Conrado o Conrado Catalino Sollo Díaz

Expediente 480/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 28 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
480/2020
Año
2020
Actuaciones
28
Última actuación
29/11/2021

Partes del expediente

  • Conrado o Conrado Catalino Sollo Díaz
  • Juez de Control del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    PRAL.480/2020 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. 1. Plazo para interposición de recurso. De la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el siete de octubre de dos mil veintiuno, firmada y autorizada el veintinueve de octubre siguiente, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso *** sin que lo hubiera hecho. 2. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria esa sentencia. 3. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario esperar a que obre constancia de la mensajería Estafeta, respecto de la entrega del oficio con transcripción de la sentencia dictada en este asunto, dirigido a la tercera interesada, licenciada ***agente del Ministerio Público adscrita a la Vice Fiscalía de Huajuapan de León, Oaxaca, a efecto de realizar el cómputo de plazo referido; lo anterior, en virtud que, dado el sentido de la sentencia dictada (negada), no le genera perjuicio alguno. 4. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4.1 Instrucción Secretaría y Actuaría. Se se instruye a la secretaria (o) y actuario (a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión publica de la sentencia sea consultable por internet. 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu) y 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. 6. Destino. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo, este expediente es depurable; por ello, una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la fecha de este proveído, procédase a lo dispuesto en el penúltimo y último párrafo del artículo 18 del acuerdo mencionado. 7. Archivo reciente. Se comunica a las partes que, en atención a lo dispuesto en el artículo 18 del multicitado acuerdo, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 8. Certificación. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de que el mismo es depurable. 9 Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. 10. Devolución de discos. Finalmente, mediante oficio que al efecto se gire, devuélvanse a la autoridad responsable, juez de Control con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, los tres discos exhibidos como justificación de su informe rendido en este juicio; lo anterior, al carecer de objeto su permanencia en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    PRAL.480/2020.MESA-7 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con diecisiete minutos del siete de octubre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 480/2020, como se ordenó en acuerdo de siete de septiembre del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes. Relación de constancias. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran 1) la demanda de amparo promovida por Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz, 2) auto admisorio de cuatro de septiembre de dos mil veinte e 3) informe justificado de la autoridad responsable, juez de Control con sede en Huajuapan de León, Oaxaca. Asimismo, hace constar que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto admisorio. Enseguida, se acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria, se hace constar que el juez de Control con sede en Huajuapan de León, Oaxaca remitió como prueba: Tres discos en formato DVD que contienen audio y video de la a] audiencia de comunicación de imputación en cumplimiento a una orden de aprehensión de fecha veinte de agosto de dos mil veinte y b] audiencia de ampliación de término constitucional y dictado de auto de vinculación a proceso de veintiséis de agosto siguiente, desahogadas en la causa penal 126/2020. Así como la versión escrita de la referida audiencia de ampliación de términos constitucional, en la que se dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso. Al respecto, se acuerda: En virtud de que la documental ofrecida por la responsable fue admitida y desahogada en razón de su propia naturaleza durante la sustanciación de este juicio, será valorada al momento de dictarse la sentencia correspondiente. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J.43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". No existiendo más pruebas que desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Fase de alegatos. En la fase de alegatos, se hace constar que las partes no los expresaron ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado formuló pedimento; no habiendo alegatos formulados por las partes se cierra esta etapa. Ponciano Velasco Velasco. Titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Sandra Guzmán Rueda. Secretaria de Juzgado Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 480/2020; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el tres de septiembre de dos mil veinte en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Oaxaca, y remitido, por razón de turno, a este Juzgado de Distrito en la misma data, Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra 1] la medida cautelar que le fue impuesta el veinte de agosto de dos mil veinte y 2] el auto de vinculación a proceso dictado el veintiséis de agosto siguiente, en la causa penal 126/2020, por el juez de Control con sede en Huajuapan de León, Oaxaca. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Registro de la demanda de amparo. Por auto de fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte se ordenó registrar la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 480/2020; se admitió a trámite, se solicitó de la autoridad señalada como responsable su informe justificado y se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. CUARTO. Emplazamiento de parte tercera interesada. En autos de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte y dos de febrero de dos mil veintiuno se ordenó el emplazamiento de a) Flor Eunice Santiago Aguilar, agente del Ministerio Público adscrita a la Vicefiscalía de Huajuapan de León, Oaxaca y al c) menor de edad de identidad resguardada Z.A.S.B., a través de su representante Evarista Flora Belmont Saavedra, en su carácter de terceros interesados; quienes quedaron emplazados el veintiuno de enero y siete de septiembre de dos mil veintiuno, respectivamente. QUINTO. Cita para audiencia. En auto de siete de septiembre de este año se citó a las partes a la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48, 49 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, conforme a lo dispuesto en el artículo quinto transitorio del Decreto por el que se expide la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se reforman diversos ordenamientos, publicado en el mencionado medio de difusión oficial el siete de junio de dos mil veintiuno; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial, el veintidós de abril de este año, por tratarse de un asunto de naturaleza penal y el acto se reclama de una autoridad residente en Huajuapan de León, Oaxaca; lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados por el quejoso al juez de Control del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, son los siguientes: 1] La medida de prisión preventiva decretada en audiencia celebrada el veinte de agosto de dos mil veinte. 2] El auto de vinculación a proceso dictado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en la causa penal 126/2020. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La responsable juez de Control con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, al rendir informe justificado, aceptó la existencia de los actos reclamados por el quejoso. Lo que se corrobora con los discos en formato DVD, que exhibió la referida autoridad como apoyo a su informe, relativos a la causa penal 126/2020, de su índice; los cuales, una vez reproducidos, se puede advertir que contienen audio y video de la a] audiencia de comunicación de imputación en cumplimiento a una orden de aprehensión de fecha veinte de agosto de dos mil veinte y b] audiencia de ampliación de término constitucional de veintiséis de agosto siguiente. CUARTO. Causal de improcedencia. Las partes no alegaron y este Juzgado de Distrito no advierte causa de sobreseimiento o de improcedencia; por lo que procede el análisis de la litis constitucional. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Suplencia de la queja. Con fundamento en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, los actos reclamados serán analizados bajo el principio de suplencia de la queja, si existieren elementos para ello; como así lo ilustra la jurisprudencia de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)". (Jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época). Por técnica jurídica, se procederá a estudiar, primeramente, lo relativo a la imposición de la medida de prisión preventiva impuesta a la parte quejosa. SÉPTIMO. Estudio de la prisión preventiva oficiosa. Respecto a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, el quejoso adujo en su único concepto de violación, en síntesis, que: La medida cautelar de prisión preventiva dictada en su contra carece de una debida fundamentación y motivación, siendo que, para decretarla, la responsable adoptó el único argumento de la representación social, consistente en que, en el caso, se cumplía con los requisitos de proporcionalidad contemplados en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, página 38, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR". Concepto de violación que es infundado; por las siguientes consideraciones: Previo a poner de manifiesto lo anterior, resulta necesario tomar en consideración que, de conformidad con el derecho constitucional contenido en el primer párrafo del artículo 16 de la Carta Magna, las autoridades deben fundamentar y motivar los actos que incidan en la esfera jurídica de los ciudadanos. Luego, para que se cumpla con el imperativo constitucional en mención, relativo a la fundamentación y motivación de todo acto de autoridad, ésta debe de cumplir con los siguientes requisitos: Expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso (fundamentación). Señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto (motivación). Existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables (relación entre la fundamentación y la motivación). Entonces, el derecho de legalidad consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los elementos esenciales el que todo acto de molestia, que se dirija a los gobernados, esté fundamentado y motivado. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 204 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible en la página 166, del rubro siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Ahora, es necesario precisar que el ejercicio del derecho humano a la libertad personal, como todos los demás derechos fundamentales, no es absoluto y admite limitaciones en su ejercicio. La propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 19, prevé como restricción a la libertad personal la prisión preventiva, de la siguiente manera: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. Párrafo reformado DOF 14-07-2011, 12-04-2019 La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. .". (Lo subrayado es propio de este Juzgado) El precepto constitucional trascrito ordena llevar a cabo un control para determinar la procedencia de la prisión preventiva que, a su vez, debe estar constituido por dos momentos que el propio artículo distingue, a saber: Por una parte, el dictado del auto de vinculación a proceso, que es la condición jurídica previa para que, de acuerdo con el referido numeral constitucional, proceda la prisión preventiva. En segundo lugar, la regulación prevista en el segundo párrafo establece los requerimientos para imponer la prisión preventiva, de acuerdo a una doble regulación, es decir, la relativa a los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y aquellos delitos en los que se requiere acreditar algún tipo de necesidad de cautela o, también, en los casos en que exista reincidencia. Por lo que se refiere al primer supuesto, también conocido como la acreditación del supuesto material, el juez deberá justificar la procedencia de la vinculación a proceso sobre la base de si existen datos sobre la existencia del hecho que permita determinar "el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución" del delito, así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Si bien éste es un requisito exigido en todos los casos para iniciar un proceso, cobra especial relevancia para la imposición de medidas cautelares, sobre todo para la que consiste en privar de la libertad al imputado. La segunda parte del segundo párrafo del artículo 19 constitucional hace referencia expresa a la necesidad de que el juez ordene la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos que se cometa el delito de violación, entre otros. Además, el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece lo siguiente: "Artículo 154. Procedencia de medidas cautelares El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en los casos previstos por este Código, cuando ocurran las circunstancias siguientes: I. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o II. Se haya vinculado a proceso al imputado. En caso de que el Ministerio Público, la víctima, el asesor jurídico, u ofendido, solicite una medida cautelar durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse inmediatamente después de formulada la imputación. