Conrado Hernández Torres

Expediente 164/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
164/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
02/07/2018

Partes del expediente

  • Conrado Hernández Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    El dos de julio de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 13618. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dos de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por la presidenta de la Junta Especial número Cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guadalupe, Zacatecas, por el que acusa recibo del expediente laboral 161/2016 que remitió en su oportunidad en apoyo a su informe justificado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, quien actúa con Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado que autoriza y da fe. EMVG

  2. Principal

    El veinte de junio de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 12978 y con el estado que guardan los autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinte de junio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la presidenta de la Junta Especial número Cincuenta y Tres de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Guadalupe, Zacatecas, mediante el cual solicita le sea remitido el expediente laboral 161/2016, que anexó a su informe justificado rendido dentro del presente juicio. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que el presente sumario se encuentra totalmente concluido; por tanto, se ordena realizar la devolución de dicha probanza por oficio, solicitando a la oficiante acuse recibo de estilo. Cúmplase. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza. Doy fe. EMVG

  3. Principal

    El uno de junio de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado certifica: a) Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del diez al veintitrés de mayo del año en curso, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. b) Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. c) Se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión, por lo que no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. d) Que no existe tomo de prueba por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, así como con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, uno de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia pronunciada por este juzgado, que sobreseyó el juicio en que se actúa; en razón de lo anterior, con apoyo en lo previsto por los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la ley de la matería, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo: además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; hágase la anotación en la carátula. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. EMVG

