Constanza Lucía Juárez López
Expediente 1135/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1135/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Constanza Lucía Juárez López
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que mediante el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó el regreso escalonado de los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, que se mantuvo suspendida desde el dieciocho de marzo hasta el treinta de julio del año en curso. En consecuencia, en acato a lo ordenado en el citado acuerdo general 21/2020 se ordena reanudación de este juicio de amparo. Por otro lado, ténganse por recibidos la comunicación y los anexos señalados en la cuenta para los efectos legales correspondientes. Acúsese recibo al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, de la resolución de once de septiembre del año en curso, dictada en recurso de queja civil 13/2020 y de la reproducción autorizada de diversas constancias deducidas de ese juicio constitucional. Por otra parte, destrúyase el legajo de copias certificadas devueltas dado que no contiene actuación original alguna. Ahora bien, del contenido de la ejecutoria de amparo se advierte que la Superioridad declaró infundado el recurso de queja que la quejosa Constanza Lucía Juárez López, interpuso en contra del auto de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó de plano la demanda interpuesta por la justiciable; por tanto, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto en donde se desechó de plano la demanda de amparo causó estado por ministerio de ley. Por lo anterior, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve se desechó de plano el escrito inicial, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
MESA II-A "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguense un ejemplar de las promociones señaladas en la cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan sus efectos correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la justiciable ******** interpone el recurso de queja en contra del proveído de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, en donde se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a este juicio constitucional. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo se ordena remitir los originales de los ocursos de cuenta y un ejemplar de ellos al Tribunal Colegiado (...)Finalmente, se tiene como su autorizada para recibir notificaciones e imponerse de los autos a la persona que señala, con las prerrogativas restringidas previstas por los normativos 12, segundo párrafo, y 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, porque así lo indicó expresamente. Notifíquese."
- Principal
...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Ténganse por recibidos el escrito inicial y los anexos señalados en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 1135/2019. Como cuestión previa es necesario establecer que del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que la inconforme Constanza Lucía Juárez López reclama los actos siguientes: De la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca combate: ? La resolución de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el toca familiar 613/2018, en la que revocó el auto de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, pronunciado en el juicio sucesorio intestamentario 234/2009, para que el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, realizara lo siguiente: a) levantara la suspensión del procedimiento decretada en el acuerdo de nueve de marzo de dos mil diecisiete; b) ordenara la continuación del procedimiento relativo a la cuarta sección "partición" del juicio señalado a bienes de la de cujus Elena López Ramírez; c) diera vista al Agente del Ministerio Publico de su adscripción respecto del fallecimiento de los coherederos Cleotilde Oliva Juárez, Albino Juárez López y Paula de la Luz Juárez, por lo que debía desglosar las actas de defunción de dichos extintos, para que el Fiscal señalado realizara lo conducente en términos del numeral 773 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca; d) en su oportunidad, realizara la venta del inmueble de la masa hereditaria, reservando las cantidades correspondientes a los coherederos fallecidos; y, e) informará a esa Sala el cumplimiento a tal fallo. Del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, impugna: ? Dos proveídos de siete de octubre del año en curso, pronunciados en el juicio sucesorio intestamentario 234/2009, en los que se dio cumplimiento a los incisos a), b) y c) señalados con antelación. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial y sus anexos se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo estatuido por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Constanza Lucía Juárez López, por las razones siguientes: En cuanto al acto impugnado a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, consistente en la resolución de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el toca familiar 613/2018, en la que revocó el auto de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, pronunciado en el juicio sucesorio intestamentario 234/2009, para que el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, realizara lo siguiente: a) levantara la suspensión del procedimiento decretada en el acuerdo de nueve de marzo de dos mil diecisiete; b) ordenara la continuación del procedimiento relativo a la cuarta sección "partición" del juicio señalado a bienes de la de cujus Elena López Ramírez; c) diera vista al Agente del Ministerio Publico de su adscripción respecto del fallecimiento de los coherederos Cleotilde Oliva Juárez, Albino Juárez López y Paula de la Luz Juárez, por lo que debía desglosar las actas de defunción de dichos extintos, para que el Fiscal señalado realizara lo conducente en términos del numeral 773 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca; d) en su oportunidad, realizara la venta del inmueble de la masa hereditaria, reservando las cantidades correspondientes a los coherederos fallecidos; y, e) informará a esa Sala el cumplimiento a tal fallo, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dado que la inconforme consintió tácitamente esas actuaciones al haber promovido este medio extraordinario de defensa de manera extemporánea. