Consolidaciones Analíticas de Pasivos Level S.C.

Expediente 1057/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1057/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
08/06/2022

Partes del expediente

  • Consolidaciones Analíticas de Pasivos Level S.C.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de junio de dos mil veintidós. SE ORDENA ARCHIVO, NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede de la que se advierte que en este juicio no existe actuación pendiente por desahogar; con fundamento en los artículos 12 y 18 fracción I, inciso b),del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo, al tratarse de un juicio de amparo en el que se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. ORIGINAL DEL INCIDENTE Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. ANOTACIONES Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. DUPLICADO DEL INCIDENTE En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo acordó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy Fe.Rcl

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de mayo de dos mil veintidós. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido del fallo, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución con engrose ocho de marzo de dos mil veintidós, en la que se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, sociedad anónima de capital variable.********************DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO.********************Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS.********************Hágase devolución del cuaderno de prueba que la autoridad responsable adjuntó a su informe, al resultar innecesaria su retención en este juzgado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por juez responsable, mediante el cual informa que la parte actora en el juicio principal, se desistió del citado juicio; sin que haya lugar a proveer, en virtud de con fecha ocho del presente mes y año, se resolvió el presente juicio de garantías. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Marbella Juárez García Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  4. Principal

    ???????????? Morelia, Michoacán, ocho de marzo de dos mil veintidós V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo IV-1057/2021, promovido por CONSOLIDACIONES ANALÍTICAS DE PASIVOS LEVEL S.C., por conducto de su apoderado Luis Gabriel Félix Ramírez, contra actos de la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial y turnado en la misma fecha a este órgano jurisdiccional,1 Luis Gabriel Félix Ramírez, apoderado de la persona moral CONSOLIDACIONES ANALÍTICAS DE PASIVOS LEVEL S.C., acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, en los términos siguientes: "III.- AUTORIDADES O AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como Autoridad responsable en términos del artículo 5 fracción II y 108 fracción III de la Ley de Amparo a: 1) JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN, como autoridad ejecutora (sic), (.) ACTO RECLAMADO.- La sentencia Interlocutoria de fecha 21 de Octubre de 2021 la cual fue notificada a mi representada el 22 de octubre de 2021 en la cual la Autoridad Responsable declara improcedente el incidente de incompetencia por declinatoria planteada por el ahora quejoso y se declara competente para conocer y resolver el juicio 751-2021. (.)" 1 Fojas 1 y 2. En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO.- Admisión y trámite del juicio de amparo. En proveídos de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno,2 se admitió a trámite la demanda; se formó el expediente quedando registrado el bajo el número 1057/2021-IV; se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación; se reservó el emplazamiento de la parte tercero interesada hasta en tanto se contara con el informe justificado (mismo que se verificó el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno3). Asimismo, se fijó fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la que previo su diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede, por la Secretaria Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, lo que no supone un impedimento para que el titular de este juzgado constitucional emita el fallo correspondiente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura 2 Fojas 15 a 18 3 Foja 32 ???????????? Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, se considera dicha competencia legal porque se trata de una demanda de amparo promovida contra un acto de naturaleza mercantil y definitiva, que tiene ejecución dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Apoya lo expuesto la tesis siguiente: "Registro digital: 2009912 Instancia: Pleno Décima Época Materia(s): Común Tesis: P./J. 29/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I , página 22 Tipo: Jurisprudencia AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo." SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada ???????????? Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías, se desprende que el acto reclamado por la promovente del amparo a la autoridad responsable, consiste en: ? La resolución interlocutoria pronunciada por la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio sumario civil 751/2021, en la que declaró improcedente el incidente de incompetencia por declinatoria opuesta vía excepción por la moral quejosa a través de su apoderado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto que le fue atribuido. Lo anterior se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el juicio de origen, las que remitió la autoridad responsable como sustento de su informe justificado; a la que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. Cobran aplicación las jurisprudencias emitidas por el Pleno del Máximo Tribunal del país que dicen: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto".4 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena".5 Cabe decir, que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a través de su pedimento presentado el veintisiete de enero de dos mil veintidós,6 manifestó que este juicio de amparo debe sobreseerse porque -en su opinión- la autoridad responsable negó la existencia del acto reclamado. Empero, tal argumentación se desestima, en virtud de que, como quedó precisado en el primer párrafo del presente considerando, la propia autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado al rendir su informe justificado; circunstancia que de igual manera se advierte de las constancias que la propia autoridad responsable remitió como sustento de su informe justificado. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza del acto reclamado, se analizará la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: 4 No. Registro: 917,812, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Tesis: 278, Página: 231 5 No. Registro: 394,182, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Tesis: 226, Página: 153 6 Fojas 36 y 37 ?????????????? "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De la porción normativa transcrita, se advierte que no es necesario que alguna de las partes invoque la actualización de causales de improcedencia para que se agote su estudio; precisamente porque el análisis de las mismas es de orden público. En el caso concreto, las partes no hicieron valer causales de improcedencia y de oficio no se advierte que se actualice alguna legal, constitucional o jurisprudencial, por lo que procede entrar al examen de la inconstitucionalidad planteada. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Previo al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, es pertinente hacer referencia a los antecedentes del acto reclamado, para una mejor compresión del asunto. Así, se tiene que de las constancias remitidas por la autoridad responsable como sustento de su informe justificado, se desprende lo siguiente: 1. Roberto Garfias Sandoval, a quien dentro del presente juicio le fue reconocido el carácter de tercero interesado, demandó en la vía sumaria civil sobre cumplimiento de contrato de prestación de servicios profesionales y el pago de pesos a la persona moral aquí quejosa CONSOLIDACIONES ANALÍTICAS DE PASIVOS LEVEL S.C..7 2. Por razón de turno, correspondió conocer de dicha demanda a la Jueza Sexto de Primera Instancia en materia Civil, con residencia en esta ciudad, quien mediante proveído de once de agosto de dos mil 7 Fojas 2 a 11 del tomo de pruebas veintiuno la radicó bajo el número de juicio 751/2021; asimismo, ordenando emplazar a la parte demandada.8 3. Mediante escrito presentado el treinta de agosto de dos mil veintiuno, la persona moral demandada, aquí quejosa, dio contestación al escrito de demanda, a través de su apoderado, quien hizo valer la excepción de incompetencia por razón de territorio, a efecto de que atendiendo a lo estipulado en la cláusula XIX del contrato base de la acción, la autoridad responsable declinara el conocimiento del asunto y remitiera los autos al juez que estimara competente en la Ciudad de México.9 4. En auto de quince de septiembre de dos mil veintiuno,10 se tuvo a la aquí quejosa dando contestación a la demanda y, en ese mismo auto, se ordenó dar a la excepción de incompetencia opuesta el trámite incidental correspondiente. 5. Seguido por sus trámites legales, el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno,11 se resolvió el incidente de incompetencia aperturado, declarándose improcedente el mismo. Resolución anterior que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Ahora, no obstante que el libelo actio carece de un apartado destinado a los conceptos de violación, de la lectura íntegra del mismo, se desprende que la parte quejosa medularmente aduce que la determinación reclamada transgrede en su prejuicio los artículos 14 y 8 Foja 68 ídem 9 Fojas 71 a 91 ídem. 10 Foja 140 ídem 11 Fojas 165 a 169 ídem. ?????????????? 16 de la Constitución Federal, con base en los razonamientos medulares siguientes: 1.- Las partes involucradas en la relación contractual pactaron en el documento base (cláusula XIX), que los tribunales competentes para resolver cualquier controversia serían los de Ciudad de México, firmando de conformidad y, por tanto, la autoridad responsable es incompetente para resolver el asunto; motivo por el cual, se solicitó que declinara la competencia y enviara los autos al juez competente en aquella ciudad. 2.- Afirma que no existe documento, acción o circunstancia que acredite que alguna de las partes tenga impedimento o situación en la cual hubiera denegación de acceso a la justicia al apegarse a los tribunales de Ciudad de México, a los que las partes se sometieron de manera voluntaria. 3.- El contrato de prestación de servicios profesionales constituye la base de la acción intentada y, de conformidad con el artículo 1093 del Código de Comercio, se dieron los supuestos de sumisión expresa y de aceptación, puesto que, los contratantes se sometieron a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de México; por ende, si la parte accionante ejercitó y presentó la demanda ante la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, ésta debe declararse incompetente para conocer del juicio. 4.- Transcribe el contenido de los artículos 157, 158 y 164 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Los anteriores argumentos resultan inoperantes, toda vez que a través de los mismos no se controvierte de manera frontal y directa las consideraciones con base en las cuales la autoridad responsable declaró improcedente el incidente de incompetencia por declinatoria planteado por la persona moral demandada aquí quejosa, siendo éstas las siguientes: - Si bien de la cláusula XIX del contrato de prestación de servicios fundatorio de la acción, se desprende que las partes acordaron que para resolver cualquier controversia que se suscite sobre la interpretación o cumplimiento del contrato, se someterían expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de México, renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razón del domicilio presente o futuro que pudiesen tener, o cualquier otra circunstancia. Empero, dicho acuerdo no podía cobrar vigencia, en atención a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el pacto de sumisión expresa por el que las partes prorrogan jurisdicción por razón de territorio, queda limitado cuando esa convención implica impedimento o denegación de acceso a la justicia. - Que en el caso, el actor señaló como domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, donde también tiene su domicilio la parte demandada; y si bien en el poder general para pleitos y cobranzas exhibido por el apoderado de esta última junto con el escrito de contestación de demanda, se dice que la persona moral demandada tiene su domicilio en la ciudad de México, también refiere que ésta puede establecer oficinas, agencias, establecimientos o sucursales en cualquier parte de los Estados Unidos Mexicanos o en el ????????????? extranjero, según lo establecido en el artículo tercero de los estatutos del propio documento. - Que la persona moral demandada fue emplazada al controvertido en un domicilio ubicado en esta ciudad, quien