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 164/2018; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. En escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Conrado Hernández Torres, formuló demanda de amparo indirecto, contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan. Autoridades Responsables: a) Presidenta de la Junta Especial número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta capital. b) El Presidente de la Junta Especial número veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residencia en Guanajuato, Guanajuato. c) La Actuaria de la Junta Especial número veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residencia en Guanajuato, Guanajuato. Actos Reclamados: De la primera de las mencionadas responsables: "El acto que se le reclama es su omisión de remitir exhorto recordatorio al Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, conforme lo señala el artículo 759 de la Ley Federal del Trabajo, dado que el exhortado Presidente de la Junta Especial Número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje no ha desahogado los múltiples exhortos que se le remitieron para que se sirviera ordenar el emplazamiento a juicio al patrón demandado COMINVI, S.A DE C.V., en el juicio laboral radicado bajo el expediente número 161/2016". De la autoridad responsable mencionada en segundo término: ". la omisión de diligenciar los exhortos que le han sido remitidos para que ordene el emplazamiento a juicio al demandado COMINVI, S.A. DE C.V., en el juicio laboral radicado bajo el expediente número 161/2016. Del Actuario de la Junta Especial número veintiocho: ". la omisión de emplazar a juicio al demandado COMINVI, S.A. DE C.V., en el Juicio laboral radicado bajo el expediente número 161/2016". Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; por auto de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, se admitió a trámite, registrándose con el expediente 164/2018, se solicitó el informe justificado a las autoridad responsables, y se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la omisión reclamada se atribuye a una autoridad que reside en esta ciudad, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: De la Presidenta de la Junta Especial número cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guadalupe, Zacatecas: a) La omisión de remitir recordatorio al Presidente de la Junta Especial número veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en Guanajuato, para que devuelva diligenciados los exhortos que se le remitieron para que ordenara el emplazamiento a juicio 161/2016, del patrón demandado Cominvi, Sociedad Anónima de Capital Variable. Del Presidente de la Junta Especial Número veintiocho de la federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Guanajuato, Guanajuato. b) La omisión de diligenciar los exhortos que en el mencionado juicio laboral se le han enviado. Del Actuario de la Junta Especial número veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Guanajuato, Guanajuato. c) La omisión de emplazar a juicio a la persona moral demandada Cominvi, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el juicio de mérito. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables Presidenta de la Junta Especial número cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guadalupe, Zacatecas (fojas 16 a 17) y Presidente de la Junta Especial número veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en Guanajuato, Guanajuato (foja 22), quien además rindió el informe relativo al actuario adscrito a dicha Junta, en sus informes respectivos negaron los actos que se les atribuyen, sin embargo, los mismos se tienen como ciertos, pues de dichos informes únicamente se desprende que la primera remitió exhorto a la segunda, pero no que le hubiera girado algún recordatorio en relación con su diligenciación, y la segunda, no hace referencia alguna a que hubiera devuelto diligenciado el exhorto de mérito, además, de las constancias que remitió la autoridad mencionada en primer término, consistentes en copias certificadas del expediente laboral 161/2016 del que derivan los actos reclamados, no se aprecia la existencia de actuación alguna que contenga recordatorio o se refiera a devolución de exhorto. A dicha documental se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, es aplicable, la tesis de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones, expedidas por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En la especie, el suscrito Juez Federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, que en su parte conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto.;" De la anterior transcripción se desprende, que la improcedencia del juicio de garantías se actualiza con motivo del cambio de situación jurídica, entendida ésta, como aquélla que se produce cuando: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la legalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. De las constancias que integran el juicio laboral del que emanan los actos reclamados, remitido por la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial número cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guadalupe, Zacatecas, que ya fueron valoradas en párrafos precedentes, resulta inconcuso que se actualizó una nueva situación jurídica en el procedimiento laboral 161/2016, promovido por el aquí quejoso. Ello se considera así, toda vez que los actos reclamados por los quejosos, cuya existencia se tuvo por acreditada, consisten en: 1. La omisión de la autoridad responsable residente en Guadalupe, Zacatecas, de remitir recordatorio al Presidente de la Junta Especial número veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en Guanajuato, para que devolviera diligenciados los exhortos que se le remitieron para que ordenara el emplazamiento al juicio 161/2016, del patrón demandado Cominvi, Sociedad Anónima de Capital Variable. 2. Del presidente de la mencionada Junta, la omisión de diligenciar los mencionados exhortos. 3. Del Actuario adscrito a propia Junta, la omisión de emplazar a juicio a la referida persona moral. Por otra parte, de las constancias que integran el juicio laboral en mención, se aprecia, en lo que interesa, que: El veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, la Junta Especial número cincuenta y tres, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ordenó remitir exhorto a la diversa responsable Junta Especial número veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en Guanajuato, a efecto de que comisionara a quien correspondiera, para que llevara a cabo el emplazamiento de la persona moral demandada Cominvi, Sociedad Anónima de Capital Variable, al juicio laboral promovido en su contra por el aquí quejoso. Posteriormente, el siete de febrero del año en curso, comparecieron ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, el apoderado del actor, aquí quejoso, así como los apoderados de las demandadas, Minera Saucito, Sociedad Anónima de Capital Variable y Cominvi, Sociedad Anónima de Capital Variable, quienes manifestaron su deseo de dar por terminada la relación de trabajo y para ese efecto, estuvieron de acuerdo en entregar al actor, trabajador, la cantidad de veintisiete mil pesos libre de impuestos, que comprendía el pago de las prestaciones que en el acta respectiva se mencionan (fojas 84 a 85 del legajo de copias certificadas remitidas por la responsable), lo cual fue aceptado por el peticionario, por conducto de su apoderado legal. Dicho convenio fue ratificado por las partes y por tanto elevado a la categoría de laudo. En razón de lo anterior, el ocho de febrero siguientes, una vez que los demandados exhibieron el cheque relativo a la cantidad antes mencionada y que el mismo fue recibido por el demandado, se ordenó el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. De lo anterior se advierte, que el juicio laboral 161/2016, del que emanaron los actos reclamados, concluyó con el convenio elevado a laudo; por tanto, teniendo en consideración que los actos reclamados que se analizan, mismos que quedaron precisados en párrafos precedentes, tuvieron lugar al inicio del procedimiento relativo a dicho juicio, es decir, en relación con el emplazamiento ordenado a la parte demandada; cabe concluir, que en la especie ha operado un cambio de situación jurídica. Luego, para los efectos del juicio de amparo, deben considerarse consumadas irreparablemente, las violaciones que pudieron cometerse con las omisiones de las autoridades responsables, de realizar las gestiones necesarias para que se llevara a cabo el emplazamiento aludido, ya que es incuestionable que al haber sido elevado a categoría de laudo el convenio celebrado entre las partes, y como consecuencia ordenado el archivo del expediente respectivo, este Juzgador de Amparo, no está en posibilidad de analizar la legalidad de los acto reclamados de que se trata, sin afectar la nueva situación jurídica. Además, al tratarse, precisamente el nuevo acto, en el laudo respectivo, el mismo puede subsistir, con independencia de que los actos materia del amparo resulten o no inconstitucionales. Al respecto es aplicable la Tesis 2ª. CXI/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos diecinueve, Tomo IV, Diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 199808, que dice: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Así las cosas, al quedar debidamente acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, en términos de lo establecido en la fracción V, del artículo 63, del mismo ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, se RESUELVE: ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Conrado Hernández Torres, contras las autoridades señaladas como responsables, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, hoy dos de mayo de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, asistido de María Concepción García Jacobo, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

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