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de los dispositivos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" El precepto transcrito en último orden establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente y que se entiende por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio constitucional dentro de los plazos previstos legalmente. Por otra parte, en el normativo 17 de la ley de la materia el legislador federal estableció un plazo genérico de quince días para presentar la demanda de amparo y, como excepciones a esa regla general, los casos siguientes: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en cuyas hipótesis el plazo será de treinta días; b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, la demanda podrá presentarse en un plazo de hasta ocho años; c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, de la posesión o del disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, el plazo para la promoción del amparo será de siete años contado a partir de que de manera indubitable la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; y, d) Cuando el acto reclamado implique peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, a la Armada o a la Fuerza Aérea, en cuyos supuestos la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. A su vez, el arábigo 18 de la Ley de Amparo establece tres momentos para el inicio del cómputo de los plazos (genérico y específicos) previstos por el ordinal 17 de la propia legislación, los cuales se contarán, respectivamente, a partir del día siguiente: a) A aquél en el que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la actuación o de la resolución que reclame; b) A aquél en el que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) A aquél en el que se ostente sabedor de la actuación combatida o de su ejecución. En ese contexto, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en el que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o de la actuación que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en el que haya tenido conocimiento de aquéllos o de su ejecución e, incluso, al en que se haya ostentado sabedor de esas actuaciones. En esa línea, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en el que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas por el precepto 18 de la ley de la materia, de lo que se sigue que esos supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otro lado, es necesario destacar que el Máximo Tribunal Constitucional de este País ha sostenido que el conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo debe estar probado de modo directo y no inferirse con base en presunciones. Ese criterio jurídico se contiene en la jurisprudencia 5 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que expone: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." También se invoca en respaldo de lo expuesto la tesis aislada emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal de este País , de contenido: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL. De acuerdo con el espíritu que informa el artículo 21 de la Ley Reglamentaria del juicio de Amparo, el conocimiento del acto reclamado por el quejoso, que sirve de base para el cómputo del término que establece dicho precepto, para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo, y no inferirse a base de presunciones." La lectura de los criterios jurisprudenciales transcritos permite establecer que el hecho de que el particular tenga un conocimiento del acto de manera directa, exacta y completa le da la posibilidad de que pueda impugnarlo en la instancia constitucional, ya que tiene a su alcance todos los elementos necesarios para poder atacar en su integridad los vicios que considera adolece y así defender sus derechos, de lo contrario podría darse el caso de que careciera de información para que estuviera en aptitud de hacerlo. Con base en lo expuesto es factible sostener que para la actualización de la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso el acto que reclama, ya que sólo de esta manera el plazo genérico de quince días que concede el artículo 17 de la ley de la materia para presentar la demanda de amparo comenzará a contarse a partir del día siguiente a aquél en el que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos, en virtud de que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el plazo de quince días mencionado deba computarse a partir del siguiente al en el que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor del acto que controvierte. Sobre el particular es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 115/2010 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que informa: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." También cobra vigencia la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito , que indica: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Con base en el marco referencial anterior es factible sostener que en la especie se patentiza de manera manifiesta e indudable el supuesto de inejercicio de la acción constitucional examinado porque la demanda de amparo se presentó fuera del plazo genérico de quince días establecido por el ordinal 17 de la Ley de Amparo respecto del acto atacado a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, consistente en la resolución de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el toca familiar 613/2018. Para evidenciar lo anterior es necesario recordar que conforme a lo dispuesto por el normativo 18 de la ley de la materia, uno de los tres momentos para computar ese plazo genérico es a partir del día siguiente a aquél en el que el titular de la acción constitucional haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La resolución indicada no es aquellas que se enuncian en las cuatro fracciones del arábigo 17 de la Ley de Amparo; por tanto, en el caso rige el plazo genérico de quince días hábiles que señala el primer párrafo de ese precepto para la promoción del juicio constitucional. Ahora, es necesario indicar que de las documentales que la disidente anexo a su demanda se advierte que al menos tuvo conocimiento de la citada resolución el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, cuando se notificó por lista esa determinación, en cuyo toca familiar figura como parte apelada. Luego, si la disidente tuvo conocimiento de la resolución impugnada en la data indicada, entonces el plazo genérico de quince días previsto por el arábigo 17 de la Ley de Amparo para la promoción de este juicio constitucional transcurrió del uno al veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Del plazo indicado se descuentan el dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veintiuno, veintitrés y veinticuatro de marzo de la presente anualidad, por ser inhábiles en términos de lo establecido