Concepción Zuñiga González

Expediente 365/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
365/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
17/05/2021

Partes del expediente

  • Concepción Zuñiga González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se sobreseyó en el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se negó tanto la suspensión provisional como definitiva, el incidente de suspensión original es destruible, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con el inciso a) y c), del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA JUDICIAL SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO QUE A LA LETRA DICE: Sentencia Juárez, Chihuahua, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 365/2020-I-2, y; Resultando Primero. Presentación de la demanda. El veintiocho de agosto de dos mil veinte, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Juárez, se recibió la demanda promovida por *******, la que fue remitida por razón de turno a este juzgado el mismo día. En el escrito inicial la parte quejosa ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que se citan enseguida: [.] III. AUTORIDADES RESPONSABLES. 1. EL TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DE CIUDAD JUÁREZ, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, con domicilio conocido en esta ciudad, en su CARÁCTER DE ORDENADORA. 2. C. MINISTRO NOTIFICADOR, COMISIONADO Y HABILITADO POR LA TESORERÍA MUNICIPAL DE JUÁREZ CHIH., con domicilio conocido en esta ciudad, en su CARÁCTER DE EJECUTORA. 3. C. JEFE DE LA OFICINA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD como ejecutora, con domicilio conocido en esta ciudad Juárez Chihuahua. IV.- LEY O ACTO QUE SE RECLAMA: Los actos reclamados son los siguientes: a).- LA ORDEN VERBAL O ESCRITA DEL ALGÚN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN Y/O RESOLUCIÓN EN DONDE SE ORDENE EL EMBARGO DE MIS BIENES INMUEBLES, embargado por recaudación, de la Inscripción *******- Folio-******* Libro *******, por la cantidad reclamada $******* Moneda Nacional, inmueble legal y formalmente embargado, el registro en Sección Primera, bajo el numero ******* a Folios ******* del Libro *******. b).- LA ORDEN VERBAL O ESCRITA DEL ALGÚN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN Y/O RESOLUCIÓN EN DONDE SE ORDENE EL EMBARGO DE MIS BIENES INMUEBLES, embargado por recaudación, de la Inscripción *******- Folio-******* Libro *******, por la cantidad reclamada $******* Moneda Nacional, inmueble legal y formalmente embargado, el registro en Sección Primera, bajo el numero ******* a Folios ******* del Libro *******. c).- LA ORDEN VERBAL O ESCRITA DEL ALGÚN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN Y/O RESOLUCIÓN EN DONDE SE ORDENE EL EMBARGO DE MIS BIENES INMUEBLES, embargado por recaudación, de la Inscripción *******- Folio-******* Libro *******, por la cantidad reclamada $******* Moneda Nacional, inmueble legal y formalmente embargado, el registro en Sección Primera, bajo el numero ******* a Folios ******* del Libro *******. d).- LA ORDEN VERBAL O ESCRITA DEL ALGÚN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN Y/O RESOLUCIÓN EN DONDE SE ORDENE EL EMBARGO DE MIS BIENES INMUEBLES, embargado por recaudación, de la Inscripción *******- Folio-******* Libro *******°, por la cantidad reclamada $******* Moneda Nacional, inmueble legal y formalmente embargado, el registro en Sección Primera, bajo el numero ******* a Folios ******* del Libro *******. e).- LA ORDEN VERBAL O ESCRITA DEL ALGÚN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN Y/O RESOLUCIÓN EN DONDE SE ORDENE EL EMBARGO DE MIS BIENES INMUEBLES, embargado por recaudación, de la Inscripción *******- Folio-******* Libro *******, por la cantidad reclamada $******* Moneda Nacional, inmueble legal y formalmente embargado, el registro en Sección Primera, bajo el numero ******* a Folios ******* del Libro *******. f).- LA ORDEN VERBAL O ESCRITA DEL ALGÚN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN Y/O RESOLUCIÓN EN DONDE SE ORDENE EL EMBARGO DE MIS BIENES INMUEBLES, embargado por recaudación, de la Inscripción *******- Folio-******* Libro *******, por la cantidad reclamada $******* Moneda Nacional, inmueble legal y formalmente embargado, el registro en Sección Primera, bajo el numero ******* a Folios ******* del Libro *******. g).- LA ORDEN VERBAL O ESCRITA DEL ALGÚN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN Y/O RESOLUCIÓN EN DONDE SE ORDENE EL EMBARGO DE MIS BIENES INMUEBLES, embargado por recaudación, de la Inscripción *******- Folio-******* Libro *******, por la cantidad reclamada $******* Moneda Nacional, inmueble legal y formalmente embargado, el registro en Sección Primera, bajo el numero ******* a Folios ******* del Libro *******. h).- LA ORDEN VERBAL O ESCRITA DEL ALGÚN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN Y/O RESOLUCIÓN EN DONDE SE ORDENE EL EMBARGO DE MIS BIENES INMUEBLES, embargado por recaudación, de la Inscripción *******- Folio-******* Libro *******°. i).