Conrado Montes Cruz

Expediente 183/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
183/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
04/03/2021

Partes del expediente

  • Conrado Montes Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II-B "... Vistos los autos y la certificación de cuenta; se advierte que, mediante proveído de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo promovida por Conrado Montes Cruz; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días ... se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente ..."

  2. Principal

    "...Vista la demanda de amparo promovida por Conrado Montes Cruz, contra actos del juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el juicio de amparo indirecto número 183/2021. Desechamiento En principio, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En ese sentido, se advierte que la demanda de amparo carece de la firma autógrafa del promovente Conrado Montes Cruz. En consecuencia, tomando en consideración que el juicio de amparo debe promoverse a instancia de parte agraviada, tal y como lo establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 6 de la Ley de Amparo; por tanto, la demanda de amparo debe contener la manifestación expresa de la voluntad de instar el juicio por la persona agraviada. Por tanto, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Al respecto, existen los criterios siguientes: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, LA FALTA DE, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS. Si la demanda no fue suscrita, ni se presentó prueba alguna por el representante de la quejosa que acredita su personalidad para promover, no se cumple con lo dispuesto por la fracción I del artículo 116 de la Ley de Amparo; además, la fracción I del artículo 107 constitucional es terminante al disponer que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, en relación con ella, el artículo 4o. de la Ley de Amparo señala que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; por lo que, cuando no se cumple con tales requisitos, procede sobreseer el juicio de garantías, con fundamento en los preceptos mencionados, y en las fracciones XVIII del artículo 73 y III del artículo 74 de la citada Ley de Amparo". (Tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página 27, Tomo 38, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio". (Jurisprudencia sin número de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 71, Tomo 181-186, Quinta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época)." "FIRMA IMPROCEDENCIA DE AMPARO POR FALTA DE, EN LA DEMANDA DE AMPARO. De conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales y el artículo 4 de la Ley de Amparo se desprende que al no estar firmada la demanda de garantías, debe entenderse que toda vez que la demanda de amparo en que se hacen valer los conceptos de violación correspondientes no está firmada, por lo que conforme a lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, la demanda de garantías es improcedente y debe sobreseerse en el juicio conforme a lo ordenado por la fracción III del artículo 74 de la misma Ley". (Tesis consultable en la página 25, Tomo 39, Quinta Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época)." Además, el artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su precepto 2°, establece: "Artículo 204. Se reputa autor de un documento privado al que lo subscribe, salvo la excepción de que se trata en el artículo 206. Se entiende por subscripción la colocación, al pie del escrito, de las palabras que, con respecto al destino del mismo, sean idóneas para identificar a la persona que subscribe. La subscripción hace plena fe de la formación del documento por cuenta del subscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él, excepto por lo que se refiere a agregados interlineales o marginales, cancelaciones o cualesquiera otras modificaciones contenidas en él, las cuales no se reputan provenientes del autor, si no están escritas por su mano, o no se ha hecho mención de ellas antes de la subscripción". Los artículos y criterios transcritos revelan que el juicio de amparo se encuentra regido por el principio de "instancia de parte agraviada" y que se tiene como autor de un documento a la persona que lo suscribe. De igual forma, que en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho se manifiesta y realiza mediante la firma o suscripción, o cuando no se sabe firmar, mediante la impresión de huella digital o bien la firma de otra persona a su ruego; al no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional y tal escrito, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad del autor de presentarlo y respaldar su contenido; siendo que la deficiencia apuntada no puede subsanarse mediante una prevención, por no constituir irregularidad de las previstas por el numeral 114 de la Ley de Amparo, en cuanto a omisión de algún requisito de los señalados en su numeral 108. En el caso, se advierte que Conrado Montes Cruz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de juez de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca; sin embargo, no se aprecia que esté firmada por quien aparece como promovente, ausencia de firma que se corrobora con lo asentado en el sello de recibido por el servidor público encargado de la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca; por ende, no se le puede otorgar valor probatorio al no ser reconocida por la parte quejosa. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 32/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida." (Registro digital: 2000130, Décima Época, Materias(s): Común, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, página 3632). Además, de conformidad con el artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, para que la firma que conste en un documento tenga validez, necesariamente debe ser autógrafa, es decir, de puño y letra del que lo suscribe; que es la única forma en que éste adquiere una relación directa con lo expresado en el escrito, pues constituye la única manera en que puede asegurarse que quien emite el acto acepta su contenido con las consecuencias que le sean inherentes; por lo que si la demanda de amparo aludida carece de firma autógrafa, no obliga a este Juzgador a admitirla. Por tanto, como la demanda de amparo en la que se encuentran plasmados los requisitos que exige el artículo 108 de la Ley de Amparo, no cuenta con firma autógrafa, la cual sirve para dar autenticidad a la misma, debe estimarse que propiamente no hay manifestación de quien se ostenta como quejoso; en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 6°, de la Ley de Amparo. Además, se destaca que aun cuando el escrito de demanda no adoleciera del requisito formal analizado, en el particular, contra el acto reclamado consistente en la orden de citación a la audiencia de formulación de imputación, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, ya que su finalidad radica simplemente en comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia judicial. Lo anterior, en apego al criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, en el que definió que de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar; por ende, ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Consideraciones que se encuentran contenidas en la jurisprudencia 78/2018, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." (Registro digital 2018828, Décima Época, materia común penal, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. libro 61, diciembre de 2018, tomo I, página 239). Desechamiento En consecuencia, con fundamento en el diverso 113 del ordenamiento legal invocado, por notoriamente improcedente, de plano, se desecha, la demanda de amparo. Domicilio Ahora, toda vez que señala los estrados de este Juzgado, para oír y recibir notificaciones; el cual no es propiamente un domicilio procesal, con fundamento en los artículos 27 fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, las notificaciones personales se les practicarán por lista de acuerdos. Se tiene por autorizado únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos, a José Manuel Díaz Alba toda vez que de la certificación de cuenta se aprecia que no tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, ni proporciona dato que lo acredite como licenciado en derecho. Tomando en consideración que el espíritu del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, es privilegiar el uso de medios electrónicos dada la contingencia sanitaria que atraviesa el país; con independencia de lo anterior, se tiene a la parte quejosa señalando el número telefónico 951 448 5058 para recibir notificaciones. Habilitan días inhábiles De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. Trámite de juicio en línea Toda vez, que la este juicio fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Transparencia Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de su publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella..."

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