Constantino García Hernández
Expediente 452/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 452/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Constantino García Hernández
Actuaciones
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley invocada, para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda, sin que el impetrante hubiese ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a seis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la razón del actuario judicial adscrito, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa, el acuerdo dictado el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, debido a que mediante proveído de veinticuatro de agosto del año en curso, se ordenó que todas las notificaciones subsecuentes, así como las de carácter personal, se le hicieran por medio de la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes y como está ordenado en el auto de mérito, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción III, 27, fracción III inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación por ese medio. Notifíquese por medio de lista de acuerdos a la parte quejosa el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, como está ordenado en acuerdo de veinticuatro de agosto del año en curso. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. CUMPLIMIENTO DE LA PREVENCIÓNVisto; el escrito de la parte quejosa agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele dando cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento efectuado mediante proveído de cuatro de mayo del año en curso, al aclarar su escrito inicial de demanda. DESECHAMIENTO.Ahora bien, en principio, es menester tener presente que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierte es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Son orientadoras las consideraciones sustentadas en la jurisprudencia P./J. 128/2001. En el caso, de oficio, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, pues el acto reclamado no lesiona derechos sustantivos ni genera efectos de imposible reparación en detrimento del quejoso, como se verá a continuación. Establecido lo anterior, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que el disconforme señala como acto reclamado el consistente en: "La ilegal resolución de fecha 08 de julio del año 2022, dictada en los autos del toca número 451/2022,en la cual confirma la resolución incidental, sobre la interposición del recurso de apelación interpuesto por el suscrito con el carácter de coheredero en contra de la resolución incidental de oposición a proyecto de partición formulado por el albacea, para exclusión de bien mueble inmueble propiedad de la cujus, dictada por la C Juez Segundo de Primera Instancia de Papantla, Veracruz, en el Juicio Intestamentario Número 567/2017." Ahora bien, como se anticipó se considera actualizada la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, pues dichos actos no lesionan derechos sustantivos ni generan efectos de imposible reparación en detrimento del quejoso, como se verá a continuación. Lo anterior es así, debido que el acto que reclama el aquí promovente no constituye la última resolución pronunciada en la etapa de ejecución del juicio natural, acorde a lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Sin que en el presente caso se esté en algún supuesto de excepción, toda vez que el aquí quejoso no tiene el carácter de tercero extraño, pues de la lectura integral de la demanda se advierte que es parte dentro de los autos del juicio natural, por lo cual, fue escuchado en defensa de sus intereses. Así, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable el criterio, de considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento. Así, en la actualidad la concepción de que el amparo indirecto procede contra una violación formal o adjetiva que afectaba a las partes en grado predominante o superior, resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Al caso, resulta aplicable por sus consideraciones, la siguiente jurisprudencia, derivada de la contradicción de tesis 377/2013, referida en líneas que anteceden: Época: Décima Época Registro: 2006589 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Página: 39 PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. (Lo resaltado es propio) Así como la diversa jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 14/2015, que a la letra dice: "Época: Décima Época Registro: 2011428 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 1/2016 (10a.) Página: 15 CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. (Lo resaltado es propio)" Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2) que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Ahora bien, como se advierte de la lectura integra de la demanda, dada la naturaleza del acto reclamado resulta evidente que se emitió dentro de la cuarta sección del juicio sucesorio, por tanto, es necesario señalar que, respecto a dicha sección, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, en lo que interesa, dispone: "Artículo 593. La cuarta sección se llamará de partición y contendrá: I.