Concepción Yadira Ramírez Roldán
Expediente 1171/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1171/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/04/2021
Partes del expediente
- Concepción Yadira Ramírez Roldán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de abril de dos mil veintiuno. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que no se recurrió el auto de once de marzo de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, once de marzo de dos mil veintiuno. Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad oficiante. Vista a las partes. Con el contenido del informe de cuenta dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngasele como prueba de la responsable, las documentales que anexa a su oficio de cuenta consistente en copia certificada de diversas constancias del juicio laboral 1107/2017, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza. Asimismo, téngase a la responsable informando los periodos de suspensión de las labores de dicho órgano jurisdiccional en atención al semáforo de riesgo epidemiológico correspondiente a la Ciudad de Puebla, para lo cual remitió las constancias conducentes que acreditan su dicho; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Asimismo, cabe precisar que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de regularizar el procedimiento y señalar fecha para el desahogo de la prueba confesional a cargo de Najib Samuel González Cruz en el expediente laboral 1107/2017 del índice de la junta responsable. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: ... En primer orden, es conveniente precisar que la causa de improcedencia objeto de estudio requiere de la actualización de los siguientes requisitos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, tomo IV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1996 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Dicho lo anterior, ahora es pertinente explicar por qué en el caso se cumplen todos los requisitos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia objeto de estudio. Respecto al requisito previsto en el inciso a) cabe precisar que se encuentra satisfecho, puesto que se reclama la omisión de regularizar el procedimiento y señalar fecha para el desahogo de la prueba confesional a cargo de Najib Samuel González Cruz en el expediente laboral 1107/2017 del índice de la junta responsable, esto es, el acto reclamado derivado de un procedimiento judicial. En relación al supuesto previsto en el inciso b), se advierte que en auto de cinco de marzo de dos mil veinte, se hicieron efectivos los apercibimiento decretados a la parte quejosa -actora en el juicio laboral- en acuerdo de dos de diciembre de dos mil diecinueve y se decretó la deserción de la prueba confesional para hechos propios a cargo de Najib Samuel González Cruz; lo que denota que esta actuación cambió la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado. Por otra parte, respecto al requisito previsto en el inciso c), se destaca que de lo informado por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla y de las constancias que remitió consistentes en copia certificada de diversas actuaciones del expediente laboral 1107/2017, se advierte lo siguiente: El dos de diciembre de dos mil diecinueve, fecha señalada para el desahogo de la prueba confesional para hechos propios a cargo de Najib Samuel González Cruz, se requirió a la parte actora que dentro del plazo de tres días, proporcionara el domicilio del absolvente, dada su incomparecencia, apercibiéndolo que de no hacerlo se le decretaría la deserción de dicha probanza, y se señaló el diez de abril de dos mil veinte para su desahogo. Posteriormente, en auto de cinco de marzo de dos mil veinte, se hicieron efectivos los apercibimientos establecidos en acuerdo de dos de diciembre de dos mil diecinueve y se decretó la deserción de la prueba confesional para hechos propios a cargo de Najib Samuel González Cruz ofrecida por la parte quejosa y se dejó sin efectos la fecha señalada para su desahogo. Documentales a las que se concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo que se traduce en un cambio de situación jurídica respecto del estado que guardaban los autos al momento de la presentación de la demanda de amparo. Así, dicho cambio de situación jurídica provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas a la omisión reclamada, sin que pueda analizarse su constitucionalidad, pues se soslayaría la nueva situación jurídica, esto es, el pronunciamiento de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla en el sentido de que se decretó la deserción de la prueba confesional para hechos propios a cargo de Najib Samuel González Cruz, por lo que no se advierte alguna dilación en el procedimiento. El requisito antes examinado se encuentra íntimamente vinculado con el diverso previsto en el inciso d), pues existe autonomía entre la omisión de regularizar el procedimiento y señalar fecha para el desahogo de la prueba confesional a cargo de Najib Samuel González Cruz en el expediente laboral 1107/2017 del índice de la junta responsable. En efecto, dentro de un procedimiento se dictan una serie de actos sucesivos, en donde cada uno tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los subsecuentes; influencia que, en ciertos casos, llega a ser determinante para todos los actos del procedimiento; sin embargo, en otras ocasiones, la influencia de un acto procesal no alcanza más que a un número reducido de actos. En este contexto, aquellos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores pueden subsistir con independencia de que los precedentes sean ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Es precisamente en estos casos en donde resulta factible la actualización de la causa de improcedencia en comento, pues al existir autonomía entre la situación jurídica anterior y la actual, ningún sentido tiene pronunciarse respecto de la primera si incluso su abierta ilegalidad no produciría la inconstitucionalidad de la segunda. En el caso concreto, se considera que existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva situación jurídica, dado que ha quedado superado el estado que guardaban los autos antes de la presentación del escrito inicial de demanda -la omisión de regularizar el procedimiento y señalar fecha para el desahogo de la prueba confesional a cargo de Najib Samuel González Cruz en el expediente laboral 1107/2017 del índice de la junta responsable- y la situación jurídica que se originó con motivo de la determinación en la que se decretó la deserción de la prueba confesional. En otras palabras, no podría analizarse la legalidad de la omisión reclamada por el quejoso, bajo el argumento de que la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, omitió señalar fecha para el desahogo de la prueba confesional a cargo de Najib Samuel González Cruz en el expediente laboral 1107/2017, si se declaró la deserción de dicha probanza, pues implicaría afectar la nueva situación procesal que se actualizó en el presente juicio de amparo. Además, en contra de la deserción de la prueba confesional no es procedente el juicio de amparo indirecto, ya que por regla general, lo atinente al desechamiento de pruebas únicamente puede ocasionar una violación a derechos procesales que podrían repararse en el laudo que se emita, lo que sería reclamable en el juicio de amparo que se promueva en la vía directa, en contra del laudo, si le fuera adverso, en tanto se trata de una violación