Constantino Hernandez Cerezero

Expediente 818/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
818/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
09/12/2019

Partes del expediente

  • Constantino Hernandez Cerezero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el estado procesal. se cambia la calificación de archivo. se regulariza el procedimiento. Notifiquese.

  2. Principal

    VI. De la certificación de cuenta se desprende que el quejoso Constantino Hernández Cerezero, a quien se considera podría causarle algún perjuicio la sentencia de once de julio de dos mil dieciséis, a través de la cual se sobreseyó en el juicio de amparo, dentro del plazo de diez días inserto en el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito, por ende, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, porque mediante sentencia de once de julio del año en curso, se sobreseyó el juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo General Conjunto de referencia). En el entendido que en el expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este juzgado de Distrito carece de relevancia documental, y además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Finalmente, a las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción de los mismos, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  3. Principal

    VI) V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 818/2016-VI, promovido por Constantino Hernández Cerezero, por derecho propio, contra actos del Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Metepec, Estado de México. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el seis de junio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, Carlos Abraham Tapia Rosales en nombre y representación de Constantino Hernández Cerezero, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridad siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES - Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Metepec, Estado de México ACTO RECLAMADO "La detención ilegal fuera de todo procedimiento, en el operativo denominado alcoholímetro, practicada por los elementos de la policía municipal de Metepec, Estado de México." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales Señalados. El peticionario de amparo argumenta en su demanda, que el acto de autoridad que combate, vulnera en su perjuicio sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 8°, 11, 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. Mediante acuerdo de cinco de junio dos mil dieciséis (fojas 4 a 6), se admitió a trámite la demanda; se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Federal; 1°, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 1º, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; pues las autoridades responsables residen dentro de la jurisdicción asignada a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Aplicación tesis y jurisprudencias. Previo al análisis de la cuestión debatida en el presente juicio de amparo, resulta indispensable precisar que las tesis que se invoquen en la presente resolución, emitidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de Amparo publicada el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, este juzgado federal las considera aplicables a los supuestos para los que se invocan, al no contravenir las disposiciones de la legislación vigente, en términos de su artículo sexto transitorio. TERCERO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, debe precisarse que los actos reclamados en esta vía constitucional consiste en: - La detención fuera de todo procedimiento, en el operativo denominado Alcoholímetro, practicada por los elementos de la policía municipal de Metepec, Estado de México. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril del año dos mil, Novena Época, con número de registro 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Establecido lo anterior, el Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Metepec, Estado de México, (foja 19 a 29), al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos reclamados. Es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con las constancias que la autoridad responsable acompañó en apoyo a su informe justificado, consistentes en copias certificadas de la remisión del juez calificador, certificado médico y hojas de control de la oficialía calificadora, constancias a las que, dada su naturaleza de documentales públicas, se les otorga valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causas de Improcedencia. Precisada la certeza del acto reclamado, debe indicarse que el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y deben ser analizadas de manera preferente, sea que las partes lo aleguen o se adviertan de oficio, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente, que señala: ".Las causales de improcedencia, se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Es aplicable la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada la página 553, del Tomo VI, Parte TCC, del Apéndice de 1995, Octava Época, con número de registro 222780, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al respecto, de oficio se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente, ya que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 108, fracción III y 5°, fracción II, estos últimos interpretados en sentido contrario, que señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [..] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación en sentido contrario de lo previsto en el numeral 108, fracción III, de la ley de la materia. Por otra parte, de la interpretación de los artículos 108, fracción III y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se colige que en la vía constitucional sólo deben estudiarse las actuaciones de los órganos del Estado que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, siempre y cuando en la demanda de garantías se les haya señalado como responsables y se hayan integrado a la relación jurídico procesal a través del emplazamiento respectivo, pues resulta ilegal realizar un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de un acto emanado de una autoridad no designada como responsable ni emplazada a juicio, precisamente porque no fue oída en la contienda en defensa de su actuación. Tal consideración se justifica más aún porque el resultado del eventual examen que se hiciera del acto reclamado respecto de la autoridad que sí fue llamada al proceso en modo alguno podría hacerse extensivo a otra, pues sería jurídicamente imposible ordenar a quien no intervino en la contienda constitucional que dejara insubsistente su acto, cuando no fue parte formal dentro del procedimiento. Tiene aplicación por identidad de razón, la tesis La tesis XXXI.1 K, con registro 164185, es consultable en la página 2199, tomo XXXII, agosto de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO EMITIDO CONJUNTAMENTE POR DIVERSAS AUTORIDADES. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO NO SE SEÑALA COMO RESPONSABLE A ALGUNA DE ÉSTAS, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AL SER IMPOSIBLE HACER UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE AQUÉL. De la interpretación de los artículos 116, fracción III y 11 de la Ley de Amparo, se colige que en la vía constitucional sólo deben estudiarse las actuaciones de los órganos del Estado que dictan, promulgan, publican, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar la ley o el acto reclamado, o bien se les finque un acto de omisión, siempre que en la demanda de garantías se les haya señalado como responsables. Así, tratándose de un acto reclamado emitido conjuntamente por diversas autoridades, la sanción por el incumplimiento del quejoso a dicha obligación, al no señalar como responsable a alguna de éstas a pesar de la prevención correspondiente, es que el juicio de garantías sea improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la señalada ley, en relación con los citados preceptos, toda vez que es imposible hacer un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de un acto emanado de una autoridad no designada como responsable, dado que no fue oída en la contienda en defensa de su actuación. Lo que se justifica con mayor razón, porque el resultado del eventual examen que se realizara al acto reclamado respecto de una sola de las autoridades -que sí fue llamada al proceso- en modo alguno podría hacerse extensivo a otra, dado que sería jurídicamente imposible ordenar a quien no intervino en la contienda constitucional, que dejara insubsistente su acto, cuando no fue parte formal dentro del procedimiento." En lo conducente, también es aplicable la tesis I.4o.A.92 K, con número de registro 209026, se consulta en la página 150, tomo XV-I, febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que se transcribe enseguida: "AUTORIDAD RESPONSABLE NO LLAMADA A JUICIO. IMPOSIBILIDAD DE ANALIZAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE SUS ACTOS AUN CUANDO DEPENDA DIRECTAMENTE DE OTRA DIVERSA QUE SI FUE LLAMADA A JUICIO. Es correcto el razonamiento del juez de Distrito por medio del cual determina que no puede analizar la constitucionalidad del acto reclamado de una autoridad que no fue llamada a juicio, y no es obstáculo para determinar lo anterior, el hecho de que esta última dependa directamente de otra que sí fue llamada a juicio, ello en virtud de que, dentro de las atribuciones de la autoridad que suscribió el acto reclamado, no se advierte que pueda hacerlo en sustitución de la señalada como responsable." En el caso, el Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Metepec, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó que el cuatro de junio de dos mil quince, elementos a su cargo trasladaron e ingresaron a las oficinas del Oficial Calificador Especial de Metepec, Estado de México, al aquí quejoso Constantino Hernández Cerezero, y que esta última autoridad fue quien decretó el arresto inconmutable de doce horas contra el peticionario del amparo. En virtud de lo anterior, por auto de ocho de julio del presente año, se requirió al quejoso para en el plazo de quince días manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Oficial Calificador de Metepec, Estado de México. Ahora bien, como el peticionario del amparo no cumplió con dicho requerimiento en el plazo concedido, mediante auto del ocho de julio del presente año, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se ordenó continuar el procedimiento sólo con las autoridades señaladas. En tales condiciones, si el Oficial Calificador de Metepec, Estado de México, fue quien decretó el arresto inconmutable por doce horas contra el quejoso y tal autoridad no fue señalada como responsable en el presente juicio, resulta evidente que no es factible estudiar la constitucionalidad de tal acto. Norma el criterio expuesto, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se consulta en la página 1681, tomo XC, del Semanario Judicial de la Federación, quinta época que dice: "AUTORIDAD ORDENADORA NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE. Si la autoridad ordenadora no fue señalada como responsable, no es dable estudiar la constitucionalidad del acto reclamado.". Por tanto, al haber incumplido el peticionario del amparo con su obligación de señalar a la autoridad responsable que ordenó el acto que reclama, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, 5°, fracción II y 108, fracción III, estos últimos interpretados en sentido contrario de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del propio ordenamiento. Resulta aplicable al caso, en lo conducente, la tesis 69 pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 53, tomo VI, materia común, Sección Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre, página 195, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento.". El sobreseimiento decretado se hace extensivo al acto de ejecución atribuido al Director de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos de Metepec, Estado de México, en razón de que su actuación no fue combatida por vicios propios. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 239008, se consulta en la página 50, tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, séptima época que se cita enseguida: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Por el resultado obtenido, resulta innecesario estudiar alguna otra causa de improcedencia que para el caso se actualice, ya que su examen resultaría ocioso y a nada práctico conduciría, pues no cambiaría el sentido de la resolución. Es aplicable, por las consideraciones en que se sustenta, la jurisprudencia la jurisprudencia 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es visible en la página 414, tomo VIII, agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octava época, que lleva por rubro y texto los siguientes: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Así también, conviene mencionar que al actualizarse la causa de improcedencia mencionada, no resulta posible analizar el fondo del asunto, lo que se apoya en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 239006, se consulta en la página 49, tomo 24, tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, séptima época, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, cabe precisar que no representa obstáculo a la determinación adoptada, el que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las partes, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Encuentra apoyo el aserto anterior en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro 211352, se consulta en la página 544, tomo XIV, julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, cuyo contenido se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 76, 77 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Constantino Hernández Cerezero, contra el acto, autoridad y por las razones expresadas en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con el licenciado Emmanuel Ramirez Gómora, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    VI) Toluca, Estado de México; ocho de julio de dos mil dieciséis. De la certificación de cuenta se desprende que el impetrante del amparo Constantino Hernández Cerezero, en el plazo de quince días inserto en auto de catorce de junio de dos mil dieciséis, no desahogó la vista ahí formulada; es decir, no manifestó si era su deseo señalar como autoridad responsable al Oficial Calificador de Metepec, Estado de México, y como acto reclamado el arresto inconmutable de cinco de junio del presente año. Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó, y se continúa con el trámite del presente asunto sólo por cuanto hace a la autoridad y acto señalado inicialmente en la demanda de amparo. Se estima aplicable en lo conducente, la jurisprudencia número 2a./J. 112/2003, publicada en la página 93, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Novena Época, que resolvió la contradicción de tesis 86/2003-SS, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Emmanuel Ramírez Gómora, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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