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes veinticuatro horas." (Lo subrayado es propio de este Juzgado) Del citado numeral se desprende que el juzgador puede imponer medidas cautelares, cuando ocurran las siguientes circunstancias: cuando una vez I) formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o II) se haya vinculado a proceso al imputado. En el caso, como la agente del Ministerio Público había solicitado la medida cautelar y ya se había comunicado imputación al quejoso, el juez responsable procedió a resolver sobre la solicitud realizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 153, 154, 155, 156 y 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales [minuto 01:22:32 del disco DVD número 1]. La responsable adujo que, de conformidad con el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, acorde con el 19 constitucional, cuando se trate del delito de violación, se podrá imponer prisión preventiva de manera oficiosa; siendo que la representación social atribuyó al imputado un hecho cuya calificación jurídica es la establecida en los artículos 247 y 248 bis, fracción III, del Código Penal del Estado de Oaxaca, que se refieren al tipo penal de violación equiparada, por lo que surte la hipótesis prevista en los preceptos invocados (artículos 153, 154, 155, 156 y 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales) [minuto 01:24:46 del disco DVD número 1]. Imposición de la medida cautelar y vigencia de la misma: Por ello, impuso a Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz la medida cautelar de prisión preventiva de manera oficiosa y provisional, hasta en tanto se resolviera su situación jurídica [minuto 01:25:00 del disco DVD número 1]. Lineamiento para la aplicación de la medida: Además, refirió que se debía girar atento oficio al comandante o encargado de los separos de la Agencia Estatal de Investigaciones, informándole la medida de coerción impuesta al imputado, para permitir el ingreso y posterior excarcelación del mismo en la fecha señalada para la audiencia de ampliación de término constitucional (veintiséis de agosto de dos mil veinte) [minuto 01:25:01 del disco DVD número 1]. Ahora, el artículo 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece lo siguiente: "Artículo 159. Contenido de la resolución La resolución que establezca una medida cautelar deberá contener al menos lo siguiente: I. La imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma; II. Los lineamientos para la aplicación de la medida, y III. La vigencia de la medida." En el caso, de la reproducción del disco DVD exhibido por el juez responsable, mismo que contiene la audiencia de formulación de la imputación e imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, celebrada el veinte de agosto de dos mil veinte, en la causa penal 126/2020, se advierte que la responsable realizó lo siguiente: Impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al imputado Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz - Primera parte de la fracción I del citado artículo 159-. Refirió que se debía girar atento oficio al comandante o encargado de los separos de la Agencia Estatal de Investigaciones, informándole la medida de coerción impuesta al imputado, para permitir el ingreso y posterior excarcelación del mismo en la fecha señalada para la audiencia de ampliación de términos constitucional - Fracción II del citado artículo 159-. Señaló que dicha medida cautelar de prisión preventiva de manera oficiosa, sería de manera provisional, hasta en tanto se resolviera la situación jurídica del imputado, a saber, en la audiencia de ampliación de término constitucional señalada para el veintiséis de agosto de dos mil veinte - Fracción III del citado artículo 159-. Además, como se refirió en líneas que preceden, el artículo 19 de la Constitución Federal prevé que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos señalados, como lo es en el delito de violación; por lo que sí, en el caso, se trata de una medida impuesta en relación al delito de violación equiparada, ilícito en el que, según el segundo párrafo del artículo 247 del Código Penal del Estado de Oaxaca, se sancionará con la misma pena que el delito de violación genérica, al ser la más favorable al imputado; es inconcuso que la imposición de la medida se encuentra justificada en dicho precepto constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la tesis XI.P.45 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, Libro 82, Enero de 2021, Tomo II, página 1375, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2022621, de rubro: "VIOLACIÓN EQUIPARADA, EN LAS HIPÓTESIS DE REALIZAR CÓPULA CON PERSONA QUE NO TENGA CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO O POR CUALQUIER CAUSA NO PUEDA RESISTIRLO, CUYA VÍCTIMA NO SEA MENOR DE 18 AÑOS. AL NO ESTAR SEÑALADA EXPRESAMENTE LA PENA PARA ESTE DELITO -POR OMISIÓN LEGISLATIVA-, DEBE APLICARSE LA PREVISTA PARA EL DE VIOLACIÓN GENÉRICA, AL SER LA MÁS FAVORABLE AL SENTENCIADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN)." De las cuestiones referidas en la audiencia celebrada el veinte de agosto de dos mil veinte, en la causa penal 126/2020, se concluye que, contrario a lo que se alega, el juez responsable, al imponer la medida de prisión preventiva oficiosa al imputado Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz, sí atendió los requisitos mínimos que debía contener su determinación; por ello, debe negarse el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Es aplicable la tesis VI.2o.P.42 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "MEDIDA CAUTELAR DE PRISION PREVENTIVA. EN EL AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO EN SU CONTRA, EL JUEZ DE DISTRITO, AL VERIFICAR EL ANÁLISIS FORMULADO POR EL JUEZ DE CONTROL, NO DEBE REVISAR LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO RESOLVER CON BASE EN LAS CUESTIONES DEBATIDAS EN LA AUDIENCIA EN QUE SE DETEMINÓ SU IMPOSICIÓN. De acuerdo con la estructura normativa de la medida cautelar de prisión preventiva se adopta en la audiencia y previo contradictorio; de manera que las medidas cautelares están vinculadas con el proceso penal, son accesorias a éste y tienen que ver con el acceso a la justicia en cuanto a su desarrollo; esto es, emparejadas a la situación que prive en el proceso del que derivan; además, establecen la condición de la persona como sujeta a un proceso penal. Así, por regla general, las medidas cautelares no se fijan de oficio por el Juez y requieren una imputación precisa antes de su solicitud, tomando en cuenta que es menester una imputación previa, para que el Juez conozca cuál es el hecho delictivo imputado a la persona y, de esa manera, establecer proporcionalmente la medida. De ese modo, se debate la imposición de medidas cautelares cuando se inicia el proceso penal, mediante la formalización por el Ministerio Público de una investigación que realiza contra un sujeto determinado -dentro de la fase complementaria de la investigación-. Esto es, las medidas cautelares dependen de la existencia del proceso penal, no pueden existir de forma autónoma, y están sujetas, primordialmente, a la formalización de la imputación realizada por el Ministerio Público, incluso, el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece como presupuesto para su imposición que se haya formulado imputación, o bien, que haya sido vinculado a proceso. En ese contexto, será de la reproducción del disco óptico y acústico, que se obtengan aquellos datos relativos a la prisión preventiva, y que tengan vinculación con la imposición de las medidas cautelares, máxime cuando esas medidas de protección que invoque el Ministerio Público a personas detenidas señaladas de haber cometido un hecho delictivo, son previas a la judicialización de la causa ante el Juez de control. Conforme a lo anterior, en el amparo indirecto interpuesto contra la imposición de la medida, el Juez de Distrito no tendrá acceso a la carpeta de investigación, en tanto que el Juez de control no puede revisar las constancias que la integran antes de emitir sus resoluciones; de ahí que sólo deba resolver con base en las cuestiones debatidas en la audiencia desahogada ante él, con el fin de evitar que prejuzguen manteniendo la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, teniendo únicamente la responsabilidad de considerar los argumentos del debate sobre la imposición de medidas cautelares iniciada con la formalización por el Ministerio Público de una investigación contra una persona determinada, dentro de la fase complementaria de la investigación." No es óbice para arribar a la conclusión referida, el hecho de que en audiencia de veintiséis de agosto de dos mil veinte se haya dictado auto de vinculación a proceso contra el imputado Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz y se haya declarado la subsistencia de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta [minuto 01:21:35 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020], pues dicha declaración de subsistencia, antes de resolver este juicio de amparo, no actualiza las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVI y XXI, de la Ley de Amparo, al no haber variado las circunstancias de la imposición; toda vez que el agravio subsiste de forma continuada mientras persista la afectación al derecho humano a la libertad personal, pues si se atiende a que la medida cautelar continúa vigente, es evidente que la afectación a la esfera jurídica del quejoso no ha cesado; como así lo ilustra la tesis sustentada por Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 68, julio de 2019, tomo III, página 2039, de rubro: "MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA SU IMPOSICIÓN, Y ANTES DE QUE SE RESUELVA EL JUICIO, EN DIVERSA AUDIENCIA SE DECLARA SU SUBSISTENCIA, ELLO NO ACTUALIZA LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIONES XVI Y XXI, DE LA LEY DE LA MATERIA." OCTAVO. Estudio de fondo del auto de vinculación a proceso. Aduce el quejoso en su único concepto de violación, en síntesis, que el auto de vinculación dictado en su contra carece de una debida fundamentación y motivación. Primeramente, resulta oportuno destacar que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se reformaron, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se estableció un sistema de justicia penal acusatorio adversarial y oral, que cumple con los principios del debido proceso legal, como el de inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad; ello, de acuerdo con lo señalado en la iniciativa respectiva, con el objetivo de garantizar la vigencia del debido proceso en materia penal, recuperar la confianza en la justicia penal y de sus instituciones, así como hacer más eficiente la persecución e investigación de los delitos y el trabajo de los tribunales penales; asegurar la protección, asistencia y participación de las víctimas en el proceso penal. Además, de los derechos jurídicos consagrados en la Constitución Federal, como principio rector a salvaguardar, está el conducente a la presunción de inocencia, que conlleva a que el juez de control y, en su momento, el juez del juicio oral, tienen la obligación de velar por los derechos fundamentales de todo gobernado que se encuentre sujeto a su potestad y, con ello, el deber de fundamentar y motivar debidamente sus determinaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal. En ese entendido, en el análisis que se efectuará en esta sentencia constitucional serán considerados los requisitos que ahora señala el artículo 16 constitucional, pues acorde a la reforma en mención, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 45, agosto 2017, tomo I, página 360, registro 2014800, del rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". Asimismo, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 430, registro 167829, del rubro siguiente: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMAS CONSTITUCIONALES PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 TAMBIÉN DEPENDE DE LA EMISIÓN DE LA DECLARATORIA A QUE ALUDEN LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIOS DEL PROPIO DECRETO, LO CUAL ES DETERMINANTE PARA EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD RELATIVO". En ese contexto, el estudio del acto reclamado se realizará conforme a las cuestiones debatidas en la audiencia de veintiséis de agosto de dos mil veinte, celebrada en la causa penal 126/2020, y que fueron ponderadas por el juez responsable; ello, atendiendo al principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio; es decir, en este juicio se limitará el análisis de los datos de prueba que le fueron ofrecidos al juez de la causa, porque, de considerar otros elementos probatorios, se vulneraría el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, lo que permite el equilibrio procesal entre los sujetos procesales. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis II.1º.8 P (10ª.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, Octubre de 2014, tomo III, visible en la página 2902, registro 2007612, del rubro siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA DENTRO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA NO VULNERAR EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, DEBE LIMITARSE A ANALIZAR LOS DATOS DE PRUEBA VALORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE".. Ahora, el auto de vinculación a proceso dictado el veintiséis de agosto de dos mil veinte está regido por el artículo 19 de nuestra Carta Magna, que dispone: "Artículo 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." De conformidad con el referido artículo 19 constitucional, según reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el auto de vinculación a proceso requiere de la justificación de los requisitos siguientes: Se haya formulado la imputación. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. El delito que se impute al acusado. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél. Los datos que establezcan que: Se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; Exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El primer requisito se cumplió, ya que del contenido del registro de audio y video contenido en el disco en formato DVD marcado con el número 1, al que se le confiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2º, se advierte que en audiencia pública de veinte de agosto de dos mil veinte, la agente del Ministerio Público formuló imputación al quejoso Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz, en términos del artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en presencia del juez de control; esto es, hizo de su conocimiento el hecho que se le atribuye [minuto 32:20 del disco DVD número 1]. El segundo de los requisitos se justifica, porque el juez responsable otorgó al imputado la oportunidad de declarar, respondiendo que no era su deseo emitir alguna declaración, en términos del artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales [minuto 36:07 del disco DVD número 1]. Por lo que se refiere al tercer requisito, también se justifica, en razón de que el delito que se atribuye al imputado, como se dijo, es el de violación equiparada agravada, en agravio del menor Z.A.S.B., previsto en los artículos 247 y 248 bis, fracción III, del Código Penal vigente en el Estado, en la época de los hechos. De igual manera, se cumple con el cuarto requisito, ya que del auto de vinculación se advierte que el juez responsable hizo las manifestaciones pertinentes respecto al elemento consistente en lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito [minuto 01:12:20 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. En cuanto el quinto requisito, en la resolución reclamada se determinó que existen datos de prueba que establecen que se había cometido un hecho que la ley señala como delito de violación equiparada agravada; así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; aspectos que sí fueron cumplidos por el juez de control responsable, pues de la reproducción audiovisual de la audiencia celebrada el veintiséis de agosto de dos mil veinte, se aprecia que los datos de prueba expuestos por la representación social ante el juez de Control, hasta ese momento procesal, permiten establecer, razonablemente, que se cometió una serie de hechos que la ley señala como delito de violación equiparada agravada y que hacen probable la participación del imputado en su comisión. En efecto, el juez responsable, en audiencia de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictó auto de vinculación a proceso contra Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz, por su probable participación del delito de violación equiparada agravada, previsto en los artículos 247 y 248 bis, fracción III, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, vigente en la época de los hechos, en agravio del menor Z.A.S.B. [minuto 01:14:45 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. Los datos de prueba aportados por la agente del Ministerio Público y analizados por el juez responsable evidencian el hecho que la ley señalada como delito de violación equiparada agravada, en agravio del menor Z.A.S.B., por lo siguiente: El juez responsable al emitir el auto de vinculación a proceso tomó como base, para su emisión, los datos de prueba expuestos por la representación social, consistentes en: 1. Denuncia presentada por Evarista Flora Belmont Saavedra, realizada ante la representación social el quince de julio de dos mil diecinueve [minuto 37:55 del disco DVD número 1], y atestado del registro civil correspondiente al acta de nacimiento del menor Z.A.S.B. 2. Declaración del menor Z.A.S.B. [minuto 47:58 del disco DVD número 1]. 3. Certificado médico de lesiones y proctológico practicado con fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve al menor Z.A.S.B., emitido por el médico César Madrigal Marín [minuto 57:24 del disco DVD número 1]. 4. Dictamen psicológico de treinta de agosto de dos mil diecinueve, emitido por la psicóloga Elena Adeleina Wendolain [minuto 59:52 del disco DVD número 1]. 