de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes. Las consideraciones vertidas encuentran sustento, en los criterios siguientes: "PRUEBAS. SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis." Asimismo, al caso es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia que se transcribe a continuación: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA. De una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Ello es así, porque las fracciones II y III del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio." Por tanto, se concluye que en el caso, por lo que respecta al acto reclamado consistente en la la omisión de regularizar el procedimiento y señalar fecha para el desahogo de la prueba confesional a cargo de Najib Samuel González Cruz en el expediente laboral 1107/2017 del índice de la junta responsable, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido que la autoridad responsable indicó que el auto de cinco de marzo de dos mil veinte, dictado en el expediente laboral 1107/2017 de su índice, se encuentran en vías de notificación a las partes; sin embargo, esa circunstancia no impide actualizar la causa de improcedencia objeto de estudio, toda vez que con motivo de la tramitación del presente juicio de amparo, la parte quejosa tendrá conocimiento de dicho acuerdo, pues se le correrá traslado con copia de las constancias remitidas con motivo del informe justificado, al momento de la notificación. En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, en forma manifiesta e indudable, se sobresee en el juicio de amparo indirecto fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada en autos; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, y por lista a la tercera interesada.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de enero de dos mil veintiuno. Se hace efectivo apercibimiento. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veinte, se requirió a la parte tercera interesada Lunkomex, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable y/o Flex N Gate Lunkomex, sociedad anónima de capital variable, a fin de que dentro del plazo de tres días contado a partir de la notificación de dicho proveído, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad o en la zona conurbada; sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifíquesele por medio de lista que se fija en los estrados de este Órgano Jurisdiccional el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones, aún aquellas que sean de carácter personal. Notifíquese.
- Principal
"San Andrés Cholula, Estado de Puebla, doce de enero de dos mil veintiuno. ? Covid-19. La pandemia derivada del virus SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad denominada Covid-19, continúa activa y en aumento. ? Consejo de la Judicatura Federal . El CJF ha emitido diversos Acuerdos mediante los cuales ha adoptado medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general; procurado, en la medida de lo posible, que los órganos jurisdiccionales continúen prestando el servicio público de impartición de justicia en modalidades de trabajo a distancia, en línea, con guardias y con jornadas de trabajo restringidas en horario y personal. ? Acuerdo General 13/2020 del CJF. En el Acuerdo General 13/2020, el Pleno del CJF adoptó un esquema de trabajo y medidas de contingencia, en el que sólo se recibían, tramitaban y resolvían asuntos urgentes y en línea; asimismo, se resolvían aquellos asuntos tramitados en físico que ya estuviesen radicados y sólo faltase dictar la sentencia; quedando suspendidos los plazos y términos para los casos restantes. ? Acuerdo General 21/2020 del CJF. En el Acuerdo General 21/2020 el Pleno del CJF dispuso la reanudación de los plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2; con efectos a partir del tres de agosto de dos mil veinte. ? Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 del CJF. A través de los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, respectivamente, el Pleno del CJF amplió en dos ocasiones la temporalidad del 21/2020, quedando vigente la reanudación de los plazos y el esquema de trabajo escalonado con horario y personal reducidos hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno. ? Circular CAP/3/2020. A través de la Circular CAP/3/2020, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó medidas especiales vigentes del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; en particular, el regreso al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; es decir, sólo para atender los casos urgentes, en línea y físicos listos para fallar y se volvieron a suspender los plazos para el resto de casos. ? Circular SECNO/1/2021. Finalmente, a través de la Circular SECNO/1/2021, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó nuevas medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, considerando la incidencia de contagios por la emergencia sanitaria. En particular, se dispuso: a. Que las medidas estarían vigentes del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno; b. Que en la Ciudad de México (Primer Circuito), el Estado de México (Segundo Circuito), Morelos (Decimoctavo Circuito), Guanajuato (Decimosexto Circuito) y Baja California (Decimoquinto Circuito), continúa el esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; y, c. Que en el resto de los Circuitos Judiciales (entre ellos el Sexto: Puebla), el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales sería el Acuerdo General 21/2020; esto es, el relativo que reanuda plazos y dispone el regreso escalonado en los órganos. Asimismo, mediante diversa circular SECNO/2/2021, del pasado once de enero, la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos comunicó que durante el referido plazo comprendido del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se suspenden las citas para consulta de expedientes para los Estados de Sonora (Quinto Circuito), Puebla (Sexto Circuito) y Veracruz (solo el Séptimo Circuito). ? Reanudación. En consecuencia, procede la reanudación del presente asunto, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, prorrogado en su vigencia por los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, la Circular SECNO/1/2021, que establece las medidas vigentes del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno. En esa medida, se reanuda el procedimiento de este juicio de amparo indirecto. En el entendido que dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el procedimiento se reanuda en el punto en que quedó pausado. ? Audiencia constitucional. Se señalan las TRECE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO para la celebración de la audiencia constitucional. ? Exhorto para mejorar comunicación. Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, se solicita a las partes que a la brevedad proporcionen un correo electrónico y un número telefónico, a través de los cuales se establecerá un canal de comunicación directa -no procesal-. ? Exhorto para seguir en juicio en línea. Igualmente, de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, se exhorta a las partes para que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias, manifiesten si es su deseo continuar con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese; por lista a la parte quejosa y a la tercera interesa y vía electrónica al asesor jurídico ...; por oficio a la(s) autoridad(es) responsable(s) local(es) y al Agente del Ministerio Público de la Federación.
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