Conrado José Carlos Díaz Arias

Expediente 575/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
575/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • Conrado José Carlos Díaz Arias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Acuse de recibo del Tribunal Colegiado. Adjúntese a los autos el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en esta población, mediante el cual informa que dicho Tribunal admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por ********************autorizado legal del quejoso ********************, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia de treinta de agosto del año en curso, recurso que quedó radicado con el número de toca 307/2023 de su índice, de lo cual se toma nota para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Interponen recurso de revisión. Agréguese el escrito signado por Ezequiel Ángel Baños Terrones, autorizado legal del quejoso Conrado José Carlos Díaz Arias, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia de treinta de agosto del año en curso. Por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese una copia del escrito de expresión de agravios, distribúyase entre las demás partes una copia del mismo, y una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, remítase el escrito y copia del mismo, así como el original del presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, para la sustanciación del recurso. Fórmese cuaderno de antecedentes, a partir de este auto, no así con anteriores actuaciones, en virtud de que éstas pueden ser consultadas en el expediente electrónico. En ese orden de ideas, con la finalidad de que el Tribunal de Alzada se encuentre en posibilidad de substanciar el recurso interpuesto, de conformidad con el Acuerdo General número 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y artículo 3 de la Ley de Amparo, se informa que el presente asunto se encuentra disponible para ser consultado en forma electrónica; por tanto, remítase la certificación correspondiente que acredite que se incorporó cada promoción, documento, auto y resolución del expediente físico. Finalmente, una vez que se cuente con el número de toca, realícese la vinculación correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 575/2023; y R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el trece de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, y turnada a este Juzgado Federal, Conrado José Carlos Díaz Arias, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca; que estimó violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 1º, 5º, 17 y 123 de la Constitución General de la República, y que se precisarán en el considerando segundo de este fallo. SEGUNDO. Admisión y trámite. A este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por razón de turno, le correspondió conocer de la referida demanda, que se registró con el número de juicio 575/2023; y en proveído de catorce de junio de dos mil veintitrés (fojas 15 - 19), este órgano jurisdiccional determinó admitir la demanda de amparo, solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, ordenó emplazar a la autoridad tercera interesada Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante escrito presentado el veinticuatro de julio del año en curso (fojas 52 - 63), el quejoso Conrado José Carlos Díaz Arias, amplió la demanda de amparo, en que reclamó del Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, el auto de diez de julio del año en curso, dictado en el juicio laboral 358/2017 (4). Por lo que en auto de veinticinco de julio del año en curso (fojas 66 - 68), se admitió la ampliación de la demanda, se requirió a la responsable su informe justificado, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que los actos reclamados se atribuye a autoridades que tienen su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, lo siguiente: De la Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado: La omisión de acordar el escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, en el juicio laboral 358/2017 (4). El acuerdo dictado el diez de julio de dos mil veintitrés, en el citado juicio laboral. La omisión de hacer cumplir el laudo dictado en el expediente laboral, dentro del plazo de quince días a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo. La omisión de dictar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del laudo. La fecha señalada por auto de diez de julio de dos mil veintitrés, para que tenga lugar la diligencia de reinstalación del actor (once horas del veintinueve de agosto de dos mil veintitrés). TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de hacer cumplir el laudo dentro del plazo de quince días a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, pues refirió que no puede dictar las medidas para hacer cumplir los laudos de oficio, dentro de dicho plazo (fojas 29 - 31). Luego, como lo refiere la responsable, el acto que se le atribuye es inexistente, pues el Presidente de la Junta no se encuentra facultado para requerir de oficio, la ejecución del laudo, ya que el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, aplicable en la tramitación de dicho juicio, dice: "Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación. Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento." El efecto, al establecer el citado artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, que la resolución deberá "cumplirse" dentro de los quince días hábiles siguientes al día en que surta efectos su notificación, se refiere a la oportunidad que tiene la parte obligada para acatar voluntariamente el laudo; por lo que si aún está transcurriendo ese término, sin que éste se hubiera cumplido, no puede atribuirse una omisión al tribunal laboral; pues su actuación oficiosa para obtener el cumplimiento depende de que transcurra en su totalidad dicho plazo y, además, de que una vez transcurrido dicho plazo, el ejecutante lo solicite. Por lo tanto, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna para comprobar lo contrario, ni de autos se desprende su existencia; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia PC.XIX. J/5 L (10a.), del Pleno del Decimonoveno Circuito, Décima Época, publicada en la página 1137 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo II, con número de registro digital 2015483, que dice: "LAUDO. LA PATRONAL CUENTA CON 15 DÍAS HÁBILES PARA SU CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO, Y ANTE SU ABSTENCIÓN, EL TRABAJADOR DEBE SOLICITAR SU EJECUCIÓN FORZOSA DENTRO DEL TÉRMINO DE 2 AÑOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). El artículo 118 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas (vigente hasta el 24 de septiembre de 2013), al establecer que la resolución deberá ser "cumplida" dentro de los 15 días hábiles a partir de su notificación, se refiere a la oportunidad que tiene la parte obligada para acatar voluntariamente el laudo, porque para su "ejecución" es requisito indispensable que la parte que obtuvo lo solicite expresamente, es decir, el trabajador debe solicitar su ejecución forzosa dentro del término de 2 años "a partir de que sea ejecutable la resolución respectiva", esto es, una vez fenecido el plazo de 15 días que otorga la ley para el "cumplimiento", so pena de que la acción se declare prescrita en términos del artículo 88, fracción III, de la legislación citada." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Por otra parte, la Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al rendir su informe justificado, convino en la existencia de los actos reclamados (fojas 29 - 31), consistentes en la omisión de proveer el escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, en el juicio laboral 358/2017 (4); el auto dictado el diez de julio de dos mil veintitrés; así como la omisión de dictar las medidas eficaces para hacer cumplir el referido laudo. Lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio laboral 358/2017 (4), a las que se les le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo al diverso numeral 2° de la Ley de Amparo, de donde se advierte que en la fecha de la presentación de la demanda no se había dado respuesta a la petición formulada por el apoderado del trabajador, mediante ocurso presentado el veintitrés de marzo del año en curso y tampoco se habían dictado las medidas necesarias encaminadas a cumplir el laudo; además, que en los autos del juicio laboral obra el proveído emitido el diez de julio del año en curso, en que se señalaron las once horas del veintinueve de agosto del año en curso, para que tuviera verificativo la diligencia de reinstalación del actor; de ahí la existencia de los actos que se le atribuyen. Por lo que se tienen por ciertos los actos reclamados. QUINTO. Causas de improcedencia. Antes de estudiar la materia de fondo de la litis constitucional, se debe analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que de advertir que se actualiza una causa de improcedencia que impida la resolución de la contienda en el fondo, se debe sobreseer; tópico que es de obligado examen lo invoquen o no las partes, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Este Juzgado Federal considera que en cuanto al acto reclamado consistente en la omisión de proveer el escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, en que el apoderado del trabajador, solicitó se ordenara la reinstalación del actor y se dictara auto de requerimiento de pago y embargo, por la cantidad de $494,151.00 (cuatrocientos noventa y cuatro mil ciento cincuenta y un pesos 00/100 M.N.), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." De tal dispositivo se deduce que el juicio de amparo carece de razón cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica. En efecto, la citada causa de improcedencia se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o son destruidos en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo cual el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; por lo que resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, con número de registro digital 193758, de epígrafe y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De las constancias deducidas del juicio laboral de origen 358/2017 (4), se advierte que en auto de diez de julio de dos mil veintitrés (fojas 44 - 45), la autoridad laboral responsable proveyó la solicitud del apoderado del trabajador, presentada el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, en que se solicitó que se ordenara la reinstalación del actor y se dictara auto de requerimiento de pago y embargo, por la cantidad de $494,151.00 (cuatrocientos noventa y cuatro mil ciento cincuenta y un pesos 00/100 M.N.). En dicho auto, la Presidenta Ejecutora requirió al demandado Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, que dentro del plazo de tres días hábiles, exhibiera la cantidad de $502,814.20 (quinientos dos mil ochocientos catorce pesos 20/100 M.N.) a favor del actor Conrado José Carlos Díaz