- LA ORDEN VERBAL O ESCRITA DEL ALGÚN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN Y/O RESOLUCIÓN EN DONDE SE ORDENE EL EMBARGO DE MIS BIENES INMUEBLES, embargado por recaudación, de la Inscripción *******- Folio-******* Libro *******. [.] Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 8, 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, la demanda de amparo se registró con el número 365/2020-I-2, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud que es un asunto en materia administrativa en el que se reclaman actos que tienen ejecución material en el lugar sobre el cual ejerce jurisdicción este juzgador. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37, 107 fracción VI de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclama: a) Todo lo actuado en el procedimiento administrativo en el que se embargó el inmueble ubicado en *******, de esta ciudad, con datos de inscripción de registro número ******* (*******), folio ******* (*******) del libro ******* (*******) de la Sección ******* del Registro Público de la Propiedad y del Notariado del distrito Bravos, Estado de Chihuahua, incluyendo su remate y adjudicación. b) De manera destacada, la falta de emplazamiento a ese procedimiento de ejecución, pues la quejosa asegura que no fue llamada para defender sus intereses. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes, los que serán estudiados enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Son inexistentes los actos reclamados, por lo que, debe sobreseerse en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que dispone: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Al rendir informe, la autoridad responsable Ministro Ejecutor adscrito a la Tesorería Municipal (fojas 52 a 53), con sede en Ciudad Juárez, negó de forma contundente los actos reclamados. La demostración del acto reclamado es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las pruebas idóneas, de ahí que, si las autoridades negaron los actos, queda a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo los medios de prueba tendentes a demostrar tal certeza. En sustento a lo anterior, es aplicable en lo conducente, el criterio que emitió el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se contiene en la tesis número 553, de la Octava Época, consultable en la página 368, Tomo VI, Apéndice de 1995, con registro 394509, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. Ahora, dado que, la autoridad negó el acto, la parte accionante omitió aportar prueba tendente a desvirtuar tal aseveración y existen indicios de qué es diversa autoridad la que siguió a la parte quejosa un procedimiento administrativo que culminó en la determinación de diversos créditos fiscales. Entonces, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia del acto reclamado. El jefe del Registro Público de la Propiedad del distrito judicial Bravos (fojas 38 a 42), y el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Chihuahua "2" (fojas 66 a 177), ambos con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, manifestaron que es cierto el acto reclamado por la parte quejosa. El Administrador Desconcentrado de Recaudación de Chihuahua "2", manifestó que existe un procedimiento administrativo de ejecución a cargo de *******, en el cual se embargó, remató y adjudicó el inmueble urbano con datos de inscripción de registro número ******* (*******), folio ******* (*******) del libro ******* (*******) de la Sección ******* del Registro Público de la Propiedad y del Notariado del distrito Bravos, Estado de Chihuahua, para hacer efectivos los créditos determinados en la resolución determinante ******* de treinta y uno de julio de dos mil tres. Certeza que se corrobora con las copias certificadas del certificado de existencia de gravamen del inmueble ubicado en *******, de esta ciudad; la copia certificada de la inscripción ******* (*******) a folio ******* (*******) del libro ******* (*******) de la sección ******* (fojas 39 a 42) y del cuadernillo del expediente administrativo a nombre de ******* (fojas 78 a 177), constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. La valoración asignada a esas documentales tiene sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394182, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. De manera que, se tienen como ciertos los actos endilgados por la parte quejosa respecto de las autoridades mencionadas, para los efectos de este juicio de amparo. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Quinto. Estudio de las causales de improcedencia. La improcedencia es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. En otras palabras, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo a abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, este juzgador estima la actualización de la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el 107 fracción VI, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, que textualmente establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.] Como punto de partida es necesario tener presente el texto del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece la posibilidad de que se actualice la improcedencia del juicio de amparo, por una causa distinta a las descritas en las veintidós fracciones precedentes, como es la que puede derivar de alguna disposición de la carta magna o de la propia ley de la materia. Desde luego, esto implica que los supuestos legales previstos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, no son los únicos que dan pie a la improcedencia en el juicio de amparo, pues ante lo previsto en la última fracción del precepto legal de que se trata, sin duda existe la posibilidad de que la vía constitucional sea improcedente por la aplicación de alguna norma constitucional o de la ley de la materia. En esas condiciones, es claro que ese numeral no contiene, en sí, una hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, por ser una norma de eficacia operativa dependiente del contenido de otra de nuestra carta magna o de la ley de la materia. De ahí, que la configuración abierta de tal disposición permite identificar cualquier otro supuesto constitucional o legal que, dada su naturaleza jurídica, imposibilite la procedencia de la acción de amparo. Sin duda, esta configuración abierta del supuesto normativo que dé lugar a la improcedencia del juicio, dado que el legislador solamente previó la consecuencia -improcedencia de la acción-, debe interpretarse en función del principio de seguridad jurídica, de ahí la necesidad imperiosa de relacionarlo con presupuestos de los previstos exclusivamente en el Pacto Fundamental y en la Ley de Amparo. Lo anterior es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta la estructura de la norma legal como supuesto y consecuencia, conforme con la cual la improcedencia abierta del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, califica como una consecuencia y no como un supuesto jurídico, pues este último es precisamente el motivo expreso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Luego, si la carta magna o la ley de la materia contienen una consecuencia específica para un supuesto normativo, no es dable atribuirle la consecuencia de improcedencia, de ahí que, se insiste, para la actualización de la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, es necesario la existencia de un motivo legal que no tenga una consecuencia expresa diversa a la improcedencia del juicio en sí. Por tanto, no cabe duda de que la improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, debe derivar necesariamente de cualquier disposición de nuestra carta magna o de la Ley de Amparo, lo que, sin duda, implica que las veintidós primeras fracciones de ese numeral sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del propio juicio, los cuales, desde luego, no son los únicos en que la vía constitucional resulta improcedente, pues existen otras hipótesis que originan la improcedencia de que se trata, como son aquellas que pueden derivar tanto de la Constitución General de la República como de la ley de la materia. Bajo la óptica de esta juzgadora, la improcedencia del juicio deriva de la aplicación de una disposición contenida en la propia Ley de Amparo, en particular, la de su artículo 107, fracción VI, aplicado en sentido contrario, porque la parte quejosa carece del carácter de tercero extraño con el que se ostentó en la presente vía. En aras de justificar tal conclusión, es pertinente traer a colación los criterios jurídicos sostenidos por nuestro más Alto Tribunal del País, en torno a la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido por una persona que se ostenta como tercero extraño al juicio de origen. Como primer antecedente se tiene la contradicción de tesis 6/92, dilucidada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio lugar a la tesis de jurisprudencia 3a./J. 18/92, localizable en la página dieciséis de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 58, octubre de 1992, con registro 206783, que es del tenor siguiente: EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVES DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE EL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 114, en sus fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto respecto de actos dentro del juicio sólo procede en dos casos de excepción, a saber a). Cuando se trata de actos cuya ejecución sea de imposible reparación; y b). Cuando se afecte a persona extraña al juicio. Ahora bien, si se reclama la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo por la parte que se considera perjudicada, antes de que se dicte sentencia en el juicio seguido en su contra, o antes de que ésta cause ejecutoria, es evidente que tal violación no puede considerársele como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, por virtud de que aun cuando ésta resulta ser la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, lo cierto es que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino la violación de derechos que producen únicamente efectos formales dentro del proceso, mismos que pueden ser impugnados dentro del propio juicio hasta antes de que se dicte sentencia, a través del incidente de nulidad de actuaciones, o en su defecto, mediante los agravios que se hagan valer en el recurso de apelación que se