLO LEON y Otros.
Expediente 1081/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1081/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- CONSUELO CARRILLO LEON y Otros.
- DAVID PEÑA RODRIGUEZ (ASESOR) y Otros.
Actuaciones
- Principal
...causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Consuelo Carrillo León a través de asesor jurídico David Peña Rodríguez, contra los actos del Juez de Control de la Región Judicial Sur-Oriente del Estado de Puebla, con sede en Tehuacán, Puebla. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1081/2019. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa Consuelo Carrillo León a través de asesor jurídico David Peña Rodríguez reclama del Juez de Control de la Región Judicial Sur-Oriente del Estado de Puebla, con sede en Tehuacán, Puebla, el auto de diez de octubre de dos mil diecinueve, emitido dentro de la carpeta judicial administrativa 267/2018 del índice de la autoridad responsable, en el cual, el citado juez de control admitió a trámite como medios de prueba por parte de la defensa los testimonios de Alicia Martínez Jiménez y Rufina Martínez Jiménez, y decretó el auto de apertura a juicio oral dentro de la citada carpeta administrativa. Conforme a lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que respectivamente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: :. III. - Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: : b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y". Tales preceptos limitan la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, pues para ejercer de la acción de amparo en su contra resulta una condición que sea de imposible reparación. Para atender si el acto reclamado es o no de imposible reparación, debe estarse a la definición que al respecto aparece en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues claramente establece que dicha figura se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En la especie, el acto reclamado no es de imposible reparación, debido a que juez de control señalado como autoridad responsable al haber admitido las testimoniales de Alicia Martínez Jiménez y Rufina Martínez Jiménez ofrecidas por parte de la defensa de los probables responsables y haya señalado fecha y hora para el verificativo de los medios de prueba indicados en el acuerdo de apertura a juicio oral de diez de diez de octubre de dos mil diecinueve, emitido en la carpeta judicial administrativa 267/2018 de su índice, es evidente que dicho acto reclamado es de naturaleza intraprocesal y, por tanto, no afecta materialmente algún derecho sustantivo del quejoso, pues la afectación a su esfera jurídica, en su caso está sujeta a factores cuya verificación se desconoce Así el hecho de que el juez de control haya admitido como medio de prueba por parte de la defensa de los probables responsable y señalara auto de apertura de juicio oral dentro de la carpeta judicial administrativa 267/2018 de su índice y señale fecha para el desahogo de dichos medios de prueba, no afecta materialmente algún derecho humano del quejoso, que impacte en su esfera jurídica. Sin que esa trascendencia a sus derechos pueda plantearse a partir de lo actuado en estadios procesales previos, en tanto que los mismos se van sucediendo irreversiblemente unos a otros, sin que exista posibilidad de renovarlo o reabrirlos, atendiendo a uno de los principios básicos del sistema penal acusatorio, esto es, la continuidad del proceso, previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional. Sirve de sustento a lo anterior, las consideraciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 907/2016, en cuya parte medular expuso: ".En ese orden de ideas, la doctrina de actos de imposible reparación para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de un acuerdo de admisión de pruebas en el nuevo sistema de justicia penal, implica realizar un análisis que permita decidir sobre si determinado acto judicial tiene la naturaleza de irreparable, el cual deberá efectuarse partiendo de la premisa de que son actos intraprocesales y que la procedencia del amparo indirecto está supeditado a que dicho acto genere una afectación actual a un derecho fundamental que no podrá ser reparada. Es decir, además de su naturaleza, debe atenderse si en efecto implica una violación a un derecho fundamental que de forma inmediata debe ser revisada y no supeditarlo a que el mismo pueda o no ser reparado en la sentencia que se dicte en la audiencia de juicio oral, porque dicha resolución se ocupará de la valoración de las pruebas desahogadas en el juicio oral y de resolver si las mismas resultan suficientes para tener por acreditada la existencia del hecho señalado por la ley como delito y si el acusado intervino en su comisión; por tanto, no se ocupará de cuestiones que deben ser analizadas, cuestionadas o debatidas en etapas previas como lo es la admisión de medios de prueba. Cabe destacar que si bien el juez o tribunal oral conservaran en todo momento la facultad de analizar si alguna de las pruebas desahogadas ante su presencia, en cumplimiento al principio de inmediación, constituye prueba ilícita, tal determinación se sustentará no en un nuevo análisis sobre lo correcto o no de su admisión, sino en lo que el desahogo de la prueba misma genere, es decir, atendiendo a la información que el órgano de prueba aporte al ser interrogado y contrainterrogado por las partes, manifestaciones que permitirán advertir, en su caso, si lo que se puso en conocimiento del juzgador tuvo un origen ilícito, porque el testigo o perito, lo obtuvo a través de la violación de derechos fundamentales del acusado o de la víctima misma, en cuyo caso, el tribunal o juez de enjuiciamiento, estará en aptitud de no otorgarle valor probatorio al momento de emitir su sentencia. En ese sentido, la interrogante sobre si procede el juicio de amparo indirecto contra la determinación dictada dentro de la audiencia intermedia de un procedimiento penal acusatorio, adversarial y oral que admite medios de prueba, encuentra la siguiente respuesta: el juicio de amparo indirecto, por regla general, es improcedente contra la determinación que admite un medio de prueba, por tratarse de un acto de naturaleza intraprocesal y excepcionalmente procederá esta instancia constitucional, cuando dicha resolución de admisión de algún medio de prueba, por sí misma implique un acto de imposible reparación. (.)" De ahí que se concluya que el acto reclamado en esta instancia constitucional no es uno de imposible reparación, pues tiene carácter eminentemente adjetivo, esto es, no afecta derechos fundamentales de la parte quejosa; lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los 113 de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de publicación que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional y por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Omar Alfredo Esparza Zarate por así indicarlo expresamente en su ocurso de demanda. Asimismo, no ha lugar a tener para oír y recibir notificaciones personales, como lo refiere el correo electrónico, en virtud que el Acuerdo General 1/2015, de la Suprema Corte de justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, autoriza a las partes a tener acceso al expediente electrónico a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, asimismo, otorga el permiso para que se notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en los asuntos a las partes, no así para notificar por vía electrónica a través de sistemas tecnológicos que no sean del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES A fin de que se agilice el adecuado despacho del presente asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilita al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que practique las notificaciones personales que se originen en el expediente de amparo en que se actúa en días y horas inhábiles, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, de conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, y 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el derecho fundamental de las partes a la oposición de la publicación de sus datos personales puede ejercerse en cualquier instancia seguida ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por lo que se hace de su conocimiento tal derecho, en el entendido de que aun cuando se omita expresar tal oposición, este órgano al emitir la sentencia respectiva elaborará la versión pública con el objeto de otorgar el acceso a la información al gobernado que la solicite, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada y suprimiéndose la relativa en los términos que prevé el artículo 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación.
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