5. Inspección ocular de seis de febrero de dos mil veinte, realizada por el agente estatal de investigaciones Juan Carlos Pérez Gómez, y otros elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, acompañados de Evarista Flora Belmont Saavedra, en el lugar de los hecho; fijándose fotográficamente dos casas ubicadas en la calle sin número del Barrio de Guadalupe, de la población de Ixpantepec Nieves, Silacayoapam, Oaxaca [minuto 01:06:08 del disco DVD número 1]. Asimismo, el juez responsable refirió que tomó en consideración los datos de prueba expuestos por la defensa del imputado al inicio de la audiencia de veintiséis de agosto de dos mil veinte, en atención a la ampliación de plazo constitucional; mismos que tuvo por reproducidos. Ahora, por lo que hace al dato de prueba consistente en la 1) denuncia presentada por la ciudadana Evarista Flora Belmont Saavedra, realizada ante la representación social el quince de julio de dos mil diecinueve, el juez responsable lo consideró idóneo para establecer el hecho probablemente delictuoso que de la misma se deduce [minuto 08:57 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. Afirmó, además, que el hecho de la denunciante se encuentra robustecido con la 2) declaración del menor Z.A.S.B.; ante ello, dicha denuncia resulta pertinente para establecer los hechos que de la misma se deduce, mismos que le contó el propio menor respecto de la forma en que fue abusado [minuto 10:58 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. De ahí que con la información proporcionada por los citados datos de prueba, el juez responsable consideró que son suficientes y pertinentes para establecer la mecánica de los hechos, esto es, que cuando el menor Z.A.S.B. se hospedó en el domicilio del ahora imputado, éste le bajó el pantalón, el bóxer, le chupó el pene y le introdujo el pene en el ano; máxime que la denunciante también refirió la fecha en la que el imputado se llevó al menor ofendido a su domicilio, conjuntamente con sus otros dos hermanos, siendo el diecinueve de julio de dos mil diecisiete [minuto 13:37 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. Asimismo, el juez responsable precisó que no obsta el hecho de que la defensa solicitara que no se le otorgara valor probatorio a la entrevista a Evarista Flora Belmont Saavedra, al referir que si bien es cierto se le designó un perito traductor en la lengua materna, se trataba de Jesica Salas Belmont, quien resulta ser hermana de la propia víctima e hija de la entrevistada; toda vez que no existe dato que demuestre el parentesco y, aunque así fuese, de todo el cuerpo de la declaración no se advertía un interés ilegítimo que pudiera viciar la credibilidad de la propia entrevistada [minuto 14:40 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. Por lo que hace al atestado del registro civil correspondiente al acta de nacimiento del menor Z.A.S.B., el juez responsable lo consideró idóneo para establecer la fecha y lugar de nacimiento de la víctima, así como el nombre de sus progenitores [minuto 16:18 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. El juez responsable enlazó la denuncia de hechos en comento con la declaración del menor Z.A.S.B., señalando que la misma creaba convicción, por lo que le otorgaba valor probatorio, siendo que al ser un menor capaz no la consideraba carente de idoneidad o pertinencia; máxime que dicho menor había narrado un gran número de detalles que aumentaban su credibilidad [minuto 17:14 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. El referido juez responsable también dejó sentado que dicha declaración del menor fue recepcionada en presencia de su progenitora, así como de la perito en psicología Eloisa Martínez Cruz, dependiente de la Fiscalía General del Estado, y siguiendo un desarrollo metodológico de acuerdo a su edad. En relación al certificado médico de lesiones y proctológico practicado con fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve, emitido por el médico César Madrigal Marín, el juez responsable lo consideró pertinente para establecer la existencia de lesiones internas, antiguas, en el menor Z.A.S.B, consistentes en pliegues anales borrados, desgarro antiguo de ano de 1.5 centímetros de longitud por 1 milímetro de ancho en hora seis de acuerdo a la carátula del reloj; además de que el esfínter interior se encontraba contraído, sin más datos, y que la clasificación legal asignada es que no presentó lesiones visibles recientes externas en superficie corporal pero presentó signos de penetración antigua vía anal; máxime que, al tratarse de un médico quien emite dicho certificado, es la persona con los conocimientos sobre la materia para emitir dicha opinión [minuto 24:53 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. Sin que obste que la defensa haya solicitado que se le restara valor probatorio a dicha opinión, al ser un testigo de referencia; toda vez que la información que proporcionó dicho experto no fue en relación a quién o cómo sucedieron los hechos, sino en base a sus conocimientos profesionales, por lo que la lo vertido en el certificado es en relación a su pericia en la materia médica. Además, precisó la responsable que la información proporcionada en el dictamen en psicología de treinta de agosto de dos mil diecinueve, emitido por la psicóloga Elena Adeleina Wendolain, dada la etapa procesal, no se tomaba en consideración; siendo que dicho dato de prueba no tiende acreditar alguna proposición fáctica de los hechos propuestos por la representación social [minuto 29:18 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. Datos de prueba valorados que enlazó con la diligencia de inspección ocular realizada en el lugar de los hechos y en las inmediaciones del lugar, a la cual correctamente le otorgó eficacia probatoria, porque justifica la existencia de un inmueble ubicado en la población de Ixpantepec Nieves, Silacayoapam, Oaxaca, cerca de la escuela Primaria Bilingüe Melchor Ocampo y de la capilla denominada Guadalupe; siendo que dicha actuación se hizo en cumplimiento a la dirección del Ministerio Público en la investigación y a las facultades que le confiere el código procesal de la materia [minuto 32:07 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]; con la precisión que respecto a las placas fotográficas del lugar que refirió la representación social en su comunicación de imputación, en ningún momento fueron exhibidas o descritas. En consecuencia, el juez responsable indicó que los hechos acreditados constituyen el delito de violación equiparada agravada, previsto en el artículo 247, en relación con el 248 bis, fracción III, del Código Penal del Estado de Oaxaca, que requiere de diversos elementos para su configuración, como son [minuto 01:01:27 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]: a) La existencia de la cópula; b) Que la cópula sea con persona menor de doce años de edad; y, c) Que se tenga al ofendido bajo tutela, custodia, guarda o educación, o que el activo aproveche la confianza en él depositada. El responsable correctamente tuvo por acreditado cada uno de los citados elementos, con los datos de prueba que previamente había otorgado eficacia [minuto 01:02:13 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]; manifestando, al respecto, que, en relación al primer elemento, se acredita la existencia de la cópula, pues la representación social acreditó que el día veintiuno de julio de dos mil diecisiete, en el interior del domicilio ubicado en el barrio Guadalupe, Ixpantepec Nieves, Silacayoapam, Oaxaca, el imputado bajó el pantalón y bóxer hasta las piernas del menor víctima, le chupó el pene y le introdujo el pene en el ano. Por lo que hace al segundo elemento, consideró debidamente acreditado, pues quedó justificado que el menor víctima, en la época en que sucedieron los hechos, contaba con la edad de ocho años, ocho meses, al haber nacido el diez de noviembre de dos mil dieciocho, por lo que era menor de doce años. Respecto al tercero de los elementos, también se encuentra acreditado; toda vez que el imputado, como lo refirió la Vicefiscalía, tenía bajo su custodia a la víctima, ya que la progenitora del menor ofendido le concedió esa custodia, de facto, del mismo, así como de sus dos hermanos, para que los llevara a su domicilio y, en consecuencia, Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz aprovechó de la confianza en él depositada, al resultar ser padrino de dos hermanos de la víctima. Por otra parte, el responsable acertadamente estableció que la conducta realizada por el imputado es dolosa, pues el hecho de que haya introducido su pene en el ano del menor ofendido evidencia que sabía lo que hacía y quiso hacerlo, actualizándose la hipótesis prevista en el fracción I del artículo 8 del Código Penal del Estado de Oaxaca [minuto 01:08:18 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. Probable participación. Además, el juez responsable correctamente determinó que Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz es probable responsable en la comisión del hecho que la ley señala como delito de violación equiparada agravada, toda vez que quedó acreditado que el veintiuno de julio de dos mil diecisiete, en horario nocturno, en el domicilio ubicado en el barrio Guadalupe, Ixpantepec Nieves, Silacayoapam, Oaxaca, cuando el referido menor se encontraba durmiendo, el imputado le bajó el pantalón y el bóxer, le chupó el pene, y después de amenazarlo con privar de la vida a sus padres, le introdujo el pene en el ano [minuto 01:08:56 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. Asimismo, el juez responsable consideró, con acierto, que la participación del imputado es como autor material, porque los hechos probados los realizó sin la asistencia o auxilio de otra persona [minuto 01:10:04 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. Consideraciones que, como se precisó, son apegadas a derecho, dado que existen datos de prueba que permiten, fundamentalmente, suponer que Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz tuvo intervención culpable en el hecho delictivo; pues existe un señalamiento directo por parte de la víctima de que el imputado cometió el delito citado. Así también, por la naturaleza de los hechos y circunstancias probadas, ante su valor incriminatorio y el enlace lógico y natural entre la verdad conocida, la que se busca conocer, además, en estricto apego a las leyes de la lógica y la razón, se tiene como punto de partida hechos o circunstancias que están probados, como en el caso, para concluir que, probablemente, Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz fue el sujeto activo que, en grado probable, cometió el hecho que la ley señala como delito de violación equiparada agravada. De ahí que el juez responsable indicó con precisión en qué consistió la conducta ilegítima en que incurrió el sujeto activo para tener por demostrada, hasta el momento, su probable comisión del delito de violación equiparada agravada. En esas condiciones, al existir datos de prueba que demuestran la probable responsabilidad el ahora quejoso, se estima que el juez de la causa procedió con apego a derecho, al concluir que los medios de prueba fueron bastantes para demostrar, en grado de probable, que Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz cometió el hecho ilícito de mérito y, por ello, procedía dictarle auto de vinculación a proceso. En consecuencia, es infundado el concepto de violación formulado por el quejoso, consistente en que el auto de vinculación a proceso no se encuentra debidamente fundado y motivado; toda vez que, acertadamente, el juez responsable estimó acreditados los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y motivó las razones por las que concluyó dictar auto de vinculación a proceso en su contra. Por ello, contrario a lo alegado por el quejoso, la responsable no violó sus derechos fundamentales; sin que se advierta deficiencia de queja que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita. NOVENO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida resolución se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz, contra los actos reclamados consistentes en 1) la medida cautelar impuesta en audiencia de veinte de agosto de dos mil veinte, y 2) auto de vinculación a proceso dictada en audiencia veintiséis de agosto de dos mil veinte, en la causa penal 126/2020; atribuidos al juez de Control con sede en Huajuapan de León, Oaxaca; en términos de los considerandos séptimo y octavo de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de ese órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE TERCERA INTERESADA.- AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con diecisiete minutos del siete de octubre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 480/2020, como se ordenó en acuerdo de siete de septiembre del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes. Relación de constancias. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran 1) la demanda de amparo promovida por Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz, 2) auto admisorio de cuatro de septiembre de dos mil veinte e 3) informe justificado de la autoridad responsable, juez de Control con sede en Huajuapan de León, Oaxaca. Asimismo, hace constar que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto admisorio. Enseguida, se acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria, se hace constar que el juez de Control con sede en Huajuapan de León, Oaxaca remitió como prueba: Tres discos en formato DVD que contienen audio y video de la a] audiencia de comunicación de imputación en cumplimiento a una orden de aprehensión de fecha veinte de agosto de dos mil veinte y b] audiencia de ampliación de término constitucional y dictado de auto de vinculación a proceso de veintiséis de agosto siguiente, desahogadas en la causa penal 126/2020. Así como la versión escrita de la referida audiencia de ampliación de términos constitucional, en la que se dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso. Al respecto, se acuerda: En virtud de que la documental ofrecida por la responsable fue admitida y desahogada en razón de su propia naturaleza durante la sustanciación de este juicio, será valorada al momento de dictarse la sentencia correspondiente. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J.43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". No existiendo más pruebas que desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Fase de alegatos. En la fase de alegatos, se hace constar que las partes no los expresaron ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado formuló pedimento; no habiendo alegatos formulados por las partes se cierra esta etapa. Ponciano Velasco Velasco. Titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Sandra Guzmán Rueda. Secretaria de Juzgado Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 480/2020; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el tres de septiembre de dos mil veinte en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Oaxaca, y remitido, por razón de turno, a este Juzgado de Distrito en la misma data, Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra 1] la medida cautelar que le fue impuesta el veinte de agosto de dos mil veinte y 2] el auto de vinculación a proceso dictado el veintiséis de agosto siguiente, en la causa penal 126/2020, por el juez de Control con sede en Huajuapan de León, Oaxaca. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Registro de la demanda de amparo. Por auto de fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte se ordenó registrar la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 480/2020; se admitió a trámite, se solicitó de la autoridad señalada como responsable su informe justificado y se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. CUARTO. Emplazamiento de parte tercera interesada. En autos de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte y dos de febrero de dos mil veintiuno se ordenó el emplazamiento de a) Flor Eunice Santiago Aguilar, agente del Ministerio Público adscrita a la Vicefiscalía de Huajuapan de León, Oaxaca y al c) menor de edad de identidad resguardada Z.A.S.B., a través de su representante Evarista Flora Belmont Saavedra, en su carácter de terceros interesados; quienes quedaron emplazados el veintiuno de enero y siete de septiembre de dos mil veintiuno, respectivamente. QUINTO. Cita para audiencia. En auto de siete de septiembre de este año se citó a las partes a la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48, 49 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, conforme a lo dispuesto en el artículo quinto transitorio del Decreto por el que se expide la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se reforman diversos ordenamientos, publicado en el mencionado medio de difusión oficial el siete de junio de dos mil veintiuno; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial, el veintidós de abril de este año, por tratarse de un asunto de naturaleza penal y el acto se reclama de una autoridad residente en Huajuapan de León, Oaxaca; lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados por el quejoso al juez de Control del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, son los siguientes: 1] La medida de prisión preventiva decretada en audiencia celebrada el veinte de agosto de dos mil veinte. 2] El auto de vinculación a proceso dictado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en la causa penal 126/2020. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La responsable juez de Control con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, al rendir informe justificado, aceptó la existencia de los actos reclamados por el quejoso. Lo que se corrobora con los discos en formato DVD, que exhibió la referida autoridad como apoyo a su informe, relativos a la causa penal 126/2020, de su índice; los cuales, una vez reproducidos, se puede advertir que contienen audio y video de la a] audiencia de comunicación de imputación en cumplimiento a una orden de aprehensión de fecha veinte de agosto de dos mil veinte y b] audiencia de ampliación de término constitucional de veintiséis de agosto siguiente. CUARTO. Causal de improcedencia. Las partes no alegaron y este Juzgado de Distrito no advierte causa de sobreseimiento o de improcedencia; por lo que procede el análisis de la litis constitucional. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Suplencia de la queja. Con fundamento en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, los actos reclamados serán analizados bajo el principio de suplencia de la queja, si existieren elementos para ello; como así lo ilustra la jurisprudencia de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)". (Jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época). Por técnica jurídica, se procederá a estudiar, primeramente, lo relativo a la imposición de la medida de prisión preventiva impuesta a la parte quejosa. SÉPTIMO. Estudio de la prisión preventiva oficiosa. Respecto a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, el quejoso adujo en su único concepto de violación, en síntesis, que: La medida cautelar de prisión preventiva dictada en su contra carece de una debida fundamentación y motivación, siendo que, para decretarla, la responsable adoptó el único argumento de la representación social, consistente en que, en el caso, se cumplía con los requisitos de proporcionalidad contemplados en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, página 38, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR". Concepto de violación que es infundado; por las siguientes consideraciones: Previo a poner de manifiesto lo anterior, resulta necesario tomar en consideración que, de conformidad con el derecho constitucional contenido en el primer párrafo del artículo 16 de la Carta Magna, las autoridades deben fundamentar y motivar los actos que incidan en la esfera jurídica de los ciudadanos. Luego, para que se cumpla con el imperativo constitucional en mención, relativo a la fundamentación y motivación de todo acto de autoridad, ésta debe de cumplir con los siguientes requisitos: Expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso (fundamentación). Señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto (motivación). Existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables (relación entre la fundamentación y la motivación). Entonces, el derecho de legalidad consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los elementos esenciales el que todo acto de molestia, que se dirija a los gobernados, esté fundamentado y motivado. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 204 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible en la página 166, del rubro siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Ahora, es necesario precisar que el ejercicio del derecho humano a la libertad personal, como todos los demás derechos fundamentales, no es absoluto y admite limitaciones en su ejercicio. La propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 19, prevé como restricción a la libertad personal la prisión preventiva, de la siguiente manera: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. Párrafo reformado DOF 14-07-2011, 12-04-2019 La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. .". (Lo subrayado es propio de este Juzgado) El precepto constitucional trascrito ordena llevar a cabo un control para determinar la procedencia de la prisión preventiva que, a su vez, debe estar constituido por dos momentos que el propio artículo distingue, a saber: Por una parte, el dictado del auto de vinculación a proceso, que es la condición jurídica previa para que, de acuerdo con el referido numeral constitucional, proceda la prisión preventiva. En segundo lugar, la regulación prevista en el segundo párrafo establece los requerimientos para imponer la prisión preventiva, de acuerdo a una doble regulación, es decir, la relativa a los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y aquellos delitos en los que se requiere acreditar algún tipo de necesidad de cautela o, también, en los casos en que exista reincidencia. Por lo que se refiere al primer supuesto, también conocido como la acreditación del supuesto material, el juez deberá justificar la procedencia de la vinculación a proceso sobre la base de si existen datos sobre la existencia del hecho que permita determinar "el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución" del delito, así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Si bien éste es un requisito exigido en todos los casos para iniciar un proceso, cobra especial relevancia para la imposición de medidas cautelares, sobre todo para la que consiste en privar de la libertad al imputado. La segunda parte del segundo párrafo del artículo 19 constitucional hace referencia expresa a la necesidad de que el juez ordene la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos que se cometa el delito de violación, entre otros. Además, el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece lo siguiente: "Artículo 154. Procedencia de medidas cautelares El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en los casos previstos por este Código, cuando ocurran las circunstancias siguientes: I. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o II. Se haya vinculado a proceso al imputado. En caso de que el Ministerio Público, la víctima, el asesor jurídico, u ofendido, solicite una medida cautelar durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse inmediatamente después de formulada la imputación. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes veinticuatro horas." (Lo subrayado es propio de este Juzgado) Del citado numeral se desprende que el juzgador puede imponer medidas cautelares, cuando ocurran las siguientes circunstancias: cuando una vez I) formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o II) se haya vinculado a proceso al imputado. En el caso, como la agente del Ministerio Público había solicitado la medida cautelar y ya se había comunicado imputación al quejoso, el juez responsable procedió a resolver sobre la solicitud realizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 153, 154, 155, 156 y 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales [minuto 01:22:32 del disco DVD número 1]. La responsable adujo que, de conformidad con el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, acorde con el 19 constitucional, cuando se trate del delito de violación, se podrá imponer prisión preventiva de manera oficiosa; siendo que la representación social atribuyó al imputado un hecho cuya calificación jurídica es la establecida en los artículos 247 y 248 bis, fracción III, del Código Penal del Estado de Oaxaca, que se refieren al tipo penal de violación equiparada, por lo que surte la hipótesis prevista en los preceptos invocados (artículos 153, 154, 155, 156 y 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales) [minuto 01:24:46 del disco DVD número 1]. Imposición de la medida cautelar y vigencia de la misma: Por ello, impuso a Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz la medida cautelar de prisión preventiva de manera oficiosa y provisional, hasta en tanto se resolviera su situación jurídica [minuto 01:25:00 del disco DVD número 1]. Lineamiento para la aplicación de la medida: Además, refirió que se debía girar atento oficio al comandante o encargado de los separos de la Agencia Estatal de Investigaciones, informándole la medida de coerción impuesta al imputado, para permitir el ingreso y posterior excarcelación del mismo en la fecha señalada para la audiencia de ampliación de término constitucional (veintiséis de agosto de dos mil veinte) [minuto 01:25:01 del disco DVD número 1]. Ahora, el artículo 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece lo siguiente: "Artículo 159. Contenido de la resolución La resolución que establezca una medida cautelar deberá contener al menos lo siguiente: I. La imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma; II. Los lineamientos para la aplicación de la medida, y III. La vigencia de la medida." En el caso, de la reproducción del disco DVD exhibido por el juez responsable, mismo que contiene la audiencia de formulación de la imputación e imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, celebrada el veinte de agosto de dos mil veinte, en la causa penal 126/2020, se advierte que la responsable realizó lo siguiente: Impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al imputado Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz - Primera parte de la fracción I del citado artículo 159-. Refirió que se debía girar atento oficio al comandante o encargado de los separos de la Agencia Estatal de Investigaciones, informándole la medida de coerción impuesta al imputado, para permitir el ingreso y posterior excarcelación del mismo en la fecha señalada para la audiencia de ampliación de términos constitucional - Fracción II del citado artículo 159-. Señaló que dicha medida cautelar de prisión preventiva de manera oficiosa, sería de manera provisional, hasta en tanto se resolviera la situación jurídica del imputado, a saber, en la audiencia de ampliación de término constitucional señalada para el veintiséis de agosto de dos mil veinte - Fracción III del citado artículo 159-. Además, como se refirió en líneas que preceden, el artículo 19 de la Constitución Federal prevé que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos señalados, como lo es en el delito de violación; por lo que sí, en el caso, se trata de una medida impuesta en relación al delito de violación equiparada, ilícito en el que, según el segundo párrafo del artículo 247 del Código Penal del Estado de Oaxaca, se sancionará con la misma pena que el delito de violación genérica, al ser la más favorable al imputado; es inconcuso que la imposición de la medida se encuentra justificada en dicho precepto constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la tesis XI.P.45 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, Libro 82, Enero de 2021, Tomo II, página 1375, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2022621, de rubro: "VIOLACIÓN EQUIPARADA, EN LAS HIPÓTESIS DE REALIZAR CÓPULA CON PERSONA QUE NO TENGA CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO O POR CUALQUIER CAUSA NO PUEDA RESISTIRLO, CUYA VÍCTIMA NO SEA MENOR DE 18 AÑOS. AL NO ESTAR SEÑALADA EXPRESAMENTE LA PENA PARA ESTE DELITO -POR OMISIÓN LEGISLATIVA-, DEBE APLICARSE LA PREVISTA PARA EL DE VIOLACIÓN GENÉRICA, AL SER LA MÁS FAVORABLE AL SENTENCIADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN)." De las cuestiones referidas en la audiencia celebrada el veinte de agosto de dos mil veinte, en la causa penal 126/2020, se concluye que, contrario a lo que se alega, el juez responsable, al imponer la medida de prisión preventiva oficiosa al imputado Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz, sí atendió los requisitos mínimos que debía contener su determinación; por ello, debe negarse el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Es aplicable la tesis VI.2o.P.42 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "MEDIDA CAUTELAR DE PRISION PREVENTIVA. EN EL AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO EN SU CONTRA, EL JUEZ DE DISTRITO, AL VERIFICAR EL ANÁLISIS FORMULADO POR EL JUEZ DE CONTROL, NO DEBE REVISAR LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO RESOLVER CON BASE EN LAS CUESTIONES DEBATIDAS EN LA AUDIENCIA EN QUE SE DETEMINÓ SU IMPOSICIÓN. De acuerdo con la estructura normativa de la medida cautelar de prisión preventiva se adopta en la audiencia y previo contradictorio; de manera que las medidas cautelares están vinculadas con el proceso penal, son accesorias a éste y tienen que ver con el acceso a la justicia en cuanto a su desarrollo; esto es, emparejadas a la situación que prive en el proceso del que derivan; además, establecen la condición de la persona como sujeta a un proceso penal. Así, por regla general, las medidas cautelares no se fijan de oficio por el Juez y requieren una imputación precisa antes de su solicitud, tomando en cuenta que es menester una imputación previa, para que el Juez conozca cuál es el hecho delictivo imputado a la persona y, de esa manera, establecer proporcionalmente la medida. De ese modo, se debate la imposición de medidas cautelares cuando se inicia el proceso penal, mediante la formalización por el Ministerio Público de una investigación que realiza contra un sujeto determinado -dentro de la fase complementaria de la investigación-. Esto es, las medidas cautelares dependen de la existencia del proceso penal, no pueden existir de forma autónoma, y están sujetas, primordialmente, a la formalización de la imputación realizada por el Ministerio Público, incluso, el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece como presupuesto para su imposición que se haya formulado imputación, o bien, que haya sido vinculado a proceso. En ese contexto, será de la reproducción del disco óptico y acústico, que se obtengan aquellos datos relativos a la prisión preventiva, y que tengan vinculación con la imposición de las medidas cautelares, máxime cuando esas medidas de protección que invoque el Ministerio Público a personas detenidas señaladas de haber cometido un hecho delictivo, son previas a la judicialización de la causa ante el Juez de control. Conforme a lo anterior, en el amparo indirecto interpuesto contra la imposición de la medida, el Juez de Distrito no tendrá acceso a la carpeta de investigación, en tanto que el Juez de control no puede revisar las constancias que la integran antes de emitir sus resoluciones; de ahí que sólo deba resolver con base en las cuestiones debatidas en la audiencia desahogada ante él, con el fin de evitar que prejuzguen manteniendo la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, teniendo únicamente la responsabilidad de considerar los argumentos del debate sobre la imposición de medidas cautelares iniciada con la formalización por el Ministerio Público de una investigación contra una persona determinada, dentro de la fase