- El proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios; II.- El proyecto de partición de los bienes; III.- Los incidentes que se promuevan respecto a los proyectos a que se refieren las fracciones anteriores; IV.- Los arreglos relativos; V.- Las resoluciones sobre los proyectos mencionados; VI.- Lo relativo a la aplicación de los bienes." (Subrayado añadido). "Artículo 656. El albacea, dentro de los quince días después de aprobado el inventario, presentará al juzgado un proyecto para la distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios, señalando la parte de ellos que cada bimestre deberá entregarse a los herederos y legatarios, en proporción a su haber. La distribución de los productos se hará en efectivo o en especie." (Subrayado añadido). "Artículo 657. Presentado el proyecto, mandará el juez ponerlo a la vista de los interesados, por cinco días. Si los interesados están conformes o nada exponen dentro del término de la vista, lo aprobará el juez y mandará abonar a cada uno la porción que le corresponda. La inconformidad expresa se substanciará en forma incidental." "Artículo 659. Aprobada la cuenta general de administración, dentro de los quince días siguientes, presentará el albacea el proyecto de partición de los bienes, en los términos que dispone el Código Civil y con sujeción a este Capítulo, y si no hiciere por sí mismo la partición, lo manifestará al juez dentro de los tres días de aprobada la cuenta, a fin de que se nombre contador que la haga." (Subrayado añadido). "Artículo 666. Concluido el proyecto de partición, el juez lo mandará poner a la vista de los interesados en la secretaría por un término de cinco días. Vencidos sin hacerse oposición, el juez aprobará el proyecto y dictará sentencia de adjudicación, mandando entregar a cada interesado los bienes que le hubieren sido aplicados con los títulos de propiedad, después de ponerse en ellos, por el secretario, una nota en que se haga constar la adjudicación." (Subrayado añadido). "Artículo 667. Si se dedujese oposición contra el proyecto, se substanciará en forma incidental, procurando que, si fueren varias, la audiencia sea común, y a ella concurrirán los interesados y el partidor, para que se discutan las cuestiones promovidas y se reciban pruebas. Para dar curso a esa oposición, es indispensable expresar concretamente cuál es el motivo de la inconformidad y cuáles son las pruebas que se invocan como base de la oposición. Si los que se opusieren dejaren de asistir a la audiencia, se les tendrá por desistidos." (Subrayado añadido). "Artículo 670. La adjudicación de bienes hereditarios se otorgará con las formalidades que por su cuantía la ley exige para su venta. El notario ante quien deba otorgarse la escritura será designado por el albacea." (Subrayado añadido). "Artículo 672. La sentencia que apruebe o repruebe la partición es apelable en ambos efectos." De las disposiciones legales en cita, se advierte que, conforme el diseño normativo atinente a la cuarta sección del juicio sucesorio, ésta se integra por diversos actos procesales que, a su vez, conforman distintas etapas o fases dentro de dicha sección, lográndose identificar cuatro de estas, las que para efectos prácticos aquí se identifican como: la inicial; la relativa al proyecto de partición; la de resolución del proyecto de participación; y, la de aplicación de los bienes de la sucesión. La primera de dichas etapas inicia una vez aprobado el inventario, cuando el albacea presenta ante el Juez ante el que se tramita la sucesión, el proyecto para distribuir provisionalmente los productos de los bienes que integran la masa hereditaria. En esta fase, presentado tal proyecto de distribución de los productos, el juzgador deberá de ponerlo a la vista de los interesados por el término de cinco días, quienes podrán expresar su conformidad o consentir tal proyecto al no manifestar nada al respecto. Los interesados, en dicha etapa, podrán inconformarse con el referido proyecto y su oposición se tramitará en vía incidental. La primera etapa concluye con la aprobación, por parte del juzgador, del proyecto provisional de distribución de los productos y, por tanto, con la orden de que se abone a cada uno de los herederos, en la proporción que les corresponda, la porción de los productos respectiva. La segunda etapa, aquí identificada como de proyecto de partición, inicia una vez que se aprobó la cuenta general de administración y el albacea presenta el proyecto de partición de los bienes; proyecto que desde luego es distinto al de distribución provisional de los productos que generan los bienes de la masa hereditaria. Es importante señalar que el proyecto de partición de bienes