Conrado Martínez Pérez

Expediente 471/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
471/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
26/04/2022

Partes del expediente

  • Conrado Martínez Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo señalada en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 471/2022. Se desecha la demanda. Ahora bien, de conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo, dado que advierte que el juicio constitucional que se promueve es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la disposición inserta se desprende que el Juez de Distrito debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Así, la norma transcrita impone al Juez de Distrito la obligación de estudiar el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia desecharla de plano, para lo cual en principio deben tomarse en consideración únicamente los hechos y las circunstancias narrados en el propio ocurso y los anexos que se acompañen. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora bien, en el caso de estudio se actualiza la que encuentra su fundamento en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo; motivo de improcedencia que desde luego, es notorio y manifiesto. El artículos 61, fracción X de la Ley de Amparo, dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;.". El referido precepto establece la improcedencia del juicio de amparo cuando el acto que se reclame sea materia de otro diverso juicio constitucional que esté pendiente de resolución (litispendencia), promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Es decir, la causa de improcedencia por litispendencia parte de la premisa de que el quejoso promueve un juicio de amparo contra la misma autoridad o autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, cuando previamente promovió un diverso juicio en que existen coincidencias mencionadas, el que se encuentra pendiente de resolución. La improcedencia por litispendencia se trata, entonces, de una institución jurídica que se apoya en los principios de unidad y economía procesal, así como en la necesidad de evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias, siempre y cuando la controversia anteriormente planteada se encuentre pendiente de resolución, ya sea en el mismo juzgado o tribunal o en otro diferente, y en ambos conflictos, exista identidad en los elementos del litigio planteados en ambos, es decir, en cuanto a sujetos, objeto y pretensión. Para demostrar, en el caso, la actualización de la litispendencia, conviene precisar que la demanda de origen de este expediente fue promovida en línea por Geovanni Griz Martínez, a favor de Conrado Martínez Pérez, el veinticinco de abril del año en curso, contra las autoridades y actos reclamados siguientes: JUICIO DE AMPARO AUTORIDADES RESPONASBLES ACTO RECLAMADO 471/2022 1. Síndico Municipal de Santa María el Tule, Oaxaca. 2. Alcalde Municipal de Santa María el Tule, Oaxaca. La orden de privación de la libertad fuera de procedimiento en perjuicio de ******************** Por otra parte, con anterioridad a este juicio de amparo, fue promovida en línea el mismo veinticinco de abril de esta anualidad, la diversa demanda que dio origen al juicio de amparo 470/2022 del índice propio, el cual se encuentra en trámite; lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, y tesis XXIII.3º.4 K, sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 2679, materia Común, tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "HECHOS NOTORIOS. LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y LOS JUZGADOS DE DISTRITO PUEDEN INVOCAR OFICIOSAMENTE, COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DE AQUÉLLOS COMO MEDIOS DE PRUEBA APTOS PARA DETERMINAR QUE SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UN JUICIO DE AMPARO QUE RESULTA NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE". En dicho juicio de amparo se señalaron como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: JUICIO DE AMPARO AUTORIDADES RESPONASBLES ACTO RECLAMADO 470/2022 1. Síndico Municipal de Santa María el Tule, Oaxaca. 2. Alcalde Municipal de Santa María el Tule, Oaxaca. La orden de privación de la libertad fuera de procedimiento en perjuicio de ******************** De lo que se advierte que el directo agraviado, las autoridades responsables y el acto reclamado son los mismos; de ahí que, si el juicio de amparo 470/2022 se inició de manera previa al presente, resulta claro que al existir esa identidad, se concreta la causal de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Por lo que, en el caso, resulta improcedente este segundo juicio de derechos fundamentales, con motivo de la litispendencia, pues la constitucionalidad de determinados actos respecto de un mismo quejoso sólo puede juzgarse una sola vez, dado que el promovente ya no podría verter nuevos conceptos de violación, debido a que cuando promovió el primer juicio de amparo, ya expresó los motivos de inconformidad respecto de esos actos. En tales condiciones, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada y, por tanto, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia 2ª./J.90/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 291, tomo XXXII, Julio de 2010, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES AUTOAPLICATIVAS. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYE QUE EN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS POR EL QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LAS MISMAS NORMAS, SE PRETENDA PROTEGER UN INTERÉS JURÍDICO DISTINTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). Conforme al indicado precepto legal, la causa de litispendencia entre dos juicios de amparo, que genera la improcedencia de uno de ellos, se encuentra condicionada a que: a) La ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese sentido, tratándose de juicios de garantías promovidos contra normas autoaplicativas, la causa de improcedencia referida se actualiza cuando se colman todos los requisitos enunciados, aunque las demandas relativas contengan distinta pretensión o causa de pedir, es decir, se promuevan con el ánimo de proteger un interés jurídico derivado de bienes o derechos diversos, pues además de que este último requisito no deriva del artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, en el amparo contra leyes autoaplicativas o, inclusive, heteroaplicativas, los efectos de la sentencia concesoria se traducen en desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación de la ley, por lo que la protección constitucional que, en su caso, se otorgue en el primer amparo, necesariamente abarcará cualquier acto de aplicación de la ley y respecto de cualquier bien jurídico tutelado. Lo anterior, en el entendido de que, conforme al artículo 51 del indicado ordenamiento, el sobreseimiento procede respecto del juicio promovido en segundo lugar, pero debe decretarse dentro del primero y fuera de la audiencia, una vez sustanciado el procedimiento previsto en dicho numeral. Domicilio para recibir notificaciones. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones, el que indica. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (SE NOTIFICÓ POR LISTA DE ACUERDOS)

