Constantino Zótico Nuñez López

Expediente 843/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
843/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
09/04/2021

Partes del expediente

  • Constantino Zótico Nuñez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de abril de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio de cuenta signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Decimotercer Circuito, con residencia en esta población, mediante el cual envía testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 590/2020, por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, los autos originales del presente juicio de garantías y dos cuadernos de pruebas. Acúsese recibo. Por otra parte, toda vez que el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del expediente, está conformado con copias certificadas cuyos originales ya obran en autos, resulta ocioso agregar las mismas a este expediente, por lo que únicamente glósense los acuerdos o constancias que obren después de la remisión del asunto al Tribunal de Alzada. En virtud de que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, mediante resolución de cuatro de diciembre de dos mil veinte, emitida en el amparo en revisión 590/2020, confirmó la sentencia recurrida en que se sobreseyó en el presente juicio; en consecuencia, háganse lo anterior del conocimiento de las partes y las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Finalmente, toda vez que resulta innecesaria la permanencia de los autos originales del expediente ******************** en dos tomos, que remitió la magistrada de la Tercera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, con sede en la ciudad de Oaxaca, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve; por lo tanto, se ordena devolver dicho expediente a la citada autoridad. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito de cuenta y anexo, suscrito por Alberto Nemesio Ordaz Águila, en su carácter de autorizado del quejoso, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; en atención a su contenido, para los efectos del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada por este Juzgado, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, glósese una copia del escrito de expresión de agravios a este expediente, distribúyase entre las demás partes una copia del mismo, y una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, del Decimotercer Circuito, con residencia en esta población, el original y copia del escrito por el que expresa agravios, así como el original del presente juicio; lo anterior, para la substanciación del recurso, atento a lo establecido en el Acuerdo General 13/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil nueve. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 306, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, que dice: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. El artículo 89 de la Ley de Amparo prevé que interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88, el Juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De la interpretación del indicado artículo 89, en relación con las reglas de interposición y tramitación del recurso de revisión previstas en los artículos 83 a 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, así como con la intención que tuvo el legislador al realizar las reformas a esa Ley, que quedaron plasmadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1984, y que están orientadas al cumplimiento de la garantía de justicia eficaz, pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el plazo de veinticuatro horas a que se refiere el citado artículo 89 debe correr a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de la res olución o sentencia recurrida y del auto por el que el Juez de Distrito tiene por interpuesta la revisión y ordena correr traslado de la misma, con copia del escrito de agravios.". Por último, fórmese el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del auto admisorio y de este proveído, sin que sea necesario deducir más constancias, puesto que este juicio se encuentra debidamente integrado para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como lo dispone el artículo 3° de la Ley de Amparo; por lo que de ser necesario, su consulta se hará por ese medio. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 843/2019; R E S U L T A N D O: PRIMERO. CONSTANTINO ZÓTICO NÚÑEZ LÓPEZ, mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, señalando como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, síndico Municipal y presidente Municipal Constitucional, ambos del referido municipio. La omisión en el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Superior del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca, en los autos del toca en revisión 54/2012, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la anterior Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el cinco de diciembre de dos mil once en el expediente 51/2011. De la Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. La falta de autorización y otorgamiento de la partida presupuestal extraordinaria suficiente para cubrir las obligaciones derivadas de la sentencia dictada por la Sala Superior del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca, en los autos del toca en revisión 54/2012, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la anterior Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el cinco de diciembre de dos mil once en el expediente 51/2011. Del tesorero de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, dependiente del Subsecretario de Ingresos, Contabilidad y Tesorería de dicha Secretaría.. La omisión de emitir y atender la instrucción de pago, con cargo a los recursos económicos que corresponda ministrar y que por disposición legal le corresponden al Municipio de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, para así cumplir con las obligaciones derivadas de la sentencia dictada por la Sala Superior del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca, en los autos del toca en revisión 54/2012. Actos que estimó violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En auto de veinte de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 24 - 25), se requirió al quejoso CONSTANTINO ZÓTICO NÚÑEZ LÓPEZ, para que dentro del término de cinco días siguientes a su legal notificación manifestara si también señalaba como autoridad responsable a la Tercera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca, quien conoce del expediente 149/2016 de donde derivan los actos omisivos controvertidos, apercibido que de no hacer manifestación alguna, se admitiría la demanda en los términos inicialmente planteados. TERCERO. Al no haber dado cumplimiento el quejoso al requerimiento formulado, en proveído de once de octubre de dos mil diecinueve (fojas 27 - 29), se le hizo efectivo el apercibimiento decretado y este Juzgado de Distrito admitió la demanda de amparo en los términos inicialmente planteados, solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio la intervención que legalmente le corresponde a la Representante Social de la Federación adscrita, señaló fecha la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con el resultado que muestra el acta respectiva. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como, a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Apoya a lo anterior, al jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese tenor, del análisis de la demanda de amparo indirecto en su integridad, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional es: Del Ayuntamiento Constitucional, Síndico Municipal y Presidente Municipal Constitucional, todos del Municipio de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca: La omisión de dar cumplimiento a la resolución dictada en el expediente 149/2016, del índice de la Tercera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, la cual fue modificada mediante fallo dictado en el toca en revisión 54/2012, por la Sala Superior de ese Tribunal. De la Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca: El falta de autorización y otorgamiento de la partida presupuestal extraordinaria suficiente para cubrir las obligaciones derivadas de la resolución dictada en el expediente 149/2016, del índice de la Tercera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, la cual fue modificada mediante fallo dictado en el toca en revisión 54/2012, por la Sala Superior de ese Tribunal. Del Tesorero de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, dependiente del Subsecretario de Egresos, Contabilidad y Tesorería de dicha Secretaría: La omisión para emitir y atender la instrucción de pago, con cargo a los recursos económicos que corresponda ministrar y que por disposición legal le correspondan al Municipio de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, para cumplir con las obligaciones derivadas de la resolución dictada en el expediente 149/2016, del índice de la Tercera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, la cual fue modificada mediante fallo dictado en el toca en revisión 54/2012, por la Sala Superior de ese Tribunal. TERCERO. Las autoridades responsables al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, pues conforme a las constancias de autos se desprende que la sentencia dictada en el expediente 149/2016, del índice de la Tercera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, la cual fue modificada mediante fallo dictado en el toca en revisión 54/2012, por la Sala Superior de ese Tribunal, no se encuentra cumplida. Lo que se corrobora con las actuaciones que integran el expediente 149/2016, del índice de la Tercera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, remitidas por la Magistrada de dicha Sala Unitaria, las que fueron ofrecidas como prueba documental por el quejoso CONSTANTINO ZÓTICO NÚÑEZ LÓPEZ, a las que se les concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º. CUARTO. Previo al estudio del asunto, conviene analizar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Amparo, sea que las hagan valer las partes, o este resolutor las advierta de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. En la especie, el suscrito estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria: u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo tiene como finalidad resolver las controversias por normas, actos u omisiones que se susciten entre los gobernados y alguna autoridad; por tanto, al ser un medio de control constitucional de los actos autoritarios, resulta improcedente respecto de aquéllos emitidos por una entidad que carezca de imperio. El referido artículo 5°, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, señala que autoridad para efectos del juicio de amparo es la que dicta, publica, ejecuta o trata de ejecutar u omite el acto reclamado; respecto de esta última circunstancia, en dicho precepto se precisa que tiene aquélla calidad la que emita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la naturaleza de una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo surge de las siguientes características: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior, se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, bajo el rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En el caso, el quejoso reclama del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca; Síndico Municipal del Municipio de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca; Presidente Municipal del Municipio de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca; la omisión de cumplir, en la esfera de su respectiva competencia, la sentencia dictada en el expediente 149/2016, del índice de la Tercera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, la cual fue modificada mediante fallo dictado en el toca en revisión 54/2012, por la Sala Superior de ese Tribunal. Sin embargo, se estima que éstas no reúnen la totalidad de las características que distinguen a las autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 5, fracción II, de la Ley de la Materia. A fin de analizar lo anterior, en primer término debe señalarse que la resolución cuyo cumplimiento se reclama, fue dictada en el expediente 51/2011, por la entonces magistrada de la Primera Sala de Primera Instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, actualmente expediente 149/2016, del índice de la Tercera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca (que no fue señalada en este asunto como autoridad responsable, no obstante el requerimiento formulado al quejoso), quien cuenta con un procedimiento legal para lograr la observancia y la ejecución de sus propias resoluciones, concretamente, el establecido en los artículos 182, 183 y 184 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca. Los numerales en comento disponen lo siguiente: "Artículo 182.- Las sentencias respecto de las cuales, no se pida aclaración o solicitada esta haya sido resuelta, causa ejecutoria de oficio. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia favorable al actor se comunicará por medio de oficio y sin demora alguna a las autoridades u organismos demandados para su cumplimiento, y se les prevendrá para que informe sobre el mismo, dentro de los tres días siguientes al en que se reciba el oficio de notificación. Artículo 183.- Si dentro del plazo señalado en el artículo anterior, las autoridades no cumpliesen con la sentencia, el Juzgado correspondiente, de oficio, la requerirá para que dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de la hora en que queden legalmente notificados cumplimenten el fallo e informen sobre ello. (Artículo 183 reformado mediante Decreto No. 668 publicado en el Periódico Oficial Extra del 2 de enero del 2015) Artículo 184.