puede realizarse por el albacea o si éste no lo hiciera por sí mismo, por el perito que para tales propósitos designe el juzgador como partidor. Debe aclararse que, en este último supuesto, esto es, cuando el albacea no es quien realiza el proyecto de partición, los artículos 662 y 663 de la legislación procesal local en cita, establece un procedimiento determinado para que el partidor, con la intervención de los herederos, realice el proyecto de partición; sin embargo, toda vez que no fue esto lo que aconteció en el caso concreto, según se desprende de los antecedentes del escrito de demanda, este órgano no se ocupará de tales aspectos. Aclarado lo anterior, es necesario indicar que, una vez que el albacea o el partidor, según corresponda al caso concreto, concluyen el proyecto de partición y lo exhiben ante el juzgador que tramita la sucesión, éste debe poner dicho proyecto a la vista de los interesados por un término de cinco días, a efecto de que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Frente a tal vista, los interesados podrán expresar su conformidad con el proyecto de partición o consentirlo al no manifestar nada al respecto dentro del plazo para tales efectos concedido. Los interesados también podrán oponerse al proyecto de partición de la herencia. En este supuesto, su inconformidad se tramitará vía incidental, en donde se analizarán y resolverán los motivos por los que se oponga en función de lo alegado y probado en el incidente correspondiente. Esta etapa concluye, una vez que se actualice, según el caso concreto, cualquiera de los supuestos siguientes: los interesados expresen su conformidad con el proyecto de partición; venza el término de la vista sin manifestar su oposición; o, en caso de haber oposición, se haya sustanciado y resuelto el incidente respectivo, o bien, los interesados hayan desistido del mismo o así se les tenga, producto de su incomparecencia a la audiencia incidental. Actualizados cualquiera de dichos supuestos, da inicio la tercera etapa, identificada como de resolución del proyecto de participación, misma que se conforma con la decisión del Juez, ante el que se tramita la sucesión, en donde éste, teniendo en cuenta, bien sea la conformidad o la oposición de los demandados, habrá de analizar y por tanto resolver, si el proyecto de partición de los bienes, respeta y es acorde con las disposiciones sustantivas que rigen a las sucesiones, aprobándolo o no. Lo anterior, pues acorde con lo expresamente dispuesto en el artículo 659 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, el proyecto de partición debe realizarse en los términos del Código Civil para el Estado de Veracruz, de tal suerte que, la falta de oposición de los interesados al proyecto de partición, no implica que necesariamente éste deba aprobarse por el juzgador, pues para ello será necesario que el proyecto cumpla, entre otros y atento al caso concreto, con los estándares previstos en los artículos 1700, 1701, 1705, 1706, 1707, 1708 y 1709 del ordenamiento sustantivo en cita. Resulta ilustrativa a lo antes dicho, por la razón toral que en ella se contiene, la tesis aislada de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y textos siguientes: "SUCESIONES. SOLO PROCEDE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PARTICIPACIÓN SI SE AJUSTA AL CODIGO SUSTANTIVO O, EN SU CASO, A LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA ACEPTACIÓN Y OPOSICIÓN DE LOS HEREDEROS. Aunque los herederos no manifiesten legalmente su oposición al proyecto de participación dentro del término de diez días a que alude el artículo 864 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, esa falta de oposición no implica que el Juez a quo forzosamente deba aprobar el proyecto de partición propuesto aun cuando sea contrario a la intención del testador, ya que el artículo 1771 del Código Civil y el diverso 863 del de Procedimientos Civiles, para el Distrito Federal, determinan la obligación de ajustarse, en todo caso, a la designación de partes que hubiere hecho el testador. Además el artículo 857 del código adjetivo de mérito establece que el proyecto de partición debe presentarse en los términos que dispone el Código Civil; en consecuencia, el contenido de una norma procesal, o sea lo dispuesto por el artículo 864 ya invocado, no puede tener mayores alcances que las disposiciones testamentarias y las leyes sustantivas, hasta el grado de hacer nugatorio el derecho de los herederos, privándolos de la porción de la herencia que legalmente les corresponda; así que, este precepto legal, debe interpretarse en concordancia con lo dispuesto por los diversos 857 y 863 del Código de Procedimientos Civiles y con el 1771 del Código Civil, para el Distrito Federal en cuanto a que: sólo procede la aprobación del proyecto de partición que se ajuste al código sustantivo a las disposiciones testamentarias. Por otra parte, el artículo 