CONSTANCIO COVARRUBIAS CÁRDENAS y Otros.
Expediente 649/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 649/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 06/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- CONSTANCIO COVARRUBIAS CÁRDENAS y Otros.
- Marina Rivera Zuñiga
- MARINA RIVERA ZUÑIGA y Otros.
- Constancio Covarrubias Cárdenas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; seis de mayo de dos mil veintiuno. Visto; se tiene por recibido y se ordena glosar a los presentes autos el telegrama enviado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 52, con sede en Zihuatanejo Guerrero, por el que acusa recibo del oficio 3791/2021, por el que se le hizo del conocimiento que la sentencia dictada en el presente asunto causó ejecutoria; circunstancia de la cual queda enterado este juzgado para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
El Secretario César Barajas García Acapulco de Juárez, Guerrero; diez de marzo de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta y del estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de once de febrero del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento portuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, SE HACE CONSTAR que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; por tanto una vez que transcurra el término de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. Finalmente, este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Notifíquese.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 649/2020, promovido por ******************, contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 52, con residencia en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito depositado el treinta de noviembre de dos mil veinte, en el buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, remitido el uno de diciembre de ese año, por razón de turno a este órgano de jurisdiccional, ************, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridad que a continuación se precisan: "III. Autoridad responsable: Tribunal Unitario Agrario del Distrito 52, (.). IV. ACTO RECLAMADO: La dilación o paralización injustificada en el procedimiento relativo al juicio agrario número 76/2018, al no concluirlo y dictar la sentencia definitiva correspondiente, y su notificación a las partes." SEGUNDO. Tramite del juicio. Por acuerdo de uno de diciembre de dos mil veinte, este juzgado federal admitió a trámite la demanda de amparo la cual quedó registrada con el número 649/2020; solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, ordenó la notificación personal al Ministerio Público Federal, así como darle la intervención legal que le compete y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional; la cual previo diferimiento de ley, tuvo verificativo en esta fecha, con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, así como al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que la ejecución del acto reclamado acontecerá dentro de la demarcación territorial en la que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.1 TERCERO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, previamente al estudio de la cuestión planteada deben fijarse clara y precisamente los actos reclamados en la instancia constitucional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la identificación de los actos reclamados, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención del promovente, analizando los anexos y la información allegada en esa inicial etapa por el justiciable. Ahora bien, no obstante la amplitud de facultades para la interpretación del libelo constitucional, en la determinación del acto reclamado debe prescindirse de la calificativa que el peticionario les imponga, de manera tal, que no sea dable confundir el acto reclamado con las alegaciones que se vierten en su contra, según lo informa la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, Abril de 2004, Tomo XIX, página doscientos cincuenta y cinco. 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. En ese tenor, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional son: ? a) La omisión de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 52, con residencia en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, de emitir la sentencia dentro del juicio agrario número 76/2018, de su índice, dentro del plazo marcado por la ley de la materia, no obstante que no existen pruebas pendientes por desahogar y la instrucción se encuentra cerrada. ? b) La falta de notificación de la sentencia correspondiente. La anterior delimitación se extrae de los capítulos de actos reclamados y antecedentes de los mismos, expuestos por la parte quejosa y responde al imperativo que contiene el invocado artículo 74 de la ley de la materia, que ordena la fijación precisa de aquéllos, la que permita apreciarlos separándolos de los calificativos o argumentos que les acompañen. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado precisado en el inciso a), consistente en la omisión de emitir la sentencia dentro del juicio agrario número 76/2018, del índice de la autoridad responsable. Conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Esta situación es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente, tal como se advierte de la jurisprudencia número XVII.2o. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, Núm. 76, Abril de 1994, página sesenta y ocho. Como se dijo, en el caso concreto el acto que reclaman los quejosos consistente en la omisión de la autoridad responsable de dictar la sentencia correspondiente en el juicio agrario 76/2018, de su índice, dentro del plazo marcado por la ley de la materia, no obstante que no existen pruebas pendientes por desahogar y la instrucción se encuentra cerrada; luego, como la conducta autoritaria que se combate es de carácter omisivo, dada su naturaleza, corresponde a la propia responsable demostrar mediante las constancias conducentes, que no cometió la falta u omisión que se le atribuye. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis II.2o.201 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR LA CONSTITUCIONALIDAD QUE SE RECLAME.", localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, Marzo de 1994, Materia Común, página trescientos uno. En este sentido, se tiene que la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 52, con residencia en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, al rendir su informe justificado negó el acto en estudio que se le imputa; siendo que, adujo que ya había emitido la sentencia correspondiente el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, documentales a las cuales se otorga valor probatorio pleno, conforme con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso del ordinal 2° de la Ley de Amparo. Al respecto, se cita la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.", localizable en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Materia Común, Tomo VI, página ciento cincuenta y tres. En ese contexto, del estudio a las constancias en cita, se advierte que en relación con la omisión del dictado de la sentencia correspondiente en los autos del juicio agrario 76/2018, de su índice, está ya fue emitida el veintiocho de septiembre de dos mil veinte. De lo anterior, se acredita que la conducta omisiva que se le atribuyó no existe, pues al momento de la presentación de la demanda de amparo, que fue el treinta de noviembre de dos mil veinte, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 52, con residencia en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, no cometió la falta u omisión que se le atribuye, que se duelen los impetrantes, consistente en emitir la sentencia dentro del juicio agrario número 76/2018, de su índice, dentro del plazo marcado por la ley de la materia, en virtud que contrario a lo que argumentan los ahora quejosos, dicha omisión no existe. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 94 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establece: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 79, julio de 1994, página 15) Por tanto, se llega a la conclusión que la conducta omisiva que se atribuye a la autoridad responsable no existe, pues al momento de la presentación de la demanda de amparo, que fue el treinta de noviembre de dos mil veinte, el acto del que se duelen los impetrantes de referencia, no existía, en razón de que, como quedó puntualizado en líneas precedentes, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 52, con residencia en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, dictó la sentencia dentro del juicio agrario número 76/2018, de su índice, por lo tanto, quedó desvirtuada la omisión que se le atribuye. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis IV.3o.72 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que establece: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." (Véase en la página 254, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, Enero de 1994). Lo anterior, en razón de que la demanda de amparo, tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de la garantía individual violada, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio deje de existir al momento de ejercitar la acción, toda vez que como se dijo, la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías. En estas circunstancias, resulta inconcuso que el acto reclamado por la impetrante a la autoridad responsable, es inexistente; por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio. QUINTO. Certeza del acto reclamado. En relación con el acto reclamado precisado en el inciso b), consistente en la falta de notificación de la sentencia correspondiente en el juicio agrario 76/2018, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 52, con residencia en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, el mismo debe tenerse por cierto, toda vez que de las constancias que se acompañaron al informe justificado no se desprende su notificación. SEXTO. Actualización de causal de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la jurisprudencia II.1°.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro, "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.", visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, página noventa y cinco. En el caso, de oficio, se advierte que contra el acto reclamado, precisado en el inciso b), consistente en la falta de notificación de la sentencia correspondiente en el juicio agrario 76/2018, del índice de la autoridad responsable se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La citada causa de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violados. El supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, cuando el acto sea negativo o implique una omisión. Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad jurídica sustancial, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38.) En consonancia con lo anterior, en el presente caso, el acto reclamado en estudio esencialmente se hace consistir en la falta de notificación de la sentencia correspondiente en el juicio agrario 76/2018, de ese índice. No obstante, de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable al rendir su informe con justificación, se advierte que la sentencia emitida el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, fue notificada a los impetrantes el quince de diciembre de dos mil veinte, por el actuario adscrito al Tribunal Agrario responsable, mediante Instructivo para notificación. Documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Por tanto, es manifiesto que el acto que reclamado por los impetrantes del amparo cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de causar perjuicio, restituyendo a la parte quejosa en el goce de su derecho fundamental violado, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por la norma constitucional que consideró vulnerada, puesto que la sentencia emitida el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, les fue notificada el quince de diciembre de ese año, por el actuario adscrito a la autoridad responsable; circunstancia que se concatena con las manifestaciones realizadas por el autorizado de la parte quejosa, mediante escrito presentado de manera electrónica el once de enero del presente año, en el que manifestó, que la sentencia emitida en el juicio agrario de referencia ya les había sido notificada. En esas condiciones, es patente que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, y consecuentemente, procede SOBRESEER en el juicio, ello de conformidad con la fracción V del diverso 63 de esa legislación. La conclusión que antecede, no entraña, per se, el desconocimiento al derecho a un recurso efectivo frente a la actuación del poder público, en términos de los artículos 8, numeral 1 (garantías judiciales) y 25, numeral 1 (protección judicial), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que esa obligación del Estado se satisface previendo un medio de defensa a través del cual el afectado pueda plantear con toda amplitud su defensa; sin embargo, la obligación de garantizar ese "recurso efectivo" no implica soslayar la existencia y aplicación de los requisitos procesales que rigen al medio de defensa respectivo. Incluso, la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de un recurso resulta compatible con la propia Convención, dado que su efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan los requisitos del caso, el órgano jurisdiccional evalúe sus méritos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro, "SOBRESEIMIENTO EN LOS JUICIOS. EL DERIVADO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO ENTRAÑA, PER SE, EL DESCONOCIMIENTO AL DERECHO DE TODO GOBERNADO A UN RECURSO EFECTIVO, EN TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo 2014, Tomo II, página mil novecientos cuarenta y siete. Por virtud del sobreseimiento, no se analiza el concepto de violación propuesto por el impetrante, porque el sentido de mérito releva a este Juzgado Federal de su estudio, lo anterior en apoyo a la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.", visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, página trescientos treinta y cinco. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XXI, con el diverso 77, fracción II, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por******************, contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 52, con residencia en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, por los motivos precisados en los considerandos Cuarto y Sexto de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, Juan Manuel Acevedo Mejía, conforme al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente en su artículo 2, fracción III, asistido por Omar Tomás Velázquez López, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veinte de enero de dos mil veintiuno. Visto; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio firmado por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 52, con residencia Zihuatanejo, Guerrero, por medio del cual rinde su informe justificado; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Asimismo, téngase como domicilio para recibir notificaciones el que indica y con apoyo en el diverso numeral 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de su parte a las personas que designa para tales efectos. De igual forma, se le tiene proporcionando a este órgano jurisdiccional el número de teléfono y cuenta de correo electrónico, en los que se puede establecer el contacto respectivo, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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