Arias; o bien, previas las adecuaciones presupuestarias, presentara un programa de cumplimiento de pago, sin perjuicio de que el resto de la obligación deba pagarse en los ejercicios fiscales subsecuentes conforme a dicho programa; o en todo caso, informar y acreditar las acciones realizadas, así como las que se encuentre realizando ante las autoridades competentes, con la finalidad de dar cumplimiento a la condena impuesta; ordenó girar oficios a la Secretaría de Finanzas, Administración, Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, Secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, así como al Titular del Poder Ejecutivo, para comunicarles la condena impuesta al Organismo Público Descentralizado Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa; finalmente, señaló las once horas del veintinueve de agosto del año en curso, para que se llevara a cabo la reinstalación material y jurídica del actor. El referido acuerdo fue notificado a la parte actora el trece de julio de dos mil veintitrés (foja 104). De lo anterior se deduce que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -trece de junio de dos mil veintitrés -, la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, en el juicio laboral 358/2017 (4), de su índice, mediante proveído de diez de julio del año que transcurre, dio contestación a las solicitudes formuladas por Ezequiel Ángel Baños Terrones, apoderado del actor Conrado José Carlos Díaz Arias, por escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Y por ende, han cesado los efectos de dicho acto reclamado. También se actualiza la referida causa de improcedencia, por lo que hace al distinto acto reclamado consistente en la omisión de dictar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del laudo, por lo siguiente. De las copias certificadas obtenidas del juicio laboral 358/2017(4), se tiene que: 1. El cuatro de marzo de dos mil veintidós, la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en el juicio laboral 358/2017(4), dictó el laudo que en sus puntos resolutivos primero a tercero, dice (fojas 74 - 84): "[.] I. El actor, C. CONRADO JOSÉ CARLOS DÍAZ ARIAS, acreditó parcialmente, la acción que ejercitó en contra de (sic) y el INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. (IOCIFED), quien compareció a juicio y acreditó parcialmente las defensas y excepciones, de donde. II. Se determinó la existencia del despido injustificado, por consiguiente, se declara la nulidad la revocación verbal del nombramiento que como jefe de unidad de construcción de Infaestructura Educativa le fue realizada al actor el veintidós de febrero de dos mil diecisiete con efecto el día veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, y se condena al demandado INSTITUTO OAXAQUEÑO CONTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFRED) a reinstalar al actor en su empleo, al pago de salarios caídos, vacaciones, prima vacacional y aguinaldos lo anterior de conformidad y en términos de los motivos y fundamentos legales anotados en el considerando sexto de la presente resolución, el cual se da por economía procesal se da por reproducido en este punto. III. Se absuelve al demandado INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED) del pago de horas extras y del pago de prestación social múltiple, lo anterior de conformidad con los motivos y fundamentos legales anotados en el considerando séptimo de la presente resolución." 2. Mediante auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se tuvo al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, informando que quedó firme el acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el amparo directo 439/2022, en que se desechó por extemporánea, la demanda de amparo directo, promovida por Ezequiel Ángel Baños Terrones, apoderado legal del actor Conrado José Carlos Díaz Arias (foja 88). 3. Por escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés (fojas 93 - 94), por Ezequiel Ángel Baños Terrones, apoderado legal del actor Conrado José Carlos Díaz Arias, solicitó que se ordenara la reinstalación del actor y se dictara auto de requerimiento de pago y embargo, por la cantidad de $494,151.00 (cuatrocientos noventa y cuatro mil ciento cincuenta y un pesos 00/100 M.N.). 4. En respuesta a dicha petición, la Presidenta Ejecutora de la Junta responsable, emitió el proveído de diez de julio de dos mil veintitrés (fojas 102 - 103), en que a efecto de tener por cumplido el laudo dictado en el juicio laboral, realizó lo siguiente: * Requirió al demandado Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, que dentro del plazo de tres días hábiles, exhibiera la cantidad de $502,814.20 (quinientos dos mil ochocientos catorce pesos 20/100 M.N.) a favor del actor Conrado José Carlos Díaz Arias; o bien, previas las adecuaciones presupuestarias, presentara un programa de cumplimiento de pago, sin perjuicio de que el resto de la obligación deba pagarse en los ejercicios fiscales subsecuentes conforme a dicho programa; o en todo caso, informar y acreditar las acciones realizadas, así como las que se encuentre realizando ante las autoridades competentes, con la finalidad de dar cumplimiento a la condena impuesta; ordenó girar oficios a la Secretaría de Finanzas, Administración, Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, Secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, así como al Titular del Poder Ejecutivo, para comunicarles la condena impuesta al Organismo Público