Constantino Collado Gallegos
Expediente 711/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 711/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Constantino Collado Gallegos
- CONSTANTINO COLLADO GALLEGOS y Otros.
Actuaciones
- Principal
Mesa de Amparo II-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de septiembre de dos mil dieciocho. Se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia este juicio ha causado estado. Archívese el expediente principal como asunto concluido. Se estima que este expediente es susceptible de destrucción. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales... Hágase del conocimiento de las partes..., el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de agosto de dos mil dieciocho. Agréguense los informes y los anexos señalados en la cuenta al expediente en que se actúa, mediante los cuales las autoridades responsables rinden su informe justificado, lo anterior con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del contenido de esos informes, se advierte que las responsables remiten copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente 232/2008, de su estadística, entre las que se encuentran: el acuerdo de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, notificado el trece de julio siguiente a la parte aquí quejosa. Documentales que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria en términos del diverso numeral 2º, de la Ley de Amparo. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia de epígrafe y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Esta circunstancia conduce al suscrito a señalar que ha sobrevenido una causa de improcedencia que impide continuar con la tramitación del presente asunto. En efecto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues está probado que lo reclamado a la autoridad responsable cesó en sus efectos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto puedan considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, pueden consultarse los criterios jurisprudenciales de rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" y "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". En el caso concreto, el quejoso reclamó la falta de acuerdo y notificación a su escrito de quince de marzo del año actual, presentado el cuatro de abril de dos mil dieciocho ante la autoridad responsable, a través del cual solicitaba copia simple de todo lo actuado y revocaba el domicilio para oír y recibir notificaciones así como a sus autorizados en el juicio familiar de origen. En ese tenor, si en el presente juicio constitucional -como se anticipó- está probado que el veintiséis de junio de dos mil dieciocho se acordó su escrito materia de la litis, lo que se le notificó el trece de julio del presente año, en el domicilio ubicado en avenida 5 de Febrero, número 14, letra A, en Huajuapan de León, Oaxaca; por lo que, queda claro que cesaron los efectos del acto reclamado. En ese orden de hechos y consecuencias jurídicas, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse el presente juicio de amparo fuera de audiencia, por tratarse de una causa notoria y manifiesta. Es aplicable, por analogía la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En vista de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional (catorce horas con cuarenta minutos del tres de septiembre de dos mil dieciocho). Notifíquese personalmente. Así lo determinó el juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Leonel Medina Rubio, ante la secretaria de acuerdos, Miriam Fabiola Núñez Castillo, quien autoriza y da fe. SE NOTIFICÓ EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO
- Principal
Mesa de Amparo II-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de agosto de dos mil dieciocho. [...]. Requiérase al administrador postal de Correos de México, con residencia en Oaxaca de Juárez, para que, dentro del plazo de tres días, remita los acuses de recibo que amparan la entrega de los citados oficios, los cuales fueron depositados en la oficina a su cargo el diecisiete de julio de dos mil dieciocho, bajo los registros 6805111124015 y 6805111124016. Apercíbasele, que de no cumplir con lo anterior o de no informar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, al momento de realizar la conducta sancionada. La audiencia constitucional señalada para el día de hoy se reprograma para las catorce horas con cuarenta minutos del tres de septiembre dos mil dieciocho. Notifíquese.
- Principal
MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de julio de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 711/2018. Admisión. Con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Constantino Collado Gallegos, contra actos del juez Primero de lo Familiar de Huajuapan de León, Oaxaca y otra autoridad. Incidente de suspensión. No ha lugar a ordenar su apertura, ya que la parte quejosa no lo solicitó expresamente. Informe justificado. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, que deberán rendir dentro del plazo de quince días. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, se sirvan remitir copias autorizadas, legibles y completas de las constancias y actuaciones que tomaron en consideración para emitirlo; apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, al momento de incurrir en la conducta prevista por el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, sanción económica que también les será aplicada en caso de que no rindan su informe justificado. Así también, deberá informar si el quejoso ha tramitado otro juicio de amparo por los mismos actos. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en caso de no cumplir con esta obligación, se les impondrá la multa a que se refiere el artículo 251 de la ley de amparo vigente. Fecha de la audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, se fijan las catorce horas con veinte minutos del diez de agosto de dos mil dieciocho. Emplazamiento del representante social de la Federación. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5º, fracción IV, 26, inciso K), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, por esta ocasión, notifíquese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, este auto en forma personal, corriéndole traslado con copia simple de la demanda, entregándole copia íntegra del mismo. Emplazamiento del tercero interesado. Se reserva su emplazamiento, hasta en tanto las autoridades responsables rindan su informe justificado. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones y acuerdos el que indica y como autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a Eusebio Velázquez Roldan, toda vez que su cédula profesional aparece registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, previsto en el Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y a las personas restantes únicamente para oír y recibir notificaciones, es decir, sin posibilidad de promover, por no ubicarse en el supuesto anterior. Expedición de copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para que la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la quejosa, por sí o por conducto de la persona que para tal fin autoriza, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese. Así lo determinó el juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Leonel Medina Rubio, ante la secretaria de acuerdos, Miriam Fabiola Núñez Castillo, quien autoriza y da fe.
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