Constantino García Cisneros

Expediente 599/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 16 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
599/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
09/11/2018

Partes del expediente

  • Constantino García Cisneros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 599/2018. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el seis de julio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Constantino García Cisneros, por propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA: 1. Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo. EJECUTORAS: 2. Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con sede en Ometepec, Guerrero. 3. Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS: "El auto de trece de junio de la presente anualidad, dictado por los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, mediante el cual se le impone una multa por la cantidad de $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N), así como su ejecución". SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de nueve de julio de dos mil dieciocho la demanda de amparo se admitió a trámite y se registró bajo el número 599/2018; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede, previo a esto se ordenó notificar al tercero interesado Eustaquio Gabriel Hernández. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción III y IV, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que el acto que se reclama tiene ejecución en territorio donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el objeto de estudio en este juicio de amparo lo constituye el acuerdo de trece de junio de dos mil dieciocho, en el que hizo efectivo el apercibimiento decretado el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete e impuso al peticionario de amparo multa de cien días de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), dictado por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero, con sede en la ciudad de Chilpancingo, en el expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia TCA/SS/025/2017, derivado del juicio contencioso administrativo TCA/SRO/025/2015, promovido por Eustaquio Gabriel Hernández Márquez en contra, entre otros, del Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Precisado lo anterior, procede ahora verificar la certeza del acto reclamado; en tal sentido, la Magistrada de la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con sede en Ometepec, Guerrero, al rendir su informe justificado, negó el acto reclamado; manifestación que se toma en sus términos y que se corrobora de las actuaciones que remitió en copia certificada como justificación a su informe, documentos a los que dada su naturaleza de públicos se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se advierte que fue la Sala Superior quien emitió el acuerdo de trece de junio de dos mil dieciocho, y si bien se le ordenó su notificación a las partes, el cobro de la misma en ese proveído se confirió a una autoridad diversa. Consecuentemente, lo que procede con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la ley de la materia, es sobreseer el presente juicio de amparo por lo que ve al aludido acto y autoridad precisada en el presente considerando. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son CIERTOS los actos reclamados a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo y al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado; aunado a que adjuntaron copias certificadas de diversas constancias; las cuales al ser documentales públicas hacen prueba plena de la existencia del proceder combatido, conforme con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su numeral 2º. QUINTO. Causal de improcedencia. Verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo de este asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas que invoquen las partes o que se adviertan de oficio; atento a lo dispuesto por el artículo 62 en relación con el diverso 64, ambos de la Ley de Amparo. Antes, es conveniente citar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado I. De las actuaciones remitidas por el Tribunal responsable y que, quedaron valoradas en términos de lo precisado en el considerando tercero; se obtiene que: a. El veintinueve de mayo de dos mil quince, se dictó sentencia definitiva, en el juicio contencioso administrativo TCA/SRO/025/2015, promovido por Eustaquio Gabriel Hernández Márquez en contra, entre otros, del Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, en la que se declaró la nulidad de los actos impugnados y se condenó a la parte demanda al pago de una indemnización correspondiente a tres meses de salario base, al pago de años efectivos de servicio prestado y al pago de las demás prestaciones que por derecho le corresponden a la parte actora. b. Determinación que por resolución de dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, fue confirmada por la Sala Superior responsable al resolver el recurso de revisión interpuesto por la parte demandada; la cual una vez que causó ejecutoria, el trece de junio siguiente se requirió su cumplimiento a la parte demandada, sin que así lo hiciera, por lo que, mediante