Concepción Zaemi Recinos Sánchez
Expediente 387/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 387/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/07/2021
Partes del expediente
- Concepción Zaemi Recinos Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Visto, la certificación secretarial de la que se advierte que trascurrió el término previsto por el artículo 86, de la Ley de Amparo, para impugnar el proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio en el cual se actúa, sin haberse ejercido ese derecho. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que el mismo HA QUEDADO FIRME. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a las demás partes procesales, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que sobreseyó fuera de audiencia, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó en este juicio; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formaron los cuadernos incidentales, se deja de acordar lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos ni tomos exhibidos por las partes susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA, Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de junio de dos mil veintiuno. Visto el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por sí y en representación de dicha Junta, mediante el cual aclaran sus informes justificados y anexa documentales en apoyo al mismo. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el oficio de cuenta. Asimismo, téngase por aclarados sus informes justificados, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendidos los mismos. Con fundamento en los ordinales 119, y 123, de la ley de la materia, se tiene por admitida la documental que remite la autoridad oficiante, consistente en copias certificadas de los autos de quince de febrero y dieciséis de junio del año en curso, dictados en el juicio laboral 225/2016, las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, párrafo segundo, porque se tratan de actuaciones certificadas por un fedatario en el ejercicio de su encargo. Expuesto lo anterior, se precisa que el acto reclamado en el presente juicio se hace consistir únicamente en la omisión por parte de las autoridades responsables de pronunciarse respecto de los escritos presentados el tres de diciembre de dos mil veinte; y el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral 225/2016, de su índice. En ese orden de ideas, respecto al acto reclamado referido a las autoridades responsables, en el juicio laboral número 255/2016, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. De la causal antes invocada, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tales razonamientos encuentran sustento en la jurisprudencia, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De ahí que, al haberse pronunciado las responsables respecto a los escritos de tres de diciembre de dos mil veinte; y veintiuno de enero de dos mil veintiuno, mediante autos de quince de febrero y dieciséis de junio del año en curso, es inconcuso que el acto reclamado dejó de producir sus efectos, por los motivos anteriormente precisados. Dicha situación se equipará a la restitución a la peticionaria de amparo, en el goce de sus derechos humanos que estimó violados, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional, en términos del artículo 77, de la Ley de Amparo, ya que la actuación, que sobrevino durante la substanciación de este juicio constitucional, produjo que se satisficieran los derechos tutelados por la norma constitucional invocada como violada. En esa tesitura, debe decretarse el sobreseimiento del juicio, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia cuyo rubro y epígrafe señalan: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Por las consideraciones que informan apoya a la anterior consideración la tesis cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: INEXISTENCIA Y CESACION DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACION A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo. Finalmente, no causa agravio alguno a la parte quejosa, el hecho de que en la presente resolución no se haya analizado los conceptos de violación hechos valer en contra de los actos reclamados, toda vez que, como ha quedado precisado se sobreseyó al actualizarse las causales de improcedencia evidenciadas, lo que impide a esta autoridad entrar al estudio de los motivos de inconformidad. En apoyo al anterior razonamiento, se cita la jurisprudencia, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que haya ha lugar a requerir las constancias de notificación de los acuerdos de quince de febrero y dieciséis de junio del año en curso, pues este juzgado notificara a la parte quejosa la resolución alcanzada, aunado a que la falta de notificación no fue reclamada en autos. Apoya a lo anterior por las razones que expone, la tesis 3a. LII/94, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 83 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Octubre de 1994, con registro 206576, que establece: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO. LA NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON ELLA, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACION FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y se actúa de conformidad con el artículo 111 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." (Énfasis añadido) Finalmente, visto el resultado alcanzado, se deja sin efectos la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Vistos; el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los cuales se advierte que se encuentra transcurriendo el término otorgado a las autoridades responsables Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y su Presidente, en auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, para que aclararan o rectificaran sus informes justificados, sin que a la fecha obren dichas aclaraciones o rectificaciones de los informes justificados. Asimismo, que la audiencia constitucional se encuentra prevista para esta fecha. Al efecto, se acuerda: En ese tenor, para dar margen a lo anterior, y no dejar en estado de indefensión a las partes, pues si se llevara a cabo la audiencia constitucional señalada para este día se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento al no estar debidamente integrado el presente expediente; por tanto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a las autoridades responsables, toda vez que el diferimiento de la audiencia constitucional, constituye un acuerdo de trascendencia menor que, por exclusión, puede notificarse por lista a las partes, ya que ello no les impide conocer el desarrollo del procedimiento en que se actúa, ni se afecta la correcta integración de este expediente; por lo tanto, se ordena notificarlas por el medio antes indicado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Vistos; I. El oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por sí y en representación de dicha Junta, mediante el cual rinde informe justificado y anexa una documental en copia certificada para acreditar su dicho. II. El estado de autos del cual se advierte que en auto de veinticuatro de mayo del año en curso, este juzgado se reservó de proveer respecto de la solicitud de la parte quejosa de solicitar el expediente original del juicio laboral con número 225/2016, hasta en tanto las autoridades responsables remitan sus informes justificados. III. El escrito signado por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, Alejandro Castro Coronado, mediante el cual solicita que se le requiera a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, diversas constancias relativas al expediente laboral 225/2016, de su índice. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el oficio y escrito de referencia para que obre como corresponda. En ese orden de ideas, respecto al informe de ley requiérasele a las autoridades responsables por única ocasión, para que, dentro del término de tres días, aclare o rectifique su informe justificado, ello en razón de que las responsables fueron omisas en manifestarse en torno a la omisión de dar contestación al escrito de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral 225/2016, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Lo anterior debido a que el acto reclamado en el presente juicio se hace consistir en la omisión de pronunciarse respecto a los escritos presentados el: Tres de diciembre de dos mil veinte; y, Veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Dentro del juicio laboral 225/2016, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Ello, en la inteligencia que de conformidad con los artículos 75 y 121, de la Ley de Amparo, deberán de remitir copia certificada de las constancias que acrediten su dicho. Asimismo, se apercibe a la autoridad en comento que, de no dar cumplimiento a lo anterior, o bien de no informar el impedimento legal que tengan para realizarlo dentro del término señalado, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, SE LES IMPONDRÁN MULTAS de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que haya lugar a requerir la totalidad de los documentos que refiere la parte quejosa debido a la naturaleza del acto reclamado en el presente juicio. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA.
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