interponga en contra del fallo de primera instancia. Por otra parte, si el promovente del amparo es el demandado en el juicio natural, resulta claro que no puede ostentarse como tercero extraño al juicio, ya que tienen ese carácter quienes no son partes en el propio juicio. En tal virtud, el medio idóneo para impugnar la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo, cuando el promovente tiene conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria, es el amparo directo en los términos de lo establecido por los artículos 158, 159, fracción I, y 161 de la Ley de Amparo, mas no el juicio de garantías en la vía indirecta, pues en tales circunstancias, respecto de esta última vía constitucional, se surtiría la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la misma Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos artículos 158, 159, fracción I, y 161 antes invocados. De acuerdo con la tesis de jurisprudencia de que se trata, basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña carezca de tal carácter en el juicio de amparo respectivo. Con posterioridad surgió una nueva controversia en relación con el supuesto legal que nos ocupa, o sea, el correspondiente a la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido por una persona que se ostenta como tercero extraño al juicio natural. Esta controversia fue dilucidada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 12/2000, cuyo debate se centró en determinar si el hecho de que el impetrante conozca de la existencia del juicio en el que figura como parte y comparece a él, pese a no haber sido emplazado legalmente, resulta suficiente o no para desvirtuar el carácter de tercero extraño al procedimiento. Sobre el particular, se sostuvo que la sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca él, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña, por lo que, si promueve el juicio de amparo indirecto ostentándose con tal carácter, el juez de Distrito debe sobreseerlo, fundamentalmente porque el accionante no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo. Tal criterio dio lugar a la tesis de jurisprudencia P./J. 39/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIII, abril de 2001, Materia Común, visible en la página 93, con registro digital 189916, que dice así: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal. Posteriormente surgió otra controversia en relación con el supuesto legal que nos ocupa, la cual se dilucidó por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, al resolver la diversa contradicción de tesis 401/2011, mediante la que concluyó que si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra, cuando aún no se había pronunciado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta resulta improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad, le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de autos y defender sus intereses dentro del procedimiento natural. Ese criterio originó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2000293, localizable en la página 1627, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, que dice así: TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo. Para terminar, debe decirse que la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal del País resolvió otra controversia relacionada con el supuesto legal de que se habla, integrada en la contradicción de tesis 379/2011, en la cual determinó que no tiene el carácter de persona extraña al juicio natural, el quejoso que conoce de la existencia del juicio y sus datos de identificación, aun cuando no haya comparecido a él. Dicha decisión se reflejó en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 9/2012 (10a.), visible en la página seiscientos ochenta y uno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, abril de 2012, Tomo 1, que es del tenor siguiente: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que el promovente del amparo tenga conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria para que pierda el carácter de extraño al juicio, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Así pues, una interpretación conforme de los precedentes sustentados por nuestro más Alto Tribunal del País, conduce a esta juzgadora a considerar que carece del carácter de persona extraña al juicio natural, la parte quejosa que conoce de la existencia del propio procedimiento seguido en forma de juicio y sus datos de identificación, aun cuando no haya comparecido a dicho proceso, por lo cual es improcedente el juicio de amparo respectivo, porque ya no puede estimarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de llamamiento o su ilegalidad, le ocasionó un total desconocimiento que le impidió imponerse de autos y defender sus intereses dentro del procedimiento natural correspondiente. En este asunto, la quejosa reclama la falta de emplazamiento a un procedimiento administrativo instaurado en su contra, en el que se ordenó el embargo de el inmueble ubicado en *******, de esta ciudad, con datos de inscripción de registro número ******* (*******), folio ******* (*******) del libro ******* (*******) de la