por los arábigos 19 de la ley de la materia y 74, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo. En ese sentido, si la demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, el trece de diciembre de dos mil diecinueve, tal como se colige del sello original de recepción puesto en la primera hoja de ese ocurso y de la boleta de turno, entonces debe estimarse que ocurrió de manera extemporánea y, por ende, que este medio procesal de tutela constitucional no se promovió dentro del plazo genérico de quince días establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, porque entre la fecha en la que inició a correr ese lapso y la de presentación de la demanda de amparo transcurrió con exceso el lapso de quince días indicado, más de nueve meses, lo que conduce a establecer que la disidente consintió tácitamente el acto combatido a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, consistente en la resolución de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el toca familiar 613/2018, al haber ejercido la acción constitucional fuera del plazo genérico previsto legalmente. Entonces, si la demanda de amparo se presentó de manera extemporánea, ya que entre las datas que fueron precisadas transcurrió con exceso el plazo genérico de quince días hábiles establecido por el numeral 17 de la legislación invocada debe concluirse que este juicio de protección de los derechos fundamentales es improcedente ante el consentimiento tácito del acto reclamado. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 13 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que expone: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo." En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el arábigo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal determina desechar de plano la demanda de amparo presentada por Constanza Lucía Juárez López en contra del acto impugnado a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, consistente en la resolución de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el toca familiar 613/2018, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. En otro punto, en cuanto a los diversos actos que la inconforme reprocha al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, consistentes en dos proveídos de siete de octubre del año en curso, pronunciados en el juicio sucesorio intestamentario 234/2009, en los que levantó la suspensión del procedimiento decretada en el acuerdo de nueve de marzo de dos mil diecisiete, ordenó la continuación del procedimiento relativo a la cuarta sección "partición" del juicio señalado a bienes de la de cujus Elena López Ramírez y dio vista al Agente del Ministerio Publico de su adscripción respecto del fallecimiento de los coherederos Cleotilde Oliva Juárez, Albino Juárez López y Paula de la Luz Juárez, por lo que desglosó las actas de defunción de dichos extintos, para que el Fiscal señalado realizara lo conducente en términos del numeral 773 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca se estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas por el artículo 61, fracciones XIII y XXIII de la Ley de Amparo, en razón de que se tratan de actos derivados de otro consentido, los cuales se actualizan de conformidad con lo siguiente: 1) El consentimiento es expreso, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con el acto; y también, cuando media una manifestación de voluntad que entraña ese consentimiento; y, 2) Es consentimiento tácito del acto reclamado cuando el juicio de amparo no se promueve dentro de los términos que señalan los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, salvo las excepciones contenidas en dichos preceptos. Ahora, la fracción XXIII, del ordinal citado, establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma, resulte de alguna disposición constitucional o de la propia Ley de Amparo. En términos de los numerales 107, fracción II, del Pacto Federal; y, 215 y 217 de la Ley de Amparo la acción constitucional también resulta improcedente cuando exista jurisprudencia que así lo determine. Apoya lo anterior, la tesis XXVII.1o.(VIII Región) 6 K (9a.) pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 160553, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, materia Común, página 3772, del rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE ÉSTA, LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA EXACTAMENTE APLICABLE AL CASO, EN LA QUE SE DEFINE CIERTO ASPECTO QUE DIRECTAMENTE DA LUGAR A LA ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. LXXI/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 448, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O DE TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.", definió que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base, será motivo manifiesto e indudable de improcedencia la existencia de jurisprudencia exactamente aplicable al caso, en la que se define cierto aspecto que directamente da lugar a la actualización de una causa de improcedencia de ese medio de control constitucional, no desvirtuable con posterioridad a la admisión de la demanda, porque si la aplicación de la jurisprudencia, la cual es obligatoria en términos de los artículos 192 y 193 de la ley de la materia, presupone el examen de su adecuación concreta al asunto que mediante ella pretende fundamentarse o directamente resolver, entonces, es precisamente ese solo ejercicio de subsunción el que dará pie a que el juzgador de amparo advierta de manera clara y evidente que, por sus elementos, la pretensión que se somete a su potestad tiene las mismas características que el asunto que originó la formación de la jurisprudencia, de suerte que si en ésta se dilucida un aspecto que directamente produce la improcedencia del juicio, para efectos del desechamiento de la demanda, tal hipótesis debe considerarse como manifiesta e indudable respecto del caso concreto". A propósito de los actos reclamados que para efectos del amparo sean derivados de otros actos consentidos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado su improcedencia, como se advierte de los criterios siguientes: Tesis pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 232011, Volumen 217-228, Primera Parte, materia Común, página 9, con el rubro y contenido: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél". Así como la diversa tesis emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, registro 266131, Volumen LXXXVII, Tercera Parte, materias Administrativa y Común, página 9: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Por