complementaria de la investigación." No es óbice para arribar a la conclusión referida, el hecho de que en audiencia de veintiséis de agosto de dos mil veinte se haya dictado auto de vinculación a proceso contra el imputado Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz y se haya declarado la subsistencia de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta [minuto 01:21:35 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020], pues dicha declaración de subsistencia, antes de resolver este juicio de amparo, no actualiza las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVI y XXI, de la Ley de Amparo, al no haber variado las circunstancias de la imposición; toda vez que el agravio subsiste de forma continuada mientras persista la afectación al derecho humano a la libertad personal, pues si se atiende a que la medida cautelar continúa vigente, es evidente que la afectación a la esfera jurídica del quejoso no ha cesado; como así lo ilustra la tesis sustentada por Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 68, julio de 2019, tomo III, página 2039, de rubro: "MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA SU IMPOSICIÓN, Y ANTES DE QUE SE RESUELVA EL JUICIO, EN DIVERSA AUDIENCIA SE DECLARA SU SUBSISTENCIA, ELLO NO ACTUALIZA LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIONES XVI Y XXI, DE LA LEY DE LA MATERIA." OCTAVO. Estudio de fondo del auto de vinculación a proceso. Aduce el quejoso en su único concepto de violación, en síntesis, que el auto de vinculación dictado en su contra carece de una debida fundamentación y motivación. Primeramente, resulta oportuno destacar que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se reformaron, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se estableció un sistema de justicia penal acusatorio adversarial y oral, que cumple con los principios del debido proceso legal, como el de inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad; ello, de acuerdo con lo señalado en la iniciativa respectiva, con el objetivo de garantizar la vigencia del debido proceso en materia penal, recuperar la confianza en la justicia penal y de sus instituciones, así como hacer más eficiente la persecución e investigación de los delitos y el trabajo de los tribunales penales; asegurar la protección, asistencia y participación de las víctimas en el proceso penal. Además, de los derechos jurídicos consagrados en la Constitución Federal, como principio rector a salvaguardar, está el conducente a la presunción de inocencia, que conlleva a que el juez de control y, en su momento, el juez del juicio oral, tienen la obligación de velar por los derechos fundamentales de todo gobernado que se encuentre sujeto a su potestad y, con ello, el deber de fundamentar y motivar debidamente sus determinaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal. En ese entendido, en el análisis que se efectuará en esta sentencia constitucional serán considerados los requisitos que ahora señala el artículo 16 constitucional, pues acorde a la reforma en mención, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 45, agosto 2017, tomo I, página 360, registro 2014800, del rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". Asimismo, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 430, registro 167829, del rubro siguiente: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMAS CONSTITUCIONALES PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 TAMBIÉN DEPENDE DE LA EMISIÓN DE LA DECLARATORIA A QUE ALUDEN LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIOS DEL PROPIO DECRETO, LO CUAL ES DETERMINANTE PARA EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD RELATIVO". En ese contexto, el estudio del acto reclamado se realizará conforme a las cuestiones debatidas en la audiencia de veintiséis de agosto de dos mil veinte, celebrada en la causa penal 126/2020, y que fueron ponderadas por el juez responsable; ello, atendiendo al principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio; es decir, en este juicio se limitará el análisis de los datos de prueba que le fueron ofrecidos al juez de la causa, porque, de considerar otros elementos probatorios, se vulneraría el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, lo que permite el equilibrio procesal entre los sujetos procesales. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis II.1º.8 P (10ª.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, Octubre de 2014, tomo III, visible en la página 2902, registro 2007612, del rubro siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA DENTRO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA NO VULNERAR EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, DEBE LIMITARSE A ANALIZAR LOS DATOS DE PRUEBA VALORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE".. Ahora, el auto de vinculación a proceso dictado el veintiséis de agosto de dos mil veinte está regido por el artículo 19 de nuestra Carta Magna, que dispone: "Artículo 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." De conformidad con el referido artículo 19 constitucional, según reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el auto de vinculación a proceso requiere de la justificación de los requisitos siguientes: Se haya formulado la imputación. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. El delito que se impute al acusado. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél. Los datos que establezcan que: Se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; Exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El primer requisito se cumplió, ya que del contenido del registro de audio y video contenido en el disco en formato DVD marcado con el número 1, al que se le confiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2º, se advierte que en audiencia pública de veinte de agosto de dos mil veinte, la agente del Ministerio Público formuló imputación al quejoso Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz, en términos del artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en presencia del juez de control; esto es, hizo de su conocimiento el hecho que se le atribuye [minuto 32:20 del disco DVD número 1]. El segundo de los requisitos se justifica, porque el juez responsable otorgó al imputado la oportunidad de declarar, respondiendo que no era su deseo emitir alguna declaración, en términos del artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales [minuto 36:07 del disco DVD número 1]. Por lo que se refiere al tercer requisito, también se justifica, en razón de que el delito que se atribuye al imputado, como se dijo, es el de violación equiparada agravada, en agravio del menor Z.A.S.B., previsto en los artículos 247 y 248 bis, fracción III, del Código Penal vigente en el Estado, en la época de los hechos. De igual manera, se cumple con el cuarto requisito, ya que del auto de vinculación se advierte que el juez responsable hizo las manifestaciones pertinentes respecto al elemento consistente en lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito [minuto 01:12:20 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. En cuanto el quinto requisito, en la resolución reclamada se determinó que existen datos de prueba que establecen que se había cometido un hecho que la ley señala como delito de violación equiparada agravada; así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; aspectos que sí fueron cumplidos por el juez de control responsable, pues de la reproducción audiovisual de la audiencia celebrada el veintiséis de agosto de dos mil veinte, se aprecia que los datos de prueba expuestos por la representación social ante el juez de Control, hasta ese momento procesal, permiten establecer, razonablemente, que se cometió una serie de hechos que la ley señala como delito de violación equiparada agravada y que hacen probable la participación del imputado en su comisión. En efecto, el juez responsable, en audiencia de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictó auto de vinculación a proceso contra Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz, por su probable participación del delito de violación equiparada agravada, previsto en los artículos 247 y 248 bis, fracción III, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, vigente en la época de los hechos, en agravio del menor Z.A.S.B. [minuto 01:14:45 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. Los datos de prueba aportados por la agente del Ministerio Público y analizados por el juez responsable evidencian el hecho que la ley señalada como delito de violación equiparada agravada, en agravio del menor Z.A.S.B., por lo siguiente: El juez responsable al emitir el auto de vinculación a proceso tomó como base, para su emisión, los datos de prueba expuestos por la representación social, consistentes en: 1. Denuncia presentada por Evarista Flora Belmont Saavedra, realizada ante la representación social el quince de julio de dos mil diecinueve [minuto 37:55 del disco DVD número 1], y atestado del registro civil correspondiente al acta de nacimiento del menor Z.A.S.B. 2. Declaración del menor Z.A.S.B. [minuto 47:58 del disco DVD número 1]. 3. Certificado médico de lesiones y proctológico practicado con fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve al menor Z.A.S.B., emitido por el médico César Madrigal Marín [minuto 57:24 del disco DVD número 1]. 4. Dictamen psicológico de treinta de agosto de dos mil diecinueve, emitido por la psicóloga Elena Adeleina Wendolain [minuto 59:52 del disco DVD número 1]. 5. Inspección ocular de seis de febrero de dos mil veinte, realizada por el agente estatal de investigaciones Juan Carlos Pérez Gómez, y otros elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, acompañados de Evarista Flora Belmont Saavedra, en el lugar de los hecho; fijándose fotográficamente dos casas ubicadas en la calle sin número del Barrio de Guadalupe, de la población de Ixpantepec Nieves, Silacayoapam, Oaxaca [minuto 01:06:08 del disco DVD número 1]. Asimismo, el juez responsable refirió que tomó en consideración los datos de prueba expuestos por la defensa del imputado al inicio de la audiencia de veintiséis de agosto de dos mil veinte, en atención a la ampliación de plazo constitucional; mismos que tuvo por reproducidos. Ahora, por lo que hace al dato de prueba consistente en la 1) denuncia presentada por la ciudadana Evarista Flora Belmont Saavedra, realizada ante la representación social el quince de julio de dos mil diecinueve, el juez responsable lo consideró idóneo para establecer el hecho probablemente delictuoso que de la misma se deduce [minuto 08:57 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. Afirmó, además, que el hecho de la denunciante se encuentra robustecido con la 2) declaración del menor Z.A.S.B.; ante ello, dicha denuncia resulta pertinente para establecer los hechos que de la misma se deduce, mismos que le contó el propio menor respecto de la forma en que fue abusado [minuto 10:58 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. De ahí que con la información proporcionada por los citados datos de prueba, el juez responsable consideró que son suficientes y pertinentes para establecer la mecánica de los hechos, esto es, que cuando el menor Z.A.S.B. se hospedó en el domicilio del ahora imputado, éste le bajó el pantalón, el bóxer, le chupó el pene y le introdujo el pene en el ano; máxime que la denunciante también refirió la fecha en la que el imputado se llevó al menor ofendido a su domicilio, conjuntamente con sus otros dos hermanos, siendo el diecinueve de julio de dos mil diecisiete [minuto 13:37 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. Asimismo, el juez responsable precisó que no obsta el hecho de que la defensa solicitara que no se le otorgara valor probatorio a la entrevista a Evarista Flora Belmont Saavedra, al referir que si bien es cierto se le designó un perito traductor en la lengua materna, se trataba de Jesica Salas Belmont, quien resulta ser hermana de la propia víctima e hija de la entrevistada; toda vez que no existe dato que demuestre el parentesco y, aunque así fuese, de todo el cuerpo de la declaración no se advertía un interés ilegítimo que pudiera viciar la credibilidad de la propia entrevistada [minuto 14:40 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. Por lo que hace al atestado del registro civil correspondiente al acta de nacimiento del menor Z.A.S.B., el juez responsable lo consideró idóneo para establecer la fecha y lugar de nacimiento de la víctima, así como el nombre de sus progenitores [minuto 16:18 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. El juez responsable enlazó la denuncia de hechos en comento con la declaración del menor Z.A.S.B., señalando que la misma creaba convicción, por lo que le otorgaba valor probatorio, siendo que al ser un menor capaz no la consideraba carente de idoneidad o pertinencia; máxime que dicho menor había narrado un gran número de detalles que aumentaban su credibilidad [minuto 17:14 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. El referido juez responsable también dejó sentado que dicha declaración del menor fue recepcionada en presencia de su progenitora, así como de la perito en psicología Eloisa Martínez Cruz, dependiente de la Fiscalía General del Estado, y siguiendo un desarrollo metodológico de acuerdo a su edad. En relación al certificado médico de lesiones y proctológico practicado con fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve, emitido por el médico César Madrigal Marín, el juez responsable lo consideró pertinente para establecer la existencia de lesiones internas, antiguas, en el menor Z.A.S.B, consistentes en pliegues anales borrados, desgarro antiguo de ano de 1.5 centímetros de longitud por 1 milímetro de ancho en hora seis de acuerdo a la carátula del reloj; además de que el esfínter interior se encontraba contraído, sin más datos, y que la clasificación legal asignada es que no presentó lesiones visibles recientes externas en superficie corporal pero presentó signos de penetración antigua vía anal; máxime que, al tratarse de un médico quien emite dicho certificado, es la persona con los conocimientos sobre la materia para emitir dicha opinión [minuto 24:53 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. Sin que obste que la defensa haya solicitado que se le restara valor probatorio a dicha opinión, al ser un testigo de referencia; toda vez que la información que proporcionó dicho experto no fue en relación a quién o cómo sucedieron los hechos, sino en base a sus conocimientos profesionales, por lo que la lo vertido en el certificado es en relación a su pericia en la materia médica. Además, precisó la responsable que la información proporcionada en el dictamen en psicología de treinta de agosto de dos mil diecinueve, emitido por la psicóloga Elena Adeleina Wendolain, dada la etapa procesal, no se tomaba en consideración; siendo que dicho dato de prueba no tiende acreditar alguna proposición fáctica de los hechos propuestos por la representación social [minuto 29:18 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. Datos de prueba valorados que enlazó con la diligencia de inspección ocular realizada en el lugar de los hechos y en las inmediaciones del lugar, a la cual correctamente le otorgó eficacia probatoria, porque justifica la existencia de un inmueble ubicado en la población de Ixpantepec Nieves, Silacayoapam, Oaxaca, cerca de la escuela Primaria Bilingüe Melchor Ocampo y de la capilla denominada Guadalupe; siendo que dicha actuación se hizo en cumplimiento a la dirección del Ministerio Público en la investigación y a las facultades que le confiere el código procesal de la materia [minuto 32:07 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]; con la precisión que respecto a las placas fotográficas del lugar que refirió la representación social en su comunicación de imputación, en ningún momento fueron exhibidas o descritas. En