escrito presentado el ocho de agosto de ese año, la parte actora solicitó se requiriera al quejoso, entre otros, su cumplimiento y actualizó su planilla de liquidación. c. El trece de febrero de dos mil diecisiete, la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, ante la falta de cumplimiento de la sentencia, impuso las multas para vencer la contumacia de la parte demandada para ello y envió el original del expediente a la Sala Superior, para la continuación del procedimiento de ejecución de sentencia. d. En auto de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con sede en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, lo tuvo por recibido, ordenó registrar en el Libro de Ejecución de Cumplimento de Sentencia, bajo el número TCA/SS/025/2017 y requirió a la parte demandada Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública, del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero el cumplimiento de la sentencia de veintinueve de mayo de dos mil quince, confirmada por resolución de once de febrero de dos mil dieciséis, apercibidas que de no hacerlo así se harían acreedoras a la "imposición de una medida de apremio consistente en una multa de cien días de la UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA)". e. Por acuerdo de trece de junio de dos mil dieciocho, la autoridad responsable, en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo 64/2018, por el Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Guerrero, con residencia en la ciudad de Chilpancingo, en la cual concedió la protección constitucional al aquí tercero interesado (parte actora en lo principal), impuso al quejoso, como persona física que ocupa el cargo de Presidente Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, la multa referida en el punto que antecede; acto que constituye el objeto de estudio en este asunto. II. Aunado a lo expuesto, si bien no se allegó copia certificada del juicio de amparo 64/2018, con número de Expediente Único Nacional 22321633, radicado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en la ciudad de Chilpancingo al realizar una consulta a la página electrónica del portal del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, acorde a lo que se asentó en la sentencia autorizada el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, la cual constituye un hecho notorio atento a lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo su numeral 2 y cuya impresión se agregó al igual que de la citada consulta, como se advierte de la audiencia constitucional, se obtiene que: 1. La demanda de amparo que le dio origen, la presentó Eustaquio Gabriel Hernández, el veintitrés de enero de dos mil dieciocho; contra actos de los miembros integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, consistente en: [.] Omisión de aplicar medidas para ejecutar la sentencia de veintinueve de mayo de dos mil quince, dictada por la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad e invalidez TCA/SRO/025/2015, tramitado ante la responsable con el número de expediente en ejecución de sentencia TCA/SS/025/2017. [.] 2. En la sentencia de referencia, se concedió la protección constitucional, para el efecto de que la autoridad responsable: "1. Haga efectivo el apercibimiento que decretó en proveído de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, debiendo incluso requerir al Secretario de Finanzas y Administración del Estado, que le remita las constancias que justifiquen el pago de la multa impuesta, por ser ellas el medio idóneo para acreditar el acatamiento de la normatividad, en función del cumplimiento de la sentencia de nulidad. 2. Requiera a las autoridades demandadas el pago de la planilla de liquidación actualizada, decretando un nuevo apercibimiento para el caso de incumplimiento". 3. El ocho de junio de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de amparo, fecha en la cual, también se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Bajo ese contexto, se tiene que, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, éste último aplicado a contrario sensu, ya que a ningún fin práctico conduciría otorgar la protección constitucional solicitada. Se justifica lo anterior, atento a lo siguiente: El objeto de estudio en este asunto, lo constituye un acuerdo en el que se impuso una multa a la parte quejosa -demandada en lo principal-, por no acatar a una sentencia dictada en un juicio de nulidad. Sin embargo, al ser esa medida de apremio, aplicada en cumplimiento a una sentencia de amparo firme, en la que se concedió la protección constitucional precisamente para que hiciera efectiva esa multa, no es jurídicamente factible que a través del juicio de amparo se modifique una cuestión que adquirió la categoría de cosa juzgada; determinación de la que pende la transgresión a los derechos fundamentales que se reputan violentados. Lo anterior, ya que el actuar de la autoridad responsable tiene sustento en una resolución constitucional declarada firme en la cual se determinó que la imposición de esa medida de apremio tiene soporte en la contumacia de la parte quejosa en dar cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio natural al advertirse que el actor en lo principal no ha recibido el pago o indemnización a que tenía derecho, dentro de los plazos en los que la ley marca para que aquella quede cumplimentada. Es ilustrativa la jurisprudencia 6o.C. J/43 que integró el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 803, del Tomo XVIII, noviembre de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta "COSA JUZGADA REFLEJA. Se da la cosa juzgada refleja, cuando existen circunstancias extraordinarias que, aun cuando no sería posible oponer la excepción de cosa juzgada a pesar de existir identidad de objeto en un contrato, así como de las partes en dos juicios, no ocurre la identidad de acciones en los litigios; pero que no obstante esa situación, influye la cosa juzgada de un pleito anterior en otro futuro, es decir, el primero sirve de sustento al siguiente para resolver, con la finalidad de impedir sentencias contradictorias, creando efectos en esta última, ya sean de manera positiva o negativa, pero siempre reflejantes." Bajo ese contexto, partiéndose de la base que el juicio de amparo siempre debe tener una finalidad práctica, pues de otro modo no podría materializarse lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo; es inconcuso que a ningún fin práctico conduciría otorgar la protección de la justicia federal dado que no es jurídicamente posible analizar la determinación en la que se impuso a la parte quejosa una multa de cien días de unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad al haberse aplicado dicho medio de apremio en cumplimiento a una sentencia amparadora, lo cual constituye, como se adelantó un impedimento para su estudio en esta instancia constitucional, pues de lo contrario se impediría el cumplimiento de lo que fue resuelto en definitiva pues en el momento en que aquello adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las personas inevitablemente deberá consumarse en forma insoslayable, como en el caso acontece. Esa situación que pone de manifiesto que en el caso opera la causal de improcedencia que resulta al relacionar el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en su interpretación en sentido contrario, con la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que a ningún fin práctico conduciría otorgar la protección de la justicia federal que se solicita; por tanto, con fundamento en el arábigo 74 del mismo ordenamiento legal se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Cobra actualidad sobre el particular la jurisprudencia número P./J 90/97, emitida por el Peno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de mil novecientos noventa y siete, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Sobreseimiento que se hace extensivo al acto que se reclama de la ejecutora (Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo), porque no se impugnó por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la emisión del acuerdo reclamado Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis invocadas en este asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente juicio, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO.- Se sobresee en el juicio de amparo número 599/2018, por los motivos expuesto en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Juez Mixto de Paz del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, Guerrero, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 200/2018 que se envió para notificar el inicio del presente juicio al tercero interesado Eustaquio Gabriel Hernández Márquez. Acúsese recibo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Asimismo, se tiene por notificado del inicio del presente juicio al tercero interesado Eustaquio Gabriel Hernández Márquez, y como de las constancias que se reciben, se advierte que éste no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y que ha transcurrido el término de tres días otorgado para ello, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintisiete de septiembre del año en curso; por ende, las subsecuentes notificaciones que se le efectúen, aun las de carácter personal, hágasele por lista, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero, cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de veintisiete de septiembre del año en curso se giró el despacho 200/2018 al Juez Mixto de Paz del Municipio de Abasolo, con sede en Ometepec, Guerrero, para que en auxilio de las labores de este juzgado federal comisionara a quien correspondiera se constituyera en el domicilio ahí señalado, y notificara al tercero interesado Eustaquio Gabriel Hernández Márquez, por conducto de Anselmo Luisa Tolentino y/o Zulma Cruz Miranda, Director de Asesoría al Ciudadano en el Estado de Guerrero y Asesora Comisionada adscrita a la Sala Regional de la Costa Chica, residente en Ometepec, Guerrero el inicio del presente juicio de amparo. Para dar margen a lo anterior, la audiencia programada para el día de hoy, según se advierte de la certificación de cuenta se difiere para las TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguense a sus autos los oficios signados por la Magistrada Presidente y por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con sede en la ciudad de Chilpancingo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado de la Magistrada Presidente del Tribunal antes citado, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Respecto de las constancias remitidas por el Secretario General de Acuerdos de dicho Tribunal, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional; y en razón de que adjunta copias certificadas del que derivan los actos reclamados; fórmense por separado los tomos II y III de pruebas relativo al juicio en que se actúa, previa certificación por parte del Secretario de este órgano jurisdiccional. De igual forma, tomando en consideración que mediante auto admisorio de nueve de julio actual, se reservó a proveer respecto de la notificación del inicio de este juicio del tercero interesado señalado en su escrito inicial de demanda, hasta en tanto obrara el informe justificado de las autoridades responsables, y como lo anterior ya aconteció, se provee sobre el particular. Conforme a lo previsto por el artículo 5°, fracción lll, de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a Eustaquio Gabriel Hernández Márquez, quien tiene su domicilio en 5 de febrero 8, centro, código postal 41707, de la ciudad de Ometepec, Guerrero, esto es, fuera de la residencia de este juzgado de Distrito; por tanto, con fundamento en con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b) y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, gírese atento despacho al Juez Mixto de Paz del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, Guerrero, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, se sirva comisionar a quien corresponda, se constituya en el domicilio antes mencionado y notifique al mencionado tercero interesado por conducto de Anselmo Luisa Tolentino y/o Zulma Cruz Miranda, Director de Asesoría al Ciudadano en el Estado de Guerrero y Asesora Comisionada adscrita a la Sala Regional de la Costa Chica, con sede en Ometepec, Guerrero, corriéndoles traslado con copia simple de la demanda de amparo y auto admisorio; debiendo ajustarse a lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: I. Cuando obre en autos el domicilio de la persona, o se encuentre señalado uno para recibir notificaciones ubicado en el lugar en que resida el órgano jurisdiccional que conozca del juicio: a) El actuario buscará a la persona que deba ser notificada, se cerciorará de su identidad, le hará saber el órgano jurisdiccional que ordena la notificación y el número de expediente y le entregará copia autorizada de la resolución que se notifica y, en su caso, de los documentos a que se refiera dicha resolución. Si la persona se niega a recibir o a firmar la notificación, la negativa se asentará en autos y aquélla se tendrá por hecha; b) Si no se encuentra a la persona que deba ser notificada, el actuario se cerciorará de que es el domicilio y le dejará citatorio para que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse, especificándose el mismo y el número del expediente. El citatorio se dejará con la persona que se encuentre en el domicilio; si la persona por notificar no acude a la cita, la notificación se hará por lista; y por lista en una página electrónica; y c) Si el actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, se cerciorará de que es el domicilio correcto, lo hará constar y fijará aviso en la puerta a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse. Si no se presenta se notificará por lista y por lista en una página electrónica pudiendo, el referido órgano, tomar las medidas necesarias para lograr la notificación personal si lo estima pertinente. En todos los casos a que se refieren los incisos anteriores, el actuario asentará razón circunstanciada en el expediente. (.)". Así también, les haga saber que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el mencionado arábigo 27, fracción II, primer párrafo, de la ley de la materia, les requiera para que dentro del término de tres días a que se refiere el artículo 297, fracción II, del mismo código procesal, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de esta determinación, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo indicado las subsecuentes notificaciones se les hará por lista, incluso las de carácter personal, en términos del multicitado numeral 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Del mismo modo, se le habilita para que si con motivo de la investigación de dicho domicilio logra identificar algún otro, sin previo acuerdo se constituya en el mismo y lleve a cabo la notificación que se le encomienda de conformidad con lo dispuesto en el precepto legal antes citado; y del mismo modo, con apoyo en el precepto 21 de la ley de la materia, se le faculta para que en caso de ser necesario habilite horas y días inhábiles para el desahogo de la diligencia encomendada. En el entendido de que si la comunicación oficial que se gira se recibe con posterioridad a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, se solicita se lleve a cabo dicha diligencia, en razón de que este órgano jurisdiccional proveerá lo relativo al diferimiento de la misma. Hecho que sea, se sirvan devolver el comunicado oficial con las constancias relativas. Notifíquese.

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