acto derivado de otro consentido ha de entenderse, para los efectos del amparo, aquel que es consecuencia legal y necesaria del primero y lleva implícito o comprendido a este último. De aquí que, cuando el acto haya sido dictado por aplicación de una ley o, de un reglamento administrativo, no se está en presencia de un acto propiamente derivado de la norma general, sino de un acto que por sí mismo es autónomo, ya que aquella sólo es la razón jurídica que la justicia legalmente, pero no la causa inmediata de su existencia real, que puede o no estar fundada en derecho. Es, pues, cuestión de fondo la de decidir si tal acto es o no legal, constitucional, para los efectos del amparo". Ahora, de los actos que la inconforme impugna al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, consistentes en dos proveídos de siete de octubre del año en curso, pronunciados en el juicio sucesorio intestamentario 234/2009, en los que levantó la suspensión del procedimiento decretada en el acuerdo de nueve de marzo de dos mil diecisiete, ordenó la continuación del procedimiento relativo a la cuarta sección "partición" del juicio señalado a bienes de la de cujus Elena López Ramírez y dio vista al Agente del Ministerio Publico de su adscripción respecto del fallecimiento de los coherederos Cleotilde Oliva Juárez, Albino Juárez López y Paula de la Luz Juárez, por lo que desglosó las actas de defunción de dichos extintos, para que el Fiscal señalado realizara lo conducente en términos del numeral 773 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca se advierte que fueron emitidos como consecuencia del diverso reclamado a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, consistente en la resolución de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el toca familiar 613/2018. En así, porque en ese fallo el Tribunal de alzada revocó el auto de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, pronunciado en el juicio sucesorio intestamentario 234/2009, para que el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, realizara lo siguiente: a) levantara la suspensión del procedimiento decretada en el acuerdo de nueve de marzo de dos mil diecisiete; b) ordenara la continuación del procedimiento relativo a la cuarta sección "partición" del juicio señalado a bienes de la de cujus Elena López Ramírez; c) diera vista al Agente del Ministerio Publico de su adscripción respecto del fallecimiento de los coherederos Cleotilde Oliva Juárez, Albino Juárez López y Paula de la Luz Juárez, por lo que debía desglosar las actas de defunción de dichos extintos, para que el Fiscal señalado realizara lo conducente en términos del numeral 773 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca; d) en su oportunidad, realizara la venta del inmueble de la masa hereditaria, reservando las cantidades correspondientes a los coherederos fallecidos; y, e) informará a esa Sala el cumplimiento a tal fallo. En ese contexto, es claro que la disidente reclama un acto que es una consecuencia directa de otro que consintió, pues pretende impugnar dos acuerdos que son consecuencia directa e inmediata del diverso que atacó a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, consistente en la resolución de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el toca familiar 613/2018, el cual consintió tácitamente, como quedó demostrado anteriormente. Sin que resulte procedente el juicio de amparo en contra de las actuaciones combatidas al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, consistentes en dos proveídos de siete de octubre del año en curso, pronunciados en el juicio sucesorio intestamentario 234/2009, en los que se dio cumplimiento a los incisos a), b) y c) señalados con antelación, porque la justiciable ya conocía la determinación del Tribunal de alzada responsable y no promovió el juicio de amparo en su contra de manera oportuna, sino que lo consistió tácitamente. Entonces, si la parte quejosa no combatió de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca la resolución de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el toca familiar 613/2018 dentro del plazo previsto legalmente es evidente que lo consintió tácitamente; por tanto, al ser ese fallo el origen de los proveídos atacados al Juez primigenio es inconcuso que estos últimos son derivados de aquella que fue consentida tácitamente, porque son una consecuencia directa e inmediata que materializó el contenido de esa determinación. En respaldo de lo anterior, se cita la tesis III.1o.A.11 K publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, mayo de mil novecientos noventa y seis, página 582, de rubro y contenido siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." En tal sentido, respecto de los actos que la quejosa reclamó al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, consistentes en dos proveídos de siete de octubre del año en curso, pronunciados en el juicio sucesorio intestamentario 234/2009, en los que levantó la suspensión del procedimiento decretada en el acuerdo de nueve de marzo de dos mil diecisiete, ordenó la continuación del procedimiento relativo a la cuarta sección "partición" del juicio señalado a bienes de la de cujus Elena López Ramírez y dio vista al Agente del Ministerio Publico de su adscripción respecto del fallecimiento de los coherederos Cleotilde Oliva Juárez, Albino Juárez López y Paula de la Luz Juárez, por lo que desglosó las actas de defunción de dichos extintos, para que el Fiscal señalado realizara lo conducente en términos del numeral 773 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca se patentiza de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas por el artículo 61, fracciones XIII y XXIII de la Ley de Amparo, en razón de que se tratan de actos derivados de otro consentido, por lo que procede desechar de plano la demanda en cuanto a esas actuaciones con apoyo en lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. Domicilio. Se tiene como domicilio del inconforme para recibir notificaciones el que indica en su ocurso inicial. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir los acuerdos, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por este Juzgado Federal se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este órgano jurisdiccional, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Consulta expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo previsto por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista por la referida legislación. Notifíquese personalmente.
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