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo señalada en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 471/2022. Se desecha la demanda. Ahora bien, de conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo, dado que advierte que el juicio constitucional que se promueve es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la disposición inserta se desprende que el Juez de Distrito debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Así, la norma transcrita impone al Juez de Distrito la obligación de estudiar el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia desecharla de plano, para lo cual en principio deben tomarse en consideración únicamente los hechos y las circunstancias narrados en el propio ocurso y los anexos que se acompañen. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora bien, en el caso de estudio se actualiza la que encuentra su fundamento en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo; motivo de improcedencia que desde luego, es notorio y manifiesto. El artículos 61, fracción X de la Ley de Amparo, dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;.". El referido precepto establece la improcedencia del juicio de amparo cuando el acto que se reclame sea materia de otro diverso juicio constitucional que esté pendiente de resolución (litispendencia), promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Es decir, la causa de improcedencia por litispendencia parte de la premisa de que el quejoso promueve un juicio de amparo contra la misma autoridad o autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, cuando previamente promovió un diverso juicio en que existen coincidencias mencionadas, el que se encuentra pendiente de resolución. La improcedencia por litispendencia se trata, entonces, de una institución jurídica que se apoya en los principios de unidad y economía procesal, así como en la necesidad de evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias, siempre y cuando la controversia anteriormente planteada se encuentre pendiente de resolución, ya sea en el mismo juzgado o tribunal o en otro diferente, y en ambos conflictos, exista identidad en los elementos del litigio planteados en ambos, es decir, en cuanto a sujetos, objeto y pretensión. Para demostrar, en el caso, la actualización de la litispendencia, conviene precisar que la demanda de origen de este expediente fue promovida en línea por Geovanni Griz Martínez, a favor de Conrado Martínez Pérez, el veinticinco de abril del año en curso, contra las autoridades y actos reclamados siguientes: JUICIO DE AMPARO AUTORIDADES RESPONASBLES ACTO RECLAMADO 471/2022 1. Síndico Municipal de Santa María el Tule, Oaxaca. 2. Alcalde Municipal de Santa María el Tule, Oaxaca. La orden de privación de la libertad fuera de procedimiento en perjuicio de ******************** Por otra parte, con anterioridad a este juicio de amparo, fue promovida en línea el mismo veinticinco de abril de esta anualidad, la diversa demanda que dio origen al juicio de amparo 470/2022 del índice propio, el cual se encuentra en trámite; lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, y tesis XXIII.3º.4 K, sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 2679, materia Común, tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "HECHOS NOTORIOS. LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y LOS JUZGADOS DE DISTRITO PUEDEN INVOCAR OFICIOSAMENTE, COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DE AQUÉLLOS COMO MEDIOS DE PRUEBA APTOS PARA DETERMINAR QUE SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UN JUICIO DE AMPARO QUE RESULTA NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE". En dicho juicio de amparo se señalaron como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: JUICIO DE AMPARO AUTORIDADES RESPONASBLES ACTO RECLAMADO 470/2022 1. Síndico Municipal de Santa María el Tule, Oaxaca. 2. Alcalde Municipal de Santa María el Tule, Oaxaca. La orden de privación de la libertad fuera de procedimiento en perjuicio de ******************** De lo que se advierte que el directo agraviado, las autoridades responsables y el acto reclamado son los mismos; de ahí que, si el juicio de amparo 470/2022 se inició de manera previa al presente, resulta claro que al existir esa identidad, se concreta la causal de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Por lo que, en el caso, resulta improcedente este segundo juicio de derechos fundamentales, con motivo de la litispendencia, pues la constitucionalidad de determinados actos respecto de un mismo quejoso sólo puede juzgarse una sola vez, dado que el promovente ya no podría verter nuevos conceptos de violación, debido a que cuando promovió el primer juicio de amparo, ya expresó los motivos de inconformidad respecto de esos actos. En tales condiciones, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada y, por tanto, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia 2ª./J.90/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 291, tomo XXXII, Julio de 2010, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES AUTOAPLICATIVAS. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYE QUE EN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS POR EL QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LAS MISMAS NORMAS, SE PRETENDA PROTEGER UN INTERÉS JURÍDICO DISTINTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). Conforme al indicado precepto legal, la causa de litispendencia entre dos juicios de amparo, que genera la improcedencia de uno de ellos, se encuentra condicionada a que: a) La ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese sentido, tratándose de juicios de garantías promovidos contra normas autoaplicativas, la causa de improcedencia referida se actualiza cuando se colman todos los requisitos enunciados, aunque las demandas relativas contengan distinta pretensión o causa de pedir, es decir, se promuevan con el ánimo de proteger un interés jurídico derivado de bienes o derechos diversos, pues además de que este último requisito no deriva del artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, en el amparo contra leyes autoaplicativas o, inclusive, heteroaplicativas, los efectos de la sentencia concesoria se traducen en desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación de la ley, por lo que la protección constitucional que, en su caso, se otorgue en el primer amparo, necesariamente abarcará cualquier acto de aplicación de la ley y respecto de cualquier bien jurídico tutelado. Lo anterior, en el entendido de que, conforme al artículo 51 del indicado ordenamiento, el sobreseimiento procede respecto del juicio promovido en segundo lugar, pero debe decretarse dentro del primero y fuera de la audiencia, una vez sustanciado el procedimiento previsto en dicho numeral. Domicilio para recibir notificaciones. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones, el que indica. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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