Constantino Hernandez Diaz
Expediente 279/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 279/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 16/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Constantino Hernandez Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta, proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo 279/2022 y sus anexos, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la resolución de diez de octubre del año en curso, e informa que admitió a trámite el referido medio de impugnación, quedando registrado con el número 579/2022 de ese índice. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la boleta de turno de cuenta, proveniente de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con la que informa que el presente asunto fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, para que se avoque al conocimiento del recurso interpuesto. De lo que se toma nota para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta, firmado por el quejoso CONSTANTINO HERNANDEZ DIAZ; atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de revisión contra la resolución de diez de octubre del año en curso dictada en el presente juicio. Por lo tanto, procédase conforme a lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, y dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al que se integre debidamente el presente expediente, remítase el original del escrito de agravios y los autos al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, para su substanciación; para lo cual se ordena al secretario vigilar el cumplimiento del mandato. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y distribúyanse entre las partes la copia del escrito de agravios, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, de conformidad con el artículo 26 y 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, instrúyase a la Oficial Judicial "A", Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que deje disponible el expediente electrónico relativo al presente asunto y el tribunal de alzada tenga a su disposición las constancias necesarias. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
MESA VII "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 279/2022 promovido por CONSTANTINO HERNANDEZ DIAZ, contra actos del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca; y, (...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama a) La emisión de la resolución de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve; b) El acuerdo de dos de mayo de dos mil diecisiete, a través del cual se ordena notificar dicho fallo y las subsecuentes a través de lista; c) La notificación por lista de acuerdos de trece de noviembre de dos mil diecinueve, de la resolución de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve.]." Todo dentro del expediente ASE/UAJ/P.R./004/2017. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza de los actos. Al rendir su informe justificado la responsable ACEPTÓ los actos reclamados. Certeza que se corrobora con las constancias que remitieron en apoyo, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. A su vez, negó el acto consistente en que la notificación de la sentencia de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, se hubiese hecho en contravención a la ley. CUARTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Atento a lo anterior, y de las constancias que remitió la responsable como apoyo a su informe justificado, las cuales tienen pleno valor probatorio conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de amparo, se advierte una causal de improcedencia. En ese sentido, se advierte que resulta extemporánea la demanda de amparo, lo que ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, mismos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos... Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor". De lo anterior, se advierte que la referida improcedencia deriva del consentimiento tácito para promover la acción constitucional; es decir, cuando la presentación de la demanda se realiza fuera del plazo que la ley establece. Así, en el asunto, el acto reclamado se ubica dentro de la regla genérica de quince días, pues no se refiere a alguna de las excepciones establecidas en las fracciones del citado artículo 17 de la Ley de Amparo. En efecto, el acuerdo reclamado, no se trata de una norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición; no es una sentencia definitiva en un proceso penal, que imponga pena de prisión; ni se controvierten actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Tampoco, se impugna algún acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ahora, el quejoso impugna esencialmente la resolución de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, emitida en el expediente ASE/UAJ/P.R./004/2017 y su notificación. Sin embargo de las constancias digitales que remitió la autoridad responsable, específicamente en el tomo III, obra un escrito del quejoso de ocho de julio de dos mil veintiuno, por medio del cual interpuso recurso de revisión ante la autoridad responsable, en la cual bajo protesta de decir verdad manifiesta: "fue hasta el día de hoy que verbalmente fui informado de la existencia de una resolución determinante a través del cual se me impone una multa en cantidad total de $174,000.00." Dicho escrito fue presentado ante la responsable el veintiuno de julio siguiente. De lo anterior se colige que el impetrante del amparo, desde el ocho de julio de dos mil veintiuno, se hizo sabedor de la resolución que esta instancia reclama; por tanto, se concluye que el juicio de amparo fue promovido de forma extemporánea, pues del veintiuno de julio de dos mil veintiuno, a la fecha de la presentación del escrito de ampliación de demanda que dio origen al presente juicio de amparo (catorce de febrero de dos mil veintidós), transcurrieron en exceso los quince días para promover el juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER EN EL JUICIO de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1028, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 708, del Tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ... contra actos del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
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