Conrado López Pérez
Expediente 110/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 110/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Conrado López Pérez
- Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tapachula, Chiapas, con sede en esta ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA 9-B.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a tres de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días, dentro del que la parte quejosa, pudiera recurrir en queja el auto de quince de febrero de dos mil veintidós, en que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que hiciera manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 97 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento al artículo 21, fracción d)1 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.2 apartado 42 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Lo anterior, pues en el caso: I) se desechó por improcedente la demanda de amparo, II) la demanda que forma este juicio no está vinculado a determinar la constitucionalidad de resoluciones referente a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, III) no se ocupa de resoluciones impugnadas ante organismos públicos internacionales, IV) tampoco a conflictos laborales colectivos, patrimonio histórico, arqueológico y artístico V) ni se trata de materia agraria o se encuentre ligado a una jurisprudencia o tesis aislado de los Tribunales de Circuito. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el 4. Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado. presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento.
- Principal
MESA 9-B.- Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; quince de febrero de dos mil veintidós Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ***, mediante el cual en cumplimiento al proveído de nueve de febrero de dos mil veintidós, señala bajo protesta de decir verdad que el expediente 121/2020 del cual se deriva el acto reclamado proviene de un juicio ejecutivo mercantil; asimismo, menciona que la cuantía por la que fue demandado es de $599,939.30 (quinientos noventa y nueve mil novecientos treinta nueve pesos 30/100 moneda nacional). Ahora bien, en primer término, cabe señalar que de la lectura integral al escrito de demanda se advierte que el quejoso Conrado López Pérez, señala como acto reclamado en esta instancia constitucional, lo siguiente: (.) Precisado lo anterior, este juzgador advierte que respecto a dicho acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Los numerales transcritos, interpretados conjuntamente, establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente contra actos emitidos durante el juicio que tengan sobre las personas o cosas, una ejecución de imposible reparación. Asimismo, prevén que cuando los actos emitidos durante el trámite de un juicio no afecten en forma trascendente las personas, cosas o defensas de las partes, dichas actuaciones podrán ser reparadas por medio del juicio de amparo directo. De igual manera, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente un "acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, es aquel que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia definitiva favorable a su interés. Para demostrarlo se explica el parámetro actual de imposible reparación. Éste derivó de los problemas detectados en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí visualizada la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual fue considerado posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, surge una resolución definitiva y completa desde las cuestiones procedimentales, al extremo de cancelar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales cuestiones ya fueron analizadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013 determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia entre particulares -por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto, en aras de que las presuntas violaciones al procedimiento se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. Régimen excepcional que visualizó el Pleno en la fracción V del artículo 107 de la legislación, porque esta disposición sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos vinculados a derechos procesales y sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la legislación). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación: afectación material a derechos sustantivos y en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a cuestiones procesales. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.) -al resolver la contradicción de tesis 377/2013- publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Pero además, el espectro actual de imposible reparación contra actos dentro de juicio, tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la legislación. En particular frente a los alcances del principio de progresividad1 tutelado en el artículo 1 de la constitución, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, se observa que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior alcanza comprensión al visualizar las controversias, porque éstas surgen por lo general entre dos partes (actor y demandado) cada una con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una sentencia de parte del juzgador. Entonces, frente al particular que ve limitada su posibilidad de impugnar actos de naturaleza adjetiva -por el nuevo parámetro de imposible reparación- está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a ambas partes dado que los juicios están dispuestos para esclarecer derechos sustantivos, nunca los procesales. Por ello es que la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que éste busca la celeridad en la tramitación de los juicios para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias -como la promoción del amparo indirecto contra violaciones adjetivas- en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución2. Por lo que con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el contenido del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, advirtió que el legislador dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". En ese sentido, este juzgador determina que el contenido del auto de trece de enero de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente 121/2020, es un acto dentro de juicio que no puede considerarse como un acto de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera cierta e inmediata derechos sustantivos del quejoso, a efecto de que pueda ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ello es así, porque queda justificado de que se trata de un acto dentro de un juicio ejecutivo mercantil que se encuentra en trámite, pues el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que fue demandando por los endosatarios en procuración de la persona moral ***, mismo que dio origen a un juicio ejecutivo mercantil radicado bajo el número 121/2020, mismo que se encuentra en trámite y dentro del mismo, se dictó el acto ahora reclamado. Ahora, el hecho de que en la autorización y desahogo de la diligencia confesional de trece de enero de dos mil veintidós, dentro del juicio ejecutivo mercantil 121/2020 a cargo de la parte actora, fue desahogada por el endosatario en procuración de la ***.; mediante el licenciado ***, el cual el quejoso manifiesta que carece de facultades legales para absolver posiciones a nombre de dicha sociedad en acuerdo, constituye un acto de carácter intraprocesal que no puede considerase de imposible reparación, en tanto que, no afecta derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera. Pues dicho acuerdo no le causa ningún perjuicio de imposible reparación, al contrario, dicho acuerdo fue dictado en favor del quejoso, pues como se advierte de la demanda de amparo, el impetrante de amparo manifiesta que al momento de dar contestación en tiempo y forma a la demanda instaurada en su contra, ofreció la prueba consistente en la confesional a cargo del representante legal de la persona jurídica actora denominada +***, en tal virtud al realizarse la investigación (motivo de la presente demanda), de ser su situación podría beneficiarlo pues dadas sus circunstancias, el juzgado que conoce de su asunto podrá tomarlo en consideración y proveer lo que mejor considere. Por ende, es obvio que el acto que reclama no le afecta de manera directa ni le causa algún perjuicio al quejoso, por lo que se considera que el amparo indirecto en su contra es improcedente, ya que ese acto no trastoca derecho fundamental alguno. En consecuencia, como la parte quejosa reclama en su escrito inicial de demanda, actos dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación y tampoco afectan algún derecho sustantivo; con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, y 103, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por improcedente. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XX, página 1631, septiembre de 2004, de la siguiente literalidad: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. (.) Debe decirse que la aplicación de la tesis citada, se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en dicha tesis de manera alguna contraviene disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente y por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno.
- Principal
CITATORIO).- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LA LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, FRACCION I, INCISO B), Y 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE QUEJOSA *****, LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; quince de febrero de dos mil veintidós Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ***, mediante el cual en cumplimiento al proveído de nueve de febrero de dos mil veintidós, señala bajo protesta de decir verdad que el expediente 121/2020 del cual se deriva el acto reclamado proviene de un juicio ejecutivo mercantil; asimismo, menciona que la cuantía por la que fue demandado es de $599,939.30 (quinientos noventa y nueve mil novecientos treinta nueve pesos 30/100 moneda nacional). Ahora bien, en primer término, cabe señalar que de la lectura integral al escrito de demanda se advierte que el quejoso Conrado López Pérez, señala como acto reclamado en esta instancia constitucional, lo siguiente: (.) Precisado lo anterior, este juzgador advierte que respecto a dicho acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Los numerales transcritos, interpretados conjuntamente, establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente contra actos emitidos durante el juicio que tengan sobre las personas o cosas, una ejecución de imposible reparación. Asimismo, prevén que cuando los actos emitidos durante el trámite de un juicio no afecten en forma trascendente las personas, cosas o defensas de las partes, dichas actuaciones podrán ser reparadas por medio del juicio de amparo directo. De igual manera, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente un "acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, es aquel que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia definitiva favorable a su interés. Para demostrarlo se explica el parámetro actual de imposible reparación. Éste derivó de los problemas detectados en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí visualizada la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual fue considerado posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, surge una resolución definitiva y completa desde las cuestiones procedimentales, al extremo de cancelar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales cuestiones ya fueron analizadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013 determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia entre particulares -por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto, en aras de que las presuntas violaciones al procedimiento se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. Régimen excepcional que visualizó el Pleno en la fracción V del artículo 107 de la legislación, porque esta disposición sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos vinculados a derechos procesales y sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la legislación). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación: afectación material a derechos sustantivos y en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a cuestiones procesales. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.) -al resolver la contradicción de tesis 377/2013- publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Pero además, el espectro actual de imposible reparación contra actos dentro de juicio, tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la legislación. En particular frente a los alcances del principio de progresividad1 tutelado en el artículo 1 de la constitución, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, se observa que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior alcanza comprensión al visualizar las controversias, porque éstas surgen por lo general entre dos partes (actor y demandado) cada una con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una sentencia de parte del juzgador. Entonces, frente al particular que ve limitada su posibilidad de impugnar actos de naturaleza adjetiva -por el nuevo parámetro de imposible reparación- está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a ambas partes dado que los juicios están dispuestos para esclarecer derechos sustantivos, nunca los procesales. Por ello es que la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que éste busca la celeridad en la tramitación de los juicios para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias -como la promoción del amparo indirecto contra violaciones adjetivas- en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución2. Por lo que con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el contenido del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, advirtió que el legislador dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". En ese sentido, este juzgador determina que el contenido del auto de trece de enero de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente 121/2020, es un acto dentro de juicio que no puede considerarse como un acto de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera cierta e inmediata derechos sustantivos del quejoso, a efecto de que pueda ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ello es así, porque queda justificado de que se trata de un acto dentro de un juicio ejecutivo mercantil que se encuentra en trámite, pues el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que fue demandando por los endosatarios en procuración de la persona moral ***, mismo que dio origen a un juicio ejecutivo mercantil radicado bajo el número 121/2020, mismo que se encuentra en trámite y dentro del mismo, se dictó el acto ahora reclamado. Ahora, el hecho de que en la autorización y desahogo de la diligencia confesional de trece de enero de dos mil veintidós, dentro del juicio ejecutivo mercantil 121/2020 a cargo de la parte actora, fue desahogada por el endosatario en procuración de la ***.; mediante el licenciado ***, el cual el quejoso manifiesta que carece de facultades legales para absolver posiciones a nombre de dicha sociedad en acuerdo, constituye un acto de carácter intraprocesal que no puede considerase de imposible reparación, en tanto que, no afecta derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera. Pues dicho acuerdo no le causa ningún perjuicio de imposible reparación, al contrario, dicho acuerdo fue dictado en favor del quejoso, pues como se advierte de la demanda de amparo, el impetrante de amparo manifiesta que al momento de dar contestación en tiempo y forma a la demanda instaurada en su contra, ofreció la prueba consistente en la confesional a cargo del representante legal de la persona jurídica actora denominada +***, en tal virtud al realizarse la investigación (motivo de la presente demanda), de ser su situación podría beneficiarlo pues dadas sus circunstancias, el juzgado que conoce de su asunto podrá tomarlo en consideración y proveer lo que mejor considere. Por ende, es obvio que el acto que reclama no le afecta de manera directa ni le causa algún perjuicio al quejoso, por lo que se considera que el amparo indirecto en su contra es improcedente, ya que ese acto no trastoca derecho fundamental alguno. En consecuencia, como la parte quejosa reclama en su escrito inicial de demanda, actos dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación y tampoco afectan algún derecho sustantivo; con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, y 103, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por improcedente. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XX, página 1631, septiembre de 2004, de la siguiente literalidad: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. (.) Debe decirse que la aplicación de la tesis citada, se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en dicha tesis de manera alguna contraviene disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente y por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno.
- Principal
MESA 9-B.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a nueve de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ***, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención decretada en auto de uno de febrero de dos mil veintidós. Ahora bien, del escrito presentado por el quejoso si bien menciona el estado procesal del juicio de origen,no se advierte qué mencione que tipo de juicio es, en relación al acto del que se duele, toda vez que solo hace mención al expediente 121/2020, del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Tapachula, con residencia en esta ciudad, sin que se advierta la materia del juicio reclamado. Asimismo, en el escrito de cuenta señala que de acuerdo a la cuantía por la que le están demandando en el juicio antes citado no procede recurso ordinario en contra del acto reclamado sino lo único que procede es el juicio de amparo. En atención a lo anterior, requiérase a la parte quejosa para que señale el tipo de juicio que corresponde al expediente 121/2020, del índice de la autoridad responsable, así como la cuantía por la que fue demandado, toda vez que dicho requerimiento es a efecto de no transgredir su esfera jurídica y establecer debidamente la litis en el presente juicio de amparo. En consecuencia, dígasele a la parte quejosa que le subsiste el término y apercibimiento decretado en el auto de mérito, para que cumpla con los señalamientos requeridos en el presente proveído. Finalmente, agréguese a los autos la constancia de notificación de cuatro de febrero de dos mil veintidós, realizada por la Actuaria judicial de la adscripción al autorizado de la parte quejosa en la que le notificó el auto de uno de febrero de dos mil veintidós, y le requirió en los términos precisados de dicho acuerdo, de la que se aprecia que la Actuaria estableció lo siguiente: "se da por notificado y firma para constancia legal." En atención a lo anterior, se toma nota para los efectos legales a que haya lugar.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · 3,604 expedientes
- Concepcion Cueto Lopez424/2021
- Concepción de María González López1162/2022
- Concepción Rodríguez Pérez y Otros.1328/2023
- Concepción Vázquez Martínez505/2021
- Conrado Díaz Mejía346/2021
- Conrado Gonzalez Bautista340/2021
- Conrado López Vazquez105/2021
- Constant Junior Cadet1681/2022
- Constantino Arias Laguna558/2023
- Consuelo Caballero García129/2022
- Consuelo Esmeralda Velázquez Hiray655/2023
- Cristhian Alexander López López y Otros.793/2023