Descentralizado Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa; finalmente, señaló las once horas del veintinueve de agosto del año en curso, para que se lleve a cabo la reinstalación material y jurídica del actor. De ahí que, el diez de julio de dos mil veintitrés, se emitió auto en que se adoptaron las medidas necesarias con la finalidad de que el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, cumpla con la totalidad de las prestaciones que fueron materia de análisis en el procedimiento laboral de origen. Lo anterior demuestra, que si bien la autoridad responsable ocasionó la paralización del expediente laboral de origen (al omitir dictar la determinación correspondiente al escrito que presentó el apoderado del aquí quejoso, el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés), dicha omisión cesó con la emisión del referido auto de diez de julio del año en curso (fecha posterior a la presentación de demanda, que ocurrió el dieciocho mayo de dos mil veintitrés). En tales condiciones, si la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo, debido a la omisión de la autoridad responsable, en dictar las medidas pertinentes para lograr el cumplimiento del laudo emitido el cuatro de marzo de dos mil veintidós, dejó de existir la situación que dio motivo a la interposición del presente juicio, reponiéndose al quejosa el derecho fundamental que consideró vulnerado. Máxime, que resulta indispensable, que el trabajador solicite al presidente ejecutor que continúe la ejecución del laudo, puesto que la ley laboral no contiene precepto alguno que establezca la obligación de las Juntas de impulsar de manera oficiosa el procedimiento de ejecución del laudo, ni de requerir al trabajador para que promueva a fin de hacer valer su derecho adquirido e interrumpir el término de su prescripción. Lo expuesto, encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo aplicable en el trámite del citado juicio, que establece lo siguiente: "Artículo 771.- El Tribunal cuidará, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante él se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar sentencia, salvo disposición en contrario." Dicho precepto expresamente establece que los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario; lo que pone de manifiesto que la autoridad laboral sólo tiene la obligación de impulsar el procedimiento cuando se encuentre en trámite para que no opere la caducidad, no así respecto a la ejecución del laudo, pues respecto de ella es susceptible de operar la prescripción en perjuicio del trabajador. Así es, ningún precepto de la Ley Federal del Trabajo dispone tal circunstancia, sino por el contrario, el artículo 519, fracción III, prevé el término prescriptivo, así como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la que deriva la jurisprudencia 2a./J. 9/2000, Novena Época, publicada en la página 130 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Febrero de 2000, con número de registro digital 192369, de rubro y texto: "LAUDOS. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE EJECUCIÓN. De lo dispuesto por los artículos 519, fracción III y 521 de la Ley Federal del Trabajo deriva que prescriben en dos años, contados a partir del día siguiente al en que hubiese quedado notificado el laudo, las acciones para solicitar su ejecución y que la prescripción se interrumpe por la sola presentación de cualquier promoción ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Por su parte, los diversos preceptos 945 y 950 de la invocada ley disponen que los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación y que, transcurrido este término, el presidente de la Junta, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo. De estos preceptos legales se advierte que es requisito indispensable para dictar auto de requerimiento y embargo o de ejecución de laudo, el que la parte que obtuvo lo solicite expresamente, lo cual debe hacer dentro del término de dos años que señala el citado artículo 519, fracción III, de la ley en comento, so pena de que su acción se declare prescrita en atención a que dicha promoción, solicitando la ejecución del laudo o el dictado del auto de requerimiento y embargo, únicamente tiene por efecto interrumpir la prescripción, inutilizando el tiempo transcurrido antes de la interrupción, pero en forma alguna puede tenerlo en el sentido de que con su dictado la prescripción no vuelva nuevamente a correr a partir de éste o después del acto interruptivo; por tanto, es necesario solicitar, antes de que transcurra el término fatal, auto de ejecución, lo cual debe hacerse cada vez que sea necesario, pues, de no interpretarse en ese sentido se contravendría la garantía de certeza jurídica tutelada por el artículo 14 de la Carta Magna, la cual debe prevalecer sobre el interés particular." Causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo En cuanto al diverso acto reclamado consistente en el acuerdo dictado el diez de julio de dos mil veintitrés, en el juicio laboral 358/2017 (4), se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." El citado numeral transcrito dispone que la acción constitucional de amparo resulta improcedente, entre otros, contra resoluciones de tribunales de trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria prevea algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan modificarse, revocarse o nulificarse, salvo las excepciones previstas por el propio numeral. Lo anterior, a fin de cumplimentar el principio rector del