compareció a esa instancia a dar contestación a la demanda; por ello, resulta lógico y razonable que, en caso de controversia, no debe obligarse al actor a tener que trasladarse e incurrir en costos extraordinarios para poder tener acceso efectivo a la justicia, pues no obstante que los contratantes hayan estipulado una cláusula de sumisión expresa a la competencia de los tribunales de la Ciudad de México donde tiene su domicilio social la demandada, lo cierto es que se debe apegar a la interpretación que más favorezca el derecho de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 Constitucional. - Por lo anterior, al estar establecida la persona moral quejosa en esta ciudad y que además cuenta con la representación que le permite ejercer su derecho de defensa, se encuentra protegido su interés. - Finalmente, cita como apoyo a su determinación, la jurisprudencia por contradicción de tesis 192/2018 de rubro "COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.". En efecto, del análisis comparativo de lo considerado en la resolución interlocutoria reclamada y de los conceptos de violación expuestos en contra de la misma, que quedaron precisados en párrafos precedentes, se advierte la inoperancia de estos últimos. Ello puesto que, como quedó de manifiesto, la parte quejosa se limita a reiterar, en esencia, lo que planteó al oponer la excepción de incompetencia por territorio, en el sentido de que en el contrato base de la acción, las partes se sometieron a los tribunales competentes de Ciudad de México para resolver cualquier controversia. Además, dogmáticamente dice que no se demostró que las partes tengan impedimento o exista denegación de acceso a la justicia para apegarse a esos tribunales, transcribiendo los preceptos legales que consideró aplicables al caso. Empero, ningún razonamiento lógico jurídico vierte para poner de manifiesto lo desacertado de las consideraciones expuestas por la juez responsable toralmente, en el sentido de que: a) Aún y cuando existía la sumisión expresa de las partes a la competencia de los tribunales de Ciudad de México, ese acuerdo no podía cobrar vigencia, en atención a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había establecido que el pacto de sumisión expresa por el que las partes prorrogan jurisdicción por razón de territorio, queda limitado cuando esa convención implicaba impedimento o denegación de acceso a la justicia; b) Que la reo podía establecer oficinas en cualquier parte del país conforme al artículo 3º de los estatutos; además tiene representación y puede defenderse; c) La enjuiciada fue emplazada en esta ciudad y contestó la demanda; luego, es lógico que no JOSE SIERRA ORTIZ ?????????????? puede obligarse al actor a trasladarse e incurrir en gastos extraordinarios para defenserse; y, d) Que esa es la interpretación que más favorece al derecho fundamental de acceso a la jurisdicción. De ahí lo inoperante de los argumentos en estudio. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 81/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a fojas 61, Tomo XVI, Diciembre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 185425, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.- El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse". De igual forma, se cita la jurisprudencia I. 3o. A. J/22, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 335, Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, Octava Época, número de registro 224773, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. REGLAS PARA DETERMINARLOS. Existen dos casos en los cuales deben declararse inoperantes los conceptos de violación hechos valer en una demanda de amparo directo, promovida en contra de una sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, dictada por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo: el primero de ellos se presenta cuando los argumentos que integran los conceptos de violación no se enderezan a atacar ninguno de los fundamentos del fallo reclamado, por lo que resulta obvia la inoperancia de los mismos; el segundo, cuando en los conceptos solamente se atacan algunos de los argumentos que rigen el acto materia de amparo, pero se dejan firmes otros, siendo inútil el estudio de los conceptos propuestos en la demanda de garantías, ya que aun y cuando resultaran fundados, dada la naturaleza del acto reclamado, sería imposible conceder el amparo y protección de la justicia federal, para revocar el sentido de la resolución impugnada. Debe hacerse la aclaración de que si dentro de los conceptos propuestos existiere alguno de carácter formal, como pudiera ser la falta de estudio de algunos puntos de la litis, sí es posible conceder el amparo para efectos de subsanar la violación formal de que se trate ya que este tipo de conceptos aun y cuando no se dirigen a los argumentos sustentadores del fallo, hacen notar vicios formales de la resolución reclamada.". Dada la inoperancia actualizada, no se está en aptitud de establecer la aplicabilidad o inaplicabilidad de los criterios invocados por la parte promovente, pues de ello no se aprecia que puedan superar las razones por las que se actualizó. Máxime que el juicio natural emana de una controversia en materia mercantil, que se rige bajo el principio de estricto derecho. Finalmente, es infundado que la autoridad responsable hubiera pretendido hacer ver que el contrato base de la acción es un contrato de servicios profesionales habida cuenta que de la lectura integral del acto reclamado, no se advierte aseveración en ese sentido; y, si bien es verdad que invocó la tesis de rubro "COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA ????????????? VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA."; lo cierto es que únicamente lo hizo en apoyo a sus consideraciones. Consecuentemente, ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación, y al no surtirse en la especie alguna de las hipótesis previstas por el artículo 79 de la Ley de Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente en favor de la parte quejosa, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó. Se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. SEXTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SÉPTIMO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a CONSOLIDACIONES ANALÍTICAS DE PASIVOS LEVEL S.C., respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando sexto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza, el ocho de marzo de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.-

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