- Si a pesar del requerimiento, la autoridad o la entidad demandada, se niega a cumplir con la sentencia del Tribunal se procederá en la forma siguiente: I. Si la ejecución consiste en un acto material que solo puede ejecutar la demandada, y esta tuviese superior jerárquico, se requerirá a este para que ordene el cumplimiento de la resolución; II. Si la demandada insiste en no cumplir, al Juzgado que le corresponda lo hará del conocimiento del Ejecutivo del Estado o del Ayuntamiento, según el caso para que obliguen a la demandada al cumplimiento de la sentencia, y si la ejecución consiste en un acto material, que no tenga necesariamente que ser ejecutado por la autoridad demandada, el propio Juzgado podrá realizarlo en rebeldía de aquella, y (Fracción II del artículo 184 reformado mediante Decreto No. 668 publicado en el Periódico Oficial Extra del 2 de enero del 2015) III. El Juzgado podrá imponer multa de cincuenta y un a ciento cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Estado, a los servidores públicos que incumplan una sentencia sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario la multa impuesta y esta se duplique. Independientemente de que se proceda tanto administrativa como penalmente en contra del que desobedezca el mandato legítimo del Juzgado, en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, así como de la Legislación Penal del Estado de Oaxaca. (Fracción III del artículo 184 reformado mediante Decreto No. 668 publicado en el Periódico Oficial Extra del 2 de enero del 2015) El Juzgado requerirá continuamente al Órgano de Control Interno que corresponda, para que inicie y concluya el procedimiento administrativo disciplinario al que se refiere la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, hasta obtener la sanción del rebelde, imponiendo iguales multas al órgano de Control Interno que corresponda, para el caso de desacato. (Párrafo segundo del artículo 184 reformado mediante Decreto No. 668 publicado en el Periódico Oficial Extra del 2 de enero del 2015)." De los dispositivos legales transcritos, se colige que en la legislación atinente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, se encuentra previsto el procedimiento respectivo para ejecutar las determinaciones emitidas por dicho órgano; procedimiento en el cual, las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación y de igualdad procesal, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevea el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éste no es el único mecanismo para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales, pues como quedó de manifiesto, el citado Tribunal puede emplear una extensa serie de medidas para lograr la observancia de sus resoluciones. En ese contexto, toda vez que las autoridades señaladas como responsables en este juicio de amparo, se encuentran en un plano de igualdad respecto del particular, al haber figurado como demandadas, en una relación jurídico-procesal dentro del procedimiento de origen, no puede considerarse que se esté ante la presencia de una relación de supra a subordinación, determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como una característica esencial en el actuar de una autoridad que emite actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, es decir, una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Se insiste, para que un acto pueda ser considerado como emitido por una autoridad responsable, deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; en ese tenor, la realización de actos en un plano de igualdad, que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele el carácter de autoridad responsable. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 34/2018 (10a.), de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 478, que establece: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales." En el caso que nos ocupa, se insiste, el acto impugnado no reúne las características de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que las autoridades señaladas como responsables se encuentran en un plano de igualdad respecto de la parte quejosa, ya que, en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, se detallan una serie de medidas que puede adoptar el Tribunal para lograr la observancia de sus determinaciones. Es decir, que no es factible desvincular una supuesta omisión de las demandadas para reclamarles en forma destacada dicha abstención en el amparo, como si no hubiera sido parte de un juicio, donde la autoridad jurisdiccional que conoció de la controversia tiene facultades para hacer cumplir sus determinaciones. Por lo que no es dable analizar los actos reclamados a la Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y Tesorero de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, dependiente del Subsecretario de Egresos, Contabilidad y Tesorería de dicha Secretaría; toda vez que éstas no figuraron como autoridades demandadas en el juicio de origen, y además los actos que se les atribuyen son consecuencia de la omisión reclamada a las autoridades que si fungieron como parte demandada en el expediente 149/2016, del índice de la Tercera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, las que como ya quedó establecido en esta resolución, no reúnen las características de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Por tanto, al actualizarse la citada causal de improcedencia, prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 63 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por las razones aludidas lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo. En mérito de lo expuesto, el suscrito se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el quejoso, con apoyo en el criterio sustentado en la jurisprudencia 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Materia: Común, Página: 335, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 843/2019, promovido por CONSTANTINO ZÓTICO NÚÑEZ LÓPEZ, en términos de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio de cuenta y anexo, suscrito por la magistrada de la Tercera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, mediante el cual en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiuno de noviembre del año en curso, remite la documental que le fue solicitada; para los efectos legales a que haya lugar. Con apoyo en el artículo 119 de la citada Ley, se admite como prueba documental las constancias que se anexan al oficio de cuenta, mismas que se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. Fórmense los tomos I y II de prueba, con los autos originales del expediente 149/2016, del índice de la referida Sala, respetando el sello, folio y rúbrica de los mismos, los que quedarán bajo el resguardo de la mesa y a disposición de las partes para su consulta. Por otra parte, glósese el diverso oficio signado por el presidente Municipal Constitucional de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, mediante el cual solicita se le expida copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio, a efecto de encontrarse en aptitud de rendir el informe justificado requerido; sin que haya lugar a ello, en virtud de que mediante auto de seis de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo a la síndico procurador del Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, rindiendo el informe justificado que le fue solicitado (fojas 69, 70 y 76); además, para rendir el referido informe, basta con el auto de inicio y copia de la demanda de amparo, conforme a lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cuanto a su solicitud referente al diferimiento de la audiencia constitucional las veces que sea necesario hasta que le sea posible cumplir con los requerimientos que le sean formulados en este asunto; se hace de su conocimiento que el trámite del presente juicio de amparo, se llevará a cabo conforme a los plazos establecidos en la Ley de Amparo, y haciendo efectivos los apercibimientos realizados, en caso de incumplimiento. NOTIFÍQUESE.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,308 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano