Constantino Martínez Ortiz
Expediente 854/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 854/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Constantino Martínez Ortiz
Actuaciones
- Principal
...Vistos los autos y la certificación precitada; como no se interpuso recurso de revisión dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintitrés de agosto del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicha resolución ha quedado firme. Ahora, vista la certificación secretarial de cuenta; archívese el presente asunto como concluido... NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY...
- Principal
...Glósese el oficio de la Presidenta de la Sala Regional de Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por medio del cual, con fundamento en el ordinal 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado y niega el acto reclamado. Enseguida, en términos del ordinal 119 de la ley de la materia, se tienen por anunciadas las documentales que remite la autoridad responsable, las cuales se tomarán en consideración más adelante. Ahora bien, vista la demanda de derechos humanos, se aprecia que Constantino Martínez Ortiz, entre otras cuestiones, reprocha de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa la omisión de hacer cumplir la sentencia de uno de diciembre de dos mil veinte, dictada en el expediente administrativo 4168/19-15-01-3, de su índice. Bajo esa tesitura, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: (.) En relación con el principio de definitividad, al resolver la contradicción de tesis 306/2021 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicó que el recurso de queja previsto en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, INCLUSO, LA DE RESOLVER QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA EJECUTAR EL FALLO Y QUE, POR ENDE, PROCEDE EL CUMPLIMIENTO SUSTITUTO, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. Concluyó, que en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, previo acudir al juicio de amparo, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo. Dichas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.) que dice: RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. (.) El artículo y jurisprudencias transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales exista algún recurso, o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados. En efecto, el principio de definitividad encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, previstas en una ley formal y material, que puedan modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que le ocasiona afectación. Lo que cobra sentido con la interpretación realizada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el contenido del artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se sostuvo que el poder Legislativo doto de independencia y autonomía del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para resolver los litigios sometidos a su jurisdicción y dictar sus fallos con base en su ley orgánica, brindando a los Magistrados que lo integran las condiciones necesarias para que administren justicia de forma independiente, imparcial y eficaz, lo que implica la ejecución y cumplimiento de sus propias determinaciones. En efecto, la Ley de la materia, reconoce la existencia de un procedimiento de ejecución de sentencias previsto en los artículos 52, 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual fue diseñado precisamente para realizar todas las gestiones administrativas necesarias a fin de lograr el cumplimiento del fallo que, en su caso, hubiere dictado, a través del procedimiento de ejecución, privilegiando en todo momento el eficaz cumplimiento de la sentencia de nulidad. Así, la intervención de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe ser activa, pues se encuentra obligada constitucionalmente a velar por el cumplimiento de sus resoluciones, aplicando, de ser necesario, supletoriamente las disposiciones establecidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, según lo establece el artículo 1, de la ley que rige su actuar. Estimar lo contrario, implicaría sustituir a la autoridad responsable en sus obligaciones establecidas en la Ley para hacer cumplir sus determinaciones o sentencias; de ahí que, la Sala es la responsable de seguir requiriendo el cumplimiento de la sentencia al funcionario público que sustituya al sancionado, hasta lograr su debido cumplimiento. Para mayor claridad se transcribe el artículo 58, fracción II, inciso a), punto 3, e inciso b), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece: ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: (...) De dicho precepto legal se infiere la posibilidad que tiene la parte actora de ocurrir al recurso de queja ante la Sala Regional por la omisión de la autoridad demandada en acatar la sentencia dictada en el juicio de nulidad. Asimismo, establece que dicho medio de impugnación -queja, tratándose de los casos señalados en el subinciso 3, del artículo 58 invocado, se puede promover en múltiples ocasiones hasta lograr el cumplimiento del fallo de nulidad, o bien, como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.) cuando se declare que EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA EJECUTAR EL FALLO Y QUE, POR ENDE, PROCEDE EL CUMPLIMIENTO SUSTITUTO. Ahora bien, como quedó precisado con antelación, el solicitante de amparo, entre otras cuestiones reclama en esta instancia constitucional, la omisión de hacer cumplir, vigilar y agotar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento de la sentencia de uno de diciembre de dos mil veinte, dictada en el expediente administrativo 4168/19-15-01-3, del índice de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sin embargo, contra el incumplimiento de la sentencia dictada en el referido juicio de nulidad, el aquí quejoso debe promover el recurso de queja, en términos artículo 58, fracción II, inciso a), punto 3, e inciso b), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual resulta ser el idóneo y eficaz para que la autoridad demandada cumpla con la obligación a que le constriñe la citada resolución, hasta lograr el cumplimiento del fallo, o bien, se declare EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA EJECUTAR EL FALLO Y QUE, POR ENDE, PROCEDE EL CUMPLIMIENTO SUSTITUTO. Recurso de queja que puede hacerse valer más de una vez contra las resoluciones dictadas en cumplimiento a sentencias dictadas en esa instancia, al encontrarse dentro de la excepción prevista en el artículo 58, fracción II, inciso a), punto 3, último párrafo, hasta lograr el cumplimiento del fallo, o bien, se declare EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA EJECUTAR EL FALLO Y QUE, POR ENDE, PROCEDE EL CUMPLIMIENTO SUSTITUTO. A mayor abundamiento, cabe precisar, que dicho medio de impugnación puede hacerse valer en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito el derecho del quejoso para su interposición. De ahí que, para promover el juicio de amparo los actos reclamados deben ser definitivos, es decir, que en su contra no exista ningún medio de defensa legal por el cual se puedan modificar o reformar; por tanto, al existir el referido medio de defensa, es claro que el justiciable no cumplió con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Por las consideraciones que la informan resulta aplicable la tesis (IV