consecuencia, el juez responsable indicó que los hechos acreditados constituyen el delito de violación equiparada agravada, previsto en el artículo 247, en relación con el 248 bis, fracción III, del Código Penal del Estado de Oaxaca, que requiere de diversos elementos para su configuración, como son [minuto 01:01:27 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]: a) La existencia de la cópula; b) Que la cópula sea con persona menor de doce años de edad; y, c) Que se tenga al ofendido bajo tutela, custodia, guarda o educación, o que el activo aproveche la confianza en él depositada. El responsable correctamente tuvo por acreditado cada uno de los citados elementos, con los datos de prueba que previamente había otorgado eficacia [minuto 01:02:13 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]; manifestando, al respecto, que, en relación al primer elemento, se acredita la existencia de la cópula, pues la representación social acreditó que el día veintiuno de julio de dos mil diecisiete, en el interior del domicilio ubicado en el barrio Guadalupe, Ixpantepec Nieves, Silacayoapam, Oaxaca, el imputado bajó el pantalón y bóxer hasta las piernas del menor víctima, le chupó el pene y le introdujo el pene en el ano. Por lo que hace al segundo elemento, consideró debidamente acreditado, pues quedó justificado que el menor víctima, en la época en que sucedieron los hechos, contaba con la edad de ocho años, ocho meses, al haber nacido el diez de noviembre de dos mil dieciocho, por lo que era menor de doce años. Respecto al tercero de los elementos, también se encuentra acreditado; toda vez que el imputado, como lo refirió la Vicefiscalía, tenía bajo su custodia a la víctima, ya que la progenitora del menor ofendido le concedió esa custodia, de facto, del mismo, así como de sus dos hermanos, para que los llevara a su domicilio y, en consecuencia, Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz aprovechó de la confianza en él depositada, al resultar ser padrino de dos hermanos de la víctima. Por otra parte, el responsable acertadamente estableció que la conducta realizada por el imputado es dolosa, pues el hecho de que haya introducido su pene en el ano del menor ofendido evidencia que sabía lo que hacía y quiso hacerlo, actualizándose la hipótesis prevista en el fracción I del artículo 8 del Código Penal del Estado de Oaxaca [minuto 01:08:18 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. Probable participación. Además, el juez responsable correctamente determinó que Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz es probable responsable en la comisión del hecho que la ley señala como delito de violación equiparada agravada, toda vez que quedó acreditado que el veintiuno de julio de dos mil diecisiete, en horario nocturno, en el domicilio ubicado en el barrio Guadalupe, Ixpantepec Nieves, Silacayoapam, Oaxaca, cuando el referido menor se encontraba durmiendo, el imputado le bajó el pantalón y el bóxer, le chupó el pene, y después de amenazarlo con privar de la vida a sus padres, le introdujo el pene en el ano [minuto 01:08:56 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. Asimismo, el juez responsable consideró, con acierto, que la participación del imputado es como autor material, porque los hechos probados los realizó sin la asistencia o auxilio de otra persona [minuto 01:10:04 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. Consideraciones que, como se precisó, son apegadas a derecho, dado que existen datos de prueba que permiten, fundamentalmente, suponer que Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz tuvo intervención culpable en el hecho delictivo; pues existe un señalamiento directo por parte de la víctima de que el imputado cometió el delito citado. Así también, por la naturaleza de los hechos y circunstancias probadas, ante su valor incriminatorio y el enlace lógico y natural entre la verdad conocida, la que se busca conocer, además, en estricto apego a las leyes de la lógica y la razón, se tiene como punto de partida hechos o circunstancias que están probados, como en el caso, para concluir que, probablemente, Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz fue el sujeto activo que, en grado probable, cometió el hecho que la ley señala como delito de violación equiparada agravada. De ahí que el juez responsable indicó con precisión en qué consistió la conducta ilegítima en que incurrió el sujeto activo para tener por demostrada, hasta el momento, su probable comisión del delito de violación equiparada agravada. En esas condiciones, al existir datos de prueba que demuestran la probable responsabilidad el ahora quejoso, se estima que el juez de la causa procedió con apego a derecho, al concluir que los medios de prueba fueron bastantes para demostrar, en grado de probable, que Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz cometió el hecho ilícito de mérito y, por ello, procedía dictarle auto de vinculación a proceso. En consecuencia, es infundado el concepto de violación formulado por el quejoso, consistente en que el auto de vinculación a proceso no se encuentra debidamente fundado y motivado; toda vez que, acertadamente, el juez responsable estimó acreditados los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y motivó las razones por las que concluyó dictar auto de vinculación a proceso en su contra. Por ello, contrario a lo alegado por el quejoso, la responsable no violó sus derechos fundamentales; sin que se advierta deficiencia de queja que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita. NOVENO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida resolución se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz, contra los actos reclamados consistentes en 1) la medida cautelar impuesta en audiencia de veinte de agosto de dos mil veinte, y 2) auto de vinculación a proceso dictada en audiencia veintiséis de agosto de dos mil veinte, en la causa penal 126/2020; atribuidos al juez de Control con sede en Huajuapan de León, Oaxaca; en términos de los considerandos séptimo y octavo de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de ese órgano jurisdiccional.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO.- AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con diecisiete minutos del siete de octubre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 480/2020, como se ordenó en acuerdo de siete de septiembre del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes. Relación de constancias. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran 1) la demanda de amparo promovida por Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz, 2) auto admisorio de cuatro de septiembre de dos mil veinte e 3) informe justificado de la autoridad responsable, juez de Control con sede en Huajuapan de León, Oaxaca. Asimismo, hace constar que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto admisorio. Enseguida, se acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria, se hace constar que el juez de Control con sede en Huajuapan de León, Oaxaca remitió como prueba: Tres discos en formato DVD que contienen audio y video de la a] audiencia de comunicación de imputación en cumplimiento a una orden de aprehensión de fecha veinte de agosto de dos mil veinte y b] audiencia de ampliación de término constitucional y dictado de auto de vinculación a proceso de veintiséis de agosto siguiente, desahogadas en la causa penal 126/2020. Así como la versión escrita de la referida audiencia de ampliación de términos constitucional, en la que se dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso. Al respecto, se acuerda: En virtud de que la documental ofrecida por la responsable fue admitida y desahogada en razón de su propia naturaleza durante la sustanciación de este juicio, será valorada al momento de dictarse la sentencia correspondiente. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J.43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". No existiendo más pruebas que desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Fase de alegatos. En la fase de alegatos, se hace constar que las partes no los expresaron ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado formuló pedimento; no habiendo alegatos formulados por las partes se cierra esta etapa. Ponciano Velasco Velasco. Titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Sandra Guzmán Rueda. Secretaria de Juzgado Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 480/2020; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el tres de septiembre de dos mil veinte en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Oaxaca, y remitido, por razón de turno, a este Juzgado de Distrito en la misma data, Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra 1] la medida cautelar que le fue impuesta el veinte de agosto de dos mil veinte y 2] el auto de vinculación a proceso dictado el veintiséis de agosto siguiente, en la causa penal 126/2020, por el juez de Control con sede en Huajuapan de León, Oaxaca. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Registro de la demanda de amparo. Por auto de fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte se ordenó registrar la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 480/2020; se admitió a trámite, se solicitó de la autoridad señalada como responsable su informe justificado y se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. CUARTO. Emplazamiento de parte tercera interesada. En autos de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte y dos de febrero de dos mil veintiuno se ordenó el emplazamiento de a) Flor Eunice Santiago Aguilar, agente del Ministerio Público adscrita a la Vicefiscalía de Huajuapan de León, Oaxaca y al c) menor de edad de identidad resguardada Z.A.S.B., a través de su representante Evarista Flora Belmont Saavedra, en su carácter de terceros interesados; quienes quedaron emplazados el veintiuno de enero y siete de septiembre de dos mil veintiuno, respectivamente. QUINTO. Cita para audiencia. En auto de siete de septiembre de este año se citó a las partes a la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48, 49 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, conforme a lo dispuesto en el artículo quinto transitorio del Decreto por el que se expide la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se reforman diversos ordenamientos, publicado en el mencionado medio de difusión oficial el siete de junio de dos mil veintiuno; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial, el veintidós de abril de este año, por tratarse de un asunto de naturaleza penal y el acto se reclama de una autoridad residente en Huajuapan de León, Oaxaca; lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados por el quejoso al juez de Control del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, son los siguientes: 1] La medida de prisión preventiva decretada en audiencia celebrada el veinte de agosto de dos mil veinte. 2] El auto de vinculación a proceso dictado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en la causa penal 126/2020. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La responsable juez de Control con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, al rendir informe justificado, aceptó la existencia de los actos reclamados por el quejoso. Lo que se corrobora con los discos en formato DVD, que exhibió la referida autoridad como apoyo a su informe, relativos a la causa penal 126/2020, de su índice; los cuales, una vez reproducidos, se puede advertir que contienen audio y video de la a] audiencia de comunicación de imputación en cumplimiento a una orden de aprehensión de fecha veinte de agosto de dos mil veinte y b] audiencia de ampliación de término constitucional de veintiséis de agosto siguiente. CUARTO. Causal de improcedencia. Las partes no alegaron y este Juzgado de Distrito no advierte causa de sobreseimiento o de improcedencia; por lo que procede el análisis de la litis constitucional. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Suplencia de la queja. Con fundamento en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, los actos reclamados serán analizados bajo el principio de suplencia de la queja, si existieren elementos para ello; como así lo ilustra la jurisprudencia de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)". (Jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época). Por técnica jurídica, se procederá a estudiar, primeramente, lo relativo a la imposición de la medida de prisión preventiva impuesta a la parte quejosa. SÉPTIMO. Estudio de la prisión preventiva oficiosa. Respecto a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, el quejoso adujo en su único concepto de violación, en síntesis, que: La medida cautelar de prisión preventiva dictada en su contra carece de una debida fundamentación y motivación, siendo que, para decretarla, la responsable adoptó el único argumento de la representación social, consistente en que, en el caso, se cumplía con los requisitos de proporcionalidad contemplados en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, página 38, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR". Concepto de violación que es infundado; por las siguientes consideraciones: Previo a poner de manifiesto lo anterior, resulta necesario tomar en consideración que, de conformidad con el derecho constitucional contenido en el primer párrafo del artículo 16 de la Carta Magna, las autoridades deben fundamentar y motivar los actos que incidan en la esfera jurídica de los ciudadanos. Luego, para que se cumpla con el imperativo constitucional en mención, relativo a la fundamentación y motivación de todo acto de autoridad, ésta debe de cumplir con los siguientes requisitos: Expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso (fundamentación). Señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto (motivación). Existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables (relación entre la fundamentación y la motivación). Entonces, el derecho de legalidad consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los elementos esenciales el que todo acto de molestia, que se dirija a los gobernados, esté fundamentado y motivado. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 204 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible en la página 166, del rubro siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Ahora, es necesario precisar que el ejercicio del derecho humano a la libertad personal, como todos los demás derechos fundamentales, no es absoluto y admite limitaciones en su ejercicio. La propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 19, prevé como restricción a la libertad personal la prisión preventiva, de la siguiente manera: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. Párrafo reformado DOF 14-07-2011, 12-04-2019 La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. .". (Lo subrayado es propio de este Juzgado) El precepto constitucional trascrito ordena llevar a cabo un control para determinar la procedencia de la prisión preventiva que, a su vez, debe estar constituido por dos momentos que el propio artículo distingue, a saber: Por una parte, el dictado del auto de vinculación a proceso, que es la condición jurídica previa para que, de acuerdo con el referido numeral constitucional, proceda la prisión preventiva. En segundo lugar, la regulación prevista en el segundo párrafo establece los requerimientos para imponer la prisión preventiva, de acuerdo a una doble regulación, es decir, la relativa a los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y aquellos delitos en los que se requiere acreditar algún tipo de necesidad de cautela o, también, en los casos en que exista reincidencia. Por lo que se refiere al primer supuesto, también conocido como la acreditación del supuesto material, el juez deberá justificar la procedencia de la vinculación a proceso sobre la base de si existen datos sobre la existencia del hecho que permita determinar "el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución" del delito, así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Si bien éste es un requisito exigido en todos los casos para iniciar un proceso, cobra especial relevancia para la imposición de medidas cautelares, sobre todo para la que consiste en privar de la libertad al imputado. La segunda parte del segundo párrafo del artículo 19 constitucional hace referencia expresa a la necesidad de que el juez ordene la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos que se cometa el delito de violación, entre otros. Además, el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece lo siguiente: "Artículo 154. Procedencia de medidas cautelares El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en los casos previstos por este Código, cuando ocurran las circunstancias siguientes: I. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o II. Se haya vinculado a proceso al imputado. En caso de que el Ministerio Público, la víctima, el asesor jurídico, u ofendido, solicite una medida cautelar durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse inmediatamente después de formulada la imputación. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes veinticuatro horas." (Lo subrayado es propio de este Juzgado) Del citado numeral se desprende que el juzgador puede imponer medidas cautelares, cuando ocurran las siguientes circunstancias: cuando una vez I) formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o II) se haya vinculado a proceso al imputado. En el caso, como la agente del Ministerio Público había solicitado la medida cautelar y ya se había comunicado imputación al quejoso, el juez responsable procedió a resolver sobre la solicitud realizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 153, 154, 155, 156 y 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales [minuto 01:22:32 del disco DVD número 1]. La responsable adujo que, de conformidad con el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, acorde con el 19 constitucional, cuando se trate del delito de violación, se podrá imponer prisión preventiva de manera oficiosa; siendo que la representación social atribuyó al imputado un hecho cuya calificación jurídica es la establecida en los artículos 247 y 248 bis, fracción III, del Código Penal del Estado de Oaxaca, que se refieren al tipo penal de violación equiparada, por lo que surte la hipótesis prevista en los preceptos invocados (artículos 153, 154, 155, 156 y 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales) [minuto 01:24:46 del disco DVD número 1]. Imposición de la medida cautelar y vigencia de la misma: Por ello, impuso a Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz la medida cautelar de prisión preventiva de manera oficiosa y provisional, hasta en tanto se resolviera su situación jurídica [minuto 01:25:00 del disco DVD número 1]. Lineamiento para la aplicación de la medida: Además, refirió que se debía girar atento oficio al comandante o encargado de los separos de la Agencia Estatal de Investigaciones, informándole la medida de coerción impuesta al imputado, para permitir el ingreso y posterior excarcelación del mismo en la fecha señalada para la audiencia de ampliación de término constitucional (veintiséis de agosto de dos mil veinte) [minuto 01:25:01 del disco DVD número 1]. Ahora, el artículo 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece lo siguiente: "Artículo 159. Contenido de la resolución La resolución que establezca una medida cautelar deberá contener al menos lo siguiente: I. La imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma; II. Los lineamientos para la aplicación de la medida, y III. La vigencia de la medida." En el caso, de la reproducción del disco DVD exhibido por el juez responsable, mismo que contiene la audiencia de formulación de la imputación e imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, celebrada el veinte de agosto de dos mil veinte, en la causa penal 126/2020, se advierte que la responsable realizó lo siguiente: Impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al imputado Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz - Primera parte de la fracción I del citado artículo 159-. Refirió que se debía girar atento oficio al comandante o encargado de los separos de la Agencia Estatal de Investigaciones, informándole la medida de coerción impuesta al imputado, para permitir el ingreso y posterior excarcelación del mismo en la fecha señalada para la audiencia de ampliación de términos constitucional - Fracción II del citado artículo 159-. Señaló que dicha medida cautelar de prisión preventiva de manera oficiosa, sería de manera provisional, hasta en tanto se resolviera la situación jurídica del imputado, a saber, en la audiencia de ampliación de término constitucional señalada para el veintiséis de agosto de dos mil veinte - Fracción III del citado artículo 159-. Además, como se refirió en líneas que preceden, el artículo 19 de la Constitución Federal prevé que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos señalados, como lo es en el delito de violación; por lo que sí, en el caso, se trata de una medida impuesta en relación al delito de violación equiparada, ilícito en el que, según el segundo párrafo del artículo 247 del Código Penal del Estado de Oaxaca, se sancionará con la misma pena que el delito de violación genérica, al ser la más favorable al imputado; es inconcuso que la imposición de la medida se encuentra justificada en dicho precepto constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la tesis XI.P.45 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, Libro 82, Enero de 2021, Tomo II, página 1375, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2022621, de rubro: "VIOLACIÓN EQUIPARADA, EN LAS HIPÓTESIS DE REALIZAR CÓPULA CON PERSONA QUE NO TENGA CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO O POR CUALQUIER CAUSA NO PUEDA RESISTIRLO, CUYA VÍCTIMA NO SEA MENOR DE 18 AÑOS. AL NO ESTAR SEÑALADA EXPRESAMENTE LA PENA PARA ESTE DELITO -POR OMISIÓN LEGISLATIVA-, DEBE APLICARSE LA PREVISTA PARA EL DE VIOLACIÓN GENÉRICA, AL SER LA MÁS FAVORABLE AL SENTENCIADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN)." De las cuestiones referidas en la audiencia celebrada el veinte de agosto de dos mil veinte, en la causa penal 126/2020, se concluye que, contrario a lo que se alega, el juez responsable, al imponer la medida de prisión preventiva oficiosa al imputado Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz, sí atendió los requisitos mínimos que debía contener su determinación; por ello, debe negarse el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Es aplicable la tesis VI.2o.P.42 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "MEDIDA CAUTELAR DE PRISION PREVENTIVA. EN EL AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO EN SU CONTRA, EL JUEZ DE DISTRITO, AL VERIFICAR EL ANÁLISIS FORMULADO POR EL JUEZ DE CONTROL, NO DEBE REVISAR LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO RESOLVER CON BASE EN LAS CUESTIONES DEBATIDAS EN LA AUDIENCIA EN QUE SE DETEMINÓ SU IMPOSICIÓN. De acuerdo con la estructura normativa de la medida cautelar de prisión preventiva se adopta en la audiencia y previo contradictorio; de manera que las medidas cautelares están vinculadas con el proceso penal, son accesorias a éste y tienen que ver con el acceso a la justicia en cuanto a su desarrollo; esto es, emparejadas a la situación que prive en el proceso del que derivan; además, establecen la condición de la persona como sujeta a un proceso penal. Así, por regla general, las medidas cautelares no se fijan de oficio por el Juez y requieren una imputación precisa antes de su solicitud, tomando en cuenta que es menester una imputación previa, para que el Juez conozca cuál es el hecho delictivo imputado a la persona y, de esa manera, establecer proporcionalmente la medida. De ese modo, se debate la imposición de medidas cautelares cuando se inicia el proceso penal, mediante la formalización por el Ministerio Público de una investigación que realiza contra un sujeto determinado -dentro de la fase complementaria de la investigación-. Esto es, las medidas cautelares dependen de la existencia del proceso penal, no pueden existir de forma autónoma, y están sujetas, primordialmente, a la formalización de la imputación realizada por el Ministerio Público, incluso, el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece como presupuesto para su imposición que se haya formulado imputación, o bien, que haya sido vinculado a proceso. En ese contexto, será de la reproducción del disco óptico y acústico, que se obtengan aquellos datos relativos a la prisión preventiva, y que tengan vinculación con la imposición de las medidas cautelares, máxime cuando esas medidas de protección que invoque el Ministerio Público a personas detenidas señaladas de haber cometido un hecho delictivo, son previas a la judicialización de la causa ante el Juez de control. Conforme a lo anterior, en el amparo indirecto interpuesto contra la imposición de la medida, el Juez de Distrito no tendrá acceso a la carpeta de investigación, en tanto que el Juez de control no puede revisar las constancias que la integran antes de emitir sus resoluciones; de ahí que sólo deba resolver con base en las cuestiones debatidas en la audiencia desahogada ante él, con el fin de evitar que prejuzguen manteniendo la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, teniendo únicamente la responsabilidad de considerar los argumentos del debate sobre la imposición de medidas cautelares iniciada con la formalización por el Ministerio Público de una investigación contra una persona determinada, dentro de la fase complementaria de la investigación." No es óbice para arribar a la conclusión referida, el hecho de que en audiencia de veintiséis de agosto de dos mil veinte se haya dictado auto de vinculación a proceso contra el imputado Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz y se haya declarado la subsistencia de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta [minuto 01:21:35 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020], pues dicha declaración de subsistencia, antes de resolver este juicio de amparo, no actualiza las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVI y XXI, de la Ley de Amparo, al no haber variado las circunstancias de la imposición; toda vez que el agravio subsiste de forma continuada mientras persista la afectación al derecho humano a la libertad personal, pues si se atiende a que la medida cautelar continúa vigente, es evidente que la afectación a la esfera jurídica del quejoso no ha cesado; como así lo ilustra la tesis sustentada por Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 68, julio de 2019, tomo III, página 2039, de rubro: "MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA SU IMPOSICIÓN, Y ANTES DE QUE SE RESUELVA EL JUICIO, EN DIVERSA AUDIENCIA SE DECLARA SU SUBSISTENCIA, ELLO NO ACTUALIZA LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIONES XVI Y XXI, DE LA LEY DE LA MATERIA." OCTAVO. Estudio de fondo del auto de vinculación a proceso. Aduce el quejoso en su único concepto de violación, en síntesis, que el auto de vinculación dictado en su contra carece de una debida fundamentación y motivación. Primeramente, resulta oportuno destacar que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se reformaron, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se estableció un sistema de justicia penal acusatorio adversarial y oral, que cumple con los principios del debido proceso legal, como el de inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad; ello, de acuerdo con lo señalado en la iniciativa respectiva, con el objetivo de garantizar la vigencia del debido proceso en materia penal, recuperar la confianza en la justicia penal y de sus instituciones, así como hacer más eficiente la persecución e investigación de los delitos y el trabajo de los tribunales penales; asegurar la protección, asistencia y participación de las víctimas en el proceso penal. Además, de los derechos jurídicos consagrados en la Constitución Federal, como principio rector a salvaguardar, está el conducente a la presunción de inocencia, que conlleva a que el juez de control y, en su momento, el juez del juicio oral, tienen la obligación de velar por los derechos fundamentales de todo gobernado que se encuentre sujeto a su potestad y, con ello, el deber de fundamentar y motivar debidamente sus determinaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal. En ese entendido, en el análisis que se efectuará en esta sentencia constitucional serán considerados los requisitos que ahora señala el artículo 16 constitucional, pues acorde a la reforma en mención, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 45, agosto 2017, tomo I, página 360, registro 2014800, del rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". Asimismo, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 430, registro 167829, del rubro siguiente: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMAS CONSTITUCIONALES PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 TAMBIÉN DEPENDE DE LA EMISIÓN DE LA DECLARATORIA A QUE ALUDEN LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIOS DEL PROPIO DECRETO, LO CUAL ES DETERMINANTE PARA EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD RELATIVO". En ese contexto, el estudio del acto reclamado se realizará conforme a las cuestiones debatidas en la audiencia de veintiséis de agosto de dos mil veinte, celebrada en la causa penal 126/2020, y que fueron ponderadas por el juez responsable; ello, atendiendo al principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio; es decir, en este juicio se limitará el análisis de los datos de prueba que le fueron ofrecidos al juez de la causa, porque, de considerar otros elementos probatorios, se vulneraría el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, lo que permite el equilibrio procesal entre los sujetos procesales. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis II.1º.8 P (10ª.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, Octubre de 2014, tomo III, visible en la página 2902, registro 2007612, del rubro siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA DENTRO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA NO VULNERAR EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, DEBE LIMITARSE A ANALIZAR LOS DATOS DE PRUEBA VALORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE".. Ahora, el auto de vinculación a proceso dictado el veintiséis de agosto de dos mil veinte está regido por el artículo 19 de nuestra Carta Magna, que dispone: "Artículo 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." De conformidad con el referido artículo 19 constitucional, según reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el auto de vinculación a proceso requiere de la justificación de los requisitos siguientes: Se haya formulado la imputación. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. El delito que se impute al acusado. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél. Los datos que establezcan que: Se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; Exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El primer requisito se cumplió, ya que del contenido del registro de audio y video contenido en el disco en formato DVD marcado con el número 1, al que se le confiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2º, se advierte que en audiencia pública de veinte de agosto de dos mil veinte, la agente del Ministerio Público formuló imputación al quejoso Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz, en términos del artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en presencia del juez de control; esto es, hizo de su conocimiento el hecho que se le atribuye [minuto 32:20 del disco DVD número 1]. El segundo de los requisitos se justifica, porque el juez responsable otorgó al imputado la oportunidad de declarar, respondiendo que no era su deseo emitir alguna declaración, en términos del artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales [minuto 36:07 del disco DVD número 1]. Por lo que se refiere al tercer requisito, también se justifica, en razón de que el delito que se atribuye al imputado, como se dijo, es el de violación equiparada agravada, en agravio del menor Z.A.S.B., previsto en los artículos 247 y 248 bis, fracción III, del Código Penal vigente en el Estado, en la época de los hechos. De igual manera, se cumple con el cuarto requisito, ya que del auto de vinculación se advierte que el juez responsable hizo las manifestaciones pertinentes respecto al elemento consistente en lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito [minuto 01:12:20 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. En cuanto el quinto requisito, en la resolución reclamada se determinó que existen datos de prueba que establecen que se había cometido un hecho que la ley señala como delito de violación equiparada agravada; así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; aspectos que sí fueron cumplidos por el juez de control responsable, pues de la reproducción audiovisual de la audiencia celebrada el veintiséis de agosto de dos mil veinte, se aprecia que los datos de prueba expuestos por la representación social ante el juez de Control, hasta ese momento procesal, permiten establecer, razonablemente, que se cometió una serie de hechos que la ley señala como delito de violación equiparada agravada y que hacen probable la participación del imputado en su comisión. En efecto, el juez responsable, en audiencia de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictó auto de vinculación a proceso contra Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz, por su probable participación del delito de violación equiparada agravada, previsto en los artículos 247 y 248 bis, fracción III, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, vigente en la época de los hechos, en agravio del menor Z.A.S.B. [minuto 01:14:45 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. Los datos de prueba aportados por la agente del Ministerio Público y analizados por el juez responsable evidencian el hecho que la ley señalada como delito de violación equiparada agravada, en agravio del menor Z.A.S.B., por lo siguiente: El juez responsable al emitir el auto de vinculación a proceso tomó como base, para su emisión, los datos de prueba expuestos por la representación social, consistentes en: 1. Denuncia presentada por Evarista Flora Belmont Saavedra, realizada ante la representación social el quince de julio de dos mil diecinueve [minuto 37:55 del disco DVD número 1], y atestado del registro civil correspondiente al acta de nacimiento del menor Z.A.S.B. 2. Declaración del menor Z.A.S.B. [minuto 47:58 del disco DVD número 1]. 3. Certificado médico de lesiones y proctológico practicado con fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve al menor Z.A.S.B., emitido por el médico César Madrigal Marín [minuto 57:24 del disco DVD número 1]. 4. Dictamen psicológico de treinta de agosto de dos mil diecinueve, emitido por la psicóloga Elena Adeleina Wendolain [minuto 59:52 del disco DVD número 1]. 5. Inspección ocular de seis de febrero de dos mil veinte, realizada por el agente estatal de investigaciones Juan Carlos Pérez Gómez, y otros elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, acompañados de Evarista Flora Belmont Saavedra, en el lugar de los hecho; fijándose fotográficamente dos casas ubicadas en la calle sin número del Barrio de Guadalupe, de la población de Ixpantepec Nieves, Silacayoapam, Oaxaca [minuto 01:06:08 del disco DVD número 1]. Asimismo, el juez responsable refirió que tomó en consideración los datos de prueba expuestos por la defensa del imputado al inicio de la audiencia de veintiséis de agosto de dos mil veinte, en atención a la ampliación de plazo constitucional; mismos que tuvo por reproducidos. Ahora, por lo que hace al dato de prueba consistente en la 1) denuncia presentada por la ciudadana Evarista Flora Belmont Saavedra, realizada ante la representación social el quince de julio de dos mil diecinueve, el juez responsable lo consideró idóneo para establecer el hecho probablemente delictuoso que de la misma se deduce [minuto 08:57 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. Afirmó, además, que el hecho de la denunciante se encuentra robustecido con la 2) declaración del menor Z.A.S.B.; ante ello, dicha denuncia resulta pertinente para establecer los hechos que de la misma se deduce, mismos que le contó el propio menor respecto de la forma en que fue abusado [minuto 10:58 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. De ahí que con la información proporcionada por los citados datos de prueba, el juez responsable consideró que son suficientes y pertinentes para establecer la mecánica de los hechos, esto es, que cuando el menor Z.A.S.B. se hospedó en el domicilio del ahora imputado, éste le bajó el pantalón, el bóxer, le chupó el pene y le introdujo el pene en el ano; máxime que la denunciante también refirió la fecha en la que el imputado se llevó al menor ofendido a su domicilio, conjuntamente con sus otros dos hermanos, siendo el diecinueve de julio de dos mil diecisiete [minuto 13:37 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. Asimismo, el juez responsable precisó que no obsta el hecho de que la defensa solicitara que no se le otorgara valor probatorio a la entrevista a Evarista Flora Belmont Saavedra, al referir que si bien es cierto se le designó un perito traductor en la lengua materna, se trataba de Jesica Salas Belmont, quien resulta ser hermana de la propia víctima e hija de la entrevistada; toda vez que no existe dato que demuestre el parentesco y, aunque así fuese, de todo el cuerpo de la declaración no se advertía un interés ilegítimo que pudiera viciar la credibilidad de la propia entrevistada [minuto 14:40 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. Por lo que hace al atestado del registro civil correspondiente al acta de nacimiento del menor Z.A.S.B., el juez responsable lo consideró idóneo para establecer la fecha y lugar de nacimiento de la víctima, así como el nombre de sus progenitores [minuto 16:18 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. El juez responsable enlazó la denuncia de hechos en comento con la declaración del menor Z.A.S.B., señalando que la misma creaba convicción, por lo que le otorgaba valor probatorio, siendo que al ser un menor capaz no la consideraba carente de idoneidad o pertinencia; máxime que dicho menor había narrado un gran número de detalles que aumentaban su credibilidad [minuto 17:14 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. El referido juez responsable también dejó sentado que dicha declaración del menor fue recepcionada en presencia de su progenitora, así como de la perito en psicología Eloisa Martínez Cruz, dependiente de la Fiscalía General del Estado, y siguiendo un desarrollo metodológico de acuerdo a su edad. En relación al certificado médico de lesiones y proctológico practicado con fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve, emitido por el médico César Madrigal Marín, el juez responsable lo consideró pertinente para establecer la existencia de lesiones internas, antiguas, en el menor Z.A.S.B, consistentes en pliegues anales borrados, desgarro antiguo de ano de 1.5 centímetros de longitud por 1 milímetro de ancho en hora seis de acuerdo a la carátula del reloj; además de que el esfínter interior se encontraba contraído, sin más datos, y que la clasificación legal asignada es que no presentó lesiones visibles recientes externas en superficie corporal pero presentó signos de penetración antigua vía anal; máxime que, al tratarse de un médico quien emite dicho certificado, es la persona con los conocimientos sobre la materia para emitir dicha opinión [minuto 24:53 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. Sin que obste que la defensa haya solicitado que se le restara valor probatorio a dicha opinión, al ser un testigo de referencia; toda vez que la información que proporcionó dicho experto no fue en relación a quién o cómo sucedieron los hechos, sino en base a sus conocimientos profesionales, por lo que la lo vertido en el certificado es en relación a su pericia en la materia médica. Además, precisó la responsable que la información proporcionada en el dictamen en psicología de treinta de agosto de dos mil diecinueve, emitido por la psicóloga Elena Adeleina Wendolain, dada la etapa procesal, no se tomaba en consideración; siendo que dicho dato de prueba no tiende acreditar alguna proposición fáctica de los hechos propuestos por la representación social [minuto 29:18 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. Datos de prueba valorados que enlazó con la diligencia de inspección ocular realizada en el lugar de los hechos y en las inmediaciones del lugar, a la cual correctamente le otorgó eficacia probatoria, porque justifica la existencia de un inmueble ubicado en la población de Ixpantepec Nieves, Silacayoapam, Oaxaca, cerca de la escuela Primaria Bilingüe Melchor Ocampo y de la capilla denominada Guadalupe; siendo que dicha actuación se hizo en cumplimiento a la dirección del Ministerio Público en la investigación y a las facultades que le confiere el código procesal de la materia [minuto 32:07 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]; con la precisión que respecto a las placas fotográficas del lugar que refirió la representación social en su comunicación de imputación, en ningún momento fueron exhibidas o descritas. En consecuencia, el juez responsable indicó que los hechos acreditados constituyen el delito de violación equiparada agravada, previsto en el artículo 247, en relación con el 248 bis, fracción III, del Código Penal del Estado de Oaxaca, que requiere de diversos elementos para su configuración, como son [minuto 01:01:27 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]: a) La existencia de la cópula; b) Que la cópula sea con persona menor de doce años de edad; y, c) Que se tenga al ofendido bajo tutela, custodia, guarda o educación, o que el activo aproveche la confianza en él depositada. El responsable correctamente tuvo por acreditado cada uno de los citados elementos, con los datos de prueba que previamente había otorgado eficacia [minuto 01:02:13 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]; manifestando, al respecto, que, en relación al primer elemento, se acredita la existencia de la cópula, pues la representación social acreditó que el día veintiuno de julio de dos mil diecisiete, en el interior del domicilio ubicado en el barrio Guadalupe, Ixpantepec Nieves, Silacayoapam, Oaxaca, el imputado bajó el pantalón y bóxer hasta las piernas del menor víctima, le chupó el pene y le introdujo el pene en el ano. Por lo que hace al segundo elemento, consideró debidamente acreditado, pues quedó justificado que el menor víctima, en la época en que sucedieron los hechos, contaba con la edad de ocho años, ocho meses, al haber nacido el diez de noviembre de dos mil dieciocho, por lo que era menor de doce años. Respecto al tercero de los elementos, también se encuentra acreditado; toda vez que el imputado, como lo refirió la Vicefiscalía, tenía bajo su custodia a la víctima, ya que la progenitora del menor ofendido le concedió esa custodia, de facto, del mismo, así como de sus dos hermanos, para que los llevara a su domicilio y, en consecuencia, Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz aprovechó de la confianza en él depositada, al resultar ser padrino de dos hermanos de la víctima. Por otra parte, el responsable acertadamente estableció que la conducta realizada por el imputado es dolosa, pues el hecho de que haya introducido su pene en el ano del menor ofendido evidencia que sabía lo que hacía y quiso hacerlo, actualizándose la hipótesis prevista en el fracción I del artículo 8 del Código Penal del Estado de Oaxaca [minuto 01:08:18 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. Probable participación. Además, el juez responsable correctamente determinó que Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz es probable responsable en la comisión del hecho que la ley señala como delito de violación equiparada agravada, toda vez que quedó acreditado que el veintiuno de julio de dos mil diecisiete, en horario nocturno, en el domicilio ubicado en el barrio Guadalupe, Ixpantepec Nieves, Silacayoapam, Oaxaca, cuando el referido menor se encontraba durmiendo, el imputado le bajó el pantalón y el bóxer, le chupó el pene, y después de amenazarlo con privar de la vida a sus padres, le introdujo el pene en el ano [minuto 01:08:56 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. Asimismo, el juez responsable consideró, con acierto, que la participación del imputado es como autor material, porque los hechos probados los realizó sin la asistencia o auxilio de otra persona [minuto 01:10:04 del disco DVD número 2, 0126-2020 A3P2 26-08-2020]. Consideraciones que, como se precisó, son apegadas a derecho, dado que existen datos de prueba que permiten, fundamentalmente, suponer que Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz tuvo intervención culpable en el hecho delictivo; pues existe un señalamiento directo por parte de la víctima de que el imputado cometió el delito citado. Así también, por la naturaleza de los hechos y circunstancias probadas, ante su valor incriminatorio y el enlace lógico y natural entre la verdad conocida, la que se busca conocer, además, en estricto apego a las leyes de la lógica y la razón, se tiene como punto de partida hechos o circunstancias que están probados, como en el caso, para concluir que, probablemente, Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz fue el sujeto activo que, en grado probable, cometió el hecho que la ley señala como delito de violación equiparada agravada. De ahí que el juez responsable indicó con precisión en qué consistió la conducta ilegítima en que incurrió el sujeto activo para tener por demostrada, hasta el momento, su probable comisión del delito de violación equiparada agravada. En esas condiciones, al existir datos de prueba que demuestran la probable responsabilidad el ahora quejoso, se estima que el juez de la causa procedió con apego a derecho, al concluir que los medios de prueba fueron bastantes para demostrar, en grado de probable, que Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz cometió el hecho ilícito de mérito y, por ello, procedía dictarle auto de vinculación a proceso. En consecuencia, es infundado el concepto de violación formulado por el quejoso, consistente en que el auto de vinculación a proceso no se encuentra debidamente fundado y motivado; toda vez que, acertadamente, el juez responsable estimó acreditados los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y motivó las razones por las que concluyó dictar auto de vinculación a proceso en su contra. Por ello, contrario a lo alegado por el quejoso, la responsable no violó sus derechos fundamentales; sin que se advierta deficiencia de queja que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita. NOVENO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida resolución se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Conrado Sollo Díaz o Conrado Catalino Sollo Díaz, contra los actos reclamados consistentes en 1) la medida cautelar impuesta en audiencia de veinte de agosto de dos mil veinte, y 2) auto de vinculación a proceso dictada en audiencia veintiséis de agosto de dos mil veinte, en la causa penal 126/2020; atribuidos al juez de Control con sede en Huajuapan de León, Oaxaca; en términos de los considerandos séptimo y octavo de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de ese órgano jurisdiccional.

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