Conrado Jaime Samaniego Villasana

Expediente 55/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
55/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
18/05/2021

Partes del expediente

  • Conrado Jaime Samaniego Villasana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Delegado. Agréguese a los autos el oficio remitido por el comisionado presidente del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, con residencia en esta ciudad, y como lo solicita, en términos del artículo 9 de la ley de la materia, se tiene por designado como delegado a la persona que refiere en su ocurso.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso ni defecto; Asimismo, se ordena el Archivo y valoración del expediente.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Informe de cumplimiento. Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el oficio remitido por la autoridad responsable, mediante el cual informa respecto del cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. Atento a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído exprese lo que a su interés legal convenga, transcurrido ese plazo, este juzgado se pronunciará sobre tal cumplimiento. ...

  4. Principal

    En Hermosillo, Sonora, a las doce horas con veinticinco minutos del veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de Violeta Ybarra Escalante, secretaria que autoriza y da fe de sus actos, declaró abierta la presente audiencia. En este acto, se da cuenta con el oficio y anexo registrados con el folio 3109 mediante el cual el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, remite copia certificada del juicio de amparo 48/2018 de su índice; a lo que el juez acuerda: agréguense a los autos el oficio y anexo de referencia, mismos que serán tomados en cuenta al dictar la presente resolución. Abierta la audiencia de ley, la secretaria relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y el informe rendido por la autoridad responsable. Por otro lado, del estado de autos se advierte que en el acuerdo de radicación, se reservó proveer respecto a la existencia de tercero interesados. El juez acuerda: no constituye obstáculo para la celebración de la presente audiencia, la falta de emplazamiento en el presente asunto, a quien resulta ser la parte demandada en el procedimiento natural, pues la resolución que se pronunciará no lesiona sus derechos ni tampoco le irroga perjuicio alguno. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas. Al respecto, se da cuenta con las documentales que exhibió la autoridad señalada como responsable. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidos y desahogados por su naturaleza los aludidos medios de convicción. Cerrada la etapa probatoria y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes omitieron realizar manifestaciones. El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes a formular alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo. Acto seguido, se da por concluida esta etapa, por lo que se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 55/2021; y, R e s u l t a n d o: I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido por razón de turno a este juzgado, Conrado Jaime Samaniego Villasana, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. De esa manera, por proveído de tres de febrero siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, previo diferimiento dio inicio la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes C o n s i d e r a n d o s: I. Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de una autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado, la omisión de resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de la resolución de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, dictada por el tribunal responsable en el expediente 544/2017. III. Existencia del acto combatido Es cierto el acto reclamado al tribunal responsable, toda vez que así se advierte de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. Consideraciones jurídicas Toda vez que las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se actualice alguna; por tanto, se procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. La parte quejosa aduce esencialmente en el único concepto de violación que el acto reclamado transgrede sus derechos fundamentales de justicia pronta y expedita, contenidos en el artículo 17 constitucional, dado que la responsable no se ha ajustado a los plazos que indica la Ley de Justicia Administrativa para la resolución del recurso de revisión. El concepto de violación es fundado, toda vez que el artículo 17 constitucional, consagra a favor de los gobernados la garantía de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla las subgarantías o principios siguientes: a. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. b. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. c. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Con base en las directrices del artículo 17 constitucional, en función del procedimiento, puede decirse que la autoridad responsable faltará a la garantía de administración de justicia pronta, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone una prohibición: no retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. La naturaleza expedita de esta garantía se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por otra parte, los numerales 99, 100, y 101 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, señalan: ".Artículo 99. Podrán ser impugnadas por las partes, mediante recurso de revisión: I. Las resoluciones que admitan o desechen la demanda; II. Los acuerdos que decreten, nieguen o revoquen la suspensión, a excepción del caso contenido en el último párrafo del artículo 66 de esta Ley; III. Las resoluciones que decidan incidentes; IV. Las resoluciones que decreten o nieguen el sobreseimiento; V. Las sentencias que decidan la cuestión planteada por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento del juicio, en este último caso, cuando hayan dejado sin defensa al recurrente y trasciendan al sentido de la sentencia; y VI. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento de ejecución de la sentencia. Artículo 100. El recurso se presentará por escrito con expresión de agravios, dentro de los términos siguientes: I. En los casos de las fracciones I, II, III y VI del artículo que antecede, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la resolución recurrida; y II. En los casos de las fracciones IV y V del artículo anterior, dentro de los quince días siguientes a la notificación de la resolución recurrida. De dicho recurso el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, ante quien debe dirigirse, debiendo presentarse por conducto del Magistrado que haya dictado la resolución recurrida, quien mandará correr traslado a las partes contrarias con el escrito respectivo, concediéndoles el término de cinco días para que contesten los agravios. Transcurrido dicho término, el Pleno lo turnará de inmediato acompañando los documentos necesarios para su resolución y una constancia de la fecha de notificación al recurrente de la resolución impugnada y de los días inhábiles que hubo entre ella y la de presentación del recurso. En caso de que se envíe el expediente original completo, el Pleno dejará copia certificada de un duplicado debidamente sellado y cotejado. El Magistrado deberá suspender la tramitación del procedimiento o la ejecución de las sentencias en el expediente de origen, cuando la resolución impugnada sea alguna de las señaladas en las fracciones I, III y V del artículo 99 de esta Ley, o cuando a su juicio sea necesario. Artículo 101. El Tribunal en Pleno admitirá el recurso, desechándolo de plano cuando encontrare alguna causa indudable y manifiesta de improcedencia, aplicando en lo conducente lo dispuesto en el artículo 86 de la presente Ley. En el auto admisorio se designará al Magistrado Ponente, que no podrá ser el que haya dictado la resolución recurrida. De lo anterior, se dará vista a las partes por un término de tres días para que expongan lo que a su derecho convenga. Transcurrido este término, el Magistrado formulará su proyecto de resolución, sometiéndolo a la votación del Pleno en la siguiente sesión, dictándose la resolución que corresponda por mayoría o unanimidad de votos." De los preceptos anteriormente transcritos -en lo que interesa- se advierte que una vez que se interponga el medio de impugnación señalado, se mandará correr traslado a las partes contrarias con el escrito respectivo, concediéndoles el término de cinco días para que contesten los agravios. Transcurrido el citado plazo, el Pleno lo turnará de inmediato acompañando los documentos necesarios para su resolución y constancia de la fecha de notificación al recurrente de la resolución impugnada, computando los días inhábiles que hubo entre ella y la de presentación del recurso. Se deberá suspender la tramitación del procedimiento o la ejecución de las sentencias en el expediente de origen, cuando la resolución impugnada sea alguna de las señaladas en las fracciones I, III y V del artículo 99 de la referida Ley, o cuando a su juicio sea necesario. En el auto admisorio se designará al Magistrado Ponente, -no podrá ser el que haya dictado la resolución recurrida-, por lo que se dará vista a las partes por un término de tres días para que expongan lo que a su derecho convenga. Una vez que el citado plazo concluya, se formulará su proyecto de resolución, sometiéndolo a la votación del Pleno en la siguiente sesión, dictándose la resolución que corresponda por mayoría o unanimidad de votos Ahora, el justiciable bajo protesta de decir verdad manifestó en su escrito de demanda de derechos fundamentales que desde el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve interpuso recurso de revisión en contra de la resolución de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, dictada por el tribunal responsable en el expediente 544/2017. En el caso, del estudio integral de las constancias remitidas por la autoridad no se advierte que a la fecha se haya resuelto el recurso de revisión presentado ante el tribunal responsable en la fecha mencionada. Por lo que, resulta innegable que han transcurrido en exceso los términos previstos por la ley que rige el acto, para resolver el recurso de revisión planteado, atendiendo al procedimiento que establecen los numerales transcritos anteriormente de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, violando en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental de seguridad jurídica consagrada en el artículo 17, de la Constitución General de la República, consistente en la obligación de las autoridades de procurar una impartición de justicia pronta y expedita, puesto que la autoridad responsable no puede retardar indefinidamente su función de administrar justicia, ya que de acuerdo con el imperativo constitucional aludido, tiene la obligación de acordar y proveer dentro de los términos que fijen las leyes ordinarias, esto es, en los plazos y términos que establece la legislación aplicable, las cuestiones sometidas a su consideración y competencia; por lo que se impone conceder la protección constitucional solicitada. Decisión En esas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el tribunal responsable, prosiga con la secuela procesal hasta resolver con plenitud de jurisdicción el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la resolución de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, dictada en el expediente de origen 544/2017. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Conrado Jaime Samaniego Villasana, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, por las consideraciones y para los efectos señalados en los apartados IV y V de este fallo. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria de Juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe. Sergei

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano