Constantino Salazar Hernández

Expediente 304/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
304/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
19/04/2023

Partes del expediente

  • Constantino Salazar Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de treinta y uno de marzo de la presente anualidad, en el que se desechó la demanda de amparo, transcurrió sin que hubiera hecho uso de tal derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. ARCHIVO Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), así como en la carátula del expediente y archívese este asunto como concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE Y RELEVANCIA DOCUMENTAL En atención a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, debido a que se desechó la demanda que le dio origen y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente, aunado a que no obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, deberá destruirse y remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E.). FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el apoderado legal del Ayuntamiento de Teocelo, Veracruz, mediante el cual pretende atender el requerimiento efectuado en autos e informa la quejosa **** está incluida como derecho habiente en el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (lo cual no es un servicio médico). En ese sentido, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, resulta necesario requerir nuevamente a las autoridades responsables para que en el término de tres días legalmente computado, informen a este Juzgado si la quejosa *** cuenta con algún servicio médico público o privado, o bien las gestiones que hayan realizado para tal efecto, para lo cual deberán remitir las constancias que acrediten su dicho. En el entendido que de no cumplir con lo anterior, se les hará efectiva la multa individual por el valor de CIEN unidades de medida y actualización, con que se les apercibió en autos.

  3. Principal

    Debido a que la parte quejosa no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, de la Ley de Amparo, se publica el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: "Xalapa de Enríquez, Veracruz, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 304/2023. DESECHAMIENTO CAUSALES DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito examinará la demanda de amparo y en caso que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto debe examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. HIPÓTESIS NORMATIVA En el presente caso, de la lectura integral a la demanda de amparo, el suscrito advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento, d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo (.)" El dispositivo legal y fracción citados, prevén que el juicio de amparo será improcedente cuando el acto reclamado pueda ser combatido mediante recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Lo anterior, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, relativo a que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de derechos fundamentales. Este principio es indicativo que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa para la protección de los derechos humanos, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente, los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Para lo cual, tales recursos deben estar previstos en la normativa que rige el acto o los actos que se impugnen; y, para que la parte quejosa tenga obligación de agotarlos previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe existir entre el acto que lo agravie y el recurso ordinario una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley rectora del acto en forma expresa para combatirlo y no que por analogía se considere a dicho recurso como procedente para tal efecto. Ahora bien, a efecto de demostrar la causa de improcedencia a que se hace referencia, es necesario traer a contexto los artículos 525 y 527 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, los cuales disponen: "Artículo 525. El recurso de queja tiene lugar: I.- Contra el juez que se niegue a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad de un litigante; II.- Respecto de los autos dictados en ejecución de sentencia; III.- Contra la denegación de apelación; IV.- En los demás casos fijados por la ley". "Artículo 527. El recurso de queja en contra del Juez, se presentará ante el mismo, dentro de los dos días que sigan al acto reclamado. Dentro del término de tres días de interpuesto el recurso, el juez de los autos remitirá a la Secretaría General del Tribunal Superior de Justicia o, en su caso, a su superior inmediato, informe con justificación, acompañando al mismo copia legible de las constancias conducentes; recibido éste, el superior, dentro del tercer día, decidirá lo que corresponda. En todo momento se estará a lo siguiente: I. De proceder el Recurso de queja, se pondrá a vista de la contraparte en caso de que sea un juicio contencioso para que, dentro del término de dos días, manifieste lo que a sus intereses convenga y señale constancias para su substanciación en segunda instancia; y II. De proceder el recurso en el caso de la fracción III del artículo 525, en la resolución se dispondrá que el inferior admita y tramite la apelación conforme a las reglas contenidas en el Capítulo Primero de este Título". Los preceptos legales transcritos establecen que procede el recurso de queja, entre otros supuestos, contra la denegada apelación, mismo que debe presentarse ante el Juez dentro de los dos días siguientes a la emisión del acto, quien debe remitirlo en el plazo de tres días a la Secretaría General del Tribunal Superior de Justicia, o en su caso, a su superior inmediato, acompañado del informe con justificación así como copias legibles de las constancias conducentes, y una vez recibido el recurso, la Superioridad decidirá lo que corresponda dentro del tercer día. También se observa que de proceder tal medio de impugnación, éste se pondrá a vista de la contraparte en caso que se trate de un juicio contencioso, para que dentro del término de dos días manifiesta lo que a su interés convenga y señale constancias para su substanciación en segunda instancia; y en el caso de resultar fundado dicho medio de impugnación, se ordenará al inferior admitir y tramitar la apelación conforme a las reglas procesales correspondientes. Por tanto, la queja por denegada apelación es un medio dentro del procedimiento de origen mediante el cual tal acto puede ser nulificado. HECHOS Ahora, del análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: El auto de *********, emitido en el juicio ordinario civil *********, del índice del Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, mediante el cual se desechó el recurso de apelación que interpuso en contra del diverso proveído de *********, por el que negó la planilla de liquidación de intereses de pensiones caídas. CONCLUSIÓN Con base en lo expuesto, se arriba a la convicción que contra el auto de *********, pronunciado en el juicio ordinario civil *********, del índice del Juzgado responsable. mediante el cual se desechó el recurso de apelación interpuesto, procede interponer el recurso de queja, establecido en el numeral 525, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, previamente a la presentación de la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa; sin embargo, dado que no se hizo así, entonces, no se observó el principio de definitividad que rige en materia de amparo y por ende el juicio biinstancial deviene improcedente. No pasa inadvertido para este Juzgado de Distrito que en el caso se encuentren involucrados derechos de menores de edad; sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que tales circunstancias no generan una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados; de ahí que el interés superior del menor no constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. En efecto la referida Sala ya determinó que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues por una parte el acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses en el juicio natural; y por la otra, la definitividad se refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. El anterior criterio se contiene en la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En este sentido, es evidente que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, sin que en el caso se actualice alguna de las excepciones que prevé dicha porción normativa. En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona en su escrito de demanda. Asimismo, se faculta en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********* y *********, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y toda vez que no se proporcionó número de cédula profesional para advertir si se encuentra en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia consultable con el registro electrónico 2021840, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO" USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio, previa constancia que al respecto se deje en autos, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Lo anterior, sin que implique que la fe pública de la Secretaria quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las demás partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo y el diverso 22 del Acuerdo General 12/2022 antes invocado, digitalícense las promociones que se reciban en forma física en la oficialía de partes de este Juzgado, para su integración al expediente electrónico de este incidente. FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese"

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