870 del Código de Procedimientos Civiles que se viene mencionando, concede una segunda oportunidad a los herederos para oponerse al proyecto de partición, a través del recurso de apelación por virtud del cual pueden impugnar la resolución que aprueba el susodicho proyecto y ordena la adjudicación de los bienes; razón para estimar que la falta de oposición dentro del término a que alude el multicitado artículo 864, no implica que los herederos ya no puedan formular oposición alguna, porque en tal caso, carecería de objeto el recurso de apelación referido.". Con base en ello, es oportuno dejar sentado que constituyen actos distintos, por tanto, debidamente diferenciados, el proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios, el proyecto de partición de los indicados bienes, dentro de ellos la oposición de cualquiera de los interesados tramitada y resuelta vía incidental, y la resolución jurisdiccional que aprueba o desaprueba tales proyectos. La última etapa, esto es, la aquí identificada como de aplicación de los bienes de la sucesión, es la que constituye la sentencia de adjudicación, con la que concluye no sólo la cuarta etapa del juicio sucesorio, sino éste, pues acorde con el criterio de nuestro Alto Tribunal, es ésta resolución la que tiene el carácter definitivo para los efectos del juicio de amparo directo. Sirve de sustento a lo antes dicho, la Jurisprudencia de la Tercera Sala, de rubro y textos siguientes: "SUCESIONES. SÓLO LA SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN TIENE EL CARÁCTER DE DEFINITIVA PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido el criterio de que las sentencias que se pronuncien en las diversas etapas de un juicio sucesorio, con excepción de la que se refiere a la adjudicación de los bienes, no son definitivas para los efectos del amparo, porque no resuelven el juicio sucesorio en lo principal.". En este contexto, y toda vez que el acto reclamado se traduce en la sentencia dictada por la Sala responsable dentro del toca 451/2022, en la que se confirmó la sentencia interlocutoria en donde se desestimó la oposición que hizo valer el aquí quejoso al proyecto de partición presentado por el albacea, es que se establece que tal resolución se dictó dentro de la segunda etapa de la cuarta sección de la sucesión. Sin que en contra de dicho acto proceda el juicio de amparo indirecto, acorde con lo dispuesto en la fracción V del artículo 107, en relación con la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues como se apuntó la primera de dichas porciones normativas establece que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos dictados en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por estos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; porción normativa que interpretada a contrario sensu, conduce a establecer que aquellos actos intraprocesales que no generen al gobernado una afectación de imposible reparación, no son susceptibles de cuestionarse, en cuanto a sus méritos constitucionales, en la vía indirecta del juicio de amparo, actualizándose así, la segunda de las hipótesis normativas a que se hace referencia en el párrafo precedente, en tanto esta dispone que el juicio de amparo es improcedente, en aquellos casos en que la improcedencia resulte de nuestra Carta Magna o de la propia Ley de Amparo. Por tanto, si el acto que aquí se reclama no es el que aprueba o desaprueba el proyecto de partición de herencia presentado por el albacea, el mismo no es susceptible de generar una afectación de imposible reparación a que alude la fracción V del artículo 107, de la Ley de Amparo, en la medida que será en la resolución firme, en donde se apruebe o no el proyecto, en donde se concretice, de ser el caso, la afectación en la esfera jurídica del gobernado, pues como quedó ya indicado, con independencia de lo alegado por los interesados en relación con el proyecto de partición, el juzgador ordinario habrá de resolver, con base en las disposiciones sustantivas y adjetivas, si tal proyecto debe o no aprobarse. Luego, al no generar el acto que aquí se reclama una afectación de imposible reparación a la esfera jurídica del justiciable, el juicio de amparo indirecto, promovido en contra de ese acto resulta improcedente y por ello, es que deba desecharse de plano la demanda de amparo. Lo anterior es así ya que se insiste, en cualquier caso, el acto intraprocesal que pudiera concretizar en la esfera de la justiciable un perjuicio, sería la determinación firme, en donde se apruebe o desapruebe el proyecto de partición de los bienes hereditarios presentado por el albacea; acto que no constituye el reclamado en el juicio de amparo, al tratarse de una resolución que confirmó la interlocutoria que declaró infundado el incidente de oposición al proyecto de partición de herencia; proyecto que todavía está sujeto a su aprobación o reprobación por el Juez de origen, y respecto a la determinación que apruebe o repruebe la partición procede el recurso de apelación en ambos efectos, en términos de lo dispuesto en el artículo 672 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Sirve de fundamento a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 37/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y textos siguientes: "JUICIO SUCESORIO. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NO APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PARTICIÓN DE LOS BIENES DE LA HERENCIA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La resolución que confirma la no aprobación del proyecto de partición de los bienes de la herencia dictada en la cuarta sección del juicio sucesorio es impugnable a través del juicio de amparo indirecto, porque no es de aquellas que pongan fin al juicio o lo den por concluido, toda vez que la consecuencia de que no se apruebe dicho proyecto consiste en que no pueda dictarse la sentencia de adjudicación hasta que se elabore otro proyecto que cumpla con los lineamientos precisados en el juicio sucesorio. Luego entonces, se trata de una resolución intermedia, mientras que en ese juicio solamente la sentencia de adjudicación es la que tiene el carácter de definitiva en términos del criterio sustentado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación." (Subrayado añadido). Para mayor claridad de lo expuesto con antelación, resulta útil imponerse, en lo que al caso interesa, de las consideraciones que realizó la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal, al resolver la contradicción de criterios 95/2008, que dio origen a la Jurisprudencia antes citada, pues de ella se desprende que, en todo caso, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la determinación del Juez ante el que se tramita la sucesión que resuelve sobre la aprobación del proyecto de partición de los bienes hereditarios. Así, la ejecutoria respectiva, en lo que al caso interesa, señala: "[.] En principio conviene tener presente lo dispuesto en la legislación procesal civil tanto del Estado de Veracruz, como del Distrito Federal, legislaciones citadas por los Tribunales Colegiados en las resoluciones materia de la contradicción; respecto al juicio sucesorio y las secciones que lo integran, así en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, se prevé lo siguiente. .Mientras que en la legislación procesal civil del Distrito Federal, a propósito del juicio sucesorio, se establece que: [.] De la anterior transcripción se advierte que en ambas legislaciones el juicio sucesorio consta de cuatro secciones, que a la cuarta sección se le denomina de partición de los bienes, y culmina con la resolución sobre dicho proyecto y la aplicación de los bienes. Así, de lo dispuesto en la legislación de ambas entidades se obtiene que la sección cuarta se encuentra integrada por diversas etapas de las cuales las dos últimas son precisamente la resolución del proyecto de partición y la aplicación de los bienes de la herencia. Ahora bien, este Alto Tribunal ha establecido que cada una de las secciones del juicio sucesorio tiene un objeto especial y se resuelve por separado, por lo que no hay una sentencia definitiva que abarque todo el procedimiento, asimismo, ha sustentado que la sentencia de adjudicación sí tiene el carácter de definitiva para efectos de la procedencia del amparo directo.. .Ahora bien, atendiendo al orden en que se encuentran previstas las etapas que integran la cuarta sección del juicio sucesorio y a las situaciones que puede generar la presentación del proyecto partitorio, se tiene que de ser aprobado conduciría a la aplicación de los bienes materia de la sucesión, esto es, a la adjudicación de los mismos, cuando así proceda, con lo cual culmina la última sección del juicio sucesorio. Sin embargo, también se puede dar la situación que una vez presentado el proyecto de partición, de haber oposición, no sea aprobado, lo cual se determina mediante una resolución que puede ser materia de apelación (como en el caso sucedió), así una vez resuelta la no aprobación del proyecto en cita, se deberá elaborar nuevamente otro, lo que evidencia que el juicio no culmina con la no aprobación del proyecto, por tal motivo, la resolución que determina dicha cuestión no es definitiva toda vez que traerá como consecuencia que se deba elaborar nuevamente un proyecto partitorio de los bienes ya que no se puede proceder a la adjudicación de los mismos en tanto no sea aprobado el proyecto partitorio, esto es, se trata de una resolución intermedia la cual causa perjuicio, en tanto se debe presentar un nuevo proyecto partitorio y el no aprobado ya no será materia de la resolución definitiva, la que solamente versará respecto de la adjudicación de bienes en términos de las tesis sustentadas por este Alto Tribunal, antes citadas. En efecto, contrario sucede cuando de ser aprobado el proyecto