Consejeros Y Asesores Administrativos Sociedad Civil

Expediente 6204/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
6204/2014
Año
2014
Actuaciones
10
Última actuación
18/01/2023

Partes del expediente

  • Consejeros Y Asesores Administrativos Sociedad Civil

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad de México, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202, de la Ley de Amparo, para que la quejosa interpusiera recurso de inconformidad en contra del acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, en el que se determinó que el cumplimiento de la sentencia quedó sin materia, en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme. Archivo como asunto concluído Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y en razón de que el expediente en que se actúa se encuentra integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto concluído, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que la integran considerando las promociones y actuaciones judiciales. Destino del juicio de amparo Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del mencionado acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, se negó y se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitada, en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere el artículo 18 del referido acuerdo. Destino de los cuadernos incidentales. Respecto a los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado en el acuerdo general referido en el párrafo que antecede. Por lo que hace al duplicado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo general en cita, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, debido a que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del aludido acuerdo general, se determina que es susceptible de destrucción, debido a que se negó la medida cautelar solicitada. Devolución de documentos originales. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos de conformidad con el artículo 18 del referido acuerdo. Finalmente, atento lo ordenado en el primer y segundo párrafo del artículo 35 del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente de que se trate. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a la quejosa ********************, sociedad civil, en auto de ocho de diciembre de este año, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia, sin que a la fecha haya hecho manifestación alguna al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. En primer lugar, cabe señalar que se concedió la protección constitucional para los efectos siguientes: "(.) PRIMERO. Efecto de la concesión del amparo. El amparo y protección de la Justicia Federal señalada en supralíneas, se concede para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa durante la vigencia del referido numeral y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previsto para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. (.) Cabe destacar que el amparo concedido respecto del artículo 53-B, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, no se hace extensivo a los artículos 61 y 62 de su reglamento, ya que en estos numerales se pormenoriza lo atinente a la solicitud de información a terceros durante el desarrollo del procedimiento de fiscalización y el desahogo de las periciales que se ofrezcan en el mismo, aspectos que no guardan estrecha relación con lo que fue materia de la concesión del amparo. (.)". Decisión que no fue combatida y por acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento. Ahora bien, para acreditar el acatamiento de la sentencia la citada autoridad responsable manifestó mediante oficio registrado con folio 26741 que no se instauró a la quejosa el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación y que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes. Sin que la quejosa realizara señalamiento alguno al respecto. Por tanto, el suscrito estima que el cumplimiento del fallo ha quedado sin materia, lo que impide que pueda llevarse a cabo su ejecución, pues no se está en aptitud legal de exigirlo dado que no se instauró procedimiento de revisión electrónica a la quejosa. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluído. Notifíquese, y por lista a la quejosa, en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintiocho de julio de este año y en su caso, a las autoridades responsables una vez que reanuden sus labores.

  3. Principal

    Ciudad de México, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio enviado en representación de la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria, por el cual atento al requerimiento formulado en autos, informa el cumplimiento de la sentencia de amparo. Atento a ello, con fundamento en el artículo 196, primer y segundo párrafos, de la Ley de Amparo, con copia del oficio de la autoridad, dese vista a la quejosa por el plazo de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga; lo anterior, en el entendido de que, una vez transcurrido el término otorgado, con desahogo de la vista o sin él, este órgano judicial dictará resolución en la que se pronuncie sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese; y por lista a la quejosa de conformidad con lo ordenado en auto de veintiocho de julio de este año.

  4. Principal

    Ciudad de México, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y en atención a que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la citada ley de conformidad con lo dispuesto en su ordinal 2, se declara que dicha sentencia, ha causado ejecutoria. CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO En ese orden de ideas, en la sentencia dictada en este asunto se advierte que se resolvió lo siguiente: "(.) Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO.-Se sobresee en el juicio respecto de los actos y autoridades precisados en los considerandos cuarto y séptimo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *************, contra los actos y autoridades precisados en el considerando quinto y por los motivos expresados en el noveno considerando de esta sentencia. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ***********, contra los actos y autoridades precisados en el considerando quinto, por los motivos expresados y para los efectos precisados en los considerandos PENÚLTIMO y ÚLTIMO de esta sentencia. (.)". Asimismo, se concedió el amparo a la quejosa para los siguientes efectos: "(.) PRIMERO. Efecto de la concesión del amparo. El amparo y protección de la Justicia Federal señalada en supralíneas, se concede para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa durante la vigencia del referido numeral y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previsto para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. (.) Cabe destacar que el amparo concedido respecto del artículo 53-B, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, no se hace extensivo a los artículos 61 y 62 de su reglamento, ya que en estos numerales se pormenoriza lo atinente a la solicitud de información a terceros durante el desarrollo del procedimiento de fiscalización y el desahogo de las periciales que se ofrezcan en el mismo, aspectos que no guardan estrecha relación con lo que fue materia de la concesión del amparo. (.)". Atento lo anterior, en relación con el cumplimiento de la sentencia se amparó, se provee: ANÁLISIS RESPECTO DEL ARTÍCULO 53-B FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Debido a que de la anterior transcripción, se advierte que los efectos del fallo constitucional fueron para que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Esto deviene así, dado que, el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015 violan el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, ya que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales, mas no un requerimiento de pago cuya inobservancia de lugar a sus ejecución inmediata, a más de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones, sin darle previamente la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación, los medios de prueba, que por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia 2a./J.157/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN TANTO PREVÉ LA FACULTAD CONFERIDA A LA AUTORIDAD PARA HACER EFECTIVA LA CANTIDAD DETERMINADA EN LA PRELIQUIDACIÓN, TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA." REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO. Atendiendo a los efectos de la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, realice lo siguiente: a) Informe si a la quejosa ************, le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. b) En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. c) De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que la contribuyente fue omisa en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." Infórmese a la autoridad responsable que el Registro Federal de Contribuyentes de la quejosa, a fin de que pueda dar cumplimiento al requerimiento formulado en este auto. JUICIO DE AMPARO QUEJOSA RFC 6204/2014 ********** SE VINCULA A AUTORIDAD AL CUMPLIMIENTO. En tales circunstancias, en obvio de mayores dilaciones procesales, y considerando que el cumplimiento de la sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público, respecto de la cual las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones en los términos perentorios de los que disponen, y a efecto de que se dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio; se vincula al cumplimiento del fallo protector dictado en el este asunto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. REQUERIMIENTO SUPERIOR JERÁRQUICO. Asimismo, se requiere a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en su carácter de superior jerárquico), a fin de que en el ámbito de sus atribuciones conmine a la autoridad citada a cumplir con la ejecutoria de amparo en los términos antes señalados. Para lo cual, remítaseles copia de la ejecutoria dictada por el tribunal colegiado, así como de la sentencia de amparo. En el entendido de que: 1.- La autoridad responsable y su superior jerárquico deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2.- Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). 3.- No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un juez de Distrito. APERCIBIMIENTOS POR INCUMPLIR LA SENTENCIA DE AMPARO. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, por causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la primera Región con residencia en la Ciudad de México, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Notifíquese

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