Región)1o.9 A (11a.), que dice: SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO OBLIGA A LAS SALAS DE DICHO ÓRGANO A VERIFICAR OFICIOSAMENTE SI EN LA RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO LA AUTORIDAD DEMANDADA ATENDIÓ SUS EFECTOS, PUES EL PARTICULAR CUENTA CON EL RECURSO DE QUEJA SI CONSIDERA QUE NO FUE ASÍ. (.) Por ello, si la parte quejosa tiene a su alcance el mencionado medio ordinario para lograr el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad, entonces debe agotar la instancia jurisdiccional administrativa referida, a saber, el recurso de queja, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual, como quedó precisado con anterioridad, puede hacerlo valer más de una vez y en cualquier momento, hasta lograr el cumplimiento del fallo, o bien, se declare EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA EJECUTAR EL FALLO Y QUE, POR ENDE, PROCEDE EL CUMPLIMIENTO SUSTITUTO; empero al no ocurrir así, se actualiza la causa de improcedencia de que se trata. Enseguida, respecto a la omisión de proveer el escrito de treinta de mayo de dos mil veintidós, y la falta de notificación del acuerdo correspondiente, a través del cual, solicitó a la Sala requiriera a la autoridad demanda el cumplimiento de la sentencia definitiva de uno de diciembre de dos mil veinte pronunciada en el juicio 4168/19-15-01-3, de su índice; sobreviene la diversa causal de inejercitabilidad prevista en el dispositivo 61, fracción, XXI de la Ley de Amparo, que contempla: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...). En relación con esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio cuyo contenido no contraviene a lo dispuesto por la nueva Ley de Amparo, del rubro y texto siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.(.) Cabe precisar que la causa de improcedencia en comento está prevista en términos idénticos tanto en la nueva Ley de Amparo, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. Así, la interpretación del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, clarifica que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso, de las constancias que anexó la Sala responsable se evidencia que mediante acuerdo de uno de agosto de dos mil veintidós proveyó el escrito de Constantino Martínez Ortiz y en atención a su contenido, inició el procedimiento previsto en el ordinal 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que, requirió a la autoridad demandada para que en el plazo de tres días dé cabal cumplimiento a la sentencia de uno de diciembre de dos mil veinte pronunciada en el controvertido 4168/19-15-01-3; bajo apercibimiento de multa. Determinación que se ordenó notificar a través del correo electrónico autorizado para oír y recibir notificaciones. Lo que lleva a considerar, que han cesado los efectos de la omisión reclamada, en virtud de que, como se precisó con antelación, la autoridad responsable, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, acordó la solicitud del gobernado de treinta de mayo de dos mil veintidós. Con ello, se destruyeron todos los efectos del acto que se reclama en forma total e incondicional; de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si no hubiera existido. En apoyo a lo anterior, se cita el siguiente criterio jurisprudencial, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, siguiente: ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. (.) Sin que en el caso resulte improcedente requerir a la parte quejosa para que amplíe la demanda contra el acuerdo de uno de agosto de dos mil veintidós, en el que la autoridad responsable dio contestación a la petición del impetrante, mediante el cual, solicitó requiriera a la autoridad demanda el cumplimiento de la sentencia de uno de diciembre de dos mil veinte; ello, pues contra ese acuerdo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.). IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." En relación con esta causa de improcedencia, existen las jurisprudencias y tesis, cuyo contenido no contravienen las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, de conformidad con su artículo sexto transitorio, del tenor siguiente: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. (.) DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. (.) REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). (.) Los artículos, jurisprudencia y tesis transcritos revelan que el juicio de amparo indirecto, tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose por última resolución, aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o la que ordena el archivo definitivo del expediente. En la especie, el auto de uno de agosto de dos mil veintidós, en el que la autoridad responsable Sala Regional de Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dio contestación al escrito de treinta de mayo del actual presentado dentro del controvertido 4168/19-15-01-3; no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de dicho fallo; pues en el acuerdo recaído, la autoridad responsable inició el procedimiento previsto en el ordinal 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que, requirió a la autoridad demandada para que en el plazo de tres días dé cabal cumplimiento a la sentencia de uno de diciembre de dos mil veinte pronunciada en el juicio 4168/19-15-01-3; bajo apercibimiento de multa. Lo que evidencia que el amparo indirecto en contra de dicho acuerdo es improcedente; pues tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, únicamente es impugnable contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. En apoyo a lo anterior, se cita el siguiente criterio jurisprudencial, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LA EXCEPCIÓN SUSTANCIAL Y PERENTORIA QUE OPONE EL EJECUTADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE DEBE HACERSE VALER EN EL AMPARO QUE SE INTENTE CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. .) De ahí que, por las consideraciones antes expuestas, resulte improcedente requerir a la parte quejosa para que amplíe su demanda de amparo, en contra del acuerdo de uno de agosto de dos mil veintidós, en el que la autoridad responsable dio contestación a su petición. Finalmente, al actualizarse las causales de inejercitabilidad analizadas; lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, fuera de audiencia. De ahí que, resulte innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional para resolver este asunto, por lo que, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para tal fin. Tiene aplicación por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia de rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
- Principal
....Vista la primera certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días, concedido a la autoridad responsable Integrantes de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que rinda su informe justificado. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración...
- Principal
"... Vista la demanda promovida *****, contra actos de los Integrantes de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el juicio de amparo indirecto 854/2022... se admite la demanda de amparo de cuenta, tramítese sin incidente de suspensión, por no haberlo solicitado... Se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para celebrar la audiencia constitucional..."
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