partitorio, el Juez de así proceder, dictará la resolución de adjudicación de los bienes, con la cual culmina la cuarta sección del juicio sucesorio, y con ello el juicio, tal como lo ha sustentado este Alto Tribunal. Luego entonces, la presentación del proyecto de partición de los bienes conlleva a dos supuestos, al de oposición del mismo y la emisión de la resolución correspondiente; o bien, a la no oposición que traerá en su caso y de así proceder, como consecuencia la emisión de una sentencia de adjudicación de los mismos, la cual como lo sostuvo este Alto Tribunal, es susceptible de ser impugnada mediante amparo directo. Y de no ser aprobado el proyecto, será necesario elaborar nuevamente uno, sin que pueda dictarse la sentencia de adjudicación; es decir, constituye una resolución intermedia, la no aprobación del proyecto. En esta tesitura, la resolución que confirma aquella en la que se determina la no aprobación del proyecto de partición de los bienes, no es de aquellas que ponen fin al juicio o lo den por concluido a que se refiere el artículo 46 de la Ley de Amparo, el cual es del tenor siguiente:. .En efecto, dicha resolución no es una sentencia definitiva no pone fin al juicio ni lo da por concluido, porque como ya se precisó, la consecuencia de que no sea aprobado el proyecto de partición consiste en que se elabore nuevamente otro proyecto que cumpla con los lineamientos precisados en el juicio sucesorio; por ende, la no aprobación de dicho proyecto no concluye el juicio sucesorio; luego entonces, se trata de una resolución intermedia. Así, los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo prevén los supuestos de procedencia del amparo directo, específicamente en contra de sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio, cuya descripción se encuentra en el propio artículo 46 antes transcrito; y en el caso la resolución que confirma a aquella que no aprueba el proyecto partitorio, ni pone fin al juicio, ni lo da por concluido, por el contrario su consecuencia es que nuevamente deba presentarse un proyecto que cumpla con lo establecido en el juicio sucesorio para que se proceda a la sentencia de adjudicación. En estas condiciones, la sentencia que confirma a aquella que no aprueba el proyecto partitorio de los bienes de la herencia presentado en la cuarta sección del juicio sucesorio no es un acto susceptible de ser impugnado mediante el juicio de amparo directo, ya que no reviste las características de ser una sentencia definitiva o una resolución que ponga fin al juicio, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo indirecto sustanciado ante Juez de Distrito.[.]" En mérito de lo expuesto, al no resultar de imposible reparación el acto reclamado, es incuestionable que en el particular se actualiza la causal de improcedencia en estudio, que resulta de relacionar la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107 fracción V de la propia ley, este último interpretado a contrario sensu, por lo que, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, por su manifiesta e indudable improcedencia. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.
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Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho, contra actos de la Sexta Sala en Materia de Familia del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz y otra autoridad, por violación a los artículos 1°, 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 452/2022, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN DE LA DEMANDA Resulta conveniente citar lo establecido en los artículos 108, 110 y 114 de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1º. de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación. Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De dichos numerales se aprecia que el Juez de Distrito que conozca de una demanda, cuando advierta que existe una irregularidad en la misma, por haberse omitido alguno de los requisitos que establece el numeral 108, deberá prevenir al promovente para el efecto de que subsane las omisiones o haga las aclaraciones correspondientes, en el entendido de que también puede prevenirse cuando se trate de demandas oscuras y/o confusas en algunos de sus requisitos. Con el propósito de proveer eficazmente el presente asunto, es necesario prevenir al impetrante del amparo por irregularidades en el ocurso de su demanda que a continuación se precisan. En principio, en relación con el requisito contenido en la fracción IV, del artículo 108 de la Ley de Amparo, cabe mencionar que de la lectura de la demanda, se advierte que, el disconforme señaló como acto reclamado el consistente en: "A).