Sección ******* del Registro Público de la Propiedad y del Notariado del distrito Bravos, Estado de Chihuahua. Para estar en condiciones de evidenciar porqué se considera actualizada la causa de improcedencia mencionada, es importante destacar que del informe rendido por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Chihuahua "2", con sede en esta ciudad, se advierte que existe un procedimiento administrativo de ejecución a cargo de la aquí quejosa *******, en el cual se embargó, remató y adjudicó el inmueble de referencia, con el fin de hacer efectivos los créditos determinados en la resolución ******* de treinta y uno de julio de dos mil tres. La accionante aduce que se vulnera su garantía de audiencia, en la medida que desconoce el procedimiento de origen por no haber sido llamada a este. No obstante, es preciso indicar que de lo narrado por la autoridad responsable y las pruebas que como apoyo a su informe exhibió, se infiere que por escrito recibido en la entonces Administración Local Jurídica de Ciudad Juárez, el veintinueve de junio de dos mil doce, la aquí quejosa ******* por su propio derecho interpuso recurso administrativo de revocación identificado con el número ******* en contra de los créditos fiscales *******, *******, ******* y *******. Además, se advierte que, en el escrito de revocación la parte quejosa manifestó expresamente que el ocho de junio de dos mil doce, se apersonó en su domicilio personal adscrito a la Administración Local de Recaudación de Ciudad Juárez, a fin de entregarle el oficio número ******* de treinta de mayo de dos mil doce, emitido por dicha autoridad recaudadora, a través del cual se hizo de su conocimiento el avalúo practicado al bien inmueble de su propiedad inscrito bajo el número ******* (*******), folio ******* (*******) del libro ******* (*******) de la Sección ******* del Registró Público de la Propiedad y del Notariado del distrito Bravos, debido a los créditos fiscales determinados identificados como *******, *******, ******* y *******. De lo anterior, resulta evidente que, con motivo de esa diligencia de ocho de junio de dos mil doce, la accionante del amparo reconoció que sabía que en su contra se seguía un procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo el cobro de los créditos fiscales fincados a su cargo. Además, por oficio ******* de once de septiembre de dos mil doce y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 129, fracción II del Código Fiscal de la Federación, la entonces Administración Local de Recaudación de esta ciudad, el catorce de septiembre de dos mil doce, notificó a la quejosa los documentos que alegó desconocer en su recurso de revocación, diligencia que se efectuó en el domicilio que señaló para tal efecto, y que fue atendida por Iván Antonio Pérez Ruiz, persona autorizada por la contribuyente para tal efecto. Así, contrario a lo aseverado por la solicitante de amparo en su demanda, se advierte que tuvo pleno conocimiento del procedimiento administrativo de origen, desde el catorce de septiembre de dos mil doce, pues en esa data por conducto de su autorizado se le entregó el oficio ******* de once de septiembre de dos mil doce, por el cual se le notificó y entregó copia certificada de: La resolución determinante No. ******* de treinta y uno de julio de dos mil tres, emitida por la Aduana de Ciudad Juárez, determinante de los créditos *******, *******, ******* y *******, a caro de *******. La notificación de ocho de octubre de dos mil tres por el cual se le notifica la resolución determinante No. *******. Por lo anterior, es evidente que la parte quejosa carece del carácter de tercera extraña al procedimiento natural, precisamente, porque tuvo conocimiento de la existencia del procedimiento administrativo de ejecución en su contra e incluso compareció e interpuso el recurso de revocación respectivo para lograr que se respetara su derecho de audiencia y se le notificara legalmente. Por lo cual, sin duda, en este caso se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción VI, de esa legislación, aplicado a contrario sensu, pues en esas condiciones ya no puede estimarse que la propia parte quejosa se ubique en el supuesto de que la falta de emplazamiento, le generó un total desconocimiento que le impidió imponerse de autos y defender sus intereses en el procedimiento natural, justamente, porque estaba en aptitud legal de hacerlo. Sobre el particular, resulta aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 729, del Libro XXIII, Tomo 1, correspondiente al mes de agosto de dos mil trece, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto, son del tenor literal siguiente: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Así como la diversa Jurisprudencia 3a./J. 19/92, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 17, del Libro 58, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto, son del tenor literal siguiente: PERSONAS EXTRAÑAS AL JUICIO. QUIENES TIENEN ESE CARACTER, EN MATERIA CIVIL. Tomando en cuenta que tercero extraño es aquél que no tiene ninguna intervención en el juicio del que emana el acto que le afecta, por no