Constantino Rafael Vázquez Méndez
Expediente 716/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 26 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 716/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 22/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Constantino Rafael Vázquez Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, a veintidós de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia autorizada el veintiuno de febrero del año en curso, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. No es óbice a lo anterior el hecho de que no obren en autos los acuses de recibo de las notificaciones a las autoridades responsables foráneas, toda vez que éstas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, pues su sentido no les causa agravio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se determina que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió y se negó la medida cautelar respecto del acto reclamado. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a veintidós de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia autorizada el veintiuno de febrero del año en curso, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. No es óbice a lo anterior el hecho de que no obren en autos los acuses de recibo de las notificaciones a las autoridades responsables foráneas, toda vez que éstas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, pues su sentido no les causa agravio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se determina que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió y se negó la medida cautelar respecto del acto reclamado. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente.
- Principal
AUDIENCIA CONSITUCIONAL...Vistos, para dictar sentencia ...SEGUNDO. Precisión acto reclamado. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que aquéllos consisten en: - La orden de aprehensión y/o detención, y su ejecución. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables 15. Comandante actualmente Encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial de Córdoba, Veracruz; 4. Fiscal auxiliar del Fiscal Regional Zona centro Córdoba, Veracruz; 12. Comandante de la Policía Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Córdoba, Veracruz; 7. 8. 9. y 10. licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato Juez de Control del Juzgado de Proceso Penal Oral, con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz por sí y en representación de los Jueces María Andrea García Zavaleta, Paula Morales Marín y Marcelo Alfredo Campos Scougall; 3. Fiscal Auxiliar en la Fiscalía Regional Zona Centro Veracruz, con sede en Veracruz; 1. Fiscal General del Estado de Veracruz; 5. Fiscal de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz; y 2. Fiscal Regional de la Zona Centro, con sede en Xalapa, Veracruz; precisados en el considerando anterior, consistentes en la orden de aprehensión y/o detención, y su ejecución. El 13. Coordinador de la Policía Municipal de Córdoba, Veracruz, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificado del oficio 24738/2021, por medio del cual se le solicitó el mismo, tal y como se advierte de la constancia que obra glosada en autos; sin embargo, no ha lugar a presumir ciertos los actos reclamados por la parte quejosa, tal y como lo señala el artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que las autoridades señaladas como ordenadoras lo negaron y en su calidad de ejecutora no puede dar cumplimiento a una orden inexistente. El quejoso, Constantino Rafael Vázquez Méndez, no aportó medio de convicción que desvirtuara las negativas pronunciadas por las autoridades responsables en torno a los actos reclamados; en consecuencia, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 181, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia: Común, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." También es aplicable la jurisprudencia número I.2o. J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 77, tomo 80, agosto de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por acuerdo de veinte de agosto de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento de las partes que para permitir el acceso a información confidencial, se requería de su consentimiento; y que de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, dado que de autos se advierte que ninguna de las partes realizó manifestación alguna en relación al acceso a la información confidencial, por lo que de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; y al no existir manifestación alguna de las partes en ese sentido, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******** contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos que ahí se exponen.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a veintiuno de enero de dos mil veintidós. Agréguese el informe justificado rendido por el Fiscal Regional de la Zona Centro, con sede en Xalapa, Veracruz, en atención al requerimiento de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno; dese vista a las partes por el término de ocho días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 117, de la Ley de Amparo.
Quedan 22 actuaciones en este expediente
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