- De las autoridades responsables ordenadoras reclamo: LA ILEGAL RESOLUCIÓN DE FECHA 08 DE JULIO DEL AÑO 2022, DICTADA EN LOS AUTOS DEL TOCA NÚMERO 451/2022, EN LA CUAL CONFIRMA LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL, SOBRE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL SUSCRITO CON EL CARÁCTER DE COHEREDERO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL DE OPOSICIÓN A PROYECTO DE PARTICIPACIÓN FORMULADO POR EL ALBACEA, PARA EXCLUSIÓN DE BIEN INMUEBLE DE MI EXCLUSIVA PROPIEDAD E INCLUSIÓN DE INMUEBLE PROPIEDAD DE LA DE CUJUS, DICTADA POR LA C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE PAPANTLA, VERACRUZ, EN EL JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO NÚMERO 567/2017." Así, atendiendo a los datos que emanan del escrito de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, además, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor y a fin de tener mayores elementos para emitir un pronunciamiento sobre el tópico de la procedencia; con fundamento en el artículo 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 108 fracción IV, del propio cuerpo normativo, requiérase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: Manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad, la fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado, o en su caso, la fecha en la que se le notificó la resolución de ocho de julio de dos mil veintidós, dictada en el toca 451/2022, del índice de la Sexta Sala en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, pues ello no se desprende de su ocurso constitucional y dicho dato es indispensable a fin de estar en posibilidad de verificar la presentación oportuna de la demanda de amparo. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias siguientes: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Época: Décima Época Registro: 2005636 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 161/2013 (10a.) Página: 1079 "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." APERCIBIMIENTO Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado en el término y en las condiciones apuntadas, con fundamento en lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO En el entendido de que deberá exhibir cinco copias de su escrito aclaratorio de demanda, con la finalidad de entregarlas a cada una de las partes en el presente juicio de amparo, las que deberán de distribuirse de la manera siguiente: dos para las autoridades responsables, dos más para correr traslado a los terceros interesados y finalmente una más para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito. Ello, pues de faltarle menos de cinco copias del escrito aclaratorio la consecuencia seria la no interposición de la demanda que se trata. Para sustentar lo anterior, cobran aplicación las jurisprudencias siguientes: "Época: Novena Época Registro: 177046 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Octubre de 2005 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 106/2005 Página: 170 COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional." "Época: Novena Época Registro: 189977 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 36/2001 Página: 79 DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." COPIAS RESTANTES DE LA DEMANDA En tanto se provee lo conducente, consérvense en la secretaría de este juzgado las copias anexas de la demanda de amparo, sin que se estime necesario por el momento agregarse a los presentes autos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En virtud de que el impetrante del amparo señala como domicilio los estrados, notifíquesele los autos que se dicten en el presente asunto, aún los de carácter personal, por lista de acuerdos, en términos de los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la ley de la materia, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la tesis siguiente: "Época: Novena Época Registro: 195064 Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Diciembre de 1998 Materia(s): Común Tesis: XXII.1o.22 K Página: 1067 NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Cesar Eduardo Soto de la Cruz, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos del segundo párrafo del citado numeral a Dafne Crystal Andrés Domínguez y Monserrath Núñez Vázquez, por así haberlo solicitado expresamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1º, 2º, fracción V, 3º, fracción X; 4º, 7º, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción l, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS Con apoyo en el artículo 2°, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a los secretarios de este juzgado para que se realice la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, asimismo, en caso de detectar alguna omisión, lo hagan saber a la titular para ordenar que se subsane de inmediato. DILIGENCIAS PERSONALES De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 5/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022, las diligencias personales que se realicen en este asunto, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables.
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