haber sido señalado como parte, es evidente que también debe considerarse como persona extraña a quien habiendo sido señalado como parte en el juicio, no es llamado al mismo o se le cita en forma contraria a la ley. Sin embargo, no puede tenerse con ese carácter a quien promueve el juicio de garantías por el simple hecho de ostentarse como tercero extraño, si de autos se desprende que el quejoso tuvo conocimiento de esa infracción antes de que se dictara sentencia en el juicio seguido en su contra o de que ésta causó ejecutoria, ya que en esas condiciones, como parte en el juicio puede impugnar la indicada violación procesal a través del incidente de nulidad de actuaciones, que puede hacerse valer antes de que se dicte la sentencia de primer grado, o en su defecto, de alegarla a través de los agravios que exprese en el recurso de apelación que interponga en contra de dicho fallo. Además, cabe establecer, que durante la tramitación de este contradictorio, en auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Administrador Desconcentrado de Recaudación Chihuahua 2, con sede en esta ciudad, para que, en el plazo de quince días manifestara si era su deseo ampliar su demanda, dado que inicialmente reclamó la falta de llamamiento a juicio, y de las constancias de referencia tal como se ha narrado se infiere que, sí se le notificó el procedimiento seguido en su contra por la autoridad fiscalizadora. Luego, ante la omisión de la contribuyente, aquí accionante, para ampliar la demanda; en auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por precluido ese derecho y se determinó que el asunto sería resuelto en los términos inicialmente planteados en el escrito inicial. De modo que, esta juzgadora está imposibilitada para analizar la constitucionalidad de su llamamiento al procedimiento administrativo de origen, porque no se cuestionó en este amparo, ni se hicieron valer conceptos de violación en su contra. De manera que, lo informado por la autoridad responsable resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a duda, que la quejosa no tiene la calidad de extraña a procedimiento de origen, lo cual, actualiza la causa de improcedencia analizada, en virtud de que la parte demanda tuvo conocimiento del procedimiento administrativo e incluso compareció al mismo a defenderse, como ya quedó precisado en las líneas que anteceden. Es aplicable al respecto la jurisprudencia por contradicción de tesis 39/2001, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 93, tomo XIII, abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal. En ese orden, al actualizarse respecto a los actos reclamados la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo al tenor de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII en relación con el 107 fracción VI, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 365/2020-I-2 promovido por *******, en relación con los actos reclamados a las autoridades responsables Jefe del Registro Público de la Propiedad del distrito judicial Bravos, Ministro Ejecutor adscrito a la Tesorería Municipal de Juárez, Chihuahua y Administrador Desconcentrado de Recaudación de Chihuahua "2" adscrito a la Unidad Administrativa del Servicio de Administración Tributaria, todos con residencia en esta ciudad, por las razones expresadas en los considerandos tercero y quinto del presente fallo.Notifíquese personalmente.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; uno de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de quince días concedido mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte, para que se ampliara la demanda de amparo, transcurrió, sin que la parte quejosa se hubiera pronunciado al respecto. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 111, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se tiene por precluido del derecho de la parte quejosa a ampliar su escrito inicial de demanda; entonces, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto y se ordena continuar con el trámite del presente juicio de amparo en los términos precisados en la demanda de amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Reanuda procedimiento En razón a que ha fenecido la suspensión de plazos y términos decretada mediante la circular CAP/3/2020, suscrita por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, y se deben reanudar todos los asuntos que se hayan tramitado con anterioridad al periodo del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, a partir del punto en que se suspendieron. En consecuencia, se levanta la suspensión decretada de este asunto y se provee lo conducente para su debida integración. Audiencia constitucional Ahora, del estado de autos, se advierte que el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se radicó la demanda de amparo promovida por *******, contra actos del Titular de la Administración Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; asunto que se encuentra en trámite. Por tanto, se señalan las nueve horas con diez minutos del cuatro de marzo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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