juicio de amparo, consistente en la definitividad, pues ante la característica extraordinaria que reviste a la acción de amparo, es indispensable agotar los medios de defensa legalmente establecidos, que tenga como efecto variar la situación que irroga perjuicio al gobernado y, sólo en caso de no obtener resolución favorable, acudir a la vía constitucional de referencia. En la especie, el quejoso reclama el auto dictado el diez de julio de dos mil veintitrés, en el juicio laboral 358/2017 (4), por el que la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, entre otras cosas, se negó a dictar auto de requerimiento de pago y embargo, al Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Oaxaca, Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa; y ordenó requerirlo para que dentro del plazo de tres días hábiles, exhiba la cantidad de $502,814.20 (quinientos dos mil ochocientos catorce pesos 20/100 M.N.) a favor del actor Conrado José Carlos Díaz Arias; o bien, previas las adecuaciones presupuestarias, presente un programa de cumplimiento de pago, sin perjuicio de que el resto de la obligación deba pagarse en los ejercicios fiscales subsecuentes conforme a dicho programa; o en todo caso, informar y acreditar las acciones realizadas, así como las que se encuentre realizando ante las autoridades competentes, con la finalidad de dar cumplimiento a la condena impuesta; ordenó girar oficios a la Secretaría de Finanzas, Administración, Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, Secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, así como al Titular del Poder Ejecutivo, para comunicarles la condena impuesta al Organismo Público Descentralizado Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa; finalmente, señaló las once horas del veintinueve de agosto del año en curso, para que se llevara a cabo la reinstalación material y jurídica del actor. Al respecto, los artículos del 849 al 852 de la Ley Federal del Trabajo, relativos al capítulo de la revisión de los actos de ejecución, prevén: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." "Artículo 850. De la revisión conocerán: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria." "Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne." "Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley." De los preceptos transcritos se advierte que procede el recurso de revisión contra actos de los presidentes de las Juntas, dictados, entre otros casos, en ejecución de laudos. Y que dicho medio de impugnación será del conocimiento de la Junta Especial correspondiente, cuando se interponga contra actos del Presidente. Además, que de ser procedente dicho recurso, podrá variar el acto impugnado y se aplicarán las sanciones que correspondan. En consecuencia, el quejoso, previamente a la promoción del presente juicio, debió agotar el recurso de revisión previsto y regulado por los artículos 849 al 852 de la Ley Federal del Trabajo, que rige el acto reclamado, mismo que tiene por objeto revocar o nulificar dicho acto, para cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Además que el auto reclamado, no se encuentra en alguno de los casos de excepción previstos en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la jurisprudencia 2a./J. 95/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página 374 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002, con número de registro digital 186133, que dice: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Finalmente, en cuanto al diverso acto reclamado, consistente en la fecha y hora señaladas en auto de diez de julio de dos mil veintitrés, para que tenga lugar la diligencia de reinstalación del actor (once horas del veintinueve de agosto de dos mil veintitrés); este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]" En efecto, uno de los actos reclamados en este juicio constitucional, lo es la fecha y hora señaladas en auto de diez de julio de dos mil veintitrés, para que tenga lugar la diligencia de reinstalación del actor (once horas del veintinueve de agosto de dos mil veintitrés), que corresponde a un día anterior al de la celebración de la audiencia constitucional. Luego, la fecha y hora señaladas para que se lleve a cabo la reinstalación del actor, si bien subsiste formal y materialmente, pues no se ha dejado insubsistente; también lo es que dejó de surtir sus efectos, en virtud de haber transcurrido la fecha y hora que se señaló para que tuviera verificativo la referida audiencia de reinstalación del actor. Por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación; como en el caso acontece. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 181/2006, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XXIV, Diciembre de 2006, que aparece en la página 189, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital 173858, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." De ahí que al actualizarse las citadas causas de improcedencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 575/2023, promovido por Conrado José Carlos Díaz Arias, en términos de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual informa las acciones tendentes al cumplimiento de la resolución de once de agosto del año en curso, en que se concedió la suspensión definitiva, de lo que se toma nota para los efectos legales que haya lugar, y se da vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés legal convenga. NOTIFÍQUESE.

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